La justicia de Catamarca suspendió el inicio del primer juicio en la provincia contra un sacerdote, Juan de Dios Gutiérrez, acusado de abuso sexual de una joven de 16 años, «por abandono de la defensa» y resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el martes 20 de abril, informaron fuentes judiciales.
El sacerdote iba a ser juzgado a partir de mañana por el tribunal de la Cámara Penal 3, por el delito de «abuso sexual con acceso carnal agravado por la condición de ser representante de un culto religioso».
Según manifestaron las fuentes, el abogado de la defensa, Gustavo Martínez Azar, se negó a ingresar a la sala de la Cámara Penal N° sosteniendo que «no estaban dadas las condiciones de salubridad, debido a que en el lugar había casos positivos de Covid-19 y que no podía seguir el debate de manera remota por problemas de conectividad».
El debate se iba a desarrollar de manera virtual debido a la situación sanitaria de la provincia.
Ante esta situación, minutos después de las 11 el tribunal presidido por Patricia Raquel Olmi, acompañada por los jueces César Marcelo Soria y Jorge Rolando Palacio, decidió posponer el debate por «abandono de la defensa» y pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo martes 20 de abril.
A su vez, el tribunal acompañado por la querella, giraron actuaciones con una solicitud de sanción al Colegio de Abogados de la provincia, contra Martínez Azar por abandono de la defensa.
«Estaba todo listo, los berrinches que ha hecho el abogado defensor son un papelón nacional, es inexplicable, no entendemos. Es un abandono en una causa tan importante, reclamada por la sociedad», dijo la abogada de la querella, Silvia Barrientos en diálogo con la prensa.
En esta línea, la letrada sostuvo: «estamos hablando de un abogado experimentado, esto no tiene explicación, es incoherente, viene acá presenta papeles diciendo que no se garantizaba su participación en este juicio por su salubridad, sin embargo él es el que en todo momento pidió la presencialidad del debate», dijo Barrientos.
La letrada también explicó que «desde ya (Gutiérrez) está con un abogado de oficio, pero la audiencia, a efectos de que la nueva defensa pueda asumir con responsabilidad su trabajo, va a pasarse para el día 20 de abril», manifestó.
En relación a la víctima, la letrada indicó que si bien aún no tuvo contacto con la joven, «tuvimos que apoyarla muchísimo para que esté presente en el día de hoy, se han redoblado los esfuerzos con sus terapeutas para que ella pudiese declarar y pasa esto», señaló.
Finalmente, Barrientos sostuvo que «el tribunal estuvo a la altura de las circunstancias, ahora quedará a cargo de ellos garantizar la sujeción del imputado al proceso», afirmó.
El hecho por el que iba a comenzar a ser juzgado Gutiérrez comenzó a ser investigado en 2015, cuando la madre de la víctima de 16 años presentó una denuncia penal por abuso en la Fiscalía de Belén.
Según consta en la denuncia presentada por la madre, «Gutiérrez dirigía un movimiento juvenil cristiano, al cual su hija ingresó en 2014 y luego de un tiempo el sacerdote habría manipulado a la adolescente para entablar una relación de índole sexual con él y no le permitía hablar con nadie, ni confesarse para no ser descubierto».
La madre de un niño de 10 años, al que no puede ver porque está bajo la guarda de su padre, reclamó nuevamente que le restituyan a su hijo, quien hace cinco años que «no está en Navidad ni en Año Nuevo», lamentó la mujer.
«Tenemos un sentimiento de impotencia y angustia tremendo», describió Gilda Morales en una entrevista que concedió a Télam, en la que aseguró: «son años de violación sistemática de sus derechos, de no poder verlo».
«Este año me había dicho lo que quería de regalo para estas fechas que a él le gusta mucho», describió, y resaltó que hace unos días pudo ver al niño de lejos, pero que la policía no les permitió acercarse ni a ella ni a sus otros dos hijos (un varón de 15 años y una niña de 7) y que los llevaron a todos detenidos.
