Etiqueta: Correo Argentino

  • La Justicia Federal de Catamarca ordenó la reincorporación de un empleado despedido de Correo Argentino por violación de su fuero gremial

    La Justicia Federal de Catamarca ordenó la reincorporación de un empleado despedido de Correo Argentino por violación de su fuero gremial

    En un fallo trascendental, la Justicia Federal de Catamarca ordenó la inmediata reincorporación de Andrés Olarte, un empleado de Correo Argentino que había sido despedido en el marco de una reestructuración nacional de la empresa estatal. Olarte, que se desempeñaba como delegado sindical, fue desvinculado de su puesto a pesar de contar con protección gremial, lo que provocó una disputa legal sobre la legalidad de su despido.

    El tribunal declaró nula la decisión de la empresa, argumentando que se habían vulnerado los derechos de Olarte como representante sindical. De acuerdo con la legislación argentina, los delegados sindicales gozan de una protección especial, conocida como fuero gremial, que impide su despido sin una causa justificada y sin autorización judicial. En este caso, la Justicia concluyó que Correo Argentino no respetó este requisito, invalidando su decisión de desvinculación.

    El fallo no solo ordena la reincorporación de Olarte, sino que también establece que debe ser restituido en las mismas condiciones laborales previas al despido, lo que implica mantener su cargo y sus responsabilidades sindicales. Esta decisión ha sido celebrada por los sindicatos, que la ven como una defensa fundamental de los derechos laborales, especialmente en un contexto de ajustes económicos que afectan a miles de trabajadores.

    Contexto de la reestructuración y sus implicaciones

    El despido de Olarte tuvo lugar durante una reestructuración masiva de Correo Argentino, en la que se desvinculó a miles de empleados como parte de una serie de medidas implementadas por el gobierno para reducir costos operativos en el marco de la crisis económica que atraviesa el país. Esta situación no es única, ya que el gobierno ha implementado recortes en varias dependencias públicas con el objetivo de disminuir el gasto estatal.

    Sin embargo, el caso de Olarte pone en evidencia las tensiones entre las políticas de austeridad y los derechos laborales. Mientras que el gobierno busca optimizar recursos y reducir el tamaño del Estado, las protecciones legales para los trabajadores, en especial los que ostentan cargos sindicales, complican la ejecución de estos ajustes.

    Este fallo podría sentar un precedente para otros casos similares, donde empleados con protección gremial hayan sido despedidos en procesos de reestructuración. A su vez, refuerza la idea de que los recortes no pueden realizarse a expensas de los derechos sindicales, lo que podría complicar futuras medidas de ajuste por parte del gobierno.

    Reacciones al fallo

    El fallo ha generado múltiples reacciones. Desde los sindicatos, se celebra la decisión como un hito en la defensa de los derechos de los trabajadores. “Este fallo es una clara señal de que no permitiremos que se vulneren los derechos de los delegados sindicales ni de los trabajadores en general, aun en tiempos de crisis”, declaró un representante de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

    Por su parte, desde el sector gubernamental, las reacciones han sido más cautelosas. Si bien no se ha emitido un comunicado oficial respecto a la decisión judicial, algunos analistas señalan que este tipo de fallos podrían dificultar la implementación de futuros recortes en las empresas estatales, incrementando las tensiones entre el Ejecutivo y el poder judicial.

    El caso de Olarte, por lo tanto, resuena no solo en el ámbito de la empresa estatal, sino en el debate más amplio sobre la política económica del país y el rol de los sindicatos en un escenario de ajuste fiscal.

  • Correo Argentino: Catamarca dará de baja 24 sucursales y quedarán cinco

    Correo Argentino: Catamarca dará de baja 24 sucursales y quedarán cinco

    La preocupación va en aumento en diversas localidades del interior del país ante la posibilidad de cierre de sucursales del Correo Argentino. Por caso, en la vecina provincia de La Rioja, se anunció que esta medida nacional va a afectar a 22 oficinas y esto acrecienta la alerta. 

