El Ministerio de Salud anunció esta tarde la intervención del Hospital de Salud Mental «Laura Bonaparte», con el objetivo de garantizar la atención de los pacientes y restaurar el normal funcionamiento del centro especializado en salud mental y adicciones. La decisión llega tras una serie de denuncias sobre sobredotación de personal, mala gestión de fondos y un uso ineficiente de los recursos disponibles.
Razones detrás de la intervención
Según un comunicado oficial, el Ministerio destacó que el crecimiento desmedido del personal y el mal manejo de los recursos han afectado gravemente la capacidad operativa del hospital. En este marco, se designó a Mariano Pirozzo como interventor para liderar la reestructuración.
El ministro de Salud, Mario Lugones, aseguró que la medida busca aportar la transparencia y eficacia necesarias para garantizar el funcionamiento adecuado del hospital. «Cuidar la salud de los argentinos requiere también de un uso eficiente de nuestros recursos», subrayó la cartera sanitaria.
Reestructuración y despidos
En las últimas semanas, se produjeron despidos de 200 empleados, calificados por el Gobierno como parte de una «readecuación de la dotación». Según cifras oficiales, 326 empleados ingresaron durante la gestión anterior, y el hospital cuenta con recursos para un establecimiento de alta complejidad, aunque opera como una sala de atención básica.
La sobredotación de personal también se evidenció en el área de guardia e internación, donde hay 109 empleados asignados para 55 camas, de las cuales solo 19 se ocupan en promedio por mes.
Respuesta de los trabajadores
Los empleados del hospital han expresado su rechazo a la medida, denunciando que los despidos afectan directamente la calidad de la atención. Además, realizaron protestas y abrazos simbólicos al edificio ubicado entre los barrios porteños de Parque Patricios y Constitución.
En octubre pasado, se había anunciado el cierre del Hospital Bonaparte, pero la Casa Rosada retrocedió en su decisión y optó por un plan de reestructuración.
Llamado al diálogo
El Gobierno instó a los gremios a evitar medidas que perjudiquen el normal desarrollo de la atención a los pacientes y reiteró su compromiso con la mejora de los servicios de salud mental en el país.
El Cuartel de Bomberos Voluntarios San Fernando del Valle de Catamarca ha experimentado un cambio significativo en su dirección, lo que ha dado lugar a una serie de aclaraciones y advertencias para la comunidad.
En este contexto, Lucas Ortiz, quien está en representación de la organización que se encarga de la recaudación para las colaboraciones que se realizan a los bomberos voluntarios tanto en Catamarca como en otras provincias.
Días atrás sorprendió la noticia de que el cuartel había sido intervenido, recordemos que está intervenido por personería jurídica, aparentemente por documentación que no se ha presentado a tiempo. En ese momento, Marcelo Quevedo, el jefe del cuerpo activo, nos manifestaba que ellos estaban a cargo y alertaba que no se realicen pagos de los bonos porque desde el cuartel no se estaba autorizando este cobro , involucrando a la jefatura anterior.
Tras la nota que salió en nuestro medio, Ortiz manifestó su malestar por las declaraciones de Quevedo y la imposibilidad de continuar con la actividad. «Nosotros no formamos parte del cuartel de bomberos, somos independientes, esta actividad de apoyo al cuartel de bomberos se inició hace aproximadamente un poco más de 5 años cuando en Buenos Aires se decidió capacitar personal para asistir a las diferentes provincias donde existían este tipo de instituciones que no recibían el aporte oficial y que estaban en pleno surgimiento y desarrollo en una actividad que es fundamental para la comunidad, que es un cuartel de bomberos», expresó.
A su vez, Ortiz reveló que «en esa oportunidad llegó a Catamarca un coordinador de nombre Sebastián Bruschi que fue el que nos convocó a la tarea de la afiliación y posterior cobro de ese concepto». «La afiliación es totalmente voluntaria, el importe también lo pone el afiliado, no es que nosotros impongamos algún tipo de importe y en ese momento el señor Bruschi que tenía contacto con la dirigencia del cuartel había llegado a un convenio de que se le otorgaba un canon de toda la recaudación a ese cuartel de bomberos».
