La Cámara de Diputados comenzará a discutir en comisión el proyecto de Presupuesto 2021 – que contempla un crecimiento del 5,5% del PBI y un gasto total de más de 8 billones de pesos – con una exposición que brindará el martes el ministro de Economía, Martín Guzmán, sobre los principales ejes de los gasto y recursos.
El jefe de Palacio de Hacienda hará la presentación de la ley de leyes en una reunión de la comisión de Presupuesto, que conduce Carlos Heller, que se llevará a cabo a las 16 por medio del sistema de videoconferencia que se estableció para el funcionamiento del cuerpo mientras persiste la pandemia del coronavirus.
Con la explicación del ministro se abrirá la discusión del primer proyecto de Presupuesto de la gestión del presidente Alberto Fernández, que por primera vez fue diseñado con perspectiva de género ya que se destinarán hacia esas políticas el 15 por ciento de sus recursos previstos para el 2021, mientras que más del 65 por ciento del gasto total se derivará a gastos sociales
El tratamiento demandará al menos un mes de debate, en cuyo transcurso los funcionarios explicarán cada uno de los aspectos centrales, los datos macroecónomicos, los subsidios al transporte, las obras públicas y las relaciones con las provincias.
De hecho, el martes 29 está previsto un informe del secretario de Hacienda, Raúl Rigo, y en la primera semana de octubre del secretario de Finanzas, Diego Bastourre.
El debate se realizará en un cuerpo legislativo donde existe una fuerte paridad de fuerzas ya que el Frente de Todos tiene 117 votos propios -teniendo en cuenta la licencia del funcionario José de Mendiguren y que el presidente de la Cámara, Sergio Massa, solo vota en caso de desempate- y Juntos por el Cambio 116.
En ese marco, los votos de los interbloques Federal y de Federal para el Desarrollo adquieren una fuerte relevancia al convertirse en los árbitros para definir la aprobación del presupuesto, ya que Juntos por el Cambio es difícil que vote a favor luego de la pelea que está planteando por la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires.
En su presentación, Guzmán detallará los aspectos centrales del presupuesto que contempla un gasto de más 8,3 billones de pesos, un déficit del 4,5 por ciento, un crecimiento del 5,5% del Producto Bruto Interno (PBI), una inflación del 29% y un dólar en torno a los $ 102,4, para fin del año.
También se referirá a las previsiones de este año, donde habrá una pronunciada caída de la economía como consecuencia de la pandemia, con una disminución del crecimiento de la economía previsto en 13,6 por ciento del PBI y una inflación del 32 por ciento.
El presupuesto destinará 5,5 billones de pesos a gastos sociales para el pago de jubilaciones y asignaciones sociales, programas alimentarios, de economía social, entre otros, lo que representa el 65 por ciento de los recursos contemplados para el 2021.
En tanto, para la deuda pública se asignarán 660 mil millones de pesos, y más de 400 mil millones para la Administración Publica, y uno de 300 mil millones de pesos a gastos de Seguridad y Defensa.
La iniciativa también contempla que las exportaciones crecerán 10,2% y las importaciones 16,3%, lo que dejará un saldo de balanza comercial superavitario en torno a los US$ 15.087 millones, por debajo de los US$ 17.260 estimados para este año.
El año próximo, el consumo privado aumentará un 5,5%, contra una baja del 13,6% estimada para este año, mientras que el consumo público subirá 2%, frente a la merma del 2,1% del 2020.
En tanto, la inversión, que este año se estima caerá 25,6%, aumentará 18,1% en el próximo, detalla el proyecto de Ley ingresado a la Cámara baja.
El presupuesto contempla destinar 91 mil millones de pesos al pago de sentencias judiciales por los juicios de retroactivos de jubilaciones, y de 36 mil millones de pesos para los fallos de juicios previsionales del sector de las fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas.
La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio (JxC) apoyó hoy la decisión de los diputados nacionales de ese espacio de concurrir de manera presencial al Congreso y juzgó que la modalidad virtual propuesta para la sesión especial de mañana «es un avance más hacia el abuso de poder y el límite al debate».
En un documento difundido al término de la habitual reunión virtual de los lunes de sus autoridades, JxC sostuvo que, desde que se dispuso el aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus, sus bloques parlamentarios «trabajaron colaborativamente con el oficialismo para poder encontrar un modo de sesionar que otorgue al Gobierno las herramientas indispensables para los tiempos que corren».
«Pero ese esquema en Diputados tuvo como base de trabajo el consenso y el diálogo. Tal es así que, para prorrogar el funcionamiento virtual, el protocolo votado estableció esa regla prístina, la del no disenso. Hoy, esa forma de funcionamiento acordada está siendo incumplida por el oficialismo», manifestó el comunicado de la principal fuerza de la oposición.
En este sentido, JxC advirtió que se está «frente a mucho más que una discusión sobre protocolos, reglamentos o leyes como la de turismo o de pesca», que son las que se tratarán mañana y en las que hay acuerdo de todos los bloques.
«La manera en que el oficialismo propone esta sesión es un avance más hacia el abuso de poder y el límite al debate», consideró Juntos por el Cambio.
