Este martes por la tarde el Gobierno anunció que creará las condiciones para que las universidades les cobren a los alumnos extranjeros.
A su vez, en la misma conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni anticipó que se buscará que los no nacionales paguen por atenderse en el sistema de salud.
El próximo 27 de mayo es la fecha que fijó el Tribunal Oral Federal de Tucumán para el inicio del debate oral y público de la causa caratulada Cerisola Juan Alberto y otros/malversación culposa Expediente 400360/2010, donde el delito de fondo es el Robo de la Ciudad Universitaria de San Javier a la Universidad Nacional de Tucumán y la malversación de por lo menos U$S 85.000.000, y que es la causa por corrupción más importante de la historia de nuestra provincia.
El fiscal general ante la Cámara Federal de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, hizo públicas sus actuaciones en la causa en la jornada y charló con FM latucumana 95.9, donde hizo especial hincapié en la localización de los planos originales de la Ciudad Universitaria como pruebas del encubrimiento dentro de la propia UNT. En ese marco, insistió con los pedidos de detenciones de José Hugo Saab y Augusto González Navarro que requirió cuando estuvo al frente de la investigación, al considerar que el actual secretario general del Rectorado y el director de Asuntos Jurídicos podrían haber participado de la desaparición de los planos.
«La base fundamental de esta causa penal es distraer fondos para la construcción de la Ciudad Universitaria que está establecida por la ley de creación de YMAD. Esos planos fueron hechos, esas construcciones comenzaron a hacerse. Casualmente, en la época de esas investigaciones y hasta hace poco tiempo atrás, los planos habían desaparecido y aparecieron hace poco. En todo el periodo de la investigación, alguien, no sabemos quién ni cómo, hizo desaparecer los planos que son fundamentales para acreditar justamente que hay que cumplir una obligación legal», manifestó.
Para Gómez, “cualquiera de los que estén involucrados en esta causa y cuando digo involucrados digo otras personas que no han sido llevados a juicio y debieron haber sido llevados a juicio, pero que esté trabajando dentro de la Universidad puede estar atentando contra la investigación”.
“Por eso yo también pedí, le estoy hablando de abril del año pasado, en aquella oportunidad la detención de María Luisa Rossi de Hernández, la detención de González Navarro y la detención de José Hugo Saab. Estoy hablando que todavía son funcionarios alguno de ellos de Universidad y, obviamente, si yo necesito para avanzar en las investigaciones de este segundo expediente, en este marco naturalmente, pueden desaparecer esa información”, alertó.
Gómez pidió la detención del ex Rector Juan Alberto Cerisola y los exfuncionarios universitarios Olga Cudmani –directora general de Construcciones Universitarias-, Osvaldo Venturino –director de Inversiones y Contrataciones- y Luis Fernando Sacca –subsecretario de Políticas Administrativas y Gestión-. Pero requirió también la indagatoria y detención de la exvicerrectora María Luisa Rossi de Hernández, de Augusto González Navarro y José Hugo Saab, actuales director de Asuntos Jurídicos y secretario general del Rectorado, respectivamente.
En otro tramo de la entrevista, Gómez recordó que luego de que la UNT pidió en Catamarca la anulación del acta firmada por Cerisola,»en apelación, en el año 2020, la Cámara Federal saca una sentencia ordenándole a YMAD que ese 20% se empiece a depositar en una cuenta en plazo fijo en el juzgado Federal de Catamarca; ese expediente todavía está vigente: yo lo último que vi fue unos depósitos de hace unos meses atrás, de unos $600 millones».
«Yo calculo que ahí, con intereses y todo, debe haber cerca de más de $1000 millones y cuando la cámara Federal saca esa sentencia ordenando esos embargos y esas transferencias dice que tiene que ser para construir la Ciudad Universitaria», aclaró.
Luego, confesó: «Esto me hace a mí alentar una lejana esperanza de que en algún momento la Ciudad se pueda construir de acuerdo a aquellos viejos planos que obviamente tienen que ser remozados”.
Fuente: Contexto
Los escuadrones de las fuerzas de seguridad derribaron las barricadas, vallas metálicas y carpas que se habían instalado contra la guerra en Gaza. Los estudiantes respondieron descargando el contenido de los extintores, se oyeron disparos y se realizaron numerosos arrestos.
La Policía de Los Ángeles inició la operación para desmantelar los campamentos de protesta en el campus de la Universidad de California Los Ángeles, donde ciento de manifestantes contra la guerra en Gaza resistieron los primeros intentos.