«Hace dos años atrás, en diciembre del año pasado, el señor Bruschi oriundo de Paraná viajó para las fiestas de fin de año pero se encontró con problemas familiares en Paraná que le imposibilitaron retornar a Catamarca; en ese momento quedábamos únicamente dos, el señor Ariel Juárez y quien les habla». «Nosotros decidimos, porque mantenemos contacto con Bruschi por teléfono, seguir con la cobranza porque continuábamos con el apoyo del cuartel», precisó.
Al ser comunicados de que Bruschi no regresaba a Catamarca, Oriz expresó que solicitaron una reunión con las autoridades de la comisión directiva del cuartel para ver qué se iba a hacer con la campaña «para no estar desamparados institucionalmente». «Nos reunimos en esa oportunidad con el señor Raúl Carrizo y con el señor Marcelo Estecho; uno era presidente y el otro era tesorero en ese momento», subrayó destacando que «ellos en un principio nos dieron a entender que la campaña se suspendía». «Pero después parece que hubo una reflexión sobre nosotros y nos autorizaron a continuar con la cobranza», aseguró.
«Nunca recibimos algo por escrito», afirmó sobre esa situación, destacando que «de la intervención me notifiqué a través de una de las contribuyentes».
Por otro lado, Ortiz comentó que mantuvo «una reunión con la comisión que fue separada, inclusive la acompañé a la señora administradora, a la señora Nieva, ante el doctor Ripoll que es el director de Personería Jurídica acá en Catamarca, porque había observado algunos errores en el desempeño». El señor Ripoll nos recibió, se tomó las medidas pertinentes para facilitar el funcionamiento del cuartel porque se había establecido una orden de parte de Personería Jurídica de imposibilitar el movimiento de los móviles y se había pedido el retiro de una cámara de seguridad que estaba instalada en el portón».
«El señor Quevedo nos involucra a nosotros con la falta de resolución administrativa que tuvo la comisión anterior y nosotros contamos con toda la documentación pertinente que asegura y certifica las transferencias que fuimos haciendo de lo que la gente nos contribuye», aseguró.
Cabe destacar que, según nos comentó Ortiz, la comisión anterior, la que se encargaba de administrar el cuartel de bomberos, realizó un convenio con la organización para que se encarguen de recaudar los bonos contribución de la gente, para rendir lo recaudado al cuartel, que es con lo que se solventan los gastos, el personal que participa, las obras que se se realizan, entre otras cosas.
Ahora, al quedar intervenido el cuartel, ya no está la comisión que los contactó y tampoco está la persona que es el primer nexo (Bruschi) porque se quedó en otra provincia, por lo que quedaron prácticamente en la nada.
La tarea de la organización es ir puerta por puerta para lograr afiliaciones con los ciudadanos que quieren colaborar con el cuartel de bomberos. Lo recaudado por la afiliación de los ciudadanos era llevado al cuartel, separando una comisión por la labor que realizaban.
En una decisión que marca un hito en la historia de la Casa de la Moneda, el Gobierno anunció la suspensión de la producción de billetes de baja denominación y el nombramiento de un interventor en el organismo. La medida fue comunicada por el vocero de la Presidencia, Manuel Adorni, quien confirmó en conferencia de prensa que Pedro Daniel Cavagnaro asumirá como interventor por un período inicial de 180 días. Este cambio ocurre en el marco de una serie de incumplimientos y altos costos operativos que han rodeado a la entidad estatal.
Adorni destacó que se eliminará la emisión de billetes de $2.000, cuya producción resulta, según el Gobierno, “ineficiente” dada la actual inflación. Los billetes de esta denominación, que llevan las figuras de Ramón Carrillo y Cecilia Grierson y entraron en circulación en mayo de 2023, dejaron de tener sentido práctico por su bajo poder adquisitivo. “La inflación actual hace que emitir billetes de baja denominación no sea rentable ni acorde a las necesidades del mercado,” explicó el vocero, quien además enfatizó la importancia de avanzar en la eficiencia y modernización de la Casa de la Moneda.