En este sentido, inscribió a la situación en Diputados como «un hecho más que se suma a Vicentin, la reforma judicial, la reforma de la Corte Suprema, el micrófono silenciado a los senadores, el ataque al procurador y el traslado de jueces desoyendo lo que ya dijo la propia Corte».
«Salir de la cuarentena implica también normalizar el funcionamiento de instituciones esenciales para la vida en democracia como es el poder legislativo. Es necesario construir nuevos acuerdos como nos reclaman los argentinos. Diálogo no es atropello. Diálogo es consenso. Y el consenso nos necesita a todos», concluye el documento dado a conocer tras la reunión virtual de los referentes del espacio, que se extendió durante más de una hora.
En este sentido, confirmó que la Mesa Nacional de JxC «avala y apoya la estrategia de los bloques de diputados de ir presencialmente mañana a la sesión citada, en tanto el protocolo de funcionamiento virtual se encuentra vencido y esa sesión sólo puede realizarse de manera presencial».
Entre los asistentes esta vez hubo asistencia perfecta: participaron de la reunión via Zoom el expresidente Mauricio Macri; la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
Por la UCR, estuvieron el diputado Afredo Cornejo (titular del partido) y los presidentes de los bloques de JxC Mario Negri (Diputados) y Luis Naidenoff (Senado).
Por el PRO también dio el presente su presidenta, Patricia Bullrich, y sus jefes parlamentarios, Humberto Schiavoni (Senado) y Cristian Ritondo (Diputados).
Y por la Coalición Cívica asistieron el presidente partidario, Maximiliano Ferraro; la titular de esa fuerza en suelo bonaerense, Maricel Etchecoin y el diputado Juan Manuel López, junto al auditor general de la Nación y excandidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto, una de las patas peronistas de la coalición.
Amplían el monto para la toma de deuda del Ejecutivo
Con modificaciones, por mayoría, la cámara baja que preside Cecilia Guerrero dio media sanción al proyecto remitido por el Ejecutivo y por el cual se pidió autorización para ampliar el monto en la toma de deuda y la emisión de letras del tesoro.
Ricardo Aredes, miembro informante, explicó que el proyecto de ley “propicia la implementación de un conjunto de medidas económicas tendientes a ampliar la capacidad de crédito provincial, a través de la ampliación de la autorización para contraer deuda y la emisión de Letras del Tesoro, con el objeto de atender la difícil situación económica financiera y sanitaria que atraviesa Ia provincia”.
La iniciativa original contemplaba elevar a $4.000.000.000 el margen para tomar crédito y $2.500.000.000 el monto para emitir Letras del Tesoro. “En conversaciones con los Diputados y en pos de consensuar un acuerdo para la aprobación unánime, se acordaron modificaciones a la iniciativa” indicó Aredes. En este sentido, señaló que no se consignaba las obras a incluir y que tras un pedido de los Diputados de la oposición “se hizo lugar a los solicitado y se anexa una planilla con las obras”.
En los cambios al proyecto se convino reducir el monto de $4000 millones a $2000 millones y a la vez, se acordó que el Ejecutivo informe a ambas cámaras las memorias descriptivas de las obras en los 30 días de publicación de la ley. Francisco Monti, comentó que dentro de la comisión de Hacienda se solicitó la inclusión de la planilla con las obras a financiar en caso de que la Provincia tome deuda. “Se incorporó al expediente” reconoció el legislador. En tanto, Enrique Cesarini adelantó el acompañamiento y destacó la importancia de que mayoritariamente se acompañe la iniciativa. Alejandro Páez, por su parte, consignó que una vez enviada la memoria de obras los legisladores se encargarán de hacer el seguimiento a las mismas. —————————————————————————————————————————–
Herramientas para morigerar el impacto de la pandemia en las actividades turísticas
En la última sesión, los Diputados aprobaron por unanimidad un proyecto que apunta a morigerar el impacto de la pandemia por el coronavirus en las actividades turísticas con exenciones tributarias. El autor de la iniciativa, Ricardo Aredes, comentó que se pretende crear un régimen y proteger las actividades vinculadas al sector cuidando los puestos laborales.
“Si bien el impacto de la pandemia se da en todas las actividades económicas la turística es la más afectada, fue la primera en detenerse y será la última en activarse” observó el legislador. Resaltó que es “imperioso que el Estado provincial brinde al sector turístico una ayuda para no agravar la situación” y detalló las herramientas que se aprobaron con media sanción.
De esta forma, explicó que “se crea un régimen especial para la actividad turística con beneficios en los impuestos inmobiliarios (exención del 100% en el ejercicio fiscal 2021 sobre los inmuebles afectados), impuesto de sellos (exención del 100% por seis meses prorrogables por igual plazo) e ingresos brutos (en un 50% para quienes presten servicio en todas sus modalidades incluyendo servicios gastronómicos)”. Además, se contempla la reducción al 0,5% la tasa de fiscalización y “se encomienda al Ejecutivo la promoción de créditos con tasas diferenciales para el sector”.