«Él quería un regalo, y ahora tiene en su cabeza la imagen de su hermano más grande tirado en el piso, reducido por tres policías como si fuera un delincuente. Su hermana de siete años hablándole a través del vidrio de un auto. Con los regalos en la mano, todos llorando y él ahí, viendo todo eso», lamentó la mujer, que dijo que estuvieron presos seis horas.
Esa fue una «imagen dantesca e inimaginable», lamentó Morales y sostuvo que «nunca pudieron abrazarse ni darse un beso entre hermanos. Es eso lo que recibieron mis hijos durante años».
La mujer aseguró estar «viviendo un calvario» y cargó contra la justicia de Córdoba, que «repudió» un video del colectivo Actrices Argentinas el cual afirma que en la provincia «hay una red judicial que restituye niños y niñas a sus abusadores».
La causa se inició hace cinco años, cuando Morales denunció que su hijo era abusado por el padre, pero durante el proceso de investigación se fueron tomando decisiones judiciales sostenidas en el conocido como Síndrome de Alienación Parental (SAP), que fue desestimado por Marisa Graham, Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, según quien no tiene fundamento científico.
El colectivo Actrices Argentina difundió un video apoyando a la madre a principios de este mes.
«No se imaginan lo que estamos viviendo, no tenemos contacto con mi hijo», afirmó la mujer, quien aseguró que «el tema va a tener que salir de Córdoba debido a la corrupción que hay» y señaló que «estamos en eso».
Morales reclamó que «aún siendo la denunciante», es tratada «como una criminal». «Es el mundo del revés», añadió.
«Es fácil así difamar y declarar justicia ‘denegada´, estigmatizar a una mujer madre, para seguir tapando errores cometidos por funcionarios públicos. Es lamentable todo. Mis hijos sienten miedo por su hermano y por ellos. Es muy difícil poder expresar este sentimiento, cuando los que deberían proteger son los que te violentan y amenazan», abundó.
Por último, la mujer afirmó que van a «seguir pidiendo justicia, y las personas que no tienen compasión por un niño, deberán responder y dar explicaciones».
«Todavía creo que hay funcionarios serios y justos en el sistema. Esperamos pese a los últimos acontecimientos poder ver y abrazar a mi hijo. Y que esta pesadilla se termine», concluyó.
Un enfermero de la Unidad de Pronta Atención (UPA) del barrio platense de Los Hornos, fue golpeado por el novio y familiares de una adolescente de 18 años, tras conocer que intentó abusar de la joven cuando se fue a aplicar una inyección, informaron hoy fuentes judiciales.
El hecho ocurrió en la tarde del sábado en el centro de salud ubicado en 153 y 66 de la capital bonaerense y quedó registrado en el Gabinete de Delitos contra la Integridad sexual de la DDI La Plata.
En su denuncia, la víctima contó que fue atendida alrededor de las 20, luego de una espera de unos 20 minutos y destacó: «me hicieron pasar por el consultorio 1, me atendió un enfermero cuya edad rondaría entre los 30 y 40 años».
«Me hizo bajar primero el pantalón y luego la bombacha, le pregunté si era necesario y me dijo que si no lo hacía no me la podía aplicar. Me empecé a sentir mareada, quise salir pero me bloqueó la puerta hasta que logré escapar y en la puerta me esperaba mi novio y me desmayé», narró la denunciante.
Un par de horas más tarde, el novio de la adolescente volvió al centro asistencial acompañado por su papá y familiares de la joven, buscaron al enfermero y lo golpearon, lo cual quedó registrado en las cámaras del lugar.
El hecho está siendo investigado por la policía y la fiscalía de turno, agregaron las fuentes.
La Asamblea ‘Ni Una Menos’ Catamarca marchará mañana a las 9.30 desde la sede del Obispado de la provincia de Catamarca hasta la Cámara de Apelaciones provincial, donde tendrá lugar una audiencia en la que se evaluará la prescripción de la causa que tiene como imputado al cura Moisés Pachado por el delito de abuso sexual contra una menor de edad.