Un proceso de reestructuración
El Gobierno justificó esta intervención por la acumulación de demoras e incumplimientos en tres contratos de producción firmados entre 2021 y 2023. El Banco Central (BCRA), que ya había abonado un 45% del valor de los contratos, denunció que ninguno de ellos fue cumplido en los plazos previstos. Además, el costo de producción de estos billetes en la Casa de la Moneda ha sido el doble del precio que otras casas de moneda internacionales ofrecen, como la española y la china, quienes han asumido parte de la producción de los billetes de mayor denominación.
La intervención también se enmarca en un contexto de modernización, ya que las autoridades monetarias prevén la incorporación de billetes de $20.000. Con la inflación en aumento y el mercado cada vez más inclinado hacia las billeteras electrónicas y pagos digitales, la demanda de billetes de $1.000 y $2.000 ha disminuido. A pesar de que existen en circulación 5.701 millones de unidades de $1.000 y 1.105 millones de $2.000, el Banco Central ha comunicado que estos serán suficientes para satisfacer la demanda del sistema financiero.
Vacaciones obligatorias y posible cierre
A raíz de esta decisión, la Casa de la Moneda ha instruido a su personal dedicado exclusivamente a la producción de billetes a tomar vacaciones forzadas. La entidad aclaró que, hasta el momento, no se han implementado despidos ni suspensiones, pero la medida de otorgar vacaciones obligatorias refleja la posibilidad de una reducción de operaciones. Según comunicaron fuentes internas, los talleres de impresión en Retiro y Don Torcuato (ex Ciccone) ya no están activos en la producción de billetes.
Para el Gobierno, la decisión de suspender esta tarea representa un paso hacia el cierre de la entidad en un futuro próximo, mientras las actividades que restan también han mostrado incumplimientos, como la producción de chapas patentes para vehículos. Ante el contexto financiero y el atraso tecnológico, el organismo estatal tampoco participó en la licitación internacional para los nuevos billetes de $20.000, proceso que estuvo a cargo del Banco Central y que podría convertirse en el nuevo modelo para la producción de billetes en Argentina.
Anoche, en un anuncio sorprendente, el periodista Luis Majulreveló que Javier Milei ya tendría en mente un interventor para la provincia de La Rioja. Esta amenaza de intervención federal no es un caso aislado, durante las protestas salariales que padeció la provincia en enero ya se expresaban los deseos libertarios de que la provincia fuese intervenida y el conflicto entre Milei y Quintela viene escalando junto a la afrenta contra todos los gobernadores evidenciada por las recientes tendencias en las redes sociales donde en una semana se ha discutido sobre intervenir Jujuy y Chubut. El enfrentamiento entre el gobierno nacional y las provincias parece no tener límites, incluso con el presidente mencionando públicamente la posibilidad de un estado de sitio.
Sin embargo, las acciones de intervención federal están reguladas por la Constitución Nacional, que desde 1994 requiere una mayoría calificada en el Congreso para su aprobación, justamente para evitar que el ejecutivo pudiera tomar decisiones precipitadas basadas en caprichos políticos tras una basta historia de intervenciones por decreto en el pasado de nuestro país.
La situación en La Rioja se agrava por el pedido de la provincia a la Corte Suprema que declare inconstitucional el DNU de Javier Milei y que este lunes La Rioja demandó al Estado Nacional ante la Corte Suprema de Justicia para que el gobierno Nacional le transfiera más de 50 mil millones de pesos que le adeuda. Actualmente Quintela intentó conversar con los acreedores del bono verde por la dificultad que tienen para pagar 26 mil millones de pesos que forman parte de una deuda que La Rioja adquirió dos gestiones atrás y que vence en 2028. Paralelamente hoy la provincia trabaja en la reglamentación de un el Bono de Cancelación de Deuda, el chacho, para enfrentar este escenario de emergencia financiera con 22,500 millones que se utilizarán para poder afrontar con las obligaciones salariales.