Natalia Ponferrada, al tomar la palabra, esgrimió que el turismo es una actividad económica “que genera desarrollo, trabajo y arraigo en el lugar, y afectada esta actividad, están en peligro miles de puestos de trabajo”. —————————————————————————————————————————–
Justicia más cerca: Aprueban la creación de una cámara de apelaciones en Belén
La cámara baja de la Legislatura aprobó, introduciendo modificaciones, un proyecto con media sanción del Senado para crear la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, Familia, Laboral y Penal de Cuarta Nominación con asiento en la ciudad cabecera del departamento Belén.
Augusto Barros, destacó que su par, Víctor Luna declinó el tratamiento de un proyecto propio para acompañar la iniciativa remitida por la cámara baja en pos de convertirla en ley. “Resulta una necesidad imperiosa contar con una Cámara de Apelación multifueros en Belén a la que confluyen las otras circunscripciones judiciales del oeste catamarqueño que conforman el 33 por ciento de la población total de Catamarca” resaltó Barros.
Además, mencionó que la distancia entre Capital y significa “la pérdida de derechos para muchos litigantes por lo que significa el traslado de 300 kilómetros“. “El proyecto general había incorporado una materia donde los juzgados de grado no la contemplan y en el despacho de comisión se omitió la materia de menores” señaló el Diputado.
Así, los Legisladores introdujeron modificaciones en cuanto a las Secretarías y su competencia en la Cámara. Con ello, la iniciativa vuelve al Senado para su revisión. —————————————————————————————————————————–
Instauran el 21 de agosto como “día de la futbolista” en Catamarca.
Diputados dió media sanción al proyecto por el cual se crea el “día de la futbolista” a celebrarse en Catamarca todos los 21 de agosto. La autora de la iniciativa, Natalia Soria, al momento de fundamentar el proyecto recordó que “el 21 de agosto de 1971, durante el Mundial de México, en el Estadio Azteca, tuvo lugar un memorable partido de fútbol contra Inglaterra donde nuestra selección ganó 4-1, los cuatro goles marcados por la argentina Elba Selva, frente a una multitud de 110.000 personas”.
En este orden de ideas, remarcó que ese 21 de “es una fecha que el presente proyecto busca reivindicar para las futbolistas argentinas, instaurando el día de las futbolistas”. Además, resaltó que “cada vez más mujeres juegan al fútbol en la Ciudad y ocupan espacios que antes eran muy difíciles de ocupar, reivindicando el derecho al juego, al disfrute, al ocio y a la profesionalización en el deporte”. “A pesar de las dificultades que aún existen, esto no podría ser hoy posible sin el camino recorrido por Las Pioneras del fútbol, organización que agrupa a las protagonistas de la historia del fútbol femenino” concluyó.—————————————————————————————————————————–
Promueven la construcción de una residencia de adultos mayores en Tinogasta
La cámara baja dio media sanción a un proyecto por el cual se autoriza al Ejecutivo a readecuar las partidas presupuestarias necesarias en pos de avanzar con la construcción de una residencia permanente para adultos mayores en Tinogasta.
El autor de la iniciativa, Hugo Ávila, dijo que el actual edificio cumplió su ciclo de vida donde en la actualidad hay 13 internos. A la vez, remarcó que destinar las partidas de recursos necesarias para la construcción de la obra “demostramos sensibilidad y que los adultos y adultas mayores forman parte del presente”.
Marcelo Murúa, a su turno, anticipó que el bloque del Frente de Todos acompañaba por cuanto “consideramos que es necesario que el Ejecutivo asigne los fondos necesarios para que dar respuestas edilicia a una institución y que en la mayor brevedad posible se inicie el proceso para contar la obra”.—————————————————————————————————————————–
Diputados aprobó la disolución de la Caja Forense
En la sesión, los Diputados y Diputadas aprobaron e introdujeron modificaciones al proyecto enviado con media sanción por la cámara alta de la Legislatura y por el cual se disuelve la Caja Forense derogando la ley 27089 creada en 1974. Con los cambios realizados, el proyecto vuelve al Senado para su revisión.
Francisco Monti expresó que la ley que creó la Caja, con el paso del tiempo, dejó en claro “que no ha cumplido con los propósitos que la misma norma establecía”. “Hay un amplio consenso en el universo de los profesionales del derecho de eliminar esta institución que no cumplió sus objetivos” dijo para acotar que “el artículo seis establece que las competencias que pertenecían a la Caja pueden ser asumidas por el Colegio de Abogados lo que crea una potestad demasiado amplia”.
A su turno, Augusto Barros, anticipó la modificación al proyecto sobre el artículo sexto ya que, al disolver la Caja Forense “ no hay competencia que quede vigente para ser puesta en cabeza de otro organismo”. —————————————————————————————————————————–
Destacan el homenaje a la Fiesta del Poncho que se realizó de forma virtual
Los legisladores de la cámara de Diputados aprobaron una declaración de interés parlamentario por el homenaje a la fiesta nacional e internacional del Poncho que es organizada por músicos autoconvocados y que se realizó de forma virtual.
