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Un día después de que el Gobierno anunciara su intención de presentar en el Congreso un proyecto para cobrar aranceles en la educación universitaria a extranjeros que llegan al país, la administración de Javier Milei adelantó que también busca implementar un sistema de cobro para aquellos que se atiendan en los hospitales públicos. Esta medida busca limitar el acceso gratuito de los no residentes a los servicios de salud, argumentando la necesidad de priorizar los recursos para los ciudadanos argentinos.

«Tenemos que ser justos con los argentinos, a quienes debemos ofrecer todos los servicios posibles, y a los extranjeros abrirles las puertas, pero que se hagan cargo del costo de su educación y de su salud, porque hemos sido muy generosos», declaró el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en una entrevista con Radio Mitre este sábado. La propuesta, que ya había sido mencionada en gestiones anteriores, ahora cobra relevancia bajo la administración de Milei, buscando regular una práctica que ya existe en algunas provincias del país.

Francos profundizó en su argumento al señalar que «vienen a atenderse a nuestros hospitales, a hacer partos, a generar todo lo que hemos visto en estos últimos tiempos», destacando que el sistema de salud pública debería enfocarse en la atención de los ciudadanos argentinos, especialmente en un contexto de alta pobreza. «Si estamos viviendo en un país con 53% de pobres y los chicos en 70% de pobreza, ¿es justo que estemos dando servicios a extranjeros cuando no podemos asistir a los propios?», agregó el jefe de ministros.

Avance hacia un marco regulatorio nacional

El arancelamiento en salud pública para extranjeros no es una novedad en algunas provincias argentinas. Salta fue la primera en implementar esta medida a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) en marzo de 2023, que exige el pago por atenciones sanitarias a extranjeros con residencia transitoria o precaria en los hospitales. A pesar de ello, las emergencias y urgencias continúan siendo gratuitas para todos, sin importar la nacionalidad o el estatus migratorio.

Otras provincias como Mendoza, Santa Cruz y Jujuy han adoptado sistemas similares, y Río Negro está evaluando unirse a esta iniciativa. La propuesta del gobierno de Milei apunta a unificar estas políticas bajo una normativa de alcance nacional, según lo adelantado por Francos. Esta regulación, que ya había sido impulsada por el ex ministro de Salud Mario Russo, buscaría establecer un «cambio de paradigma» en el sistema de salud pública, pasando de un acceso completamente gratuito a uno condicionado por el estatus migratorio.

El cobro en la educación, otro punto en debate

La discusión no solo abarca la atención médica. La iniciativa de arancelar la educación universitaria para extranjeros también está sobre la mesa. Este proyecto ha generado controversia y será un punto álgido en el Congreso, en especial tras el veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. El plan es parte de la Ley Bases y ha sido desarrollado por Federico Sturzenegger, actual ministro de Desregulación del Estado, y Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano. El objetivo es cobrar a los extranjeros que ingresan al país para formarse en universidades públicas, una medida que busca reducir el gasto estatal en un contexto de ajuste económico.

Con estas iniciativas, el Gobierno de Milei propone reestructurar el acceso a los servicios públicos para extranjeros, justificando la medida en la necesidad de hacer un uso más eficiente de los recursos y priorizar a los sectores más vulnerables de la sociedad argentina. Sin embargo, se prevé que las propuestas generarán fuertes debates en el ámbito legislativo y social, dada la sensibilidad de los temas relacionados con la salud y la educación pública.