El expediente de Natalia Saseta, que durante años permaneció abierto sin una definición política de fondo en la Cámara de Diputados, volvió a moverse en un momento especialmente sensible para la política catamarqueña. La legisladora, que convivió durante seis años con una controversia judicial pendiente, ahora busca acelerar una salida institucional vinculada a sus fueros.

El dato no pasa inadvertido. La denuncia original contra Saseta fue presentada en 2020 y, desde entonces, el caso atravesó distintas instancias, presentaciones, ratificaciones, pedidos de desafuero y recursos. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido, la Cámara nunca terminó de adoptar una decisión política definitiva.

Ni avanzó con claridad. Ni cerró el asunto.

Durante todo ese período, Saseta siguió ocupando su banca mientras el expediente quedaba suspendido en una zona gris: lo suficientemente activo como para condicionar políticamente, pero no tanto como para obligar a una resolución final.

Ahora, el escenario parece haber cambiado.

Según trascendió en el ámbito político-legislativo, el giro estaría vinculado a una modificación en la posición de la parte denunciante, que habría desistido de continuar impulsando la acción en los mismos términos en que lo venía haciendo. Ese movimiento abrió la puerta para que Saseta busque despejar su situación y diferenciar su caso de otros expedientes que empiezan a ocupar el centro de la escena pública.

La diputada, de acuerdo con esa lectura, intentaría presentar su situación como un caso agotado o debilitado, sin la misma carga institucional que tuvo durante los años anteriores. En ese marco, el pedido para avanzar sobre sus propios fueros aparece menos como una aceptación de responsabilidad y más como una estrategia para cerrar un frente político que durante mucho tiempo la mantuvo bajo presión.

Pero la pregunta inevitable es otra: ¿por qué ahora?

Si el expediente tenía elementos suficientes para sostener durante años un pedido de desafuero, resulta difícil explicar que recién en este momento la Legislatura encuentre condiciones para avanzar hacia una definición. Y si, por el contrario, el caso estaba debilitado desde antes, cuesta entender por qué Saseta convivió durante tanto tiempo con semejante incertidumbre institucional.

Esa contradicción alimenta las sospechas dentro de la Cámara.

El punto central no es únicamente la situación personal de Saseta, sino el efecto político que podría producir una resolución favorable o relativamente ordenada de su expediente. Si la Cámara trata primero el caso más antiguo y lo presenta como un gesto de institucionalidad, luego podría usar ese antecedente para justificar el tratamiento de otros pedidos de desafuero.

Y allí aparece el nombre de Javier Galán.

Galán se convirtió en una figura incómoda para el oficialismo provincial. Con un perfil de outsider, discurso crítico y caudal electoral propio, logró instalarse como una voz opositora con llegada a un sector del electorado que no necesariamente responde a las estructuras tradicionales. Esa condición lo vuelve políticamente relevante y, al mismo tiempo, lo expone a una disputa mucho más amplia que la estrictamente judicial.

En ese contexto, la aceleración del expediente Saseta empieza a ser leída por distintos sectores como una posible antesala de una discusión mayor: la eventual avanzada sobre los fueros de Galán.

La secuencia, vista desde esa perspectiva, sería políticamente prolija. Primero se resuelve el caso Saseta, que lleva años de demora. Luego se instala públicamente la idea de que la Cámara aplica un criterio uniforme en materia de fueros. Finalmente, cuando llegue la discusión por Galán, el oficialismo podría sostener que no hay persecución ni selectividad, sino continuidad institucional.

El argumento sería simple: si se trató a Saseta, también puede tratarse a Galán.

Pero esa aparente simetría es precisamente lo que despierta dudas. Porque los tiempos no fueron iguales. La urgencia no fue la misma. Y el expediente de Saseta permaneció durante seis años sin una resolución política clara hasta que el caso Galán empezó a ganar volumen en la agenda pública.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli, queda inevitablemente en el centro de esta discusión. Bajo su conducción, el cuerpo legislativo deberá ordenar un debate delicado, donde cada movimiento puede ser leído no solo en clave institucional, sino también en clave política.

Durante años, la Cámara convivió con el caso Saseta sin apurarse demasiado. Ahora, en cambio, cuando empieza a hablarse con más fuerza de la situación judicial de Galán, el tema de los desafueros parece adquirir una nueva centralidad.

No hay una prueba directa de una maniobra. Pero sí hay una cronología que incomoda.

Si la preocupación por la transparencia y el funcionamiento institucional de los fueros era tan importante, ¿por qué no se resolvió antes el expediente Saseta? ¿Por qué la definición aparece justo cuando otro dirigente opositor, con mayor capacidad de incomodar al oficialismo, empieza a quedar bajo la lupa?

La discusión, además, no puede separarse del uso político de los tiempos legislativos. En la política, muchas veces una causa no necesita terminar para producir efectos. A veces alcanza con que exista, con que esté disponible, con que pueda activarse en el momento oportuno.

Durante seis años, el expediente Saseta funcionó como una sombra. Ahora podría transformarse en una herramienta distinta: no tanto para resolver su propia situación, sino para construir el antecedente que permita avanzar sobre otro objetivo político.

Ese es el punto más sensible del debate.

Porque si Saseta logra cerrar su frente judicial en un escenario favorable, la Cámara podría exhibir el caso como prueba de equilibrio. Pero si luego ese mismo mecanismo se utiliza para avanzar contra Galán, la sospecha de doble vara será difícil de despejar.

La situación también deja al descubierto una contradicción más profunda dentro del sistema político provincial. Mientras oficialismo y oposición discuten públicamente sobre fueros, expedientes y responsabilidades, la Legislatura mantiene estructuras internas atravesadas por designaciones, asesores, índices salariales y márgenes de discrecionalidad que rara vez se discuten con la misma intensidad.

En una provincia como Catamarca, donde el Estado tiene un peso determinante en la vida económica y laboral, el poder de la política sobre nombramientos, contratos y recursos es enorme. Sin embargo, ese tema suele quedar relegado cuando la agenda se concentra en peleas de coyuntura.

La política habla de institucionalidad cuando le conviene. Habla de transparencia cuando puede usarla como argumento. Y habla de fueros cuando el debate sirve para ordenar una estrategia.

Por eso el caso Saseta no puede leerse de manera aislada. Su eventual salida del laberinto judicial podría tener consecuencias que exceden largamente su situación personal. Puede convertirse en el primer movimiento de una secuencia pensada para dejar allanado el camino hacia Galán.

La pregunta de fondo no es solo qué hará la Cámara con los fueros de Natalia Saseta. La verdadera pregunta es qué hará después.

Porque si el expediente que durmió seis años se resuelve justo ahora, cuando el caso Galán empieza a incomodar al oficialismo, la sospecha política será inevitable: tal vez Saseta no sea el final de la historia, sino apenas el prólogo de una maniobra mucho más grande.