Los cruces entre Quintela y Milei han sido numerosos, evidenciando una profunda división política y un ambiente de confrontación constante, llegando al punto tal, que ante la insistencia de renuncia del gobernador Ricardo Quintela a raíz de lo expresado durante la campaña advirtiendo la posibilidad de padecer el escenario actual, el gobernador riojano replicó: «voy a renunciar cuando él se corte los brazos» haciendo alusión a las palabras de Milei cuando antes de acceder al poder sostenía que «antes de subir un impuesto, me corto un brazo».
Esta mañana con la presencia de la ministra de Educación, Andrea Centurión y su par el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Juan Cruz Miranda, el secretario de Control y Gestión, Gustavo Jordán, el director de Infraestructura Escolar, Antonio Seco, ambos dependientes del Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles y el director de Programación y Mantenimiento Edilicio, Lucas Caminada del ministerio de Educación, recorrieron la Escuelas Secundaria Nº5 «Gdor. Francisco Galíndez» y la EPET Nº7 «Ingeniero José Alsina Alcobert» para poner en conocimiento de directivos, docentes y alumnos, las empresas constructoras que tomarán intervención en estos establecimientos educativos.
En ambas escuelas se indicó que cada equipo directivo fue informado y recibió un detalle de los contratos con los términos y condiciones que incluye la contratación de la empresa y el tiempo estimado de las obras a realizar. En el caso de la Escuela Secundaria Nº5, se constató que los trabajos ya iniciaron el pasado día sábado a cargo de la Empresa «Innova». Mientras que en la EPET Nº7 se presentó la empresa «Solucionar» que estará a cargo de las reparaciones de mayor envergadura, indicando que hoy empiezan con las instalaciones eléctricas y la colocación de ventiladores en las aulas.
En este marco, se van a solucionar problemáticas comunes de los edificios escolares, como «filtraciones de agua, sanitarios nuevos y en cuanto a electricidad, se va a instalar un sistema eléctrico completo y nuevo con bandejas porta cables, pensando también en la sobre carga eléctrica que se avecina hacia el invierno, con la previsión del uso de caloventores», señalaron los ingenieros.
El director Caminada indicó que son más de 240 ventiladores los que se van a instalar en estos días, en las escuelas de Capital, Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú, dando respuesta a la demanda.
Por último, los funcionarios solicitaron a los equipos directivos mantener la comunicación fluida tanto internamente con las áreas involucradas como con docentes, estudiantes y familias, informando los avances de obra y los requerimientos que sean necesarios.
El presidente Alberto Fernández derogó el decreto por el que había ordenado la intervención de la empresa Vicentin durante un plazo de 60 días y ordenó acciones que permitan «dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado» por los créditos que se le dieron a la firma.
A través de su cuenta de Twitter, Fernández anunció que dejaba sin efecto el DNU 522/2020, firmado en el mes de junio, ante las imposibilidades de que el Estado pudiera «conocer cuál es el pasivo real de la compañía» por las resoluciones del juez que interviene en el concurso, Fabián Lorenzini, quien había decidido mantener a los antiguos directores de la compañía.
«El juez interviniente en el concurso no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía. Ha impedido también el acceso de la intervención a su gestión y, lo que es peor aún, ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que, ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el Balance y Memoria del ejercicio 2019», argumentó el Presidente, al realizar el anuncio a través de su cuenta oficial de Twitter.
Además, el Presidente anunció que había dado «instrucciones» a los organismos públicos involucrados en el tema para que «realicen las acciones civiles, comerciales y penales» que «permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo» y otorgados durante el Gobierno anterior y «dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado».
Al argumentar la derogación, Fernández señaló que el Estado Nacional «no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo»
En ese sentido, el jefe de Estado sostuvo que su «intención» fue «siempre rescatar a la empresa, preservar los activos y mantener las fuentes de trabajo» y que la «obligación» del Estado es que se «investiguen las maniobras que provocaron el estado de falencia en el que la empresa ha caído».