    En el caso de Catamarca, los dos gremios que nuclean a los trabajadores ya marcaron su intranquilidad sobre el impacto en nuestra provincia. Por caso Duilio Aragón, secretario general del AJEPROC en diálogo con el diario La Unión, no dudó en marcar que “la situación es dramática”. 

    Para confirmar esto, el gremialista dijo a ese medio que la decisión de la empresa es el cierre, y esto lo ha estado comunicando desde este miércoles a todas las sucursales. Sobre el impacto de esto en la provincia, Aragón indicó: “la provincia cuenta con 29 sucursales, de las cuales, según lo que tengo entendido, solo van a quedar cinco. El resto, por reestructuración, tendrán que cerrar y, como consecuencia, los empleados con entre 35 a 40 años de servicio, están obligados a retirarse voluntarios o quedarse al margen de todo. Si se cierra la sucursal, ellos se quedan sin alternativa y obviamente que sin trabajo”. 

    En busca de entender el porqué de este ajuste promovido desde la empresa, el gremialista reconoció que hay sedes en el interior de las provincias que tienen poco volumen de movimiento y al respecto señaló que “es eso lo que está generando que exista un déficit y que la empresa en estos momentos quiera equilibrarlo. Lamentablemente están usando un método para remediar esto, en el que los trabajadores nos vemos perjudicados».  

    El titular de AJEPROC al respecto agregó: “No son solo 24 trabajadores los que quedan por afuera, sino que con ellos hay tres, cuatro o cinco familiares que viven del sueldo de un jefe de Correo y eso es tremendo para nosotros”. 

  • Ajuste de personal en el Correo Argentino: Cientos de empleados despedidos como parte de medidas de reestructuración

    Ajuste de personal en el Correo Argentino: Cientos de empleados despedidos como parte de medidas de reestructuración

    En una movida que ha generado controversia y preocupación a lo largo del país, el Gobierno argentino ha avanzado con un ajuste de personal en el Correo Argentino. En las últimas horas, cientos de empleados han recibido telegramas de despidos como parte de un proceso de reorganización interna destinado a reducir el gasto público.

    Los despidos, que se estiman en al menos 200 hasta la fecha, no discriminan en cuanto a la antigüedad o funciones de los trabajadores, abarcando desde aquellos con 15 años de servicio hasta quienes han dedicado tres décadas a la empresa. Esta medida, que afecta a empleados en diversas provincias como Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa y Tucumán, entre otras, ha generado incertidumbre y angustia entre los trabajadores y sus familias.

    Como parte de estas acciones, se espera que la próxima semana se oficialice una propuesta de retiros voluntarios, con el objetivo de ofrecer una alternativa más beneficiosa que los despidos unilaterales. Esta propuesta, que será presentada a través de una intranet de la empresa, busca brindar una salida digna a aquellos empleados interesados en rescindir sus contratos.

    Las reacciones no se han hecho esperar, con testimonios de empleados despedidos expresando su preocupación y dificultades para encontrar empleo a raíz de esta situación. Asimismo, sindicatos como el de Rosario han anunciado planes de lucha en respuesta a los despidos, evidenciando la tensión generada por estas medidas.

    En el contexto de la Ley Bases, se destaca que el Correo Argentino se encuentra sujeto a una posible privatización parcial o concesión, lo que plantea interrogantes sobre su futuro y el destino final que le aguarda bajo la gestión actual.

  • La magistrada Marta Cirulli ordenó la quiebra de Correo Argentino y Juntos por el Cambio defendió a Macri: “El kirchnerismo ejecuta sus deseos de venganza”

    La magistrada Marta Cirulli ordenó la quiebra de Correo Argentino y Juntos por el Cambio defendió a Macri: “El kirchnerismo ejecuta sus deseos de venganza”

    La magistrada Marta Cirulli ordenó la quiebra y la entrega en cinco días de todos los activos, como había pedido el procurador Zannini. Fue la conclusión de un proceso de 20 años. La oposición habla de “persecución política”

    La decisión de la jueza comercial Marta Cirulli de mandar a la quiebra a Correo Argentino SA, la empresa de la familia de Mauricio Macri, y de ordenar la entrega de sus bienes en 5 días derivó en un choque político entre la oposición y el gobierno nacional, debido a que dirigentes de manera individual y Juntos por el Cambio, en bloque, responsabilizaran al kirchnerismo por la decisión y la vincularon a una supuesta “persecución política y una venganza”.