La autora del proyecto, Natalia Herrera, manifestó que por la crisis sanitaria y epidemiológica que atraviesa el mundo “este año no se celebró la Fiesta del Poncho, y ello golpea de lleno a muchos sectores, en especial a los catamarqueños que viven de su arte”. “Lejos de apabullarse por las circunstancias, un grupo de músicos independientes autoconvocados ha organizado un homenaje que se desarrollará de manera virtual” destacó.—————————————————————————————————————————–
Valoran el trabajo de quienes luchan contra los incendios en los cerros Ambato y Ancasti
La cámara de Diputados declaró de interés parlamentario el trabajo de quienes prestan servicio en la lucha contra la propagación de incendios forestales en la zona de los cordones montañosos de Ancasti y Ambato. El reconocimiento es producto de dos proyectos que fueron unificados. Uno de autoría de Tiago Puente y otros presentado por Juan Denett y Armando Lopez Rodriguez. Así, se reconoce al personal de la Brigada de lucha contra Incendios Forestales, la Dirección de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, baqueanos y la colaboración de las aeronaves hidrantes del Servicio Nacional del Manejo del Fuego.
“En virtud de lo acontecido en los últimos días en estas zonas, se produjeron distintos focos de incendio de gran magnitud consumiendo unas 8000 hectáreas afectando la flora y fauna del lugar, es necesario reconocer el trabajo de los agentes que intervienen” dijo Puente.
Denett, por su parte, destacó “el esfuerzo que realizan todos estos organismos y como cada uno de ellos exponen sus vidas en una clara vocación de servicio es algo digno de resaltar”. A la vez, observó que la sociedad “debe tener resguardo y responsabilidad a la hora de salir al cerro porque casi ningún incendio forestal se ocasiona por si solo, la mayoría de los casos, si no es la totalidad, es por negligencia, imprudencia o tristemente intencional”.
Por unanimidad, los diputados dieron media sanción a un proyecto enviado por el Ejecutivo y por el cual se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación los inmuebles que tenían como propietario a la organización hotelera Ocean Park SA en el distrito de Huaco (Andalgala). El objetivo de la expropiación es para constituir un Polo Productivo y reubicar allí la sede de la empresa Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN SE),
El diputado Augusto Barros ofició como miembro informante y destacó que el proyecto plantea la posibilidad de establecer en el histórico predio de El Arsenal la constitución de polo productivo y la sede de Camyen. “Era un predio que pertenecía a la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM) y que fuese adquirida en subasta pública por la empresa Ocean Park SA” recordó. Además indicó que en el año 2002 se declaró el sitio a través de ordenanza como un lugar de interés histórico. El legislador anticipó que se iban a modificar dos artículos de la iniciativa enviada por el Ejecutivo.
Por su parte, Víctor Luna reseñó que en otra sesión la cámara baja aprobó otras expropiaciones. También recordó que los terrenos adquiridos por la firma en una subasta no tuvieron operatividad ni mejoras, “incluso llama la atención del nombre de la empresa adquiriente”. Rescató´que la propiedad se extiende por casi 200 hectáreas y que en ese predio “ya cuentan con un camping y una calle que conecta la ciudad de Andalgalá con un aeródromo”.
Puesto a consideración el proyecto en particular tuvo modificaciones dentro de su articulado y fueron propuestos por Marcelo Murúa. El primer cambio fue para establecer que se cederá la parcela del balneario municipal a favor de la comuna. El segundo, que el Ejecutivo provincial mantendrá la continuidad de la calle existente y generando la parcela ocupada por el balneario.
Destacan el nuevo archivo histórico de la memoria de la biblioteca Manuel Ponferrada
En la décima tercera sesión ordinaria de la cámara que preside Cecilia Guerrero los legisladores aprobaron un proyecto de la legisladora Cynthia Gambarella declarando de interés parlamentario, cultural y educativo la creación del Archivo Histórico de la Memoria, ubicado en la Sala “Lila Macedo” de la Biblioteca Popular “Manuel Ponferrada” que se ubica en la zona de la Chacarita de nuestra Ciudad.
La autora del proyecto fundamentó la necesidad de resaltar la importancia del Archivo Histórico por “la necesidad de reconstruir un periodo de nuestra historia reciente que acontece desde 1976 a 1983 conocido como dictadura cívico-militar Argentina y que parece haber quedado en paréntesis en la sociedad en general, la educación en particular y en la historiografía de nuestra provincia”.
La diputada también expresó que «este nuevo espacio que congregará los duros datos de la Historia de nuestra Provincia cuando se desarrollaba el Proceso de Reorganización Nacional, como la Junta Militar lo llamó, pretende demostrar que Catamarca no fue una isla como trataron de instalar algunas escasas versiones historiográficas”.
La Cámara de Diputados aprobó y giró en revisión al Senado el proyecto de ley de ampliación de la moratoria que permitirá a autómomos, monotributistas y empresas acceder a un plan de pagos para deudas impositivas y previsionales acumuladas hasta el 31 de julio.
El proyecto persigue también el objetivo de recuperar la recaudación fiscal, que cayó con motivo de la crisis económica por la pandemia de coronavirus.
La iniciativa fue aprobada en general por 137 votos que fueron aportados por el Frente de Todos, Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, Unidad Federal, Movimiento Popular Neuquino, mientras 113 legisladores de Juntos por el Cambio optaron por la abstención.
En cambio votaron en contra los dos diputados de la izquierda Nicolas del Caño y Romina del Pla, además del diputado del Pro Luis Juez.
