Los diputados del Bloque de la UCR que integran la Comisión de Hacienda y Finanzas en la Cámara Baja,  Silvana Carrizo, Alfredo Marchioli y Mamerto Acuña, destacaron las consideraciones expuestas en el dictamen de minoría diferenciándose del Proyecto de Ley de Emergencia propuesto por el Gobierno Provincial.

La presidenta del Bloque Silvana Carrizo, expresó que «la Provincia no está enfrentando una situación de emergencia económica. No hay ningún hecho que la Ministra de Hacienda y el Gobernador no hayan podido prever, el esquema ahorro, inversión y las ejecuciones presupuestarias dan cuenta de esto.»

De acuerdo con las consideraciones de la oposición «para que una legislación de emergencia sea constitucional, debe existir una situación grave y extraordinaria.»

Así se hace hincapié en la importancia de la proporcionalidad y la transparencia en la gestión de fondos públicos apuntando que «los remedios deben ser proporcionales y razonables» por lo que se exige transparencia en el manejo de los fondos catamarqueños para garantizar la calidad de vida de todos los ciudadanos. 
Los legisladores coinciden en que «el dictamen de minoría del Bloque de la UCR ofrece una visión alternativa a la situación económica de Catamarca, poniendo énfasis en la responsabilidad y la eficiencia en el uso de los recursos públicos».

Propuestas

Al respecto, el Bloque boinablancha propone un reordenamiento, optimización y priorización de los recursos públicos en lugar de declarar una emergencia económica. «Priorizamos los servicios esenciales como salud, seguridad, alimentos y educación. Es fundamental que el gobierno actúe considerando las necesidades del pueblo» señalan.

Entre las medidas propuestas se incluye un plan de readecuación para reducir los gastos, los nombramientos de funcionarios, y restricciones en los viáticos. Además, se busca garantizar un control eficiente en el uso de vehículos del Estado y en el control en el consumo de combustible.

En cuanto al ámbito municipal, invita a las comunas a adherir a la Ley, respetando la autonomía municipal.

En educación se autoriza al Poder Ejecutivo Provincial a implementar medidas conducentes a eficientizar los recursos educativos priorizando la calidad educativa, acompañamiento en los trayectos escolares para evitar la deserción, las modificaciones que surjan durante el proceso deben proteger los puestos laborales docentes, la situación de revista y los beneficios que hayan adquirido en el marco del Estatuto del Docente Provincial.

Con respecto a gasto de personal, se propone a las máximas autoridades de cada una de las jurisdicciones y poderes que en un plazo no mayor a 60 días presente al Poder Legislativo un plan de readecuación que conlleve a la reducción significativa en las erogaciones sobre: 1) Gastos de personal fuera de nivel, personal transitorio y/o transitorio con funciones políticas. 2) estructura orgánica de funcionamiento.

Asimismo se elimina del proyecto el régimen del retiro voluntario, teniendo en cuenta que debería ser regulado por una reglamentación especifica.

En el caso de las jubiliaciones ordinarias, en cuanto a la intimación para realizar el tramite para acogerse al beneficio previsional, desde el radicalismo se fija la opción para las mujeres por continuar su actividad laboral hasta los sesenta y cinco (65) años de edad.

Tema viáticos, deberán ser de carácter restrictivo, autorizados por el titular de la jurisdicción y será el Poder Ejecutivo quien establecerá periódicamente los límites de gastos.

Asimismo en el capítulo de obras públicas, se autoriza al Poder Ejecutivo a disponer de los recursos provinciales para la ejecución de obras nacionales ya iniciadas, e incluso de los fondos fiduciarios mineros, siempre acorde a la participación de los departamentos con proyectos mineros, conforme al artículo 68 de la Constitución Provincial, sin dejar de lado el control legislativo. 
Por otra parte se elimina del articulado la posibilidad de rescindir o renegociar los contratos de servicios de suministros de concesión. 
“Nuestra propuesta fija una vigencia hasta el 31 de diciembre, no otorga facultades extraordinarias al gobernador, no es de orden público, respeta la división de poderes, invitándolos a adherirse, como así también a los Municipios. El compromiso para reordenar los recursos debe ser de todos, no impuesto por el poder ejecutivo, para manejar como quiera los recursos de los catamarqueños”, señaló la presidenta del Bloque radical, Silvana Carrizo.