Pachado fue denunciado en la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial de Belén en diciembre de 2018 por Ingrid Figueroa Cruz, una joven de 31 años que aseguró haber sido abusada por el sacerdote «en varias oportunidades» en 1997 en la localidad de Hualfin, cuando ella tenía 9 años.
En un comunicado oficial de la Asamblea, el colectivo provincial del movimiento «Ni Una Menos» remarcó que se trata del «segundo pedido de prescripción que presenta la defensa de Pachado en un claro intento de asegurarse impunidad».
En esta línea, el documento sostiene que «busca ampararse en el tiempo transcurrido, recurso utilizado por los responsables de abusos infantiles y otorgado, en la mayoría de los casos, por la justicia».
La causa ahora está en manos de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, a cargo de los jueces Edgardo Álvarez, Marcelo Soria y Mauricio Navarro Foressi, quienes mañana decidirán la prescripción o no de la misma, en una audiencia que realizará a partir de las 10 de la mañana en modalidad virtual.
En el documento, las militantes denunciaron que «la Iglesia presiona para amparar a este abusador y evitar que otras víctimas se animen a denunciar».
En ese marco, al anunciar la convocatoria a una manifestación para mañana, exigieron que «la causa no prescriba» y agregaron: «Queremos juicio y castigo al cura Pachado. Decimos el Estado es responsable toda vez que garantiza que la Iglesia pueda encubrir a los pederastas. Separación de la Iglesia del Estado».
La Asamblea “Ni Una Menos» de Mujeres y Disidencias de Catamarca presentó un petitorio ante justicia de la provincia para exigir la condena efectiva del intendente de la localidad de Puerta de Corral Quemado, Enrique Aybar, quien desde el próximo martes afrontará un juicio oral, acusado por abuso sexual de una menor en 2013.
Además, el colectivo feminista anunció la conformación de la mesa “Justicia para las víctimas de Enrique Aybar”, integrada por distintas organizaciones de la provincia.
Al reclamo que mantiene a través de las redes sociales, el colecitvo presentó un escrito ante la Justicia, en el que reclaman “prisión efectiva” para Aybar y una reparación para las comunidades de la jurisdicción de Puerta de Corral Quemado.
En este sentido, consideraron que quedaron “expuestas las manifiestas condiciones de asimetría estructural de poder, que envuelven a las víctimas y sumen a toda la comunidad local a verse sometida a prácticas intimidatorias y de hostigamiento generalizado”.
De hecho, denunciaron «un escenario de indefensión, de vulneración y de precarización de las garantías y de los derechos más fundamentales de quienes han sido víctimas de abuso y de quienes tuvieron la valentía de denunciar esos crímenes”.
“La violencia sistemática del señor Enrique Aybar es alimentada por el ejercicio de espacios de poder que pone en sus manos todos los recursos estatales para mantener y ocultar todos los delitos cometidos contra los cuerpos de las mujeres y las infancias del lugar”, concluyó la Asamblea “Ni Una Menos» de Mujeres y Disidencias de Catamarca.
El petitorio, con al firma de unas 600 personas y organizaciones sociales, fue presentado en la Corte de Justicia de Catamarca, a través de la presidenta Vilma Juana Molina, y en la Cámara Penal N° 3, a través del juez Jorge Rolando Palacios.
Aybar, intendente de la localidad catamarqueña de Puerta de Corral Quemado, de Juntos por El Cambio, reelecto en los comicios del año pasado, será juzgado a partir del martes próximo -tras sucesivas suspensiones- por el presunto delito de abuso sexual agravado por la guarda, en calidad de autor.
La defensa de Aybar logró suspender el inicio del juicio en tres oportunidades, ya que el primer debate estaba previsto para octubre de 2018, pero en aquella oportunidad la audiencia no se pudo concretar porque el imputado no había podido ser notificado.
Días atrás, la ministra de Salud, Claudia Palladino y el ministro de Gobierno, Jorge Moreno, se reunieron con la presidenta de la Corte de Justicia de Catamarca, Vilma Molina. Participaron también Luis Raúl Cipittelli, miembro de la Corte; Roberto Perrotta, secretario de Asuntos Institucionales y parte de sus equipos de trabajo. En el encuentro, entre otras cuestiones, se acordó que la Justicia incorporará dos peritos médicos para trabajar casos de abuso y/o violencia de género.