Si bien Juntos por el Cambio se abstuvo en la votación en general, votó a favor de la mayoría de los artículos, con excepción de los números 2 y 11.
El proyecto establece que se podrán acceder a planes entre 48 y 120 cuotas para regularizar las deudas acumuladas hasta el 31 de julio.
Los contribuyentes podrán adherirse hasta el 31 de octubre a la moratoria y deberán pagar la primera cuota del 16 de noviembre
A lo largo del debate, diputados oficialistas y opositores coincidieron en la necesidad de aprobar una moratoria para las empresas, pero Juntos por el Cambio decidió no acompañar con su voto porque puso como condición excluir a Oil Combustibles de los beneficios, con el argumento que es una empresa que está en proceso de quiebra y tiene una causa por retención de impuestos.
Incluso, el artículo 11, que permite el ingreso de la moratoria de empresas que están con procesos de quiebra, tuvo una ajustada votación de 130 contra 121 y una abstención.
«Lllegamos a esta ampliación de la moratoria que votó este Congreso a fines del año 19 porque las condiciones ya paupérrimas que tenía este país por las decisiones económicas y políticas del gobierno del expresidente Mauricio Macri. En esa fecha nadie pensaba que se podía avecinar esta pandemia”, dije el jefe de la bancada del Frente de Todos, Máximo Kirchner, en el cierre del debate
“La moratoria alcanza también a grandes empresas, no sólo a los que les ha gustado nombrar durante todo el día” , agregó.
Destacó que «“Telecom también fue incluida en la moratoria para que vean que no nos guía ningún odio ni rencor, sino que realmente estamos preocupados por el destino de la Argentina, de sus empresas y fundamentalmente de quienes trabajan en ellas, que es lo que nos debe ocupar”.
El debate fue abierto por el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, quien aseguró que la moratoria «no es un traje a medida» de esa empresa, sino «de todos los que necesitan salir adelante ante la grave disminución de la actividad productiva que existía a fines de año pasado y que se agravó con la pandemia».
Tras adelantar los cambios que se le incorporaron al proyecto, como extender hasta el 31 de julio las deudas que se pueden refinanciar, Heller dijo que la moratoria es necesaria porque «a la crisis que ya existía a fines del 2019 se sumó la pandemia».
«Esta moratoria es para que las empresas que están en actividad puedan sobrevivir y los que todavía no han vuelto a tomar su actividad tengan un horizonte mas claro», agregó.
El diputado nacional Luis Pastori (Unión Cívica Radical) justificó a su turno la decisión de Juntos por el Cambio de abstenerse en la votación del proyecto de moratoria impositiva y previsional y dijo que la propuesta de la bancada oficialista tiene un «sesgo antiempresa cargado de ideologismo».
Para el diputado radical, el dictamen del oficialismo «adolece de serios problemas, que tienen que ver con su insuficiencia, con un sesgo antiempresa cargado de ideologismo y con el escandaloso artículo que conduce a la impunidad de Oil Combustibles”.
En tanto, el vicepresidente de la comisión de Presupuesto, Luciano Laspina (Pro) aseguro que «hay otra ley dentro de esta ley, que es una ley de amnistía para empresas que han utilizado el dinero de los argentinos en beneficio propio con un criterio de expansión de sus propios negocios”.
El diputado oficialista Eduardo Valdes dijo que «tengo orgullo de votar esta moratoria, con todos sus artículos. Me hubiera gustado que saliera por unanimidad. Las decisiones se construyen con el que piensa distinto».
A su vez, el diputado de Consenso Federal Jorge Sarghini dijo que «nunca fue tan necesaria un moratoria», pero señaló que «no hay ningún fundamento para que los quebrados estén adentro» de los beneficios.
En tanto, el secretario de la comisión de Presupuesto, Marcelo Casaretto, señalo que «ésta es una moratoria para todos, porque el Estado Nacional le tiende las manos a todos los argentinos para que puedan regularizar» y pueden ingresar «960 mil contribuyentes por una deuda de 534 mil millones de pesos».
La diputada de Izquierda, Romina del Pla, dijo que votaba en contra porque su sector rechaza la moratoria en tanto «implica una transferencia de recursos desde los trabajadores hacia los capitalistas”.
En tanto, el legislador de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, dijo en su mensaje: «Espero que nadie se ofenda ni se irrite. Lo que me toca decir no tiene que ver ni con un discurso de odio, ni con intolerancia; tiene que ver con este traje a medida que se está votando.
El artículo 11 es algo inédito, es un traje a medida para dos empresarios en particular: Cristóbal López y Fabián de Sousa», completó.
Diputados del PRO repudiaron hoy afirmaciones del diputado porteño del Frente de Todos Leandro Santoro contra la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en las que el legislador acusó a la exfuncionaria de Cambiemos de «salir borracha de los restaurantes y decir que el que quiere estar armado que ande armado».
En tanto, la propia Bullrich salió a responder al legislador porteño a través de su cuenta de Twitter, al afirmar que «Jorge es herrero, 5 delincuentes vulneraron 3 veces las rejas que construyó. Que los asesores del Presidente discutan lo que digo en vez de preocuparse por la inseguridad, habla más de ellos que de mí».