    “En un día oscuro para la justicia comercial argentina, la jueza Marta Cirulli decretó hoy la quiebra de Correo Argentino S.A., a pesar de que sus accionistas habían ofrecido pagar el 100% de la deuda más los intereses que determinaran los tribunales”, advirtió el comunicado que fue difundido oficialmente por JxC. Allí, se advirtió que “la única razón para comprender esta decisión es el rechazo del Estado argentino, motorizado por el procurador Carlos Zannini, de aceptar cualquier tipo de acuerdo. Las motivaciones detrás de esta decisión son políticas: no están basadas en el derecho, ni el sentido común, ni en los deberes de un funcionario público que debe cuidar el patrimonio de todos los argentinos, en lugar de usar su cargo para perseguir opositores”.El Correo Argentino S.A. está en proceso de quiebra desde hace 20 años y hoy la Justicia comercial tomó la decisión de decretar su quiebraEl Correo Argentino S.A. está en proceso de quiebra desde hace 20 años y hoy la Justicia comercial tomó la decisión de decretar su quiebra

    De todos modos, Juntos por el Cambio no sólo apuntó contra el kirchnerismo, sino que también cuestionó de manera personal a la magistrada que firmó la sentencia, tras un proceso que duró casi 20 años: “Zannini siempre quiso bloquear cualquier acuerdo y empujar a la empresa a la quiebra, con el objetivo político de perjudicar a la familia del ex presidente Mauricio Macri. Hoy lo logró. Las presiones del gobierno y la falta de carácter de la jueza Cirulli llevaron a una decisión injustificable desde el punto de vista del derecho, que pone en riesgo las bases de la justicia comercial en la Argentina. Si una empresa puede ser empujada a la quiebra solo por la voluntad de un gobierno ¿quién garantizará a las empresas que si les va mal tendrán un tratamiento justo por parte de los tribunales?”.

    Y agregó que “para conseguir sus objetivos políticos Zannini está perjudicando los intereses del Estado argentino, que ya no cobrará sus acreencias. Repudiamos la persecución a Mauricio Macri, denunciamos el uso partidista que hace de su cargo Carlos Zannini y lamentamos otra señal de las instituciones argentinas en contra de la inversión y el Estado de Derecho. El kirchnerismo está jugando con nuestro Estado para ejecutar sus deseos de venganza. Es momento de decirles basta. En las elecciones de noviembre tenemos una oportunidad”.

    El fallo de Cirulli que provocó esa reacción política se produjo ayer, en el primer día hábil después de que la Cámara Comercial, en un fallo urgente, anunció que notificaría a la Corte Suprema sobre la existencia de un recurso por conflicto de competencias con el Superior Tribunal de Justicia. Y, en orden cronológico, después que Macri publicara una carta en Facebook donde declaró: ”El gobierno busca venganza, buscan dañarme y tienen como objetivo a mis hijos. Ese acto lo ejecutan a través de la Justicia, manipulada por el procurador del Tesoro, Carlos Zannini”.

    Además, en la misma declaración publicada el sábado en Facebook, Macri declaró: “Ojalá la Justicia Comercial no quede en la historia como un protagonista responsable de haber contribuido a transformar nuestro querido país en Argenzuela. No pido privilegios, pido justicia”.Macri, en la última reunión de Juntos por el Cambio.Macri, en la última reunión de Juntos por el Cambio.