Desde el comienzo de la presente gestión del Ministerio de Salud, en la búsqueda de un abordaje integral de las personas que sufrieron algún tipo de violencia, entre ellas, la de género y el abuso, se realizaron una serie de reuniones con el Procurador de la Corte, Enrique Lilljedahl, autoridades del Colegio de Abogados y Abogadas, y los directores de Hospitales Nivel III.
A partir de ello, Vilma Molina convocó a una reunión tanto a autoridades del Ministerio de Salud como del de Gobierno que coordina el Consejo de Violencia Provincial (espacio en el que confluyen todos los actores de participación en los temas relacionados a la violencia).
El encuentro tuvo un resultado altamente fructífero en los tres puntos principales de intercambio. En primer lugar y a fin de dejar atrás un inconveniente de larga data, hubo acuerdo en que la Corte de Justicia contratará dos peritos médicos específicos para trabajar en la atención de las personas que hubieran sufrido situaciones de abuso y/o violencia de género. Esta decisión conlleva una articulación eficaz entre ambos sectores (Justicia y Salud) para un lograr la atención integral de la víctima; ya que Salud continuará con la tarea asistencial y médica, pero la parte de peritaje va a estar a cargo de los médicos que aportará el Poder Judicial.
Por otra parte, se coordinarán acciones en cuanto a los diferentes protocolos; los de salud, de Atención a la Víctima (Consejo de Violencia Provincial) y el de la Justicia para que haya un lazo de unión entre todos ellos a fin de dar la respuesta integral que se busca y evitar la revictimización.
Como último punto, la Corte se comprometió en el mediano plazo a la creación del Fuero de violencia (Ley 5434).
Se desprendió de los distintos encuentros y acuerdos la intención del Ministerio de Salud de velar por las víctimas y evitar la revictimización; garantizando que la atención sea de calidad y continua, asistiendo desde todas sus áreas a personas con estas problemáticas.
El padre Donald McGuire, un sacerdote jesuita muy respetado que ahora cumple una condena de 25 años de prisión en el escándalo de abuso clerical, está siendo acusado de abusar de un niño más de 1,000 veces, incluso durante una visita a la Madre Teresa de Calcuta, según una nueva demanda. . Robert J. Goldberg, de 61 años, afirmó que desde el momento en que tenía 11 años, el sacerdote abusó sexualmente de él más de 1,000 veces en varios estados y países, incluso durante una visita a la Madre Teresa, quien según la demanda estaba al tanto del abuso. La demanda, presentada el lunes en San Francisco, también acusa al sacerdote de participar en «contacto sexual, cópula oral y penetración anal». La demanda de Goldberg describe décadas de control psicológico que incluso lo llevaron a testificar en defensa de McGuire por otros cargos de abuso sexual. . Todo el tiempo que McGuire presuntamente abusó de Goldberg y otros niños, la orden de los jesuitas lo tenía en alta estima, representándolos en todo el mundo. Los abogados de Goldberg dijeron a Associated Press que los acusados en el caso incluirán líderes de alto rango de la orden jesuita en los Estados Unidos y Roma.
Un sacerdote jesuita cercano a la Madre Teresa abusó sexualmente de un niño estadounidense “en más de 1.000 ocasiones, en múltiples Estados y países”, asegura una demanda presentada el lunes en una corte estatal de San Francisco.
En la denuncia y en entrevistas con The Associated Press, Robert J. Goldberg, ahora de 61 años, describió los años de control psicológico y abuso sexual que sufrió desde los 11 años hasta la edad adulta mientras trabajaba como acompañante del difunto padre Donald J. McGuire.
McGuire falleció en 2017 en una prisión federal, donde cumplía una condena de 25 años por abuso sexual de otros niños a su cuidado.
Goldberg asegura que permaneció bajo el yugo del jesuita durante casi 40 años, incluso ofreciéndose a testificar en defensa de McGuire durante los juicios penales que enfrentó en Wisconsin e Illinois.
