Tras un informe oficial elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, se informó que nuestra provincia recibió una inversión en materia social de $2.418 millones de pesos durante el período enero 2020 / febrero 2021.
El ministerio, a cargo de Daniel Arroyo, brindó una importante asistencia en este último año de pandemia a través de los distintos programas.
Mediante la Tarjeta Alimentar, con el eje “Argentina contra el Hambre”, Desarrollo Social de la Nación invirtió un total de $1.332.894.000 en Catamarca, siendo uno de los principales recursos de asistencia de 17 mil familias catamarqueñas en plena pandemia.
Cabe recordar que la Tarjeta Alimentar tuvo un incremento del 50% en sus respectivas modalidades, hecho que fue anunciado en la visita del ministro Arroyo a la provincia en febrero de 2020.
Además, combinando las sumatorias de inversión de comedores escolares, módulos COVID-19, el Fondo Descentralizado de Emergencia, talleres de nutrición y comedores comunitarios, entre otros ítems, se obtiene un total de $230.480.681.
Por otro lado, en el eje “Inclusión laboral y ampliación de acceso al crédito no bancario y finanzas solidarias”, el informe detalla que se realizó una inversión de $791.800.827. En este caudal de fondos, la parte más importante fue el Programa Potenciar Trabajo (que desde el mes de marzo de 2020 agrupa a los programas “Hacemos Futuro”, “Hacemos Futuro Juntas”, y el salario social complementario), que busca avanzar en la conversión de planes sociales para poner el foco en la empleabilidad y las propuestas productivas, con el objetivo de promover inclusión social y mejorar los ingresos.
A través de los ejes “Políticas de Cuidado de Infancia, Niñez, Adolescencia y Adultos Mayores” y “Protección Social y Acompañamiento en Situaciones de Emergencia” se realizó un aporte total de $62.942.949 destinado a centros de desarrollo infantil, facilitadores y familias acompañadas, fondos para insumos y alimentos, tarjetas a hogares y centros de referencia.
A principios de esta semana, el gobernador Raúl Jalil se reunió con el ministro Daniel Arroyo para avanzar con la implementación de políticas de primera infancia, urbanización de barrios populares y el Banco Nacional de Máquinas y Herramientas en Catamarca.
En Catamarca, se trabajará en 10 jardines maternales y centros de primera infancia.
Esta mañana, en el marco de la visita del ministro de Desarrollo Social de la Nación Daniel Arroyo, que contó con la presencia del gobernador Raúl Jalil y el acompañamiento por el secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia Gabriel Lerner y el subsecretario de Primera Infancia Nicolás Falcone, se firmó un convenio con el Ministerio de Educación de la Provincia, encabezado por Andrea Centurión.
El ministro Arroyo anunció que se firmó un acuerdo por $140.000.000 para la construcción y refacción de Centros de Desarrollo Infantil (CDI). De esta manera, pondrán manos a la obra para levantar y refaccionar jardines maternales -para bebés de 45 días a dos años- y Centros de Primera Infancia. El objetivo es remodelar seis CDI y construir tres establecimientos nuevos en Valle Chico, Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú. En agenda, se tiene previsto además, la construcción de un jardín comunitario en Tinogasta.
De esta manera, aseguró el funcionario nacional, en Catamarca se beneficiarán 600 niños y niñas. Actualmente, informó, 2.000 chicos asisten a jardines comunitarios en la provincia.
“No venimos a firmar papeles, vamos a recorrer los Centros de Primera Infancia. Se aprende viendo y escuchando. Vengo a ver y a aprender. Encaramos la segunda parte de la política social y primera infancia es uno de los ejes centrales.
La pobreza es alta y es más grande en los más chicos. La forma de achicar la pobreza es que todos vayan al jardín, que arranquemos por igual. Para que todos vayan al jardín, tiene que haber vacantes en todos los lugares. Por ello se construye y acompañamos esta decisión. Debemos poner el foco y la mirada en los más chicos que son el futuro de Catamarca y de los argentinos”, expresó Arroyo.
Además, la ministra Andrea Centurión destacó “el incremento del 50% en las partidas de los comedores escolares que se va a depositar directamente en las cuentas de las ecuelas”. En lo que respecta la establecimiento de Valle Chico adelantó que el equipo de Primera Infancia a cargo de Patricia Bosio, está trabajando en el comodato del terreno para que se realiza allí este importante espacio de primera infancia.
