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  • Escándalo por el traslado de represores a Campo de Mayo: críticas por beneficios a genocidas

    Escándalo por el traslado de represores a Campo de Mayo: críticas por beneficios a genocidas

    El Gobierno de Milei enfrenta duras acusaciones de organismos de derechos humanos tras el sorpresivo traslado de 19 represores condenados desde Ezeiza a una unidad en Campo de Mayo.

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    El Servicio Penitenciario Federal (SPF) concretó el sorpresivo traslado de 19 represores condenados por delitos de lesa humanidad desde el penal de Ezeiza a una unidad penitenciaria ubicada en Campo de Mayo, lo que generó un fuerte repudio de organismos de derechos humanos y una nueva ola de críticas contra el Gobierno de Javier Milei.

    Entre los trasladados figuran nombres emblemáticos del terrorismo de Estado, como Carlos Suárez Mason y Alfredo Astiz, ambos condenados a cadena perpetua. El operativo se ejecutó en las últimas horas, con notificación formal a los juzgados intervinientes, según comunicó el SPF.

    Denuncian beneficios encubiertos

    Organismos como Abuelas de Plaza de Mayo y el CELS denunciaron que se trata de una maniobra para beneficiar a genocidas, al devolverlos a un predio con fuerte carga simbólica, donde funcionaron centros clandestinos de detención durante la dictadura.

    “Este traslado implica un retroceso en materia de memoria y justicia. Campo de Mayo fue epicentro del horror”, señalaron desde HIJOS Capital.

    El Gobierno, por su parte, defendió la medida asegurando que la nueva cárcel “no será VIP” y que se enmarca en una reestructuración penitenciaria que busca liberar espacio en Ezeiza para alojar a mujeres y detenidos por narcotráfico.

    Campo de Mayo: una herida abierta

    El predio al que fueron llevados los represores fue construido en 2007, bajo jurisdicción del Ejército, y luego traspasado al SPF durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, la zona aún carga con la memoria de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas allí durante la última dictadura cívico-militar.

    En ese contexto, la vicepresidenta Victoria Villarruel y la ministra Patricia Bullrich también quedaron en el centro de la polémica. La oposición las acusa de “blanquear el accionar de los genocidas”, recordando además la polémica reunión que diputados libertarios mantuvieron en 2023 con represores condenados, lo que en su momento provocó una ola de repudios.

    Jaime, Castro y otros beneficiados

    Además de los represores, fueron trasladados a Campo de Mayo otros presos de alto perfil, como el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, condenado por corrupción, y el exfiscal Juan Carlos César Castro. La decisión genera preocupación por lo que muchos califican como una flexibilización selectiva del sistema carcelario.

    Desde sectores del oficialismo insisten en que “no hay privilegios” y que se trata de una “redistribución lógica de internos”. No obstante, la falta de comunicación previa y el carácter simbólico del lugar elegido reavivaron viejas heridas y pusieron en duda las verdaderas intenciones de la medida.

    La polémica promete escalar en el Congreso y ante organismos internacionales de derechos humanos. El debate de fondo vuelve a instalarse: ¿cuál es el lugar del Estado frente a los crímenes del pasado?

  • Patricia Bullrich se Desliga de la Visita de Diputados de La Libertad Avanza a Represores en la Cárcel de Ezeiza

    Patricia Bullrich se Desliga de la Visita de Diputados de La Libertad Avanza a Represores en la Cárcel de Ezeiza

    La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se desvinculó de la controvertida visita de diputados de La Libertad Avanza a un grupo de represores en la cárcel de Ezeiza, entre los que se encontraba Alfredo Astiz, exoficial de la Marina condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad. «Son decisiones personales, no son decisiones orgánicas, y cada uno se tiene que hacer cargo de lo que hace; esa es la libertad», planteó Bullrich.

    En declaraciones a Radio Rivadavia, Bullrich amplió: «Estoy a cargo del sistema, no quiero evaluar a qué preso podés ir a ver o cuál no. Me parece que lo que estamos viviendo es una construcción de libertad y si hay alguien que considera que tiene que ir a ver a un detenido porque ellos consideran que formó parte de un momento trágico de la Argentina, lo puede ir a ver».

    Críticas y Malestar en el Ministerio de Seguridad

    La ministra, en sintonía con las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, reveló que el juez Alejandro Slokar le solicitó detalles de la visita que protagonizaron los diputados Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro, María Fernanda Araujo y Rocío Bonacci, lo que generó malestar en el Ministerio de Seguridad.

    «¿En qué términos me hace esa pregunta? En todo caso me podría preguntar sobre todos los que entran a la cárcel. Los diputados piden ingresar a la cárcel todo el tiempo. Cuando pedían ir a ver a Lázaro Báez o a (Julio) De Vido, condenados, no preguntaban por qué», criticó Bullrich. «Por qué un juez me pregunta a mí por qué entraron. Entraron a ver a cualquier persona que piden ir a ver a personas condenadas por asesinato».

    Reacciones y Declaraciones de Martín Menem

    Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, también habló sobre la visita de los diputados a represores, describiéndola como actos «individuales». «Quienes hayan ido no lo tengo constatado que hayan ido a visitar a quienes dicen que fueron a visitar. Sé que fueron a visitar al Servicio Penitenciario, porque varios de ellos integran la Comisión de Seguridad Interior», respondió Menem.

    Además, aclaró: «Dicen que utilizaron medios que yo autoricé. Acá hay más de 85 vehículos que los legisladores utilizan libremente. Yo no le puedo preguntar a un legislador a dónde va. No soy un espía que tengo que controlar yo. Hay un servicio de automotores que tiene más de 40 años, que los legisladores piden un vehículo y van».

    Menem enfatizó que estos actos no representan la posición del bloque de La Libertad Avanza, ni la suya como presidente de la Cámara, ni la del Gobierno, destacando que se trata de «actos individuales de algunos diputados».

    Reacciones en la Oposición y el Bloque de La Libertad Avanza

    Desde la oposición, las críticas no se hicieron esperar. El diputado de UxP, Eduardo «Wado» de Pedro, hijo de desaparecidos, expresó: «El gobierno no oculta su simpatía por los genocidas, y además de las conocidas visitas a varios de ellos en la cárcel, ahora buscan favorecer con el beneficio de la prisión domiciliaria a un asesino condenado a perpetua». La UCR también se manifestó en contra, señalando que «visitar a genocidas y la charla amena con quienes violentaron los derechos más básicos de la ciudadanía es una afrenta a víctimas, familiares y a todo el pueblo argentino».

    Conclusión

    El incidente ha generado un considerable malestar tanto en el ámbito político como en la sociedad, subrayando las tensiones en torno a la memoria histórica y los derechos humanos en Argentina. La visita de los diputados a represores condenados por delitos de lesa humanidad sigue siendo un tema de profundo debate y controversia.