La demanda presentada el lunes no menciona acusados, pero los abogados de Goldberg aseguran que incluirán a la orden jesuita en Estados Unidos y al líder de la orden en el Vaticano. La denuncia asegura que, mientras Goldberg era víctima de los abusos, las autoridades católicas estaban al tanto de que McGuire enfrentaba varias acusaciones de abuso sexual de menores e hicieron todo lo posible por encubrir sus delitos.
En las casi dos décadas que pasaron desde que estalló el escándalo de abusos en la Iglesia católica de Estados Unidos, miles de víctimas han dado la cara para narrar sus historias. Cientos más revelaron sus casos en demandas presentadas a principios del año, cuando el estado de Nueva York abrió una ventana de un año que le permite a las víctimas interponer demandas de abuso sexual sin importar si ya prescribieron. Se anticipa que cientos más, como Goldberg, aprovechen una ventana similar que se abrirá en California a partir del 1 de enero.
Pero muchas víctimas aún sufren en silencio, a menudo tomándoles décadas antes de poder revelar su situación, si es que lo hacen. Los activistas aseguran que los sacerdotes depredadores, como representantes de Dios, ejercen un poderoso control sobre los niños de los que abusan, especialmente cuando están ayudando a los menores y a sus familias a sobreponerse a la pobreza y a otros obstáculos.
Obispos católicos en la cumbre sobre los abusos sexuales en la Iglesia el 22 de febrero de 2019 en el Vaticano (AFP)
Goldberg tenía 11 años cuando conoció a McGuire, en 1970, un día en que él y su hermana estaban sentados en una acera esperando a que su madre saliera de una taberna de Chicago.
McGuire llevó a la familia a su casa y se congració con la madre de Goldberg, convenciéndola de que su hijo estaría mejor viviendo bajo su supervisión, según la demanda.
Durante esta época, de acuerdo con la denuncia, Goldberg pasaba las noches en la residencia de McGuire o volvía a la casa de su familia acompañado de McGuire, quien dormía con él en la misma cama. En tanto, la madre de Goldberg comenzó a depender de los fondos que McGuire le pagaba a Goldberg por trabajar como su asistente, entre 300 y 500 dólares a la semana.
“Era muy controlador. Yo no tenía voz ni voto”, dijo Goldberg a la AP. “Tenía que hacer lo que fuera que él le dijera a mi madre que quería que hiciera”.
Goldberg y su familia siguieron a McGuire a California en 1976, donde el sacerdote aceptó un trabajo de profesor en la Universidad de San Francisco, un plantel jesuita, y de promotor de un ministerio ambulante en el que presidía retiros religiosos de católicos acaudalados, de los que obtuvo enormes donativos.
Fue en esa época en que McGuire forjó sus vínculos con la hoy santa Madre Teresa, convirtiéndose en su asesor espiritual mientras aprobaba a las monjas que quisieran unirse a la orden que ella fundó, las Misioneras de la Caridad.
Goldberg dijo que sus sentimientos hacia McGuire comenzaron a cambiar después de escuchar el testimonio de las víctimas en su juicio penal en Chicago, en el que Goldberg estaba asignado para testificar en favor de McGuire.
La Madre Teresa en 1987 (AFP)
No fue llamado al estrado, pero asegura que terminó sintiendo que McGuire “no sentía remordimiento” por lo que les había hecho a Goldberg y a otras víctimas.
Las preocupaciones en torno a McGuire se remontan a principios de la década de 1960, cuando vivía en Europa y autoridades eclesiásticas en Alemania y Austria emitieron reportes alarmantes sobre su relación con menores.
Las quejas continuaron, pero él mantuvo su buena reputación como sacerdote durante 40 años. En 1994, la Madre Teresa escribió una carta de apoyo a la orden jesuita para expresar su “confianza” en McGuire. Dijo que creía que las acusaciones contra él eran falsas.
McGuire no fue retirado del sacerdocio en activo hasta 2007, y un año después lo obligaron a colgar los hábitos.
