El Presidente sostuvo que el bono dispuesto por el Ministerio de Economía es un «plan justicia» para «que los que más tienen mejor repartan». Lo dijo en Catamarca, durante el acto de inauguración de una obra vial.
El presidente Alberto Fernández le pidió este miércoles a los gobernadores y empresarios que paguen el bono de $60.000 dispuesto por el ministro de Economía y candidato presidencial por Unión por la Patria, Sergio Massa, mientras advirtió que no se trata de un «plan platita», sino de un «plan justicia».
El mandatario se refirió a la cuestión durante el acto de inauguración de la pavimentación de la ruta provincial Nº3 (RP 3) en la provincia de Catamarca. «Para que a nadie lo confunda, ¡No es un programa platita! Es el plan justicia, que los que más tienen mejor repartan. ¡Eso es. No es otra cosa! La verdad es que todo lo que pudimos aportar a las provincias lo hemos aportado en silencio en todos estos años», afirmó Fernández.
En otro pasaje de su alocución, Fernández sostuvo: «Le digo a esos empresarios que se llenaron de plata en los dos años que Argentina creció 16%: piensen en la comunidad en la que viven y dejen de pensar en su bolsillo».
El mandatario afirmó además: «Escucho decir a algún candidato que hay que eliminar la obra pública. Sin obra pública no hay rutas como esta, colegios, universidades, hospitales públicos, viviendas», a la vez que le pidió a los ciudadanos «que reflexionen» para que «Argentina no retroceda».
«Por más que canten rock y se tiren los pelos para delante, detrás de toda esa fachada hay una enorme mentira que engaña a los jóvenes y a los confundidos», opinó el presidente.
Lo hizo en un acto que contó con la participación del ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis; el gobernador local, Raúl Jalil; y el mandatario de La Rioja, Ricardo Quintela.
Esa obra fue realizada con fondos nacionales del Ministerio de Obras Públicas, a través de Vialidad Provincial y el Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles de La Rioja, y abarcó 14,7 kilómetros de la reconstrucción integral de la calzada de la RP 3 entre las localidades catamarqueñas de Tinogasta y Costa de Reyes, en el límite con La Rioja, para adecuarla a las condiciones necesarias para su transitabilidad.
La obra requirió una inversión de 1.565 millones de pesos y generó 75 empleos directos, para el beneficio de 144 vehículos diarios.
La cartera educativa que conduce Andrea Centurión, participó de la primera reunión con el equipo nacional del Plan Nacional de Inclusión Digital Educativa PNIDE. El encuentro virtual estuvo encabezado por las autoridades nacionales, Laura Penacca desde la Dirección de Tecnología Educativa y Valeria Aranda, Coordinadora de PNIDE – Conectar Igualdad.
En la oportunidad se dieron a conocer los objetivos, lineamientos y plan de trabajo para el presente año 2023. Además, se informó sobre la estrategia de profundización y acompañamiento para todos aquellos docentes que participaron en la primera cohorte jurisdiccional de capacitación en el 2022.
Asimismo, se confirmó la incorporación de dos nuevas áreas de trabajo articulado, de capacitación en Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. El plan estará destinado a docentes que se desempeñan en el ciclo básico de la escuela secundaria, con el objetivo de fortalecer las prácticas de enseñanza a partir de propuestas de trabajo a través de los recursos digitales en las netbooks.
En representación del ministerio local estuvo presente la directora provincial de Educación a Distancia Natalia Varela, el referente jurisdiccional del programa Conectar Igualdad Carlos Álvarez Ibáñez, e integrantes de su equipo técnico/pedagógico y referentes disciplinares pedagógicos de la Secretaría de Gestión Educativa.
