Opositores acusan al gobernador y a una exfuncionaria por maniobras con una mina de oro y plata vinculada a un empresario ligado a la Tragedia de Once.
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Legisladores de La Libertad Avanza (LLA) y la Unión Cívica Radical (UCR) presentaron esta mañana una denuncia penal contra el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, y Susana Peralta, ex presidenta de la empresa CAYMEN, por presuntas irregularidades en la adjudicación de la mina Cerro Atajo, ubicada en el departamento Andalgalá.
La acusación, lanzada durante una conferencia de prensa conjunta, apunta a una supuesta maniobra de “amiguismo y saqueo de recursos provinciales”, en la que estaría involucrado el empresario Mario Cirigliano, ex titular de Trenes de Buenos Aires (TBA) y vinculado a la Tragedia de Once.
«Se quieren robar una minería de oro y plata»
Los diputados provinciales Silvana Carrizo, Tiago Puente, Adrián Brizuela y Federico Lencina, junto al diputado nacional Francisco Monti, aseguraron que la empresa CAYMEN se hizo con la propiedad minera Cerro Atajo de forma sospechosa, y que Jalil habría facilitado la adjudicación a través de un esquema de favoritismos personales y políticos.
“El gobernador está entregando los recursos mineros de Catamarca a empresarios amigos, entre ellos Cirigliano, que tiene causas judiciales por corrupción y fue protagonista de una de las tragedias ferroviarias más graves del país”, disparó Monti.
Cerro Atajo, en el corazón minero de Catamarca
Cerro Atajo cuenta con reservas comprobadas de oro y cobre y se encuentra en una zona de alto valor estratégico, cercana a Agua Rica, la ex Minera Alumbrera y la mina Capillitas. Los opositores advirtieron que esta concesión compromete seriamente los intereses de la provincia y pone en duda la transparencia de los procesos mineros actuales.
Además, exigieron que se investiguen los vínculos entre CAYMEN, el gobierno provincial y los capitales privados beneficiados, así como la participación de funcionarios públicos en la maniobra.
Fuerte repercusión política
La denuncia promete encender una nueva crisis institucional en Catamarca, en medio del debate por la reforma del sistema de control minero y las demandas sociales por una mayor participación local en los beneficios de la actividad extractiva.
Hasta el momento, el gobierno de Jalil no emitió declaraciones públicas en respuesta a la denuncia, aunque se espera una fuerte defensa oficial ante el avance judicial del caso.
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