No se pudo contactar a autoridades de los jesuitas de la provincia de la región centro-norte para que comentaran sobre la demanda del lunes, que fue interpuesta por Jeff Anderson & Associates, un despacho legal a nivel nacional con experiencia en litigios de abuso sacerdotal.
En 2012, el funcionario jesuita de Chicago que recibió la carta de la Madre Teresa, el padre Bradley M. Schaeffer, emitió un comunicado en el que se disculpó por no haber frenado a McGuire.
“Lamento profundamente que mis acciones fueran insuficientes para evitar que cometiera estos horrendos delitos”, declaró.
El año pasado, cuando los jesuitas de la región centro-norte difundieron una lista de 65 jesuitas acusados, en la que aparecía McGuire, el provincial Briam G. Paulson emitió una disculpa similar.
“Estamos dolorosamente al tanto de que, en décadas pasadas, algunos de los jesuitas del centro-norte no fueron retirados del sacerdocio lo suficientemente rápido”, dijo. “Estamos profundamente afligidos”.
En la jornada de hoy, personal de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia, luego de una ardua tarea de investigación.
Procedió a la detención de un hombre de 63 años de edad, sobre quien obraba un requerimiento Judicial dispuesto por la Fiscalía de Instrucción N° 5, a cargo del Dr. Hugo Leandro Costilla, por el supuesto delito de abuso sexual con acceso carnal continuado.
Desde hace un tiempo a la fecha, el sexagenario era intensamente buscado y finalmente fue trasladado y alojado en la dependencia policial a la espera de nuevas directivas por parte de la Justicia interviniente.
El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú condenó hoy al abogado Gustavo Rivas a 8 años de prisión por «corrupción y promoción de la prostitución» en el caso de un menor de edad y lo absolvió en las otras 11 denuncias, en un juicio oral pero no público que comenzó el 1 de abril y tuvo más de 100 testigos en 12 audiencias.
Si bien los jueces Alicia Vivian, Arturo Dumón y Mauricio Derudi consideraron que «los hechos existieron y Rivas fue su autor», lo absolvieron en uno de los casos «por el beneficio de la duda» y en los otros diez por «prescripción de los mismos».
En tanto, condenaron al hombre de 73 años, destacado como «ciudadano ilustre» por la municipalidad de Gualeguaychú, a ocho años de prisión por promoción a la corrupción y prostitución de un menor de edad, delito que tiene una pena que va de 4 a 10 años.
El Tribunal determinó que Rivas fue autor de «actos sexuales orales y de penetración por un extenso lapso de tiempo, iniciados entre los 12 y 13 años del menor».
Un hombre señalado de agredir sexualmente a por lo menos 276 niños y adolescentes en Colombia fue condenado este miércoles a 60 años de cárcel en Colombia por varios crímenes relacionados con esas acusaciones, informó la fiscalía.
“Juez sentenció a 60 años de prisión a Juan Carlos Sánchez”, quien está preso en la cárcel de máxima seguridad La Picota, en Bogotá, indicó el ente acusador en Twitter.
En Colombia, la máxima pena por abuso sexual de menores es de 60 años de prisión.
Conocido como “Lobo Feroz”, Sánchez había aceptado en septiembre los cargos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, actos sexuales con menor de 14 años, acceso carnal violento y pornografía infantil imputados por la fiscalía.
El hombre abordaba a sus víctimas en centros comerciales de la ciudad caribeña de Barranquilla, donde les ofrecía dinero para llevarlas a sitios en los que les “realizaba actos sexuales” que posteriormente compartía en internet. Sánchez fue detenido el 29 de noviembre de 2017 en la ciudad venezolana de Maracaibo, tras una cacería de un lustro de la policía colombiana. En enero de 2018 Colombia formalizó la orden de extradición ante Venezuela.
Las autoridades colombianas lo localizaron por un aviso de los organismos de seguridad de México luego de que capturaron a un hombre con cientos de videos que le enviaba Sánchez, que se identificaba en sus correos como “Lobo Feroz”.
Según la fiscalía colombiana, el hombre vendía a pederastas los videos con las violaciones. Las autoridades de Colombia aseguran que muy posiblemente hay más víctimas de este violador en Venezuela.