«Yo estoy con las víctimas; expliquen ustedes de qué lado de la seguridad están», sostuvo Bullrich al hacer referencia al caso de Jorge Ríos, un jubilado de Quilmes que mató a uno de los 5 ladrones que ingresó a robar a su casa el pasado fin de semana.
También, a través de Twitter, los diputados del PRO «repudiaron» los dichos de Santoro sobre la presidenta del partido, al advertir que «no es la primera vez que desde el oficialismo surgen declaraciones irrespetuosas hacia integrantes del PRO» y que están «dispuestos a debatir ideas, no a intercambiar chicanas».
«Lo sucedido esta semana en el municipio de Quilmes requiere de un debate profundo y respetuoso por parte de todo el acto político. Utilizarlo para atacar a la oposición sólo favorece a profundizar la grieta y a correr el foco de la discusión», enfatizaron los diputados del PRO.
Santoro, en declaraciones a FM Futurock, sostuvo que el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, «también salió a plantear el desarme, una diferencia sustancial con Patricia Bullrich. Bullrich salía borracha de los restaurantes y decía que el que quiere salir armado que ande armado».
«Primero hay que condenar el asesinato y después el robo, pero es todo más complicado que lo que parece a simple vista», aseveró el legislador porteño.
Diputados nacionales y parlamentarios de varias comunidades de España celebraron hoy, en un encuentro virtual, los 10 años de la sanción de la ley de matrimonio Igualitario en la Argentina y 15 en España, bajo la consigna «Celebramos la igualdad en la diversidad: Matrimonio Igualitario».
El encuentro se desarrolló en el marco de una reunión de la comisión de Mujeres y Diversidad de Cámara de Diputados, que preside la diputada nacional Mónica Macha (Frente de Todos), quien destacó la importancia de construir «un transfeminismo cultural».
La reunión se realizó mientras en la Cámara de Diputados se debate en esta misma comisión un proyecto de inclusión laboral para las personas trans travestis, donde se dispone que el Estado Nacional deberá asegurar un cupo para contratar empleados de esta población.
Al abrir la reunión, Macha aseguró que «tanto la ley de matrimonio como Igualitario como la de Identidad de Género han cambiado nuestra cultura» y se trata de «derechos que venían planteando las organizaciones pero necesitaban encontrar una voluntad política que pudiera concretar estos derechos».
Tras recordar el matrimonio Igualitario, fue una ley «que militó el ex presidente Néstor Kirchner, la única de la que fue parte de la sanción porque a los pocos meses falleció», afirmó que esa iniciativa representa «parte de nuestras identidades políticas» e «implica transformaciones culturales muy profundas que, tal vez, cuando la aprobábamos no podíamos saber».
En la oportunidad, la concejal española del Ayuntamiento de Madrid, Marta Higueras, destacó la importancia de ocupar lugares en instituciones públicas «para promover los cambios necesarios para la construcción de nuestros derechos» y afirmó: «tenemos que seguir saliendo de los armarios, visibilizándonos para parar la pandemia de homofobia».
También expusieron Felipe Sicilia, Beatriz Gimeno, directora del Instituto de la Mujer de España; Fran Ferri, diputado de las Cortes Valencianas y Tony Poveda, vicepresidente de la Fundación Pedro Zerolo.
A su turno, la diputada radical por Córdoba, Brenda Austin, trazó un paralelismo entre la ley de matrimonio igualitario, con otros debates, como el dado por la iniciativa de Salud Reproductiva y la de Fertilización asistida, que generaron movilizaciones y concientización acerca de la problemática,
Asimismo, la diputada Mara Brawer (Frente de Todos) aseguró que, a diferencia de lo que ocurrió con la ley de Identidad de Género y la despenalización del derecho al aborto, el matrimonio igualitario «no fue un tema de militancia de todos los sectores».
Para el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, uno de los organizadores del encuentro, dijo que con el matrimonio igualitario «comenzábamos a llamar las cosas por su nombre y a concretar derechos que no estaban reconocidos y que nos eran vulnerados» y sostuvo que a partir de esa sanción «nos abrazamos más a la igualdad y a la libertad: empezamos a ser sociedades más justas y diversas».
En tanto, el diputado del Frente de Todos, Leonardo Grosso, destacó que si bien «no hubo mucha movilización en torno a la ley de matrimonio igualitario «hubo una voluntad política que permitió la sanción de esta ley» y dijo que las marchas por el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo lo hizo sentir «parte de una mayoría social y eso es central para consolidar la agenda de lo que se viene».
Finalmente, desde Juntos por el Cambio, Silvia Lospennato -una de las diputadas de ese espacio que más impulsó la despenalización del aborto-, sostuvo que «se necesita construir nuevamente transversalmente, con la calle, a través de los movimientos sociales y que los legisladores estemos a la altura de reconocer esto para completar derechos y necesidades de este colectivo».
Hace exactamente un año, se promulgó a nivel nacional una normativa conocida como Ley Micaela por la cual se establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
La presidenta de la Cámara de Diputados de la Provincia, Cecilia Guerrero, tomó como punto de partida dicha ley para decretar la creación e implementación de un programa de capacitación en perspectiva de género. El mismo será destinado para la formación de funcionarios y empleados de todos los niveles de la cámara baja.
