José Felipe Gordillo y Sandra Chasampi fueron condenados a cinco años de previsión efectiva, mientras que José Chavez fue absuelto porque el fiscal entendió que no había elementos suficientes para mantener la acusación.
Los condenados habían sido detenidos en su domicilio en el 2016. En la oportunidad, personal de Drogas Peligrosas decomisó del domicilio en el Bº Eva Perón, 750 gramos de cocaína y elementos de corte destinados a la comercialización. Gordillo y Chasampi ya fueron trasladados al penal de Miraflores.
En las inmediaciones del tribunal hay agentes del servicio secreto, de la unidad antibombas y helicópteros, en un impresionante operativo.
Con un dispositivo de seguridad de película, sin precedentes, Nueva York se blindó por el comienzo del juicio al mexicano Joaquín «El Chapo» Guzmán, considerado el mayor narcotraficante del mundo.
En las inmediaciones de la Corte Federal del Distrito Este de NY, en Brooklyn, hay un fuerte operativo que incluye vehículos blindados, helicópteros, policías con rifles, agentes del servicio secreto y de la unidad antibombas.
Se prevén fuertes demoras en el ingreso al tribunal por el exhaustivo control, como los detectores de metales. Abundan perros entrenados y aparatos para detectar gas y explosivos.
Guzmán podría ser condenado a cadena perpetua si es declarado culpable en tan solo uno de los once cargos de narcotráfico, conspiración y lavado de dinero de los que está acusado. El principal cargo es por liderar una organización criminal, el cártel de Sinaloa, el más poderoso en la historia de México. Se calcula que envío más de 155 toneladas de cocaína a Estados Unidos durante 25 años.
«El Chapo» está preso desde hace dos años en una unidad federal de máxima seguridad, el Metropolitan Correctional Center, ubicada frente al emblemático puente de Brooklyn y conocida como «el Guantánamo de Nueva York». Está alojado en una celda bajo tierra sin luz natural, donde permanece 23 horas al día. Solo pueden visitarlo son sus abogados y sus hijas mellizas de siete años, aunque no tienen contacto directo con él porque lo ven a través de una mampara de vidrio.
El proceso puede durar entre tres y cuatro meses. La fiscalía llamó a declarar en contra de Guzmán a narcos encarcelados que fueron sus socios y hasta sus amigos, que ahora accedieron a cooperar con la Justicia.
El jurado está compuesto por siete mujeres y cinco hombres, cuyas identidades se mantendrán en secreto para preservarlos. Durante el juicio estarán custodiados por agentes federales armados, para protegerlos del violento entorno de «El Chapo».
Los 12 jurados titulares y seis suplentes fueron seleccionados la semana pasada, después de tensos interrogatorios en los que se descartaron al menos a cinco personas porque temían por su vida. Una de ellas sufrió un ataque de pánico que la dejó en el hospital.
Tuvieron que pasar casi 30 años desde que fundó el Cártel de Sinaloa para que la Justicia de Estados Unidos juzgue a Guzmán, en el proceso por narcotráfico más importante de las últimas décadas.
Para el gobierno estadounidense el Cártel de Sinaloa es «la mayor organización de tráfico de drogas del mundo». De acuerdo a la agencia antidroga DEA hubo un tiempo en el que esa organización criminal fue el mayor suministrador de estupefacientes en el país, con tráfico de cocaína, heroína, marihuana y metanfetaminas.
Estados Unidos y México calculan que «El Chapo», que fue extraditado en enero de 2017, tiene un patrimonio de U$S 14.000 millones. Aunque hasta el momento no lograron dar con un solo centavo.
Como informáramos ayer, en la cámara Penal Nº 2, en juicio abreviado, Mercedes Leguizamón, víctima de un hecho delictivo sorprendió a todos cuando, al momento de declarar en el debate, pidió mirar a la cara a su agresor, le dio un beso, lo abrazó y pidió a las autoridades judiciales que lo perdonen. El hecho delictivo fue cometido el año pasado en el Barrio Parque América, cuando el delincuente de apellido Villacorta, de 21 años de edad, le arrebató una cartera pero luego fue detenido por parte de un policía. Luego se conoció que el acusado no tenía antecedentes, y que actuó portando una pistola de juguete.
Esta mañana la mujer habló con Radio Valle Viejo, comentando que “No sabía que tenía que ir ayer a la Cámara. Me llamaron a mi trabajo, porque me estaban esperando, pero nunca pensé que iba a estar él (se refiere a Villacorta), porque nunca me dijeron nada ni me notificaron de nada. Y yo a este chico ya lo había perdonado y ya me había olvidado de todo esto que me pasó”.
La víctima del asalto en la vía pública dijo que “no me arrepiento del perdón que le di, tengo mucha paz, no tengo miedo de que me vuelva a pasar. Tengo mucha fe de que este chico va a salir adelante. Le pedí tanto que se acerque a Dios para que cambie su vida».
