Etiqueta: Fondos fiduciarios

  • Sturzenegger celebró la eliminación de 5 fondos fiduciarios

    Sturzenegger celebró la eliminación de 5 fondos fiduciarios

    El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la desactivación de cinco fondos fiduciarios, anunciada este martes en el Boletín Oficial, tras auditorías llevadas a cabo por la Sindicatura General de la Nación (Sigen).

    Por medio de su cuenta de X el Ministro catalogó a los fondos como «cajas» que «abren una puerta para el uso político» de los recursos y felicitó con un «gran hurra» a José García Hamilton y Carlos Guberman, miembros del equipo económico, los «adalides de estos cambios».

    En su publicación el ministro Sturzenegger expresó que con la eliminación de estos fondos fiduciarios el Gobierno dio «un paso más en el ordenamiento de la administración». Y aclaró que en la implementación de los fondos no se habían verificado cambios visibles».

    «En definitiva eran estructuras de baja productividad, con altos costos de gestión y que permitían derivar muchos de sus recursos a favores y gasto políticos», escribió.

    Repasó que a partir de la Ley Bases el gobierno ya eliminó 15 fondos fiduciarios,  «lo que nos acerca a una gestión más racional y transparente de los recursos de los contribuyentes, paso fundamental para una macro más ordenada y una sociedad con menos corrupción». Cerró  la intervención con el clásico «VLLC!» patentado por el presidente Javier Milei.

    El martes el Gobierno anunció la disolución cinco fondos fiduciarios públicos, entre ellos está uno destinado a la asistencia directa a víctimas del delito de trata y explotación de personas.

    Lo hizo a través del Decreto 1048/2024, publicado en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

    Se trata del «Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor” (Fondce), el «Programa de Inversiones Estratégicas», el «Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata», el «Programa para incrementar la Competitividad del Sector Azucarero del Norte» (Proicsa), y el «Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria».

    De acuerdo al decreto, se establece que el Fondce tiene «debilidades en la gestión de inversiones y su recupero, falta de manuales operativos y de procedimientos, y en las rendiciones de cuentas y falta de indicadores de gestión», con lo cual se busca destinar los fondos al otorgamiento de préstamos a emprendimientos e instituciones de capital emprendedor con el fin de apoyar proyectos de este tipo. 

    En cuanto al Fideicomiso para la Refinanciación hipotecaria, una auditoría de la Sigen remarcó que hay «debilidades importantes respecto del desenvolvimiento del referido Fondo, así como demoras en la rendición de cuentas por parte del Fiduciario y en la contratación de auditores externos para la auditoría de los Estados Contables de los Ejercicios
    2021, 2022 y 2023 y falta de una gestión activa de recupero de fondos en mora».

    Asimismo, en relación al Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, fuentes oficiales afirman que se encontraron irregularidades debido a la inexistencia de un manual de procedimientos formalizados, un Contrato de Fideicomiso con fallas, así como la falta de un Sistema informático para la gestión de la unidad ejecutiva.

    En la misma línea el Programa de Inversiones Estratégicas, sus bienes no fueron integrados al fideicomiso, por lo que el Gobierno optó por su eliminación irrestricta al no encontrar justificación alguna para su funcionamiento.

    Por otra parte, el Gobierno disolvió el fondo cuyo objetivo era otorgar créditos para promover la competitividad de la industria azucarera en el Noroeste argentino, luego de que se completaran los desembolsos previstos en un contrato que tenía con la Corporación Andina de Fomento (CAF), en otras palabras, el fideicomiso estaba inactivo desde 2020.

  • Economía dispuso el cierre de cinco Fondos Fiduciarios

    Economía dispuso el cierre de cinco Fondos Fiduciarios

    En el marco de la revisión, saneamiento o disolución de los Fondos Fiduciarios Públicos, el Ministerio de Economía definió a través del Decreto 1048/24 el cierre de cinco fondos que registraron un pésimo uso de los recursos de la sociedad, falta de controles y de resultados.

    En este sentido, con el objetivo de resolver las ineficiencias o desvíos encontrados en desmedro del cuidado que debe preservarse en la asignación y administración de los recursos estatales, el Gobierno Nacional cerró el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE); el Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria; el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata; el Fondo Fiduciario Público denominado Programa de Inversiones Estratégicas (PROINE); y el Fondo Fiduciario denominado Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero del NOA (PROICSA).

    El FONDCE había sido creado en 2017 con el propósito de financiar emprendimientos, utilizando recursos anuales asignados a través del Presupuesto Nacional o por otras leyes. Si bien partió de una finalidad que podía considerarse loable, su implementación ha mostrado serias deficiencias y una progresiva desvinculación de los resultados esperados con el financiamiento comprometido.

    Uno de los principales problemas radica en el alto nivel de morosidad de las convocatorias reembolsables. Al 31 de diciembre de 2023, la morosidad alcanzaba los $70 millones y el 58% de los deudores no había abonado ninguna cuota. Este incumplimiento por parte de los beneficiarios comprometía la estabilidad financiera del Fondo y la correcta asignación de los recursos fiduciarios. Asimismo, una auditoría de la SIGEN identificó múltiples deficiencias adicionales, como falencias en la gestión de inversiones y su recuperación; falta de control de las inversiones realizadas, etcétera.

    En tanto, el cierre del Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria se debió a que los recursos colocados en el Fondo excedían siempre sus necesidades operativas. Además, la SIGEN detectó en su auditoría que las bases de datos no estaban actualizadas y sus registros no tenían soporte confiable, lo cual impedía determinar un universo confiable de deudores y la situación vigente.

    Por su parte, el PROINE había sido creado en 2020 dentro de la Ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino, con el objetivo de invertir en sectores estratégicos para fomentar la generación de empleo y el desarrollo económico. Sin embargo, tras 4 años desde su creación, no se registraron ingresos de bienes fideicomitidos y tampoco se realizaron operaciones fiduciarias.

    También se encontraron múltiples falencias en el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, que tenía el objetivo de administrar los bienes decomisados en causas judiciales referidas a los delitos de trata y explotación de personas, y de lavado de activos provenientes de tales ilícitos. Entre ellas se encuentran los incumplimientos del Fiduciario respecto del pago a víctimas de trata, así como de los plazos establecidos para efectuar dichos pagos.

    Ante esta situación, el Gobierno Nacional disolverá el Fondo, pero mantendrá los objetivos y finalidades perseguida por la Ley 26.364, y por tanto dispondrá la continuidad y atención a las víctimas de tales delitos, mediante las acciones a financiarse a través de las correspondientes partidas presupuestarias ya destinadas para ese fin y que serán administradas por parte del Ministerio de Justicia, como órgano responsable de tutelar los objetivos previstos en la Ley.

    Finalmente, se cerrará el PROICSA, que había sido creado en 2012 para promover la competitividad de la industria azucarera del NOA. Este programa contó con la participación del BICE y CAF, cuyo financiamiento concluyó en septiembre de 2020. De esta forma, luego de haber funcionado durante más de una década para atender las acciones que fueron valoradas en su origen, y dado que el financiamiento de la CAF fue agotado hace 4 años, resultó conveniente disolver este Fondo, ahorrando costos y pasando su administración al Ministerio de Economía.

    En este caso, se repiten las graves falencias observadas en otros Fondos como ausencia de controles y rendiciones de cuentas que impiden verificar resultados acordes a los objetivos comprometidos. También, se mantenía una administración costosa y una discrecionalidad en los créditos o financiamiento otorgados.