The Lancet: la ley de etiquetado en Chile bajó la obesidad infantil

Un estudio publicado en la revista The Lancet, liderado por el economista Guillermo Paraje y un equipo internacional, concluye que la primera fase de la ley chilena de etiquetado y publicidad redujo la probabilidad de exceso de peso en niños en edad escolar. El trabajo analiza datos nacionales y atribuye el efecto a un paquete de medidas que incluyó etiquetas octogonales en los envases, restricciones de venta en escuelas y límites a la publicidad dirigida a menores.

Chile arrastra desde hace años tasas elevadas de sobrepeso y obesidad infantil. Para enfrentarlo, en 2016 el gobierno impulsó la Ley de Etiquetado y Publicidad de Alimentos (FLAL), diseñada en etapas sucesivas que fueron ampliando los umbrales de azúcar, grasas saturadas, sal y calorías que obligaban a colocar el octógono negro en el frente del envase. El estudio se concentró en la primera fase, la de umbrales más altos y menor alcance.

Cómo se midió el impacto

El análisis usó la base pública más extensa de Chile sobre peso y talla escolar, con registros de más de 300.000 estudiantes de entre 4 y 6 años. Para estimar un efecto causal plausible, los autores aplicaron un diseño de diferencias en diferencias que comparó la evolución del peso en grupos matriculados antes y después de la entrada en vigor de la ley.

El equipo, que integraron además Nieves Valdés, Alberto Vega Macaya y Camila Corvalán del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile y Barry Popkin de la Universidad de Carolina del Norte, desagregó los resultados por sexo, tipo de escuela, zona geográfica, nivel educativo materno y peso al nacer para identificar subgrupos con mayor respuesta.

Resultados principales

Antes de la ley, el 47,7% de las niñas y el 52% de los niños de esos grados escolares presentaban exceso de peso. Tras 18 meses de exposición a la primera fase, las niñas mostraron una probabilidad 2,85% menor de tener exceso de peso y los niños una reducción de 2,40%.

Con solo seis meses bajo la regulación ya se observaban efectos: una caída de 1,91% en la probabilidad de exceso de peso entre las niñas y de 2,24% entre los niños. Las niñas que tuvieron bajo peso al nacer presentaron la mayor respuesta, con una baja de 6,60% en la probabilidad de exceso de peso.

El efecto fue más pronunciado en escuelas urbanas y subvencionadas; en zonas rurales no se detectaron cambios estadísticamente significativos. Los autores advierten que la plausibilidad causal se apoya en el supuesto de que, sin la ley, los grupos habrían seguido tendencias nutricionales similares.

Limitaciones y continuidad

Los investigadores señalaron limitaciones: las mediciones de peso y talla fueron realizadas por personal escolar capacitado, lo que puede no igualar la precisión de un entorno clínico, y la validez del diseño depende del supuesto de tendencias paralelas entre grupos, algo que no puede verificarse de forma directa aunque los datos previos lo respaldan.

La investigación se concentró únicamente en la primera etapa de la ley; las fases 2 y 3, con límites más estrictos, entraron en vigencia en 2018 y 2019 y quedaron fuera del período analizado. Nieves Valdés destacó que la caída en ventas de productos etiquetados fue mayor durante la fase 2, lo que sugiere que el impacto sobre el peso podría ser mayor en estudios que incluyan ese periodo.

Barry Popkin recibió subsidios de Bloomberg Philanthropies a través del Programa de Políticas Alimentarias Saludables, según consta en la publicación. Investigadoras externas, la profesora Simone Pettigrew y la doctora Daisy Coyle del Instituto George para la Salud Global de Australia, publicaron un comentario vinculado en The Lancet y consideraron que los resultados refuerzan el argumento a favor de estrategias integrales en políticas alimentarias, más allá de medidas aisladas.

Los autores interpretan sus hallazgos como la primera evidencia sólida de que un conjunto coordinado de políticas alimentarias puede reducir la obesidad infantil a escala nacional, y plantean la necesidad de evaluar los efectos de las fases posteriores de la ley para medir el impacto completo de la intervención.