El Plan Nacional de Inclusión Digital Educativa consiste en una estrategia político-pedagógica que plantea acciones en el orden de garantizar el ingreso, reingreso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles y modalidades de la educación obligatoria del sistema educativo. Facilita la construcción de aprendizajes duraderos, transferibles y de calidad, la accesibilidad a los conocimientos y la formación permanente de todos los docentes en el sentido de renovar y fortalecer la enseñanza en cuanto a la integración y/o uso intensivo de TIC y la construcción de abordajes pedagógicos complejos. Las acciones del PNIDE están orientadas al fortalecimiento de la escuela pública y centran sus esfuerzos en los procesos de transformación pedagógica en las instituciones educativas a partir de integrar las TIC en la gestión y en los procesos de enseñanza.
Durante la jornada de hoy, en ámbitos del Senado de la Nación, se llevó a cabo una reunión plenaria entre las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y la de Ambiente y Desarrollo Sustentable a los efectos de tratar un proyecto de Ley de la Senadora Nacional por Catamarca, Lucia Corpacci, que establece «Las Obligaciones y Procedimientos para el Plan de Cierre de Minas».
En sus fundamentaciones, la senadora Corpacci explicó que «motiva la presentación de este proyecto de ley, establecer un marco jurídico dentro del Código de minería para el cierre de minas, ya que nuestra legislación ha contemplado al cierre de minas a partir de las leyes de protección ambiental, que son de suma importancia para el desarrollo de la actividad minera pero que no establecen el marco jurídico de la misma». «La actividad minera se desarrolla en el marco de recursos no renovables y limitados, por lo que la misma en algún momento concluye, lo que hace necesario regular y legislar el cierre de los yacimientos a fin de establecer y restablecer en la mayor medida posible un equilibrio con el medio ambiente y el entorno del ecosistema».
«El cierre de mina es una obligación que tienen todas las empresas de dejar planificado cuál va a ser, cuáles son los recursos que pueden necesitar y que no pueden hacerlo a su antojo, tienen que estar sometidos al contralor de la Secretaría de Minería» Sostuvo Corpacci.
Para abordar el proyecto, fueron invitados por la Senadora Corpacci a exponer sus experiencias el ministro de Minería de Catamarca, Marcelo Murúa, la secretaria de desarrollo minero del ministerio de minería de la provincia, Olga Teresita Regalado y el profesor adjunto de tratamiento mecánico de minerales, de la facultad de tecnología y ciencias aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca, Rodolfo Micone.
Durante su exposición, Murúa destacó que «Lograr una normativa de marco general para incorporar al código de fondo va a permitir que todas las jurisdicciones tengan una legislación de base en la cual puedan respaldarse cuando desarrollen cualquier proyecto minero».
Del mismo modo Regalado señaló «La normativa tiene que reflejar lo que implican las distintas sustancias porque cada provincia tiene diferentes tipos de mineralización. Cada emprendimiento tiene que asumir los costos para implementar las técnicas de control que existen para la minería»
Por su parte, Micone hizo referencia a los proyectos presentados en la comisión «Los tres proyectos son muy interesantes, pero cuando hablamos de recursos mínimos tenemos que hablar de asignación de recursos, de estándares. Nosotros como Estado tenemos que tener estándares altos como manejan las empresas mineras».
El objetivo del proyecto de ley es «establecer las obligaciones y procedimientos que deberán cumplir los titulares de las actividades mineras para la elaboración, presentación e implementación del Plan de cierre de minas y la constitución de las garantías ambientales correspondientes con sujeción a los principios de protección, preservación y recuperación del ambiente, y con la finalidad de mitigar los impactos negativos en la salud, población, ecosistema circundante y medio ambiente en general».
Además, el proyecto incorpora al código de Minería de la Nación los artículos 363 «Ámbito de aplicación», 364: Objetivos, 365: Plan de cierre de minas, 366: Contenido del Plan de cierre, 367: Plazo de presentación del Plan de cierre, 368: Evaluación del plan de cierre, 369: Participación ciudadana, 370: Prohibiciones, 371: Ejecución de las medidas de cierre, 372: Plan de cierre anticipado, 373: Incumplimiento del plan de cierre, 374: Garantía financiera ambiental y 375: Autoridad de aplicación.