El Gobierno analiza la posibilidad de aumentar los beneficios de la Tarjeta Alimentar, una herramienta de asistencia para la compra de alimentos que llega a un millón y medio de familias, confirmó hoy el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.
«Está claro que hubo un aumento importante en el costo de los alimentos y por eso estamos evaluando un aumento en el monto de la tarjeta Alimentar, que alcanzan a un millón y medio de familias y tiene como objetivo la compra de alimentos», afirmó Arroyo en declaraciones a la radio online Futurock.
Las tarjetas Alimentar se entregan a madres o padres con hijos de hasta 6 años; a personas con discapacidad que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a embarazadas a partir de los tres meses con Asignación por Embarazo.
Arroyo contó que del relevamiento que hace el Ministerio en barrios populares surgió que «hubo un aumento de los alimentos de cerca de 50% en 2020, y sobre esa base se adecuará el monto de la tarjeta Alimentar rápidamente».
«Más allá del coronavirus y la falta de trabajo, el costo de los alimentos y el endeudamiento de las familias son los dos problemas que existen en los barrios. Por eso analizamos tres iniciativas: el aumento del monto de la tarjeta Alimentar, la urbanización de barrios y la extensión del plan Potenciar Trabajo, sostuvo Arroyo.
En tanto, el funcionario indicó que si vuelven las clases presenciales, «la idea es que el servicio escolar incluya asistencia alimentaria», ya que «hay más de tres millones de chicos que comen habitualmente en las escuelas».
En diciembre último, el Gobierno había duplicado el monto de la tarjeta Alimentar y reforzado la asistencia alimentaria en comedores y merenderos.
Por esa medida, las madres con hijos menores de 6 años pasaron a recibir 12.000 pesos, y las mujeres con hijos mayores de esa edad, empezaron a percibir 8.000 pesos.
Arroyo había recomendado con énfasis, en ese entonces, el consumo de leche, carnes, frutas y verduras para mejorar la nutrición de los chicos.
Desde enero de 2020 hasta agosto último, las familias destinaron el 62 por ciento del dinero que reciben mensualmente en la tarjeta a la compra de esos alimentos recomendados por el Ministerio, según un relevamiento realizado por la cartera.
Según información oficial, desde enero de 2020 hasta agosto pasado, la tarjeta Alimentar volcó 60.074 millones de pesos al mercado interno, utilizados mayormente para la compra de alimentos frescos.
En 2019, la inversión en asistencia alimentaria fue de 28.000 millones de pesos, mientras que solo en los primeros 10 meses de 2020 se destinaron 94.000 millones y el Ministerio de Desarrollo Social cerró 2020 con el 80% de su presupuesto destinado a alimentos.
La tarjeta Alimentar es parte del «Plan Argentina contra el Hambre», iniciado en diciembre de 2019, poco después de que Alberto Fernández asumiera la Presidencia.
En el universo global de la asistencia, el Gobierno cuadruplicó en los primeros seis meses de 2020 los 15.000 millones de pesos asignados durante todo 2019 a los sectores más vulnerables, según un informe de la Secretaría de Inclusión Social.
Los distritos con más tarjetas recibidas son Buenos Aires (557 mil tarjetas para 1.100.000 beneficiarios, Capital Federal (41 mil tarjetas para 72 mil personas), Catamarca (16.600 plásticos para 29 mil destinatarios), Chubut (12.700 tarjetas para 21.700 beneficiarios) y Córdoba (117 mil tarjetas para 217 mil personas).
Todas las alarmas se activaron esta tarde cuando trascendió la noticia del contagio de Martín Insaurralde. El intendente de Lomas de Zamora había estado en los días previos junto al ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y este era parte de la comitiva oficial que había viajado a La Rioja junto al Presidente.
Desde la Casa Rosada buscaron no despertar miedos innecesariamente y aseguraron inmediatamente que Arroyo no presentaba ningún síntoma compatible con Covid-19. Además, insistieron en que “durante todo el viaje de la delegación presidencial se implementaron las medidas de prevención sanitarias”.
De hecho, las medidas de prevención entre los allegados a Alberto Fernández se volvieron más estrictas en los últimos días tras las críticas que recibió durante su visita a Formosa. Allí se abrazó y saludó con un beso con el gobernador Gildo Insfrán. Al día siguiente el mismo Fernández reconoció públicamente que se había equivocado.