El policía, Luis Chocobar fue enviado a juicio oral por matar a Pablo Kukoc.
Chocobar había estado detenido hasta que recibió un fuerte apoyo por parte de los ministros de Seguridad tanto bonaerense, Cristian Ritondo, y por la Nación, Patricia Bullrich, y hasta del presidente Mauricio Macri.
El policía fue procesado por juez porteño, Enrique Velázquez, en el cargo de «homicidio agravado por la utilización de un arma de fuego cometido con exceso en el uso de la legítima defensa» para «neutralizar a Juan Pablo Kukoc», al que le acertó dos disparos que días después terminarían con su vida.
La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional luego confirmó el procesamiento sin prisión preventiva, pero modificó la calificación legal al considerar que el policía actuó «en exceso del cumplimiento del deber».
La Corte Suprema de Justicia resolvió el martes desestimar por unanimidad una queja por recurso extraordinario federal denegado, interpuesto por la defensa de Chocobar, justamente, sobre el cambio decidido por la cámara de apelaciones.
En la cámara Penal Nº 2, esta mañana en juicio abreviado, Mercedes Leguizamón, víctima de un hecho delictivo sorprendió a todos cuando, al momento de declarar en el debate, pidió mirar a la cara a su agresor, le dio un beso, lo abrazó y pidió a las autoridades judiciales que lo perdonen. El hecho delictivo fue cometido el año pasado en el Barrio Parque América, cuando el delincuente de apellido Villacorta, de 21 años de edad, le arrebató una cartera pero luego fue detenido por parte de un policía. Luego se conoció que el acusado no tenía antecedentes, y que actuó portando una pistola de juguete.
El propio fiscal, Gustavo Bergesio (foto), reconoció haberse conmovido por la reacción de la mujer, y que por ese motivo bajó la calificación legal y pidió una pena mínima en suspenso, que a su vez, fue disminuida por el propio juez, Luis Guillamondegui, quien también acusó el impacto emocional y aceptó el pedido de la víctima. Bergesio dijo textualmente que «la mujer pidió que Dios lo perdone, y me conmovió, por eso al momento de pedir la pena la morigeré lo más que permite el Código». Luego agregó que «los fiscales y los jueces deben escuchar a las víctimas».
Fiscal Gustavo Bergesio
Por su parte, la abogada Mariana Vera, defensora oficial, destacó el gesto de la mujer calificándola como «justicia restaurativa». Admitió que se le puso «la piel de gallina a todos», y que es la primera vez que le sucede algo así en su carrera».
Será el martes y puede durar un año. También juzgarán a Fariña, Elaskar y Fabián Rossi. La ex presidenta podría ir a juicio más adelante.
Este martes por primera vez, Lázaro Báez y sus cuatro hijos, Luciana, Martín, Leandro y Melina, estarán sentados en el banquillo de los acusados. A partir de las 9.30 el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) dará inicio al juicio por la Ruta del Dinero K donde, además del empresario K, hay una veintena de acusados, entre ellos Leonardo Fariña. Todos están acusados de ser parte de una estructura que en tres años lavó al menos US$ 60 millones.
En el juicio que llevará adelante el TOF 4 integrado por los jueces Néstor Costabel, Gabriela López Íñiguez y Adriana Palliotti, también serán juzgados el financista Federico Elaskar, el contador de Báez Daniel Pérez Gadín; el abogado Jorge Chueco y Fabián Rossi, ex pareja de Ileana Calabro. Los acusan de “integrar una banda dedicada a lavar dinero entre 2010 y 2013” junto a Báez y Fariña.
El juicio podría tardar un año hasta que haya condena. El listado de testigos se cerró inicialmente en 91 personas. Entre el pedido de la fiscalía y las presentaciones de la Oficina Anticorrupción (OA) y Unidad de Información Financiera (UIF), querellantes en la causa, sumaban 1.200 las personas propuestas para declarar. El TOF 4 aceptó para el arranque sólo a las 91 personas, pero dejó a consideración otro extenso listado para cuando el juicio ya esté en curso.
El juez Sebastián Casanello, que instruyó la causa, tuvo en cuenta para procesarlo el “atesoramiento de fondos en Suiza” que realizó el empresario junto a sus hijos. Hasta entonces, Báez solo había sido procesado por la exteriorización de dinero y por su reingreso al país. La última acusación y la más grave fue por haber lavado 60 millones de dólares. Durante el período investigado, entre 2010 y 2013, el fiscal Guillermo Marijuan que lo investigó, consideró que el patrimonio de Báez se incrementó y llegó a sumar más de 420 propiedades por un valor que de $2.547 millones.