Uno de los puntos más relevantes que posee la iniciativa de la senadora catamarqueña es garantizar el resguardo de la vida, la salud y seguridad de las personas que desarrollen actividades en mina y sus poblaciones circundantes, así mismo la rehabilitación del área utilizada o perturbada por el desarrollo de la actividad minera a los efectos de alcanzar características del ecosistema compatible con un ambiente saludable y adecuado para el desarrollo de la vida y preservación del paisaje.
Con respecto a la autoridad de aplicación del proyecto serán los y las responsables de reglamentar el plan de cierre de minas y todo lo concerniente a la forma y aplicación de las medidas de este proyecto de ley y serán las autoridades que las provincias determinen en el ámbito de su jurisdicción.
La iniciativa de Corpacci es acompañada por senadores y senadoras que también cuentan con actividad minera dentro de los territorios que representan. José Uñac (San Juan); Guillermo Snopek (Jujuy); Cristina López Valverde (San Juan); Sergio Leavy (Salta); Guillermo Andrada (Catamarca), Ana Ianni (Santa Cruz)
Podés descargar el proyecto de ley sobre presupuestos mínimos de protección ambiental en el cierre de minas, garantía ambiental: https://bit.ly/3Ub84hx
Podés descargar el proyecto de ley que reproduce proyecto de ley sobre cierre de trabajos mineros: https://bit.ly/3BkpRKV
Podés descargar el proyecto de ley que establece las obligaciones y procedimientos para el plan de cierre de mina a través de este link: https://bit.ly/3eQfV3U
El vicegobernador Rubén Dusso, se reunió junto a autoridades MARA (Agua Rica – Alumbrera), quienes hoy presentaron ante el equipo de Gobierno, un informe sobre los avances del proyecto minero integrado, junto al plan de inversión previsto, un cronograma de trabajo de los próximos meses y la planificación de trabajo hacia 2023 y 2024, además de reseñar los trabajos realizados.
Los representantes del proyecto minero estuvieron encabezados por John Norrish, director del Proyecto Integrado MARA y parte del equipo técnico encargado del diseño de infraestructura, minado y planificación, además del equipo local de permisos. Por la accionista principal y operadora del proyecto estuvieron en su representación; Aaron Steeghs, director corporativo de Comunidades por parte de Yamana Gold y Victoria Acosta Gerenta Corporativa de Asuntos Gubernamentales para Argentina para Yamana Gold.
El equipo de gobierno recibió además información detallada por parte de los ejecutivos y técnicos de MARA, así como también pudieron coordinarse futuras reuniones para seguir con el plan de trabajo, previo a la presentación del informe de impacto ambiental previsto para 2023.
Sobre el proyecto
El proyecto MARA aún está en etapa de factibilidad, la cual espera finalizar en el próximo año, y proyecta realizar en Catamarca una inversión inicial cercana a los 2.800 millones de dólares, cuando se obtengan los permisos de construcción requeridos. Se espera poder generar durante la etapa de construcción, aproximadamente 5 mil puestos de trabajo entre empleados y contratistas, en el pico de inversión.
Cabe destacar que actualmente MARA emplea, de manera directa e indirecta a un total de 779 personas, de las cuales 632 son catamarqueños.
El vicegobernador Rubén Dusso, a cargo del Poder Ejecutivo, se reunió esta mañana junto a autoridades de la Cámara Argentina de la Construcción (Delegación Catamarca) para avanzar en la iniciativa de que dicha entidad lleve adelante, a través de sus empresas asociadas, un plan de refacción y mantenimiento permanente de los establecimientos escolares en la provincia.
En la reunión estuvieron presentes, junto al vicegobernador, el Ing. Julio Córdoba, presidente de la Cámara; el Ing. Ricardo Tomassi, vicepresidente; el Ing. Rodolfo Angulo, vocal; y el Ing. Marcelo Canclini, secretario.