Sin embargo, durante el acto en el que se firmaron varios convenios con el gobierno riojano -como adhesión provincial al programa de asistencia nacional ante la emergencia por el coronavirus, la construcción del nuevo hospital Chilecito Fffir-Fonplata y la reactivación de obras paralizadas- se pudo ver cómo el Presidente y Arroyo estuvieron al menos en dos oportunidades en estrecho contacto y sin barbijos.
Tal como se puede observar en el video del acto, ambos comenzaron por saludarse mutuamente con palmadas y se dirigieron unas breves palabras a muy corta distancia. Luego, a la mitad de la conferencia el Presidente le cedió la palabra y el ministro nuevamente se tuvo que acercar para buscar un micrófono.
El ministro de Desarrollo Social se convirtió en el primer funcionario nacional en cuarentena estricta. “Ante el contacto que mantuve hace dos días con Martín Insaurralde, me realicé un hisopado e inicié el protocolo de aislamiento hasta conocer el resultado de la prueba Covid-19. No presento síntomas en este momento. Muchas gracias por los mensajes recibidos”, escribió en su cuenta de Twitter.
Arroyo e Insaurralde estuvieron juntos el 10 de junio
La confirmación de coronavirus de Insaurralde impidió que el presidente Alberto Fernández y su comitiva, de la que formaba parte Arroyo, continuara esta tarde viaje hacia Catamarca. Arroyo entonces se separó del grupo que acompañaba al jefe de Estado y emprendió viaje por separado a Buenos Aires.
Fernández tenía previsto en su visita a Catamarca visitar la fábrica de indumentaria y calzado Confecat, luego de firmar una serie de convenios de obras públicas con el gobierno provincial por más de 3.500 millones de pesos.
La comitiva del Presidente estaba integrada por el ministro del Interior, Eduardo de Pedro; la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; y la secretaria de Promoción Turística, Yanina Martínez.
No obstante, Arroyo no fue el único funcionario aislado preventivamente. Insaurralde también había participado de una reunión del Comité Operativo de Emergencia de su municipio y allí estuvieron Federico Thea, quien forma parte del gobierno bonaerense y mantiene un estrecho vínculo con Axel Kicillof, y Federico Otermín, presidente de la Cámara de Diputados provincial.
Los dos fueron aislados por 14 días y se someterán a un hisopado ante la presencia de algún síntoma. Ninguno de los dos estuvo en contacto con el gobernador Axel Kicillof.
En las últimas horas crecieron las críticas hacia el Gobierno tras conocerse la noticia de la compra masiva de alimentos destinados a sectores vulnerables a precios mayores a los del mercado. Uno de los principales apuntados fue el ministro Daniel Arroyo, cabeza del Ministerio de Desarrollo Social, el área responsable de las mencionadas compras.
“Le pidió explicaciones, pero no hubo ningún reproche”, dijeron muy cerca del Presidente en relación a la conversación que hoy tuvo con Arroyo a raíz de las duros cuestionamientos que recibió. “Alberto (Fernández) no duda de su honestidad ni de su capacidad, tampoco de su compromiso con el trabajo”, agregaron a Infobae desde Olivos. Y dejaron en claro que de ningún modo se le pediría la renuncia.
Sin embargo, el Gobierno inició una investigación del tema donde no descarta sancionar a las empresas que pusieron precios por encima del valor de mercado para proveer al Estado en este momento de emergencia.
“Vamos a ir a fondo para ver qué pasó y no descartamos sancionar a los vivos que se aprovecharon de esta situación”, dijo un Ministro que siguió de cerca lo ocurrido en las últimas horas.
En este sentido, tanto el Presidente como el resto de su equipo creen que el ministro Arroyo actuó correctamente en medio de una emergencia y que hubo “empresarios avivados” que van a investigar. En el caso de que se detecte que se incumplió con los precios de referencia del mercado y la lista de los precios cuidados se sancionaría a los empresarios responsables.
“Vamos a ir a fondo en la investigación”, acotó un allegado al jefe de Estado. Así, se ratificó la idea del Presidente: apoyar la gestión de Arroyo y al mismo tiempo investigar o eventualmente sancionar a los empresarios que formaron parte de la venta de alimentos al Estado.
