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Escasez de gas en Salta: riesgo para la industria y el empleo

La falta de gas en Salta ya obliga a reducir producción y pone en riesgo empleos; la Unión Industrial alertó sobre cortes y la Cámara de Comercio denunció embargos de ARCA.

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Escasez de gas en Salta: riesgo para la industria y el empleo

La incertidumbre sobre el abastecimiento de gas confirmó su impacto en la actividad productiva de Salta: empresas locales ya reducen su producción y algunas evalúan cierres temporales de plantas y suspensión de personal ante la falta de previsibilidad en el suministro, informaron referentes industriales.

Desde la Unión Industrial de Salta (UIS) describieron la situación como el paso de una advertencia a una realidad. El presidente de la entidad, Eduardo Gómez Naar, aseguró que «lo más complejo de gestionar es la incertidumbre» y explicó que sin certezas sobre el gas las firmas no pueden planificar compras de insumos, turnos, logística ni cumplir compromisos comerciales.

Impacto sectorial y riesgo en la cadena productiva

Los sectores más expuestos son los ingenios azucareros, la industria cerámica y el procesamiento de cítricos, actividades que dependen en gran medida del gas para sus procesos. Desde la UIS advirtieron que una paralización productiva no solo afectaría a las plantas, sino también a contratistas, transportistas, comercios y prestadores de servicios vinculados.

Un caso emblemático es el de La Moraleja, una de las principales empresas citrícolas de la provincia. Según fuentes empresarias citadas por la gremial, la compañía podría verse obligada a reducir la cosecha de limón, disminuir contrataciones temporarias e incluso detener parte de sus operaciones industriales si no garantiza el abastecimiento. La firma, que además produce aceite esencial de limón para mercados internacionales y mantiene contratos con grandes compañías globales como Coca-Cola, vería comprometida su capacidad de cumplimiento ante clientes externos.

Antecedente técnico: la Resolución 66/2026

La UIS recordó que ya a comienzos de mayo presentó un documento al gobernador Gustavo Sáenz en el que alertó sobre la aplicación de la Resolución 66/2026 de la Secretaría de Energía de la Nación. En esa presentación, los industriales calcularon que la medida reduciría en un 35% la capacidad de transporte firme de gas destinada al Noroeste Argentino (NOA): pasarían de 4,99 millones de metros cúbicos diarios provenientes del norte a 3,22 millones por envíos desde Neuquén.

La resolución fue diseñada para reordenar los flujos históricos y adaptarlos al crecimiento de la producción no convencional en la Cuenca Neuquina de Vaca Muerta, mientras la producción en la Cuenca Noroeste y las importaciones desde Bolivia presentan señales de declinación, según el análisis industrial consignado en la nota.

Además, la UIS señaló que las alternativas de abastecimiento, como la compra de gas natural licuado (GNL) regasificado, implican costos muy superiores a los precios habituales que afrontan las industrias, lo que dificulta su viabilidad como solución inmediata.

Presión fiscal sobre el comercio local

En paralelo, la Cámara de Comercio de Salta advirtió que muchos comercios atraviesan una situación fiscal crítica y cuestionó los embargos impulsados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El presidente de la entidad, Gustavo Herrera, declaró en Radio Salta que los mecanismos de intimación y cobro se activan incluso por retrasos mínimos y que, en algunos casos, se remiten informes legales que derivan luego en embargos.

Herrera describió la presión financiera que enfrentan los comercios: «Se prioriza entre pagar los empleados, pagar el alquiler, pagar los servicios y pagar ARCA», y señaló que numerosas empresas ya Arrastran entre seis y once planes de pago vigentes, lo que complica la capacidad de cumplir obligaciones tributarias sin afectar otras cuentas esenciales.

Con la industria amenazada por la posibilidad de cortes o restricciones del suministro y el comercio golpeado por la presión fiscal, actores locales advierten sobre un escenario económico crítico. Las próximas semanas serán clave para ver si el gobierno nacional atiende los reclamos energéticos y si las administraciones locales modifican sus mecanismos de cobro antes de que se concreten paradas de planta y despidos.

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