Diputados nacionales, organismos de derechos humanos y referentes sociales y sindicales repudiaron este viernes en una conferencia de prensa la represión del Gobierno durante el tratamiento de la ley Bases y exigieron la inmediata liberación de los 33 detenidos.
«No sólo han sido encarcelados sino que han sufrido enormes vejámenes, verdaderos tratos degradantes y humillaciones durante todo este tiempo de detención», denunció la exdiputada nacional de izquierda Myriam Bregman. Como muestra, contó que ella misma vio en la Comisaría 15 de la ciudad de Buenos Aires a detenidas esposadas y tiradas en el piso de un pasillo, mientras esperaban ser indagadas por la justicia.
El objetivo del Gobierno es «instaurar en la Argentina un estado de excepción», aseguró el diputado nacional de Unión por la Patria, Leopoldo Moreau, también víctima de la represión. Además, adelantó que el martes que viene presentarán una denuncia contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en la justicia local con copia al Alto Comisionado de DDHH de Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA. «Tenemos que defender nuestro derecho a manifestarnos y reclamar», agregó.
Por su parte, Bregman contó que pidieron un lugar en la Cámara de Diputados para realizar la conferencia de prensa, pero se les fue negado. La alternativa fue la sede del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, quien también adhirió al repudio del accionar represivo, al igual que las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, el CELS, APDH, Correpi, CeProdh y Amnistía Internacional, entre otros.
También estuvieron presentes legisladoras y legisladores nacionales y porteños como Vanesa Siley, Victoria Montenegro, Julia Strada, Victoria Freire, Paula Penacca, José Glinski, Juan Marino, Itahí Hagman (UP); Nicolás del Caño, Christian Castillo y Alejandrina Barry (PTS-FITU); Romina del Pla (PO-FITU); Celeste Fierro (MST-FITU); entre otros. También referentes como Horacio Pietragalla, Luis Zamora, Néstor Pitrola; Sabina Frederic, Victoria Donda, entre otros y otras.
La Justicia define el destino de los 33 detenidos
Los delitos por los que los 33 manifestantes se encuentran detenidos están relacionados con la resistencia a la autoridad, lesiones y daños.
La ministra de Seguridad Patricia Bullrich, en tanto, denunció horas después del conflicto un intento de golpe de Estado y exigió que los detenidos sean investigados bajo el presunto delito de «sedición».
Desde La cartera de Seguridad, además, indicaron que ocho efectivos de la Policía Federal y cuatro de la Gendarmería Nacional presentaron heridas.
La vicepresidenta y titular de la Cámara de Senadores, Victoria Villarruel, presentó una denuncia ante la Justicia por los destrozos ocasionados en el Congreso el día del debate por la ley Bases a raíz del conflicto entre la policía y los manifestantes: «Se terminó el país de los violentos».
A través de su cuenta oficial en la plataforma X (ex Twitter), la referente de La Libertad Avanza (LLA) dio a conocer el escrito: «Presentamos hoy ante el Juzgado de la Jueza Servini nuestra denuncia y la solicitud para ser querellantes por los daños sufridos en los edificios históricos del Senado de la Nación hace 2 días. Se terminó el país de los violentos. Quién comete un delito, debe responder».
La denuncia por parte de la vicepresidenta surge después de que el Ministerio de Seguridad manifestara su intención de demandar los costos del operativo y pedir la reparación de los daños ocasionados por los disturbios en las afueras del Congreso.
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