El decreto rubricado por la Presidenta del cuerpo contempla la necesidad de “adoptar con urgencia los medios conducentes a propiciar la efectiva implementación de la capacitación de sus funcionarios y empleados en materia de género, violencia contra las mujeres -aun cuando la normativa provincial se encuentre pendiente de reglamentación- en el convencimiento de propender a la adopción de medidas positivas que contribuyan a la remoción de patrones culturales patriarcales que internalizan la violencia de género”.
“El respeto pleno a la dignidad humana de las mujeres requiere necesariamente asegurar la vigencia irrestricta del principio de igualdad entre los géneros, a cuyos efectos emerge como condición esencial arbitrar todos los medios conducentes a deconstruir patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres” fundamentó Guerrero para remarcar que “solo con profundas transformaciones culturales en la sociedad podrá hacerse frente efectivamente al flagelo de la violencia de género”.
De esta forma, dispuso la creación e implementación de un programa de capacitación, sensibilización, concientización y formación en perspectiva de género, destinado a funcionarios y empleados (de planta permanente y no permanente) con carácter obligatorio. El programa estará coordinado por un equipo que integran Paula Cordero Varela, Lorena Leguizamón Figueroa y Yoko Rocio Ortiz. Además, para el abordaje al programa de capacitación se invitó a participar a organismos públicos, instituciones y ONGs de la provincia y, una vez aprobado por la presidenta del cuerpo, comenzará su implementación en marzo del corriente año.
La comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que preside la diputada Marita Colombo, se reunió con el quórum correspondiente para avanzar en una iniciativa del diputado Rubén Manzi, sobre el Reconocimiento de los Derechos de los Pueblos Indígenas. En la oportunidad se hizo presente el coordinador de Gestión Territorial de Tierra del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Julián Fernández. “Me pareció muy interesante el debate que se armó en relación al tema indígena, en particular una legislación provincial presentada por el diputado Rubén Manzi para adecuar las normativas provinciales en el marco del art°75, inciso 17, de la Constitución Nacional”, sostuvo el funcionario tras el encuentro. Colombo en tanto indicó que se profundizó el análisis del proyecto que se le reconocen a las comunidades de nuestra provincia sus derechos y, “además adentro de éstos, el derecho a la propiedad comunitaria de las tierras”. También fue parte de la reunión el autor del proyecto, el diputado Rubén Manzi, y el diputado Marcelo Murúa, en su rol no solo de diputado sino como ex administrador provincial de Catastro, “a los fines de evacuar todas las dudas que pudieran existir y quedaría más claro cuál sería la redacción final del proyecto sobre la que vamos a trabajar”, dijo Colombo. Advirtió sin embargo que el mismo está aún en etapa de análisis.
Ingresó a la Cámara de Diputados, que preside el diputado Fernando Jalil, un proyecto de ley a través del cual se establece el procedimiento a desarrollar en los establecimientos de salud pública, dependientes del Ministerio de Salud de la Provincia de Catamarca, a fines de garantizar el acceso oportuno y en condiciones de igualdad, salubridad y seguridad, a la práctica de interrupción de la gestación en los casos de aborto no punibles, previstos en el artículo 86° Incisos 1) y 2) del Código Penal de la Nación. La iniciativa parlamentaria fue presentado por la diputada Cecilia Guerrero. El Estado Provincial, a través del Ministerio de Salud, garantiza según la ley, la atención integral, oportuna y eficaz de la mujer gestante, en los casos de aborto no punible.
La práctica de aborto no punible debe ser realizada por un médico con título habilitante, según lo prevean las leyes que rigen la materia en la Provincia de Catamarca.
Para la constatación en los casos de peligro para la salud o la vida de la mujer, el médico debe fundar su diagnóstico con los estudios pertinentes, y en caso de peligro para la salud psíquica, la constatación debe hacerse en interconsulta con un profesional habilitado para el ejercicio de la psicología.
Cuando el embarazo se hubiere producido en el marco de lo normado por el Inciso 2) del artículo 86 del Código Penal, se debe solicitar a la mujer gestante, o en caso de corresponder a quien la representa, una declaración jurada en la que manifieste que se encuentra en alguna de las situaciones descriptas en dicha normativa. Es requisito ineludible además de acuerdo al articulado propuesto, para la interrupción de la gestación en los supuestos previstos de la presente ley, la firma del consentimiento informado por parte de la gestante, o de su representante legal cuando se trate de una menor de catorce (14) años, o de una mujer incapaz, en el marco de lo dispuesto en la Ley Nacional 26.529 – Derechos del Paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud.
En caso de controversia entre la mujer gestante menor o incapaz, con su representante legal, deberá estarse a la voluntad de aquella.
La interrupción del embarazo en los casos de aborto no punible, no requiere de autorización judicial, ni de ningún otro requisito más que los contemplados en la presente ley. La imposición de exigencias adicionales es considerada como violatoria de los derechos de la mujer.