«La intervención por 60 días era fundamental antes de declarar a Vicentin S.A.I.C. como un bien de utilidad pública, para conocer su verdadero estado patrimonial», sostuvo el mandatario, al referirse al decreto que firmó el mes pasado, cuando nombró a Gabriel Delgado como interventor por un plazo de 60 días, hasta que luego el juez diera lugar al reclamo de sus dueños y restituyera a a su directorio.
En esa resolución, el juzgado de primera instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad santafesina de Reconquista aceptaba restituir la administración de la empresa Vicentin SAIC a sus directivos, por un plazo de 60 días, y otorgaba el rol de veedores a los interventores designados por el Poder Ejecutivo.
«En estas condiciones, no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores», concluyó el Presidente.
El 8 de junio, el Presidente anunció la intervención de Vicentin y el envío de un proyecto de ley al Congreso para la declaración de la utilidad pública y la expropiación de la cerealera, que en diciembre de 2019 había entrado en cesación de pagos.
Un día después se publicó el Decreto de Necesidad y Urgencia 522/2020 en el Boletín Oficial, que estableció la intervención, y funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo viajaron a la localidad santafesina de Reconquista para reunirse con el juez en lo Civil y Comercial Fabián Lorenzini, que lleva adelante el concurso de acreedores.
Tres días más tarde, Fernández recibió a los directivos de la empresa Vicentin, y luego aceptó «una propuesta superadora» para el rescate de la empresa que fue aportado por el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti.
Se trataba de un proyecto mediante el cual la provincia, a través de la Inspección de Personas Jurídicas, le solicitó a la justicia que interviene en el concurso de acreedores, la «conformación de un Órgano de Intervención» durante todo el plazo que se extienda el proceso judicial y que no contempla una instancia de expropiación.
Ese mismo día, Lorenzini aceptó restituir la administración de la empresa Vicentin SAIC a sus directivos, por un plazo de 60 días, y otorgó el rol de veedores a los interventores designados por el Poder Ejecutivo.
El juez, a la vez, se declaró incompetente respecto del planteo de inconstitucionalidad sobre la medida adoptada por el Gobierno nacional, presentado por accionistas de la cerealera santafesina.
Sin embargo, las negociaciones entre los acreedores, los integrantes de la empresa y la Provincia de Santa Fe para la creación de un fideicomiso que permitiera contratar la «alternativa superadora» presentada por Perotti.
El juez en lo Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, quien lleva adelante el concurso de acreedores de la empresa Vicentin, deberá resolver sobre un recurso de inconstitucionalidad presentado por abogados de acreedores privados de la compañía agroindustrial que busca poner en jaque al decreto de intervención de la firma. El recurso se suma a otro acreedor que recordó al juzgado que preserve a la propiedad privada.
El magistrado recibió un recurso presentado por los abogados Rodolfo y Horacio Benavides, en representación de un acreedor de Vicentin que participa del concurso judicial de la empresa, quienes pidieron declarar la inconstitucionalidad del decreto y pidieron medidas para resguardar los bienes de la empresa.
La medida judicial se suma a otra impulsada el día previo por otro acreedor privado, de nombre Juan José Passadore. El recurso le pedía al juez “que tratara a todos los acreedores por igual, así como el Banco Nación se había presentado a avalar al interventor, por el principio de igualdad el también tenía derecho a ser escuchado, y le solicitó que pusiera orden en el proceso preservando por sobre todo a la empresa, la propiedad privada, el debido proceso, no dejándose avasallar por el Poder Ejecutivo que pretendía imponer un interventor y el apartamiento de los directivos de la empresa”.
La presentación le recordaba al magistrado, además que el decreto 522 que decidió la intervención gubernamental de la empresa podía ser declarado inconstitucional de oficio.
Las presentaciones son las primeras de privados que participan del concurso de acreedores de Vicentin a la par del Banco Nación, el principal acreedor.
Ayer, además, Lorenzini admitió en el proceso al subinterventor designado por el Gobierno Nacional, Luciano Zarich. El interventor designado por el gobierno es Gabriel Delgado, quien por el momento no podrá asumir la responsabilidad debido a que se encuentra convaleciente de una intervención quirúrgica.
