En medio de crecientes preocupaciones sobre la situación fiscal de las provincias y el impacto social de las medidas económicas, varios mandatarios han expresado su inquietud por el punto álgido que están alcanzando el ajuste y la quita de subsidios, sin suficientes medidas de contención para los trabajadores formales.
Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, manifestó su preocupación, indicando que «la esperanza de los argentinos se va a acabar. Ya no se aguanta más». Esta preocupación se ve reflejada en otros líderes provinciales como Osvaldo Jaldo de Tucumán, quien advierte sobre el impacto negativo en las arcas financieras y la posibilidad de problemas sociales inminentes.
En la misma línea, Raúl Jalil de Catamarca señaló la importancia de un mayor acuerdo político con sindicatos y movimientos sociales para facilitar la consecución de los objetivos gubernamentales.
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, expresó su inquietud por la constante utilización de los jubilados como variable de ajuste, instando a resolver esta situación de manera urgente.
Alberto Weretilneck de Río Negro destacó el aumento del costo de vida desde la asunción de Milei, así como la caída en la coparticipación nacional y la falta de respuestas milagrosas para los empleados de la salud.
En este contexto, los gobernadores han levantado la voz para solicitar un cambio de rumbo en la política económica, con el objetivo de evitar una crisis social. Advierten sobre la próxima ola de aumentos en servicios básicos como electricidad, gas y transporte, así como en alimentos y combustibles, temiendo que esta situación pueda romper el tejido social y llevar a una gran parte de la población por debajo de la línea de pobreza.
Los líderes provinciales subrayan la necesidad de un límite al ajuste y la importancia de encontrar soluciones concretas a problemas pendientes como el impuesto a las Ganancias, la eliminación del FONID y el impacto de la quita de subsidios.
A pesar de los esfuerzos por llegar a un acuerdo con el gobierno nacional, los gobernadores muestran su frustración ante la falta de avances y la percepción de que «nada cambia». Alertan sobre la complejidad creciente de la situación y la necesidad de una recuperación económica efectiva para evitar un deterioro mayor en la calidad de vida de los ciudadanos.
En este contexto, la próxima reunión entre el Gobierno y los mandatarios de Juntos por el Cambio se presenta como un momento crucial para avanzar en un acuerdo sobre el paquete fiscal y la nueva ley Ómnibus. Sin avances concretos en estas negociaciones, será difícil lograr un consenso necesario para enfrentar los desafíos económicos y sociales que enfrenta el país.
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