En rigor, el Ministerio de Desarrollo Social decidió concretar las compras a pesar de que en casos como el del azúcar y la aceite la oferta que hicieron los privados estuvo por encima de los precios testigos recomendados por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). “Se les solicitó una mejora pero siguieron por arriba del precio, por eso ante la necesidad de llegar cuanto antes a paliar necesidades urgentes se decidió concretar la compra”, es la explicación que dio Arroyo ante el Presidente y, más tarde, ante los medios.
A pesar de las críticas, Desarrollo Social decidió seguir adelante con la licitación y no anularla. “Seguimos, no se cometió ninguna deslealtad y los pasos fueron los correctos; además, ya se está entregando esa mercadería, no hay tiempo para perder», aseguraron en el equipo de Arroyo.
La nueva crisis del Gobierno se presentó hoy por la mañana, cuando a través del Boletín Oficial la población tomó conocimiento de las compras autorizadas al Ministerio de Desarrollo Social para la compra de aceite, fideos, azúcar, arroz y lentejas, más conocidos en el mundo de la ayuda social como “alimentos secos”, que son los que se distribuyen entre comedores y merenderos y, en medio de la emergencia sanitaria, llegarán también a otras instituciones que están directamente involucradas en la provisión de comidas que se entregan calientes en las villas y asentamientos del conurbano bonaerense.
Por el aceite, el Gobierno autorizó compras por $ 164 millones a las empresas Sol Ganadera, Copacabana y Teylem, que ofrecieron precios por aceites mezcla de 1,5 litros de $ 157,80, $ 158,67 y $ 166,58 para las marcas Indigo, Casaliva, Ideal y Marolio. En los supermercados, un aceite de girasol de primera marca, como Cocinero, se vende a $ 145,79. Es decir, el Estado compró a un precio 14% más caro.
Pero si la compra se realizara con los productos del programa Precios Cuidados, la diferencia sería todavía mayor. En la lista de precios elaborada por el Gobierno se encuentran los aceites con las marcas Cada Día e Ideal a un precio de $ 121 cada una, en presentación de 1,5 litros. La diferencia es de 37,6%.
Desde Desarrollo Social aseguraron que la comida ya está llegando a destino (foto Nicolás stulberg)
Los intendentes y movimientos sociales vienen presionando a diario para que el Ministerio agilice esas compras. La semana pasada, incluso, desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), una organización cercana al Gobierno, se distribuyó un comunicado criticando la demora en la distribución de alimentos y pidiendo al Estado que “simplifique el envío de alimentos e insumos de higiene a los barrios, evitando la burocracia absurda y agilizando la organización junto a todos los actores territoriales”.
Las trabas burocráticas no son sencillas de explicar para quienes esperan en el territorio y mucho menos para la población que hoy se enteró de esas compras por encima de los precios de mercado. Con deudas previas, que no fueron saldadas, y proveedores que -con suerte- cobrarán dentro de dos o tres meses, nada se hace sencillo para quienes tienen que elaborar licitaciones en medio de la emergencia. En paralelo, existen problemas más estructurales que tiene el azúcar, cuyos proveedores se niegan a acordar con la Secretaria de Comercio Interior un valor que pueda ingresar en el programa de “precios cuidados”, sumados a un drástico aumento de la asistencia que debe brindar el Estado.
Arroyo explicó en las redes sociales que se trató de “una compra extraordinaria” de alimentos para asistir a 11 millones de personas, y reconoció que en dos rubros, (aceite por 1,5 litro y azúcar por 1 kg) “la oferta superó los precios testigos”. Explicó que “ante la necesidad de llegar a comedores y merenderos con esos productos que forman parte de la canasta básica se decidió realizar la compra” y aseguró que “todas las compras fueron realizadas bajo la supervisión de la SIGEN, el Instituto Nacional de Alimentación y de acuerdo a las normativas realizadas por el decreto 260/2020”.
En una entrevista que publica hoy en el portal Infobae, el ministro habló de planes futuros, una vez pasada la emergencia, y adelantó que la idea es un plan al estilo “Bolsa Familia”, que «funciona en Brasil» y «articula todas las políticas sociales en las necesidades de una familia».
El ministro dijo que los primeros objetivos que se trazó el gobierno del presidente Alberto Fernández son «atender el hambre» y que «todos coman bien», «desendeudar a las familias» y «vincular planes sociales con trabajo».