Durante los operativos para desmantelar barricadas en el campamento de protesta, se produjeron enfrentamientos y arrestos. Elementos de la Patrulla de Carreteras de California (CHP) detuvieron a varios manifestantes, mientras que otros continuaron resistiéndose, empleando extintores de incendios contra los oficiales.
La policía detuvo a un puñado de personas en el campus, atándoles las muñecas con precintos de plástico. La acción policial se produjo después de que los agentes pasaran horas amenazando con realizar arrestos a través de altavoces si las personas no se dispersaban. Cientos de personas se habían congregado en el campus, tanto dentro de un campamento como fuera de él en señal de apoyo.
La policía derribó metódicamente la barricada de madera contrachapada, cercas metálicas y contenedores de basura del campamento e hizo una abertura hacia docenas de tiendas de campaña de manifestantes. La policía también comenzó a derribar marquesinas y tiendas de campaña.
Los manifestantes sostenían paraguas a modo de escudos mientras se enfrentaban a decenas de agentes. Algunos de los manifestantes advirtieron a sus compañeros que estuvieran preparados con agua en caso de que la policía lanzara gases lacrimógenos u otros irritantes.
Mientras los helicópteros de la policía sobrevolaban, se podía escuchar el sonido de granadas aturdidoras, que producen una luz brillante y un ruido fuerte para desorientar y aturdir a la gente.
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Agentes encargados de hacer cumplir la ley detienen a un manifestante en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), durante una protesta pro-palestina, mientras continúa el conflicto entre Israel y el grupo islamista palestino Hamas, en Los Ángeles, California, EE.UU., el 2 de mayo de 2024. REUTERS/Mike Blake
Mientras se la policía lleva a cabo el operativo, el presidente de Israel, Isaac Herzog, criticó a las universidades estadounidenses por los disturbios en sus campus por la guerra de Israel en Gaza, diciendo que estas instituciones estaban “contaminadas por el odio y el antisemitismo”.
“Vemos prominentes instituciones académicas, salas de historia, cultura y educación contaminadas por el odio y el antisemitismo alimentados por la arrogancia y la ignorancia… Observamos con horror cómo se celebran y justifican las atrocidades del 7 de octubre contra Israel”, dijo Herzog. en una declaración ofreciendo apoyo a los estudiantes judíos de estas universidades.
El juicio contra el ex rector de la Univesidad Nacional de Tucumán (UNT), Juan Alberto Cerisola, y otras ex autoridades de la Casa de Altos Estudios -en la causa conocida como “YMAD” por presuntas irregularidades con fondos de regalías mineras- finalmente comenzará en mayo. Según informó el fiscal Pablo Camuña, en su cuenta de X, habrá una audiencia preliminar el 14 de ese mes y el debate comenzará el 27.
La dilación se debía a que el único juez titular del Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Tucumán, Carlos Jiménez Montilla, inició los trámites jubilatorios y presentó su renuncia, por lo que no podían desarrollarse las audiencias. Sin embargo, eso ahora quedó resuelto, ya que se resolvió que el puesto de Jiménez Montilla, según resolvió la Cámara de Casación, será ocupado por Ana Carina Farías, jueza titular del TOF de Santiago del Estero.
Los otros dos camaristas que entenderán en la causa serán Abelardo Basbús, de Santiago del Estero, y Enrique Lilljedahl, de Catamarca, quienes ya vienen actuando como subrogantes en el TOF de Tucumán.
En esta causa se investiga al ex rector Juan Alberto Cerisola y de otros tres ex funcionarios de la UNT por el manejo de $ 353 millones entre 2006 y 2009 -unos U$S 85 millones al cambio de entonces- para obras, que llegaron en carácter de regalías de la empresa Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), de la cual la UNT es propietaria en un 40%.
Además de Cerisola, serán juzgados el ex diputado Luis Sacca -se desempeñaba como subsecretario de Políticas Administrativas y Gestión-, Olga Graciela Cudmani -por entonces, directora de Construcciones Universitarias- y Osvaldo Venturino -director de Inversiones y Contrataciones durante el período investigado-.
En el expediente se investiga la presunta comisión, por parte de los imputados, de los delitos de defraudación contra la administración pública, defraudación por administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
La causa contra Cerisola, Sacca, Cudmani y Venturino se inició en 2010, a instancias de denuncias del arquitecto Ramón Eudal y del abogado Oscar López. Tras la investigación, el juez federal Fernando Poviña, que hoy integra la Cámara Federal de Apelaciones, procesó a los cuatro.
Tanto el fiscal Camuña como los defensores de los acusados ya habían presentado la lista de testigos por lo que en principio se espera que la causa de comienzo sin más dilaciones en la fecha prevista del 27 de mayo.
