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Lo resolvió este martes por pedido de varios partidos políticos. Se trata de una medida cautelar que, de momento, pone freno a las reelecciones de Juan Manzur y Sergio Uñac.

A través de una medida cautelar, la Corte Suprema de Justicia decidió suspender las elecciones en las provincias de Tucumán y San Juan que se iban a celebrar el próximo domingo.

La Corte hizo lugar al pedido de una serie de partidos políticos que habían denunciado la imposibilidad de Juan Manzur y Sergio Uñac, respectivamente, a ir por un nuevo mandato ya que no sólo cumplieron sucesivos períodos como gobernador sino que anteriormente habían sido vicegobernadores.

Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, la Corte Suprema declaró “la competencia originaria” del máximo tribunal y ordenó requerir a las dos provincias “el informe circunstanciado” para ser entregado en los próximos cinco días.

El máximo tribunal suspendió las elecciones y solicitó a los tribunales electorales provinciales que envíen informes sobre las candidaturas en un plazo máximo de cinco días.

Del texto del fallo parece adelantarse que, finalmente, la Corte no permitirá las candidaturas de Uñac y Manzur, puesto que sostiene que “cuando el Tribunal Electoral Provincial oficializó la candidatura del gobernador habilitó para competir en las elecciones que tendrán lugar el 14 de mayo próximo en búsqueda de un cuarto mandato”.

El texto habla de “cuarto mandato”, que es justamente lo que argumenta la oposición para oponerse a la nueva candidatura de Manzur y Uñac

“Es evidente entonces que ese acto electoral podría producir en breve un trastorno institucional de difícil reparación. Ante ello, esta Corte debe asegurar preventivamente que cualquiera sea la sentencia definitiva que recaiga en la causa, su cumplimiento sea aún posible dentro del sistema representativo republicano que las provincias se comprometieron a garantizar”, sostuvieron los jueces de la Corte.

Pese a que las elecciones provinciales forman parte de las facultades previstas en las constituciones locales, la Corte interpretó que puede fallar en ambos casos.

“Dado que es parte demandada una provincia y que el actor ha planteado ante esta Corte de manera seria una cuestión federal predominante, el proceso corresponde a la competencia originaria del Tribunal”, dijeron Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda al justificar su intervención.

“La inminencia de las elecciones previstas para el próximo 14 de mayo y la trascendencia institucional que reviste el planteo efectuado, exigen a este Tribunal adecuar el procedimiento a la vía prevista en la ley 16.986”, también conocida como ley de “Acción de Amparo”.

Los jueces enmarcaron la acción en lo que establece el artículo ocho de esa normativa para “abreviar los plazos para integrar el contradictorio”, por lo que requirieron a ambas provincias que en cinco días presente “el informe circunstanciado” que establece la norma previo a resolver.

Así, la Corte podría autorizar la realización de las elecciones en ambas provincias en un plazo perentorio.

La ley prevé que “cuando la acción fuera admisible, el juez requerirá la autoridad que corresponda un informe circunstanciado acerca de los antecedentes y fundamento de la medida impugnada, el que deberá ser evacuado dentro del plazo prudencial que fije”.

Los cinco días fijados por la Corte vencerán el próximo miércoles. Superado ese plazo, “se dictará sentencia fundada dentro de las 48 horas, concediendo o denegando el amparo”.

De tal forma, la Corte podría resolver la semana próxima la habilitación de las elecciones y, en ese marco, si Uñac y Manzur pueden ser candidatos.

La Corte citó como antecedente de los casos de Tucumán y San Juan lo que resolvió en 2019 respecto de Santiago del Estero: “la historia política de la Argentina es trágicamente pródiga en experimentos institucionales que con menor o mayor envergadura y éxito intentaron forzar —en algunos casos hasta hacerlos desaparecer— los principios republicanos que establece nuestra Constitución”.

“Ese pasado debería desalentar ensayos que persiguen el único objetivo de otorgar cuatro años más en el ejercicio de las máximas magistraturas de la provincia a quien ya lleva doce años ininterrumpidos en esos cargos, desconociendo el texto constitucional”, sostuvo el tribunal en sus fundamentos, en un virtual adelanto de lo que resolverá sobre el fondo de la cuestión.