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El diputado provincial Mamerto Acuña salió al cruce de las recientes declaraciones del gobernador Raúl Jalil, quien había atribuido una disminución en los recursos de coparticipación como causa de posibles restricciones en obras públicas y servicios. Según Acuña, los datos oficiales contradicen el diagnóstico del Ejecutivo y desmienten la existencia de una merma significativa en los ingresos provinciales.
“La coparticipación no depende del Tesoro Nacional”
En declaraciones a TVEO, el legislador aclaró que la coparticipación no se canaliza a través del Tesoro Nacional, sino que se distribuye automáticamente desde el Banco Nación. Esta precisión técnica, sostuvo, invalida el argumento del Gobierno provincial sobre una supuesta falta de envío de fondos desde Nación.
Acuña explicó que el esquema de distribución sigue patrones estacionales, con una recaudación más baja en los primeros meses del año, que luego se recupera con el vencimiento de impuestos y tributos.
Incremento interanual del 7% al 15% en el primer trimestre
Según detalló el diputado, las cifras correspondientes al primer trimestre de 2025 muestran un aumento de entre el 7% y el 15% en comparación con el mismo período de 2024, lo que evidencia que no existe una caída real en la coparticipación.
En ese sentido, criticó el mensaje del oficialismo al considerar que “genera incertidumbre en la población y especialmente en los intendentes”, quienes han sido informados de una supuesta baja en los fondos y de las complicaciones que esto implicaría para la ejecución de obras públicas.
Acusaciones por uso político del argumento fiscal
Acuña denunció que el gobernador utiliza políticamente el discurso de la escasez de fondos para justificar una modificación en la política de distribución de recursos hacia los municipios. Aseguró que se busca reducir subsidios y trasladar responsabilidades a las intendencias, afectando servicios esenciales como el transporte escolar y la atención sanitaria.
Cuestionamientos a la Ley de Emergencia
El diputado también se refirió a la Ley de Emergencia aprobada en 2024, al señalar que nunca existió una situación que justificara su implementación. “Con 400 mil millones de pesos más de lo presupuestado a nivel nacional, no había emergencia real”, sentenció.
Finalmente, Acuña advirtió que la gestión financiera de la provincia debe ser más clara y responsable, y apuntó directamente contra el Ejecutivo por transmitir un panorama que, según él, no se condice con la realidad fiscal de Catamarca.
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