Los oranenses no salen de su asombro y el caso pasó de ser grave a convertirse en un sainete. Como se sabe, el el Concejo Deliberante de Orán hay un edil, Ramón Rodríguez, acusado de violación por una joven de 22 años. Ayer, el cuerpo tenía agendada una sesión especial para analizar el pedido de destitución del mismo, mediante un proyecto presentado por el concejal Carlos Manzur.
Pero curiosamente, a primera hora de la mañana, se conoció que Rodríguez había presentado la renuncia con carácter de indeclinable a la banca que ocupa en el cuerpo. Posteriormente, el cuerpo se reunió, despidió al asesor letrado pro actual paralelamente como defensor del gendarme coimputado por el mismos delito que Rodríguez y nombro a otro abogado. Pero al momento de tratar el proyecto de destitución se pasó a un cuarto intermedio ante la falta de quórum.
Hoy, para asombro de todos, apareció una nota en Mesa de Entradas en la que supuestamente Rodríguez da marcha atrás, denuncia que fue obligado a renunciar en contra de su voluntad, se retracta y pide que se le otorgue “en todo caso”, licencia sin goce de haberes mientras dure el proceso. Lo impresentable, lo criticable, lo increíble, es que las firmas de ambas notas, la de ayer y la de hoy no son ni prójimo; no se parecen en nada. Y para colmo de males, la fecha de ingreso de la nota es manuscrita y dice 13 de febrero de 2018, contra la del sello de ingreso de ayer, que dice claramente 12 de febrero de 2019.
El Concejo Deliberante de Orán rechazó esta noche la destitución del edil Ramón Isauro Rodríguez, del Frente Plural, acusado de violar a una joven de 22 años.
La grave acusación conmovió no solo a la opinión pública sino también a varios de los integrantes del Concejo Deliberante de Orán, quienes no dudaron en proclamarse en contra de la situación. Sin embargo, gracias a los votos de sus pares Matías Cala, tevez Lucas, soledad Saba y Pedro Juárez, Rodríguez logró mantenerse en su cargo. El cuerpo deliberativo de la ciudad norteña, sin embargo, aprobó la constitución de una comisión investigadora para el caso.
El hecho ocurrió a la salida de un boliche bailable el fin de semana, donde la víctima había asistido junto al denunciado y un amigo de este.
Al parecer y según lo dicho por la madre de la damnificada, víctima y victimario se conocían desde hacía un tiempo y entablado una amistad. Sin embargo, la joven apuntó que jamás imaginó un desenlace como el que le tuvo que contar a su madre y ratificar después en la comisaría 20 de Orán.
En la mira de la Justicia, el concejal Rodríguez se presentó ayer por la mañana acompañado de su amigo, dueño de la camioneta 4×4 donde subieron a la mujer de 22 años, en la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género de esa ciudad, a cargo de la doctora María Soledad Filtrín. El amigo del concejal reconoció ser quien conducía la camioneta. Por disposición del Juzgado de Garantías en turno, los hombres fueron trasladados a la sede policial en calidad de aprehendidos. En tanto, el magistrado analizaba las circunstancias tras el pedido formal de detención realizado por la fiscal. Tras el control de legalidad, los dos fueron imputados y quedaron detenidos.
El descargo del concejal
El concejal, tras hacerse de público conocimiento la denuncia en su contra por una supuesta violación,l posteó en una cuenta de red social personal un mensaje desligándose rotundamente de la situación y de ser el autor de un ultraje semejante.
‘Ante la denuncia realizada en mi contra el día sábado 2 de febrero del corriente año. He decidido ponerme a disposición de la justicia para aclarar los hechos de los que se me acusa. En primer lugar desmiento haber realizado dicho delito y que en ese horario me encontraba en otro lugar, las pruebas serán aportadas a la justicia. Voy a pedir a la justicia que investigue y a mis pares concejales también ya que enunciaron mi nombre con una falsa denuncia que carece de pruebas‘, apuntó en la red social Rodríguez.
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