    Tras ambos planteos se encolumnaron Juntos por el Cambio -que habló de una “venganza y una persecución”- y la empresa Correo Argentino SA, que advirtió en un comunicado: “Hoy es un día nefasto para la justicia comercial argentina. Muchos argumentos jurídicos se escribirán de un lado y del otro, pero es increíble que el Estado se apropie de los bienes de una empresa, le deje las deudas y no acepte el pago del 100%, con lo que ahora la lleva a la quiebra. Todo por venganza e intereses políticos. Un paso más hacia Argenzuela“.

    Más allá de los argumentos, fuentes de la empresa confirmaron que presentarán una apelación en el plazo de 5 días que les dio Cirulli para entregar sus bienes. Admiten que esa acción difícilmente tendrá resultados favorables, por lo que confían en que en la Corte Suprema de Justicia pueda ser la última instancia para evitar que la quiebre se aplique no ya sobre los activos remanentes de Correo Argentino SA -que está concursada desde 2001 y sin operaciones desde 2003, cuando fue estatizada por Néstor Kirchner- sino sobre SOCMA, la controlante que tiene entre sus accionistas a la familia Macri.

    Desde la perspectiva del Gobierno, Correo Argentino S.A. le estaría debiendo al Estado 4.500 millones de pesos, y no los $1.011 millones ofrecidos por la familia Macri y su empresa. En marzo, en la Justicia comercial, la familia Macri había ofrecido pagar esa suma de una vez, o lo que la Justicia determinara, por toda la deuda para evitar la quiebra, pero Zannini, en nombre del Estado, rechazó la oferta y mantuvo el pedido de quiebra que se concretó este lunes.

    Sobre esa controversia en torno a lo adeudado, la jueza fue determinante: “Es de suma relevancia hacer notar que el ofrecimiento de la concursada presume de satisfacer íntegramente el único crédito Categoría A, en el 100% del capital nominal ($296.205.376,49), más intereses”. Pero cuestionó la tasa que aplicó para hacer esa oferta. “Es claro que el mantenimiento de esa tasa de interés no puede compensar ni remotamente lo adeudado por falta de pago de los cánones mensuales, devengados -cuando menos- desde el año 2001 hasta el cese de la concesión del servicio postal, dispuesta en el Decreto N° 1075/2003″.

    “No podría en ningún caso interpretarse que la posición evidenciada por el acreedor Estado Nacional en este concurso, es irrazonable o abusiva, por la sola circunstancia de no haberse expedido afirmativamente sobre la propuesta de pago o por haberla rechazado”, dijo la jueza. Y añadió: “No encuentro configurados los elementos constitutivos del abuso en el ejercicio del derecho que asiste al acreedor Estado Nacional” ni un “abuso del derecho”, afirmó.La resolución de la jueza comercial Cirulli que decretó la quiebra de Correo Argentino S.A.La resolución de la jueza comercial Cirulli que decretó la quiebra de Correo Argentino S.A.

    Antecedentes

    En 1997 el gobierno de Carlos Menem le dio la concesión del Correo Argentino S.A. al grupo Macri y en 2003, cuando llegó Néstor Kirchner a la Presidencia, rescindió ese contrato al denunciar que la empresa solo había pagado uno de los cánones semestrales que le correspondía abonar por cifras superiores a los 50 millones de pesos/dólares. La empresa adujo que estaba en concurso desde 2001, por la abultada deuda que el Estado tenía con ella, por servicios prestados durante todos esos años. Se trataba de un litigio por deudas cruzadas.

    Tras idas y vueltas en el concurso -que atravesó todo el kirchnerismo-, en 2016 se desató la puja que hoy debe dilucidar la Justicia. Es que con Macri ya a cargo del Poder Ejecutivo aceptó una oferta para que se pagara en cuotas la deuda que la firma tenía en 2001. En ese momento, la fiscal ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, denunció que el acuerdo era “abusivo”, con una quita del 98,87 por ciento de la deuda, y que aceptarlo perjudicaba los intereses del Estado. El acuerdo no llegó a concretarse por la oposición fiscal y porque el propio Macri envió el caso a la Procuración del Tesoro.