Este expediente que llega a juicio está vinculado a la investigación por la corrupción en la obra pública (allí se planteó que Cristina Kirchner favoreció a Báez con 52 contratos viales por 46.000 millones de pesos). La Sala II de la Cámara federal porteña determinó que esos flujos millonarios de fondos que recibió el Grupo Austral son el “delito precedente” del lavado, pues parte de ese dinero se volcó al blanqueo ilegal.
La urgencia del Tribunal en dar comienzo a este juicio responde, en parte, a que hay tres personas detenidas: Báez, su contador Pérez Gadín y su abogado Chueco. Los tres están presos desde abril de 2016, y su prisión preventiva fue extendida a la espera de que comience el juicio.
Casanello ya indagó a la ex presidenta en este expediente, imputada como coautora de lavado de dinero. Fue luego de que lo ordenara la Sala II de la Cámara Federal. Casanello se negaba a hacerlo. La Cámara argumentó para indagara a Cristina que el dinero blanqueado por Báez provenía de los contratos de obra pública que le entregó el kirchnerismo. Además indicó que, Báez podría podría haber oficiado como un “prestanombre” de la familia Kirchner y que parte de los bienes que fue adquiriendo en realidad serían de la ex presidenta.
En caso de terminar procesada y que la acusación sea confirmada por la Cámara, se elevaría a juicio oral a Cristina Kirchner en “la ruta del dinero K”. Entonces, el TOF 4 evaluará si la incorporará al juicio en curso o si se realizará otro juicio, que la tendría como principal acusada a la senadora de Unidad Ciudadana.
El Tribunal que juzgará a Báez es el mismo que condenó a Amado Boudou a cinco años y diez meses de prisión por cohecho y negociaciones incompatibles en el juicio por la compra venta de la ex cartográfica Ciccone y la semana pasada dictaron sentencia contra Julio De Vido en el juicio por la Tragedia de Once. Lo encontraron culpable de haber defraudado al Estado y le dieron 5 años y 8 meses de prisión.
Amado Boudou, podrá ser juzgado en un nuevo juicio oral luego de que la Corte Suprema de Justicia confirmara la realización de un nuevo proceso en su contra por los papeles truchos de un auto de su propiedad. En el primero, Boudou había sido sobreseído.
Ese caso se sumará a otra causa que pesa sobre sus hombros por la adquisición de una veintenta de autos cuando era ministro de Economía del gobierno de Cristina Kirchner.
En un fallo al que accedió Infobae, la Corte Suprema desestimóun recurso de queja presentado por una de las acusadas en el caso y dejó así firme la convocatoria a hacer un segundo juicio contra Boudou.
La causa se inició a fines de 2009 por una denuncia de la titular del Registro de la Propiedad Automotor Seccional 2 María Gabriela Taboada Piñero, que también terminó en el banquillo. Previamente, la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad de Automotor (DNRPA) había hecho una auditoria en 2004 y detectó irregularidades en la transferencia del automóvil de Amado Boudou.
EL expediente investiga la presunta adulteración de documentos en la transferencia, en 2003, de un auto Honda CRX. Boudou había comprado ese vehículo en 1993 en Mar del Plata, antes de ser funcionario.
Para la Fiscalía, el también ex ministro de Economía falsificó el formulario 04, donde registró una dirección falsa, el 08 con las firmas originales y el 012 al no anotar ahí el cambio de motor que hizo entre 1994 y 1995.
El 4 de agosto de 2017, el Tribunal Oral Federal 1 sobreseyó por prescripción a Boudou; su ex pareja, Agustina Seguín, y el gestor Andrés Alberto Soto, mientras que se dispuso la absolución de Taboada por entender que no se acreditaron los delitos en su contra. La absolución también alcanzó al gestor Rodolfo Basiniani, porque para él la fiscalía había desistido de la acusación.
Tras el fallo del Tribunal Oral, la entonces fiscal de juicio Stella Maris Scandura apeló las absoluciones. Y el 8 de noviembre pasado, la Cámara Federal de Casación Penal revocó el resultado del juicio y ordenó un nuevo debate oral y público por insertar datos truchos en la compra de un vehículo en 1993.
Esa decisión fue ahora ratificada por la Corte Suprema, a raíz de un planteo de Agustina Seguín. «Se desestima la queja en tanto no se dirige a una sentencia definitiva o equiparable a tal», dijeron los jueces Carlos Rosenkratz, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti.
De esta forma, el máximo tribunal dejó firme el juicio oral contra Boudou y el resto de los implicados. El juicio se unificará con el caso de la compra de tres Passat, tres Vento y 13 Bora -todos ellos modelos de la marca VolksWagen- por un total de $2,1 millones, en una licitación que, para el juez Sergio Torres, fue direccionada para que resultara adjudicada la concesionaria Guidi.
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