El acta Nº498 del directorio de YMAD (27 de diciembre de 2007) donde la UNT era estaba representada por los exRectores Rodolfo Martín Campero y Mario Marigliano -ya fallecido- fue seguida por otra acta firmada el 2 de enero de 2008 por el entonces Rector Juan Alberto Cerisola, donde se declaró «terminada» la Ciudad Universitaria: así, las regalías mineras para la UNT bajaban del 40% al 20% pero pasaban a ser de libre disponibilidad a favor del Rectorado.
La UNT nunca buscó «los planos ya aprobados» que ordena la Ley y que fueron localizados por eltucumano.com y reemplazó la Ciudad Universitaria para 30.000 estudiantes en el cerro San Javier diseñada por el equipo que lideraron los arquitectos Eduardo Sacriste, Jorge Vivanco y Horacio Caminos entre otros durante el Rectorado de Horacio Descole por un plan de obras y refacciones menores, que devino en un escándalo de sobreprecios en obras y colocaciones financieras de los fondos universitarios.
La causa comenzó en el año 2010 a partir de las denuncias del arquitecto Ramón Eudal y el abogado Oscar López, y serán juzgados además los exfuncionarios universitarios Olga Cudmani –directora general de Construcciones Universitarias-, Osvaldo Venturino –director de Inversiones y Contrataciones- y Luis Fernando Sacca –subsecretario de Políticas Administrativas y Gestión-.
La justicia jamás investigó el delito de fondo y pasó por alto la participación en esta presunta asociación ilícita entre los exrectores Campero, Marigliano y Cerisola, las ex y actuales autoridades de YMAD y ex y actuales funcionarios de la UNT, como el secretario general José Hugo Saab y el director de Asuntos Jurídicos, Augusto González Navarro, entre otros.
El fiscal general ante la Cámara Federal de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, planteo semanas atrás en FM latucumana 95.9 que la renuncia de Jiménez Montilla no debiera constituir dilación alguna para la pronta realización del juicio, al indicar que los cinco jueces de la Cámara Federal de Tucumán podrían actuar como subrogantes en el Tribunal Oral Federal, que no tiene titular desde la jubilación de Gabriel Casas en 2021 y donde hoy subrogan los jueces Abelardo Basbús, del TOF de Santiago del Estero, y Enrique Lilljedahl del TOF de Catamarca.
«La Cámara Federal de Tucumán, nosotros, tenemos jurisdicción territorial en tres provincias: Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca; los jueces de estas tres provincias se pueden subrogar y se subrogan mutuamente ante la ausencia de uno en los tribunales. En el caso de Santiago, el Tribunal Oral tiene tres miembros y la cantidad de juicios que tiene no es nada importante; en Catamarca, si bien nos están faltando jueces en el Tribunal Oral, también pueden ser suplidos desde Tucumán o Santiago del Estero. La Cámara Federal de Tucumán tiene cinco miembros, de los cuáles dos o tres podrían subrogar el Tribunal Oral Federal de Tucumán», detalló.
El Robo de la Ciudad Universitaria
El delito contra los tucumanos comenzó a ejecutarse en 2005 con un “anticipo de utilidades” por USD 1.000.000 (un millón de dólares estadounidenses) que Rodolfo Martín Campero – en su doble rol de gerente de Minera Alumbrera LTD y al mismo tiempo representante de la UNT en YMAD – negoció para su correligionario y entonces Rector de la UNT, Mario Marigliano –ya fallecido-.
Ese millón de dólares de utilidades – adelantados directamente desde la empresa minera al rectorado de Marigliano-, se otorgó en el marco del artículo 18 inciso b) de la vigente ley 14.711 que ordena repartir el 40% de las ganancias de la minera YMAD en favor de la UNT para la construcción de la Ciudad Universitaria en San Javier.
Sin embargo, y contra el mandato de la ley que ordena destinar las utilidades mineras a la construcción de la Ciudad Universitaria, el entonces Rector Marigliano malversó los dólares recibidos y los utilizó en meras refacciones edilicias para el Museo de la UNT – en la ex escuela de Agricultura- y la Escuela de Cine -en instalaciones de Canal 10-, sentando las bases de un sistemático despojo a la UNT que continua hasta nuestros días.
El 13 de septiembre de 2007 Campero y Marigliano le reclamaron a Cerisola que YMAD ya había entregado $210.422.000 a la UNT para construir la Ciudad Universitaria: «A la fecha no se encuentra concluida la Ciudad Universitaria, por lo cual la recepción de los fondos se hace en el marco del precitado inciso».