    Si bien los acreedores se cuentan por decenas, el actor principal es el Estado Nacional, debido a contar con las mayores acreencias. La ley 24.522 de Concursos y Quiebras establece en su artículo 48 inciso 8 que “cuando en esta etapa no se obtuviera acuerdo preventivo, por tercero o por el deudor, o el acuerdo no fuese judicialmente homologado, el juez declarará la quiebra sin más trámite”.

    Por eso es que la jueza Cirulli tomó la decisión de dictar la quiebra. En su razonamiento, la magistrada avaló la posición de Zannini, al sostener que “el Estado Nacional se sujetó al procedimiento concursal por casi veinte años, haciéndose parte en el proceso, negociando con la concursada, asistiendo a las audiencias donde fue convocado, todo para obtener el cobro de su crédito (lo cual, en definitiva, se proyecta a la sociedad toda), originado hace al menos veinte años en condiciones económicas y de mercado diferentes a las actuales”.

    https://www.infobae.com/politica/2021/07/06/una-jueza-mando-a-la-quiebra-al-correo-argentino-y-juntos-por-el-cambio-defendio-a-macri-el-kirchnerismo-ejecuta-sus-deseos-de-venganza/

  • El ministro Aguad será indagado por la quita de la deuda al Correo Argentino

    El ministro Aguad será indagado por la quita de la deuda al Correo Argentino

    El juez federal Ariel Lijo citó a indagatoria al actual ministro de Defensa, Oscar Aguad, por su rol como titular de la cartera de Comunicaciones, en el acuerdo entre la empresa Correo Argentino, de la familia del presidente Mauricio Macri, con el Estado por el pago de una deuda millonaria.

    Fuentes judiciales informaron que tras el pedido del fiscal Gerardo Pollicita, el juez citó a Aguad, actual ministro de Defensa, para el 28 de febrero próximo; y a Juan Mocoroa, entonces director general de Asuntos Jurídicos del ministerio de comunicaciones el 19 del mismo mes, todos acusados por el delito de ‘administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y negociaciones incompatibles con la función pública‘.

    También citó al ex presidente del directorio del Correo Argentino SA, Jaime Cibils Robirosa, y al letrado patrocinante, Jaime Kleidermacher.

    La causa se inició en febrero de 2017 a raíz de una denuncia donde se refirió que en la audiencia celebrada en junio de 2016, en el marco del concurso preventivo de la empresa Correo Argentino, habría tenido lugar un acuerdo de pago perjudicial para el patrimonio público, pues las condiciones de la oferta aceptada importaban una quita de 70.163.910.895 pesos del crédito que el Estado Nacional tenía contra la concursada.

    En su dictamen, el fiscal consideró que ‘existen suficientes razones para tener por demostrado que el acuerdo‘ entre la empresa y el Estado ‘fue espuriamente concebido‘ y ‘buscó beneficiar a la empresa concursada‘.

    Según señaló Pollicita, el acuerdo ‘comprometió abusivamente al Estado Nacional, que enfrentó la posibilidad concreta de resignar definitivamente el cobro de una considerable porción de un crédito legítimo y para entonces negado hacía aproximadamente quince años‘.

    El fiscal indicó que ‘según quedó evidenciado a lo largo de esta presentación, la concertación de voluntades cuestionada, por la que deberán dar explicaciones las personas involucradas, fue en buena medida posible por la existencia previa de un desnaturalizado trámite concursal‘.

    Ése trámite, según afirmó, «sirvió de contexto para que intereses particulares se colaran en el proceso de toma de decisiones gubernamentales en detrimento de la administración pública».

    «Oscar Aguad, teniendo asignado dentro del ámbito de su competencia el cuidado del patrimonio público, omitió obrar con la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios y acordó con los representantes de Correo Argentino una quita abusiva del crédito verificado por el Estado Nacional», para lo cual contó, necesariamente, con el aporte de Mocoroa, completó.