Además, repasó el primer paso que se dio con la tarjeta alimentaria destinada a la compra de alimentos de la canasta básica para las mujeres con hijos en situación vulnerable, las embarazadas y las personas con discapacidad.
Estas tarjetas arrancaron en Concordia y la idea es «llegar a dos millones de chicos y un millón y medio de beneficiarios», explicó el funcionario.
En cuanto a desendeudar a las familias, aseguró que existe «una línea de créditos no bancarios del 2 y 3 % para comprar máquinas y herramientas», que apunta a unas «cuatro millones de personas que trabajan y no pueden acceder a un sistema de crédito bancario con tasas muy altas».
Respecto a compaginar planes sociales con trabajo, precisó que «la idea es apuntar a la producción de alimentos, el sector textil, la economía del cuidado y el reciclado».
La idea es, más allá del contexto de emergencia, que estas políticas además de «frenar la caída y sentar la base para la recuperación» sean «la base del cambio estructural» que trascienda los distintos gobiernos.
Según dijo, el presidente Alberto Fernández le dio dos tareas centrales para una primera etapa, que son «bajar la pobreza y construir movilidad social ascendente».
Arroyo agregó que a esto le sigue una segunda etapa de políticas públicas que apuntan a los jóvenes, a la primera infancia, a los mayores de 45 años que salieron del mundo laboral porque los cambió la tecnología y a las economías regionales.
Destacó también que «las crisis sacan lo mejor de la Argentina» y en ese sentido señaló el acuerdo que se firmó con los sectores productivos y los gremios, sobre lo que destacó que «veo al sector productivo comprometido en esto».
Para entender la dimensión de la crisis y la urgencia de salir de ella, Arroyo explicó que «la situación social está agarrada con alfileres y por eso todos debemos poner el acento en lo prioritario» y subrayó que «no hay espacio para escatimar ayuda», aún cuando haya que honrar la deuda externa.
«Es importante honrar la deuda pero con los 45 millones de argentinos adentro», planteó.
En cuanto al Consejo del hambre, dijo que están las entidades sociales, la producción, los movimientos sociales y del trabajo, y que tendrá «tres o cuatro reuniones al año con un observatorio en tiempo real, que irá marcando el funcionamiento de los planes».
El país tiene hoy «muchos problemas» y «requiere solidaridad de todos», destacó el ministro, quien explicó que en el caso de la tarjeta de alimentos requerirá un presupuesto de $60.000 millones al año e implicará «una reasignación de partidas», al tiempo que recordó que hay «mucho presupuesto subejecutado».
Respecto a los movimientos sociales aseveró que «son parte de la Argentina y no habrá resolución de problemas sin ellos».
«Van a formar parte de la gestión y estarán vinculados a la producción con la economía social. Así que son parte de la solución y no vamos a discriminar a nadie. Yo me reúno con todos. Hay distintas miradas políticas, pero todos debemos orientarnos al trabajo», dijo, y al ser consultado por el dirigente social Juan Grabois, aseguró que tiene mucho respeto por él y que «esta de parte del lado bueno de la vida». «Juan y gran parte de la CETEP son parte de nuestro proyecto», subrayó el ministro.
El gobernador Raúl Jalil se reunió con el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, para dialogar sobre acciones conjuntas y políticas públicas que beneficien a más catamarqueños.
El mandatario fue recibido por el ministro Arroyo en su despacho y uno de los temas centrales de la reunión fue la nueva tarjeta alimentaria que otorgará el Gobierno nacional.
Catamarca tendrá una importante cantidad de beneficiarios de esta tarjeta alimentaria. La misma tendrá una suma cargada de 4000 pesos para la madre con un hijo menor de 6 años, y una suma de 6000 pesos para quienes tengan dos o más hijos menores de seis años.
Como resultado de la reunión, el ministro Arroyo aseguró que visitará Catamarca en la primera semana de enero para formalizar el lanzamiento de esta nueva tarjeta de beneficios.
“El Gobierno nacional tiene una mirada distinta para el interior del país, y especialmente del Norte Argentino, que es una de las regiones con más necesidades. Será un gran gesto la llegada del ministro Arroyo para el lanzamiento de la tarjeta alimentaria en Catamarca”, aseguró Raúl tras la reunión.
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