En su declaración indagatoria (13 de abril de 2016) Cerisola apuntó contra Campero y defendió la «reformulación» del concepto de Ciudad Universitaria: «El concepto de Ciudad Universitaria responde a una idea dinámica e inagotable pero que en la práctica es un concepto estático representado por su plan de obra y su valuación. Lo contrario, sería pretender sine die seguir percibiendo el 40% por siempre lo que es ilícito e inmoral. Reconoce que habían iniciado conversaciones al respecto dentro de la UNT, que el doctor Campero insistía en la necesidad de darle corte a lo del 40% pero nuevamente niega haberle dado ningún mandato al respecto a los señores directores», se lee en su indagatoria. Lo propio ratificó días atrás cuando rompió el silencio tras más de diez años.
El arribo del millón de dólares mineros al rectorado de Marigliano se ejecutó a través de un fideicomiso financiero entre el rectorado de la UNT y el Banco Río bajo la “veeduría” del arquitecto Raúl Torres Zuccardi – consejero superior del Mariglianismo- y contó con un dictamen favorable de la dirección de Asuntos Jurídicos a cargo de González Navarro y la aprobación del Consejo Superior de la UNT (expediente 1552-2005). La maniobra de Campero y Marigliano pasó inadvertida para el diario La Gaceta que desde 2005 hasta hoy jamás publicó el texto del artículo 18 inciso b) de la ley 14.711 que ordena construir -«de acuerdo a los planos ya aprobados» (sic)- la Ciudad Universitaria en San Javier, campus universitario valuado en 5.700 millones de dólares según Sergio Mohamed actual secretario de Obras y Planeamiento de la UNT.
Incluso, Roberto Toledo, actual representante de la UNT en el directorio de YMAD, admitió la falsificación años atrás en la televisión pública tucumana: «La ley decía que una vez que se concluya la Ciudad los fondos de la Universidad dejaban de ser del 40% de las utilidades netas de la empresa y bajaban al 20%. Desde esa fecha hemos bajado del 40% al 20%. ¿Por qué se hizo eso? Tendrá que saberse en el juicio. Se presume que fue porque eso era de libre disponibilidad y en consecuencia no estaba sujeto al destino específico de la inversión en obras», sentenció en diálogo con Omar Nóblega en Los Primeros. /El Tucumano
Catamarca apuesta por la investigación y el desarrollo. Será financiado por aportes de minería.
En un acto que se concretó en el Anfiteatro “Rafael Herrera” de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCA, se reunieron las autoridades que conforman el Centro de Desarrollo Científico, Tecnológico y Productivo de Catamarca, con el objetivo de poner en común los avances que se vienen realizando en el marco de este proyecto y delinear acciones a seguir en el futuro.
El encuentro contó con la presencia del gobernador Raúl Jalil; el rector de la UNCA, Oscar Arellano; el vicegobernador Rubén Dusso; el ministro de Educación, Dalmacio Mera; Decanos, autoridades académicas y referentes del sector privado.
El Centro, formado por decisión del Ejecutivo Provincial en conjunto con la Universidad de Catamarca, tiene como objetivo establecer un espacio donde los sectores científico-tecnológicos y productivos colaboren para impulsar el desarrollo provincial a través de la investigación y la capacitación. La Provincia destinará el 3% de las regalías mineras al funcionamiento del centro, garantizando recursos para actividades de investigación y capacitación, involucrando a los sectores productivos, científicos y tecnológicos en su agenda de actividades.
El gobernador Raúl Jalil destacó la importancia histórica de esta inversión provincial en ciencia, tecnología y producción, resaltando que este centro debe ser un punto de encuentro y colaboración para fortalecer el desarrollo provincial. “Debe ser la primera vez en la historia de un presupuesto provincial que hay un fondo específico para la ciencia, la tecnología y la producción” valoró.
También destacó el rol de la Universidad de Catamarca y afirmó su defensa de la educación pública y gratuita. “Hay que defender a Catamarca. Es importante que los legisladores trabajen para tener un presupuesto nacional” señaló.
El rector Arellano mencionó que “ponemos en valor y en escena a este Centro, lo que no es menor, teniendo en cuenta que nuestra Universidad Pública está desfinanciada, pero esto es algo que, lamentablemente, se da de manera habitual. Para nosotros es muy importante vincularnos y buscar a las empresas y gobiernos interesados en tecnología y conocimiento para buscar los fondos de investigación”, expresó.
A la vez, agradeció al Gobierno Provincial por destinar para este proyecto el 3% de las Regalías Mineras. Arellano recalcó que estos fondos le brindan a la UNCA autonomía para sus investigaciones de ciencia y tecnología, “lo que es un gran desafío”.