«La Cámara de la Construcción tiene alrededor de 40 empresas asociadas con las que se puede hacer un plan integral de refacción de escuelas, arreglando núcleos sanitarios, vidrios, carpintería, para que las escuelas inicien de la mejor manera el ciclo lectivo. Pero además, más allá de las refacciones inmediatas, el proyecto es que cada empresa se haga cargo del control, mantenimiento y refacciones de su establecimiento en un periodo de al menos 12 meses, a efectos de que no se den urgencias ni imprevistos que atenten contra el bienestar de alumnos y docentes, así como a la continuidad de las clases», explicó el presidente de la Cámara, Ing. Córdoba.
El Instituto Nacional del Teatro lanzó un aporte especial destinado a la promoción y estímulo a la creación y producción de obras teatrales de la región NOA, que no hayan sido estrenadas y se encuentren en etapa de ensayo o preproducción. La convocatoria estará abierta hasta el 18 de agosto.
Estos aportes serán otorgados a creadores escénicos de diversas disciplinas teatrales. Serán seleccionados, por provincia, hasta:
1. Un máximo de 10 proyectos escénicos en proceso de obras de pequeño formato, con hasta dos artistas en escena, con un sistema escenotécnico de menor complejidad y cuya duración completa de la obra sea entre 15 y 30 minutos. El monto del aporte es de $20.000 a cada proyecto.
2.- Un máximo de diez (10) proyectos escénicos en proceso de obras con más de dos (2) artistas escénicos en escena, la duración de la obra deberá ser de 30 minutos como mínimo, con un monto de aporte de treinta mil pesos ($ 30.000) cada proyecto.
No podrán participar de la convocatoria aquellos proyectos que hayan recibido aportes del INT.
La inscripción estará abierta entre el 17 de julio y el 18 de agosto inclusive.
Este aporte especial fue aprobado por el Consejo de Dirección del Instituto Nacional del Teatro en el marco de la tercera etapa del Plan para la Preservación Operativa de Elencos, Salas y Teatristas Argentinos (PODESTA), con el objetivo de continuar dando respuesta a la situación de fragilidad en la que se encuentran las diversas comunidades teatrales de país.
Durante la primera etapa se flexibilizaron los procesos de tramitación de subsidios y rendiciones, y se impulsaron distintas líneas nacionales de asistencia para producciones teatrales y espacios escénicos.
Durante la segunda etapa, las medidas se dirigieron a dar respuestas específicas por región con el fin de incrementar el alcance de las ayudas.
La tercera etapa impulsa nuevas líneas de ayudas regionales y convocatorias específicas en Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa. A estas líneas se suma la actual convocatoria para las provincias de Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.
Horas después del anuncio de Alberto Fernández, de intervenir y avanzar con la expropiación de Vicentin, Infobae se preguntaba si la Cooperativa Láctea Sancor iba a seguir los pasos de la empresa agroexportadora radicada en el norte de la provincia de Santa Fe.
En ese momento, la primera respuesta a dicho interrogante la ofreció Mario Cafiero, presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), quien en declaraciones a Télam, dijo: “Estamos trabajando para dar vuelta lo de Sancor, y que vuelva a ser lo que era y estamos muy cerca de la solución. Hay una luz al final del túnel”.
El fondo fiduciario contempla la permanencia de la figura de cooperativa, será administrativo y financiero, y tendrá a su cargo la gestión de los fondos que ingresen, para que realmente estos tengan el destino para el cual se está tratando de crear ese capital de trabajo, es decir, para asegurar el pago de la materia prima a los productores, a los proveedores y a los trabajadores
Y señaló: “El mercado necesita actores de la economía social porque es una de las formas de controlar los precios. El sector privado a veces colisiona, no solo se pone de acuerdo en cobrarle más caro al Estado, como pasó, se pone de acuerdo en cobrarle más caro a los privados. Es ahí donde entonces es muy importante que podamos recuperar Sancor para estabilizar y que no haya abusos en el precio de los lácteos”.
Ahora, la segunda respuesta a lo planteado por este medio, surgió a partir de las expresiones del Secretario General del Gremio de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra), Héctor Ponce.
Héctor Ponce, titular del gremio Atilra (Sunchales día por día)
En declaraciones al medio “El Eco”, de Sunchales, Ponce comentó que “se está trabajando en el armado de un fideicomiso con el aporte del ministerio de Desarrollo Productivo, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), con un trabajo muy importante de Mario Cafiero, también está trabajando el banco BICE y hay otras entidades de características muy importantes”.