Una multitudinaria movilización se realiza en estos momentos en la ciudad santafesina de Avellaneda, donde está radicada Vicentin, a una semana del anuncio del gobierno de intervenir y avanzar con la expropiación de la empresa.
Bajo el lema, “No a la intervención y expropiación de nuestras empresas”, y en rechazo al “avasallamiento de la división de poderes”, la ciudadanía se moviliza en camionetas, autos y tractores, haciendo una ruidosa caravana con las bocinas desde la sede central de la empresa hasta los tribunales de Reconquista donde se está tramitando desde febrero pasado la convocatoria de acreedores de Vicentin.
Protesta en Avellaneda
Según lo que expresaron los manifestantes, “la marcha coincide con la presentación que realizará la empresa contra la expropiación en los tribunales”. Además, anunciaron el “banderazo” para el sábado 20 de junio a las 16hs en el monumento de la Bandera, en Rosario.
Por su parte, los integrantes de la Sociedad Rural de Reconquista expresaron: “No vinieron por Vicentin, no vinieron para proteger la producción. Vinieron por nosotros, vinieron por la democracia. Hemos advertido sobre el uso del odio, y lamentablemente tuvimos razón. No juzgamos conductas empresariales, para ellos está la justicia. Desde el punto de vista ético juzgamos lo ilícito del accionar de un Poder que se atribuye la suma del poder público. Una Nación que respete su Constitución Nacional es una República. Avasallar la constitución es nuestra desintegración como Nación”. PlayProtestas en Avellaneda por la expropiación de Vicentín
Crece el malestar del interior productivo
Ayer por la tarde, productores autoconvocados del noreste de la provincia de Buenos Aires realizaron una asamblea virtual, donde aseguraron que “la propiedad privada está en riesgo” y anunciaron la adhesión al banderazo que los sectores productivos realizarán este sábado en Rosario.
Durante la asamblea, los autoconvocados dijeron: “Vemos con inmensa preocupación el caso Vicentin donde el ejecutivo claramente avanza sobre el poder judicial, y abre las puertas para que toda la cadena empresarial, agroindustrial y agroalimentaria se encuentre en situación de riesgo de intervención estatal con o sin fin expropiatorio”.
Además, transmitieron su preocupación por el escenario post pandemia que deberá atravesar la Argentina, y comentaron que la relación con la administración de Alberto Fernández ya venía complicada, desde que se decidió el aumento de las retenciones, el cambio de las reglas de juego en medio de la siembra de trigo, las medidas cambiarias que afectan al mercado de insumos agropecuarios, y el rechazo a las versiones que señalan que la deuda se pague con un cupón atado a las exportaciones, ya que aseguran que limitará el crecimiento futuro y eterniza a las retenciones.
El Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles continúa con las obras en la Casa de Gobierno, donde más allá de trabajar en la faz arquitectónica se está realizando una importante intervención en la estructura del edificio que, por el paso de los años, se encuentra con un importante deterioro.
Según indicó la directora de Estructura y Prevención Sísmica, Jheny Chavarría, se avanzó, en primer lugar, con la extracción del cielo raso para poder observar cuál era el estado real de la estructura del edificio. Señaló que, una vez finalizado ese trabajo, se pudo constatar que “la estructura sostén, los tirantes y alfajías de madera se encontraban en un pésimo estado con problemas de humedad y de termitas, razón por la cual se decidió colocar una nueva estructura metálica para sujetar el techo del edificio”.
En ese marco, Chavarría remarcó que se trata de una intervención de envergadura, debido que “la estructura de madera existente es la original, tiene casi 150 años y no tuvo mantenimiento adecuado”. En esa línea, puso de relieve que los trabajos encarados por el Ministerio incluyen “no solo una parte arquitectónica, sino que también se está interviniendo en la parte estructural para poder dejarla en condiciones”.
A su vez, la funcionaria destacó que debido al sismo de 2004 hay muros que se vieron afectados y se agrietaron, por lo que se colocarán tensores metálicos para darle solución a ese problema.
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