La decisión de un juez federal salteño de habilitar la feria judicial de enero para tramitar una acción declarativa de inconstitucionalidad promovida en contra del protocolo para abortos no punibles del Ministerio de Salud, disparó el alerta de militantes feministas en guardia ante una eventual ofensiva «celeste» para bloquear la sancionada ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
La decisión del juez Miguel Medina, que se conoció en las últimas horas, tuvo repercusión en los medios a partir de la publicación inicial en el portal de temas jurídicos Palabras del Derecho.
La habilitación de feria, en definitiva, es anterior a la aprobación de la ley de IVE en el Senado, sancionada el miércoles a la madrugada tras la votación de 38 a 29 a favor de la legalización, y que no tiene relación con el expediente que lleva Medina.
En concreto, el magistrado habilitó anticipadamente la feria judicial de enero para que tramite en su juzgado una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (el llamado «aborto no punible»).
La aceptación por parte de Medina se limita a ese protocolo, que está bajo la órbita del Ministerio de Salud.
Dicha resolución establece las condiciones en las que una mujer y persona gestante puede interrumpir legalmente su embarazo (riesgo de vida, de la salud o si el embarazo es producto de violación).
La nueva ley de IVE aprobada hace dos días añadió a esas causales de aborto no punible (que estaban previstas en el artículo 86 del Código Penal desde el año 1921) la habilitación del aborto por simple voluntad de la persona gestante, pero sólo hasta la semana 14 inclusive.
Al habilitar la feria, el pasado miércoles, el juez aceptó y dio inicio al trámite legal del pedido de acción declarativa de inconstitucionalidad que había solicitado semanas atrás un grupo de dirigentes salteños que representan al movimiento ‘celeste’ y que se movilizan en torno al lema de «defensa de las dos vidas».
Entre los firmantes se encuentra la ex senadora nacional por Salta María Cristina Fiore de Viñuales (Partido Renovador Salteño), una de las principales voceras públicas de las posiciones anti-derecho.
Aunque la determinación del juez Medina se restringe a la discusión sobre el llamado protocolo ILE, los planteos y requerimientos solicitados por los firmantes (que el juez declare que el «ser humano existe desde el momento de la concepción» y que el «niño no nacido tiene un derecho intrínseco a la vida del que no puede ser privado») podrían trasladar la controversia jurídica a la discusión mayor: la legalidad y constitucionalidad de la flamante ley 27610, la IVE.
El nombre del juez Medina estuvo en primer plano a finales del año 2009, cuando dictó una medida cautelar que suspendía la aplicación de cinco artículos claves de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26522).
En el movimiento feminista y en el propio gobierno siguieron con atención la habilitación de feria resuelta por el juez Medina.
La ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, afirmó que «será necesario ver la presentación» para determinar «los alcances jurídicos» de la decisión.
Díaz también recordó que la Corte Suprema de la Nación dejó establecido en el «fallo F.A.L.» (caso iniciado a partir de una adolescente de 15 años que fue violada por su padrastro en Chubut y a quien se le dificultó el acceso al aborto no punible) que los Estados provinciales están obligados a garantizar una interrupción del embarazo cuando es producto de una violación.
«La Corte Suprema ya ha declarado que es constitucional el artículo 86 del Código Penal, incisos 1 y 2, que permiten el aborto por causales. La ampliación que se hace por esta reforma (la ley aprobada el miércoles), le agrega a la habilitación del aborto por causales la habilitación del aborto por plazos hasta las 14 semanas inclusive por el sólo pedido de la persona gestante, lo que es también perfectamente constitucional», remarcó la ministra bonaerense en comunicación con Télam.
La decisión del juez Medina en Salta también fue analizada por la directora general de Asuntos Jurídicos del Senado, la abogada Graciana Peñafort.
«El juez (Medina) es un viejo conocido de las políticas públicas. Dictó una medida cautelar contra la ley de Medios, que fue una de las primeras cautelares que se dictó y una de las últimas en caer. En fin, siempre el Poder Judicial está tratando de impedir las políticas dictadas por el Congreso», cuestionó Peñafort al ser consultada por Télam.
En el movimiento de mujeres aguardan para los próximos meses una ofensiva judicial que intente trabar la aplicación de la ley. En el Ejecutivo, que impulsó el proyecto y lo presentó al Parlamento, se preparan para lo mismo.
El protocolo «ya se discutió en Salta y la Corte provincial desestimó su inconstitucionalidad», recordó por su parte la abogada salteña Mónica Menini, que integra el colectivo Católicas por el Derecho a Decidir de la provincia norteña.
«Quieren que hablemos de la constitucionalidad de la ley de IVE pero aún no está promulgada: aunque ya pasó al Ejecutivo todavía tiene que salir en el Boletín Oficial», agregó Menini en diálogo con Télam.
El miércoles pasado, poco después de la sanción de la IVE, la secretaria Legal y Técnica Vilma Ibarra expresó su confianza en que el proyecto aprobado resistirá los embates de la judicialización porque «es muy robusto y muy sólido jurídicamente».
«Es muy común que quien pierde quiera judicializar. Somos un país signatario de diversos Convenios, Tratados y Pactos internacionales de Derechos Humanos y todos los organismos encargados de implementar y seguir el cumplimiento de estos pactos nos recomiendan la legalización del aborto. Después, claro, vendrán las acusaciones que vengan. Hemos planteado un debate muy cuidadoso. Dijimos que íbamos a respetar todas las visiones y fuimos tan cuidadosos que en la campaña electoral (adelantamos) que íbamos a proponer este proyecto», señaló Ibarra en una entrevista con Radio con Vos.
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