El Gobierno envió a la Legislatura el proyecto de ley para declarar la emergencia económica en Catamarca

La iniciativa del Poder Ejecutivo denomina Ley de emergencia económica, financiera, administrativa y educativa del Estado Provincial ingresó en la Legislatura y en la sesión extraordinaria de Diputados de este martes podría tomar estado parlamentario.

A seis días de que culmine el periodo de sesiones extraordinarias, el Poder Ejecutivo envió este martes a la Legislatura el proyecto de ley para declarar la emergencia económica, financiera, administrativa y educativa en Catamarca.

La iniciativa busca “resguardar la prestación efectiva de los servicios esenciales del Estado Provincial, por lo que es de aplicación al Poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Tribunal de Cuentas y municipios”, por el término de un año a partir de la entrada en vigencia y con posibilidad de ser prorrogada por el Gobierno por un año más.

Entre los puntos salientes, se prohíbe “efectuar contrataciones o designaciones de personal que importen incrementar el gasto por ese concepto”. En caso contrario, “los actos que así lo dispongan serán nulos y no producirán ningún efecto”.

“Quedan exceptuadas de la prohibición precedente, las contrataciones o designaciones en las áreas de salud, educación y seguridad, por razones de estricta necesidad”, agrega el documento.

El proyecto también dispone a realizar modificaciones en las modalidades de trabajo de los empleados, por ejemplo, imponer el teletrabajo, reasignar funciones y organismos de prestación de servicio, revisar y revocar el otorgamiento de licencias especiales.

En cuanto al régimen anticipado de retiro voluntario, el proyecto establece que agentes de planta permanente que se encuentren en efectivo servicio al 31 de diciembre de 2023 y que posean cinco años o más de antigüedad en sus cargos, son los que están en condiciones de acogerse al beneficio. Quedan exceptuados de esta posibilidad personal del escalafón de seguridad, carrera de personal sanitario, docentes, entre otros.

La iniciativa que impulsa el Poder Ejecutivo contempla la jubilación ordinaria. Los agentes públicos que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentren en condiciones de obtener un beneficio previsional, “serán intimados a iniciar los trámites para obtener el beneficio de pasividad correspondiente, cesando en la prestación de sus servicios”.

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