Aunque el Gobierno ha dicho que no piensa en un plan de salvataje como Vicentin, en este caso Ponce confirma que se está armando un fideicomniso que se ocuparía de la gestión financiera y administrativa de SanCor, que contaría con participación pública.
El titular del gremio sostuvo que el fondo fiduciario contempla la permanencia de la figura de cooperativa, será administrativo y financiero, y tendrá a su cargo la gestión de los fondos que ingresen, para que realmente estos tengan el destino para el cual se está tratando de crear ese capital de trabajo, es decir, para asegurar el pago de la materia prima a los productores, a los proveedores y a los trabajadores.
Negocio sustentable
El objetivo es que Sancor pueda ser sustentable en el tiempo y tener rentabilidad para cumplir con los compromisos productivos y sanear el actual pasivo. Además, el plan también tiene como proyección pasar de una recepción actual de leche de entre 600 y 800 mil litros diarios a 1,5 millones de litros.
En otra época, cuando el negocio de la Cooperativa atravesaba un momento muy diferente al actual se llegó a procesar por día unos 4 millones de litros.
“Hace más de un año que se decidió que la empresa no pierda su rango cooperativo, para lo cual gestionamos la conformación de un fondo fiduciario, para que no pierda esa figura emblemática que tiene en nuestra región y en el país. También se invita a participar al Fondo de inversión BAF Capital, que en este momento es el mayor acreedor que tiene la cooperativa, así como el grupo holandés AIG. También queremos que ellos se involucren en el tema. Creemos que a partir de la participación del Estado argentino, al menos BAF mostró la posibilidad de acompañar y gestionar este objetivo que nos trazamos”, dijo Ponce.
Como Infobae detalló días atrás, Sancor y Vicentin tienen un punto en común que se dio en 2016, cuando como parte del plan de expansión de la empresa de Avellaneda hacia nuevos rubros, formó la sociedad Alimentos Refrigerados SA (ARSA) y le compró a la cooperativa el negocio de yogures, postres y flanes por USD 100 millones.
En 2016 el grupo Vicentín se queda con el 90% de las acciones de ARSA (SanCor)
Antes, en medio de noticias de quiebra inminente, Sancor estuvo a un paso de vender todo su negocio a Adecoagro. Pero cuando ese negocio estaba a punto de concretarse, el ex presidente Néstor Kirchner recurrió a su socio político, el ex presidente venezolano Hugo Chávez, quien ofreció a Sancor un importante préstamo de 70 millones de dólares, que la empresa cobró de inmediato y fue saldando con envíos de leche en polvo hacia Venezuela en un largo plazo de pago. Fue el negocio más ventajoso que pudo haber hecho la empresa, que así estiró su agonía varios años más.
Hoy, a pesar de conseguir algo de oxígeno a comienzos de 2019 con la venta de algunas fábricas y marcas finalmente a Adecoagro, la cooperativa láctea atraviesa un momento muy complicado.
En la actualidad Sancor está procesando unos 600 mil litros de leche por mes, y cuenta con una capacidad de 4 millones de litros. Además, los productores aseguran que hay una gran parte de su infraestructura que es obsoleta.
“Para que Sancor funcione muy bien, debería estar procesando unos 2 millones de litros mensuales. Los tamberos que dejaron de entregarle en la actualidad, en su mayoría lo hacen a Saputo, que en los últimos tiempos ha ganado mucho espacio y poder en el mercado lácteo”, le comentó hace unos días a Infobae un productor de Santa Fe, que conoce como pocos la operatoria de la láctea.
