La directora nacional de políticas y regulación de servicios de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Susana Underwood, sostuvo que «hay muchas esterilizaciones forzadas de personas con discapacidad en Argentina» y manifestó su apoyo a la reforma 26.130 que reclaman un conjunto de organizaciones para prevenirlas, al tiempo que advirtió que hay quienes «expresan su deseo de maternar y se lo ignora activamente».
«Entendemos que hay muchas esterilizaciones forzadas de personas con discapacidad en Argentina, aunque no es fácil obtener datos que permitan cuantificarlo con certeza», dijo a Télam.
La funcionaria argumentó que esto es así porque «nuestra sociedad aún se encuentra atravesada por el ‘modelo médico hegemónico’, por el que la medicina, en muchos casos, sigue definiendo qué se hace con los cuerpos».
«Las esterilizaciones forzadas y no consensuadas de personas con discapacidad se fundan en varias razones, tales como considerar que la discapacidad es un carácter indeseable y por lo tanto no se debe permitir su reproducción, o que son personas vulnerables e incapaces de llevar adelante la crianza», dijo.
«En ese sentido, hay personas con discapacidad que expresan su deseo de maternar y se lo ignora activamente», agregó.
Respecto a la Ley 26130 sancionada en 2006 que estableció el Régimen para las Intervenciones de Contracepción Quirúrgica y prevé que el consentimiento sea firmado por el representante legal en caso de una mujer que haya sido declarada judicialmente incapaz, Underwood advirtió que «esto va en contra de la autonomía de las personas con discapacidad y de las definiciones del nuevo Código Civil».
Por eso, «consideramos que en caso de no poder obtener el consentimiento de la propia persona con discapacidad, la práctica no deberá ser realizada» en lugar de sustituir la voluntad de la persona con discapacidad con una autorización judicial solicitada por su represente legal.
«La campaña puesta en marcha por las organizaciones de derechos humanos y discapacidad para la modificación de esta ley, como así también los proyectos de la diputada chaqueña María Lucila Masin, que va más allá, y solicita adecuar la ley 17132 en su artículo 20, trabajan en pos del cumplimiento real y legal de lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad», dijo.
La funcionaria fundamentó su apoyo en que «ambas iniciativas se basan en el compromiso tomado por la Argentina de respetar los derechos de todos sus habitantes sin perjuicio de su discapacidad y de realizar ajustes razonables para el pleno ejercicio de esos derechos».
En ese sentido, informó que «la Andis ha solicitado participar» en el tratamiento del proyecto «para que la Cámara de Diputados conozca tanto nuestra opinión como la de sus órganos asesores, el Consejo Federal de Discapacidad y Comité Asesor».
Pero como «no basta una reforma legal para modificar las prácticas» dado que «las leyes siempre están desfasadas de las acciones y movimientos sociales» es necesario que la modificación sea acompañada por un «adecuado decreto reglamentario, presupuesto y campañas de concientización tanto para profesionales como para pacientes» para que no se convierta en una «ley testimonial».
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