Los profesionales de la salud deben proveer información a la mujer que solicite el aborto no punible, y dar lugar a que la misma pueda realizar todas las preguntas que estime necesarias, las que deben ser evacuadas con sencillez y claridad de manera que permitan su acabada comprensión. Las mujeres menores de edad e incapaces serán especialmente consideradas, y deben ser oídas e informadas en el proceso de decisión, en el que también participarán quienes sean sus representantes legales.
La decisión de la mujer, en referencia a la práctica o no del aborto no punible, no puede ni debe ser sometida, por parte de los profesionales de la salud, a juicios derivados de consideraciones personales, religiosas o axiológicas, debiendo prevalecer siempre la libre y autónoma voluntad de la mujer gestante.
La consulta del profesional de la salud con el esposo, conviviente, pareja, padre, madre o cualquier otra persona allegada a la mujer gestante, aun cuando se pretenda ofrecer mejor atención, constituye un incumplimiento al deber de confidencialidad, con excepción de los casos en los que la mujer lo solicite o consienta explícitamente.
El servicio de salud pública debe asistir psicológicamente a la mujer que opte por someterse voluntariamente a la interrupción de la gestación, por un plazo no menor a tres meses luego de realizada la práctica.
La práctica de un aborto no punible, o su negativa fundada por parte del profesional interviniente, debe efectuarse dentro de los cinco (5) días desde la solicitud de la mujer o de su representante legal a realizar dicha práctica.
Todo profesional de la salud tiene derecho a formular objeción de conciencia con respecto a la práctica de un aborto no punibe, siendo dicha objeción de carácter individual y en ningún caso institucional.
La objeción de conciencia debe ser declarada por el profesional de la salud a partir de la entrada en vigencia de la presente ley y dentro del plazo de diez (10) días, o al momento de iniciar sus actividades en el establecimiento, y rige para la actividad del profesional en instituciones públicas como en su actividad privada. Las instituciones de salud deben contar con recursos humanos, materiales y financieros suficientes para garantizar en forma permanente las prácticas establecidas en la presente ley. Es de responsabilidad de las autoridades del establecimiento, disponer el reemplazo o sustitución de profesionales a fines de llevar a cabo la práctica de interrupción del embarazo, cuando el o los profesionales a quienes se hubiere solicitado la prestación fueran objetores de conciencia. La sustitución o reemplazo de un profesional objetor de conciencia debe efectivizarse dentro del plazo previsto en el artículo 13° de la presente ley, a fines de evitar el sometimiento de la mujer a dilaciones innecesarias y violatorias de sus derechos.
La utilización por parte de los profesionales de la salud, de maniobras dilatorias, así como el suministro de información falsa, la reticencia para llevar a cabo la práctica del aborto no punible, cuando ésta se encuadre en los supuestos establecidos en el art. 86 incisos 1) y 2) del Código Penal, la violación al deber de confidencialidad, y el sometimiento a la mujer a consideraciones personales, religiosas o axiológicas que afecten el ejercicio pleno y autónomo de su voluntad, son consideradas faltas graves sujetas a la responsabilidad administrativa, sin perjuicio de las responsabilidades civil y penal que pudieren corresponder.
El presidente de la Cámara de Diputados, Fernando Jalil, junto a sus pares, #PaolaFedeli y Sergio Saracho, recibieron la visita de Magui Leiva, la joven que emocionó a todo el país en el programa “Genios de la Argentina”, con su interpretación de la canción «Dueña de la Noche», de Pimpinela, que dedicó a su abuela recientemente fallecida.
En la oportunidad, la joven promesa catamarqueña, comentó cuáles son los pasos a seguir en el certamen, y la Cámara Baja se puso a su disposición para ayudarla a formar su camino como cantante .
La comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Pablo Tonelli (PRO), fue convocada al análisis de una iniciativa que tiene como antecedente la polémica generada durante el ultimo año de mandato de Cristina Fernández de Kirchner por la permanencia en la Corte Suprema de Carlos Fayt, de 97 años.
El proyecto sometido ahora al análisis en comisión fue presentado por Tonelli en marzo de 2017 y por perder estado parlamentario fue propuesto nuevamente hace un mes.
Contempla sendos procedimientos para la renovación o cese por límite de edad de los miembros de la Corte Suprema y jueces federales, del Procurador General de la Nación y del Defensor General de la Nación y para demás miembros del Ministerio Público (fiscales).
Para la renovación o cese de los jueces de la Corte Suprema y de jueces de tribunales federales inferiores el proyecto prevé que un año antes de que cumplan la edad de 75 años, el Consejo de la Magistratura solicitará del juez en cuestión una manifestación expresa acerca de su voluntad de continuar o no en el cargo una vez alcanzada la edad indicada.
El juez requerido deberá responder e informar su decisión dentro de los cinco días hábiles, y si decidiera continuar en el cargo, el Consejo de la Magistratura informará de ello al Poder Ejecutivo.
En caso contrario, llamará de inmediato a concurso para cubrir la vacante del juez que se jubila.
El Poder Ejecutivo deberá responder dentro del plazo de 10 días hábiles si habrá de instar al procedimiento para hacer un nuevo nombramiento del magistrado en cuestión.
Si la respuesta fuera negativa, el Consejo de la Magistratura notificará al juez de que se trate y de inmediato llamará a concurso para cubrir la futura vacante.
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