Cónsul polaco y peritos extranjeros se suman a la causa por Mónika Silva
El cónsul polaco en Ecuador y peritos extranjeros se suman a la investigación por la muerte de Mónika Silva, hallada en Montañita; la Fiscalía pidió cooperación internacional y la UE exige transparencia.
La investigación por la muerte de la activista anticorrupción Mónika Silva, encontrada sin vida el 8 de junio en su vivienda de Montañita, escaló con la presencia de un cónsul polaco en Ecuador y la decisión de la Fiscalía General de solicitar cooperación internacional para incorporar peritos extranjeros a la causa.
La Fiscalía informó que pidió asistencia de especialistas foráneos para aportar conocimientos técnicos a las pericias y actuaciones que integran la investigación previa. La entidad no precisó la procedencia ni las áreas de especialidad de los expertos, y sostuvo que la medida responde, en parte, a demandas internacionales de garantías de independencia y transparencia.
Reacciones diplomáticas y pedidos internacionales
La Embajada de Polonia en Perú, concurrente para Ecuador, emitió un comunicado en el que expresó pesar por el fallecimiento y confirmó que un representante consular se encuentra en el país acompañando el proceso. Según la misión diplomática, el funcionario mantiene contacto permanente con autoridades nacionales y locales y realiza gestiones vinculadas a la protección y el bienestar de las hijas menores de Silva.
El gobierno polaco solicitó que la investigación establezca plenamente las circunstancias del hecho y determine eventuales responsabilidades, y recordó la necesidad de garantizar condiciones seguras para defensores de derechos humanos, periodistas y líderes sociales. La Delegación de la Unión Europea en Ecuador también exigió una pesquisa rápida, exhaustiva, independiente y transparente; ambas representaciones coincidieron en la importancia de esclarecer los hechos.
Perfil de la activista y movilización social
Silva, de origen polaco y residente desde hace años en la provincia de Santa Elena, era conocida por su labor como presidenta de la Fundación La Integridad y por actuar como veedora ciudadana. En su trabajo público denunció presuntas irregularidades relacionadas con conflictos de tierras, contratación pública, problemáticas ambientales y estructuras de poder en la región costera. En redes sociales la identificaban como activista anticorrupción y defensora de la naturaleza y de grupos vulnerables.
Su muerte provocó movilizaciones de organizaciones sociales y colectivos ciudadanos: se realizaron vigilias, plantones y manifestaciones para exigir el esclarecimiento del caso y que se investiguen todas las hipótesis con rigor.
Declaraciones oficiales y avance de peritajes
El ministro del Interior, John Reimberg, indicó inicialmente que los indicios hallados en la vivienda permitían presumir una muerte por suicidio, aunque señaló que las conclusiones definitivas dependerían de la autopsia y de los informes periciales. Posteriormente, y tras publicaciones que dieron cuenta de resultados de la autopsia que pondrían en discusión esa primera versión, el funcionario respaldó la decisión de incorporar expertos internacionales y aseguró la colaboración institucional para que la pesquisa avance con celeridad y transparencia.
Mientras continúan las diligencias, la presencia del cónsul polaco en territorio ecuatoriano y la incorporación prevista de peritos extranjeros convirtieron al caso en uno de los más observados internacionalmente en Ecuador. La Fiscalía continuará las actuaciones y, según informó, evaluará las contribuciones técnicas que ofrezcan los especialistas extranjeros.