Patente de propiedad intelectual
Otro de los momentos importantes del encuentro se dio con la entrega de la patente de propiedad intelectual al Ingeniero en Minas, Fernando Torres, por su trabajo e invención de un proceso para recuperación de oro con soluciones particulares, que permite un avance para la extracción de oro más amigable con el ambiente.
“Quiero felicitar la idea del Centro Tecnológico. No hay un investigador de la UNCa que no haya soñado con tener un lugar como este para integrarse y seguir capacitándose”, expresó en su discurso Torres.
El Gobierno nacional encomendó que se lleve adelante una revisión de la creación y el inicio de actividades académicas de cinco universidades nacionales. Se trata de las universidades del Delta, Pilar, Ezeiza, Río Tercero y Madres de Plaza de Mayo. La auditoría estará a cargo del Ministerio de Capital Humano.
«Establecer el proceso de revisión de la creación e inicio de actividades académicas de las nuevas instituciones universitarias nacionales creadas por las Leyes Nros. 27.727, 27.728, 27.729, 27.730 y 27.731 con el fin de determinar el efectivo cumplimiento del procedimiento para su creación y funcionamiento objetivo», sostiene la resolución ministerial.
«Atendiendo a razones de dar cumplimiento a lo establecido en las leyes vigentes, de evitar la duplicación y superposición de estructuras jerárquicas y de garantizar que la oferta educativa cumpla con la calidad y pertinencia debida, resulta necesaria la adopción de medidas tendientes a revisar el inicio de actividades académicas de las Casas de Altos Estudios antes mencionadas», señala la resolución.
El Gobierno busca de esta manera «determinar si el procedimiento administrativo exigido por la Ley de Educación Superior para crear nuevas universidades fue debidamente cumplido, si las condiciones allí establecidas fueron realmente satisfechas y se encuentren debidamente documentadas y si la pertinencia, oportunidad y la previsión del crédito presupuestario correspondiente, en base a un estudio de factibilidad, avaló la iniciativa».
Cuando el año pasado se aprobó la construcción de las universidades, el bloque de La Libertad Avanza, encabezado por Javier Milei, votó en contra, mientras que la izquierda y Unión por la Patria garantizaron la aprobación.
En pleno debate, la diputada del Frente de Todos Blanca Osuna había remarcado que había proyectos para crear ocho universidades, y a pesar de haber tratado solo cinco, había aclarado que esperaba que en poco tiempo se pudiera dar tratamiento a las restantes con intención de quintuplicar la cantidad de alumnos en los 40 años de democracia.
En la resolución firmada por Sandra Pettovello y que consta de cuatro artículos, establece »el proceso de revisión de la creación e inicio de actividades académicas de las nuevas instituciones universitarias nacionales creadas por las Leyes Nros. 27.727, 27.728, 27.729, 27.930 y 27.931 con el fin de determinar el efectivo cumplimiento del procedimiento para su creación y funcionamiento objetivo».
Además, »dejar sin efecto las resoluciones ministeriales Nros. 2534/23, 2575/23, 2575/23, 2576/23 y 2685/23, todas del ex MINISTERIO DE EDUCACION».
Y por último, »encomendar a la Secretaría de Educación la implementación de lo dispuesto en la presente medida».
El vicegobernador Rubén Dusso participó este lunes en Tucumán en la asunción del nuevo decano de la Facultad Regional Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional, Ing. Rubén Egea.
En la ceremonia, llevada adelante en el vistoso Teatro San Martín, y donde asumió también el nuevo vice decano, Luis Díaz, estuvo presente tanto la Intendenta de San Miguel, la Dra, Rosana Chahla, como el rector de la UTN, Ing. Rubén Soros.
Iniciando un periodo de gestión que irá desde diciembre de 2023 a diciembre de 2027, cabe destacar que recientemente se llevó a cabo una reunión formal entre el vicegobernador catamarqueño y el Ing. Rubén Soro y el Ing. Rubén Egea, para llevar adelante el proyecto de implementar la Primera Extensión Áulica de la Universidad Tecnológica en territorio catamarqueño.
El proyecto académico es para que dicha extensión se brinde en La Puerta de San José (Belén). Se trata de la carrera Tecnicatura Mecatrónica, que tendrá una duración de dos años y medio y que funcionará en un espacio ya adecuado en el que se está dictando robótica.
Con una matrícula proyectada de más de 60 alumnos, el proyecto primero tendrá esta aula de extensión, con el objetivo de que el proyecto continúe creciendo y llevando carreras novedosas en el ámbito educativo.
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