El Ministerio de Educación de la provincia comunica a supervisores, equipos directivos, docentes y a la comunidad educativa en general que, conforme al Decreto DECNU-2020-355-PN-PTE de fecha 11 de abril de 2020 y el Decreto Provincial G.J. Y D.H. N° 613 de fecha 13 de abril de 2020, en la que se prorroga hasta el día 26 de abril de 2020 inclusive, la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio, y expresamente establece que todo personal de la administración pública provincial, cualquiera sea su modalidad de contratación y/o régimen estatutario, incluido el personal docente, se encuentra dispensado del deber de asistencia a su lugar de trabajo, desde el lunes 13 de abril y mientras dure la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, dispuesta por D.N.U. N° 297/2020 y sus respectivas prorrogas” (Artículo 1°).
Por ello y en virtud de la situación de emergencia sanitaria que transitamos, el Ministerio de Educación informa que se emitió la Resolución Ministerial E. N° 262 de fecha 13 de abril de 2020, en la que prorroga la Resolución N° 234/2020 en su totalidad hasta la fecha 26 de abril inclusive, manteniendo vigente el Plan Provincial de Continuidad Pedagógica, lo que implica una educación a distancia y por ende, la no presencialidad en las instituciones educativas.
Se solicita por lo tanto, continuar trabajando con todas las herramientas pedagógicas virtuales, como así también con la distribución de cartillas impresas para las escuelas que no cuentan con conectividad. Además, se recomienda a las autoridades de gestión que supervisen cantidad y calidad de los aprendizajes por cuanto los mismos deberán ser tratados en la virtualidad y no en forma presencial como se realiza habitualmente.
Finalmente, el Ministerio de Educación agradece el esfuerzo puesto de manifiesto por cada uno de los actores del sistema educativo durante este período de aislamiento social, preventivo y obligatorio, manteniendo y fortaleciendo el vínculo escuela-familia.
Sergio Moro se reunió este lunes con autoridades de la Cámara de Diputados de Brasil y un grupo de gobernadores a fin de buscar apoyo para un proyecto de reforma de leyes con el que pretende reforzar el combate al crimen.
El ministro de Justicia aseguró en una rueda de prensa que el proyecto apunta a endurecer la acción contra la delincuencia organizada, la corrupción y los crímenes violentos.
Con relación a las medidas para garantizar la ejecución provisional de la condena penal después del juicio en segunda instancia -cuestión que será tratada en abril por la Corte Suprema-, el proyecto propone que, «al dictar sentencia condenatoria, el tribunal determinará la ejecución provisional de las penas privativas de libertad, restrictivas de derechos o pecuniarias, sin el perjuicio del conocimiento de los recursos que se interponen» (Art. 617), según destaca Infobae en su sitio web.
«El tribunal podrá, excepcionalmente, dejar de autorizar la ejecución provisional de las penas si hay una cuestión constitucional o legal relevante, cuya resolución por el Tribunal Superior pueda plausiblemente llevar a la revisión de la condena», agrega.
Asimismo, por medio del artículo 283 establece que «nadie podrá ser preso sino en flagrante delito o por orden escrita y fundamentada de la autoridad judicial competente, como consecuencia de una detención cautelar o en virtud de una condena penal transitada en juzgado».
Es decir, los condenados en segunda instancia podrán ser encarcelados «provisoriamente» si así lo decide el tribunal colegiado. Sólo podrían apelar en libertad.
Para aumentar la efectividad del Tribunal del Jurado, Moro insta a que se realicen cambios en el artículo 421 del Código de Proceso Penal: «Proferida la decisión de pronunciación y de eventuales embargos de declaración, los casos serán remitidos al juez presidente del Tribunal del Jurado, con independencia de la interposición de otros recursos, que no obstaculizará el juicio».
«Habiendo una circunstancia superveniente que altere la clasificación del crimen, el juez ordenará la remisión de los casos al Ministerio Público».
El tercer apartado del proyecto hace mención a las medidas «para modificar las reglas del juicio de los embargos». Los condenados deberán pagar las multas impuestas en un plazo de diez días desde el inicio de la ejecución definitiva.
En cuanto a la lucha contra la criminalidad violenta, el proyecto de ley considera como «legítima defensa» la intervención de un agente policial que, «en conflicto armado o en riesgo de conflicto armado inminente, previene una agresión injusta en su contra o contra terceros».
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