Etiqueta: Sueños Compartidos

  • Subastan casa de Sergio Schoklender y el dinero irá al Estado

    Subastan casa de Sergio Schoklender y el dinero irá al Estado

    El exapoderado de Madres de Plaza de Mayo y su exesposa presentaron sendas apelaciones para detener la operación.

    Una vivienda que pertenece a Sergio Schoklender, en Villa Urquiza, fue subastada. Los nuevos propietarios pagaron 271 mil dólares muy lejos de los 480 mil de las tasaciones privadas.

    La entrega del inmueble no se hizo efectiva porque tanto el exapoderado de las Madres de Plaza de Mayo como su exmujer presentaron una serie de recursos ante la Justicia para anular la operación. En el caso de confirmarse la medida, que se encuentra en la Cámara Civil, el dinero se lo quedaría el Estado en el marco de la causa Sueños Compartidos, cuyo juicio empezará en 2019.

    La casa la había comprado Schoklender junto a su expareja antes de que comenzara el Plan Sueños Compartidos. Sin embargo, figura a nombre de Viviana Sala, quien es investigada y tiene un llamado a indagatoria. Según consignaron fuentes judiciales, el juez tiene previsto pedir que el dinero obtenido de la subasta quede depositado en una cuenta bancaria del Estado.

    El remate fue ordenado por un juez civil ante un reclamo de los acreedores hipotecarios que le habían prestado a Schoklender parte del dinero.

    El martillero Alberto Pantaleón Bianco, estuvo a cargo de la subasta que se concretó el 3 de octubre con una base de 270 mil dólares. Los compradores, Gabriela Eugenia Topalian y Fernando Angel Maresca, pagaron apenas 1.000 dólares más para quedarse con la vivienda donde Schoklender solía recibir a los periodistas en los meses posteriores al escándalo. En realidad, la operación se concretó con una seña de casi 80 mil dólares, depositados en una cuenta bancaria.

    En la causa penal por la estafa de Sueños Compartidos, donde hay más de veinte procesados, el juez Martínez De Giorgi embargó decenas de propiedades, un barco y hasta un avión a nombre de la empresa de Meldorek. Todos esos bienes recién podrían ser subastados cuando termine el juicio oral, siempre que haya condenas.

    La investigación judicial está cerca de terminar. Luego de la feria judicial de enero, el juez elevará la causa. En ese juicio serán juzgados los hermanos Schoklender, su entorno, la titular de las Madres Hebe de Bonafini, y los ex funcionarios del Ministerio de Planificación. Solo falta resolver la situación del ex ministro Julio De Vido.

    La casa de la calle Guevara fue adquirida por Schoklender y su entonces esposa antes de que comenzara el Plan Sueños Compartidos, pero como figura a nombre de Viviana Sala, que está siendo investigada y arrastra un llamado a indagatoria, el juez tiene previsto pedir, como medida cautelar, que el dinero de la subasta quede depositado en una cuenta bancaria.

    La batalla judicial por el remate no terminó. “A giorgi… o mejor dicho al Sr. Juez Martínez Di Giorgi le corresponderán las consecuencias de haber dispuesto una medida –y autorizado una subasta- en base a una resolución que no se encontraba firme. Pero Ud. también lo sabía. Yo se lo dije”, dice una de las últimas apelaciones presentada por Sala, con la firma de su abogado, Sergio Schoklender.

    Fuente: Canal 26.

  • Por “Sueños Compartidos” Piden que Hebe de Bonafini vaya a juicio oral

    Por “Sueños Compartidos” Piden que Hebe de Bonafini vaya a juicio oral

    La fiscal federal Paloma Ochoa pidió al juez Marcelo Martínez De Giorgi que la causa conocida como Sueños Compartidos, avance hacia el juicio oral y público. En una primera parte había pedido que los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, el ex secretario de Obras Públicas José López, y el subsecretario de dicha área Abel Fatala, vayan a juicio. Ahora, incluyó en el pedido a Hebe de Bonafini pese a que había pedido una serie de medidas «para completar la instrucción a su respecto», el juez indicó que la instrucción había concluido y por ello, pidió que la titular de Madres de Plaza de Mayo igual vaya a juicio.

    El año pasado, el juez federal Martínez de Giorgi procesó a Bonafini y una veintena de involucrados en la causa «Sueños Compartidos», al encontrarlos responsables del delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en calidad de “partícipes necesarios, en relación a los financiamientos otorgados por la Secretaría de Obras Públicas de la Nación durante el kirchnerismo.

    En mayo de este año, los camaristas Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun confirmaron esos procesamientos y decidieron revocar la falta de mérito que se había dictado sobre Julio De Vido, quien sumó otro procesamiento por defraudación.

    Para la Justicia, Bonafini «conocía los desmanejos financieros que realizaban los apoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo que ella misma había instituido». Por ello la procesó como partícipe del delito y a los hermanos Schoklender como los autores del mismo. 


    Por ello, se indicó que la titular de Madres «al menos participó de esos quehaceres aprobando los irregulares balances de la institución y autorizando indebidamente la tercerización a la empresa Meldorek S.A. de los servicios que habían sido contratados directamente a la Fundación».

    La defraudación atribuida a la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo alcanzaría los 206 millones de pesos, de acuerdo con la investigación iniciada tras una publicación de Clarín a mediados de 2011 y que inicialmente condujo el cuestionado juez Norberto Oyarbide, quien finalmente terminó apartado de la causa.

    En este contexto, la fiscal Paloma Ochoa ya había pedido al juez que avance con la elevación a juicio oral del expediente. Y ahora incluyó también a Bonafini después que el juez Martínez De Giorgi le indicara que debía incluir a la titular de Madres en el requerimiento de elevación, pese a que la representante del ministerio Público Fiscal considerara que aún debían realizarse algunas medidas.

    «El hecho que los nombrados no hayan señalado a los hermanos Schoklender como quienes les impartían las órdenes de cobrar cheques emitidas por la Fundación Madres de Plaza de Mayo, no derriba la hipótesis de participación de Hebe María Pastor en la maniobra ilícita aquí investigada así como tampoco significa su desconocimiento sobre la misma», sostuvo el juez.

    Así, la fiscal Ochoa reiteró que las medidas “resultan fundamentales para clarificar la posible intervención de” Bonafini, e impulsó el requerimiento para enviarla a juicio “a fin de no dilatar el avance del proceso”.

    Hebe se encuentra imputada como partícipe de forma secundaria en la defraudación a la administración pública por los fondos que recibió la Fundación para la construcción de viviendas sociales. La titular de Madres está acusada de avalar el accionar de los hermanos Schoklender en cuanto al desvío de los fondos públicos hacia otros fines fuera de la construcción de viviendas sociales.

    Durante la instrucción se determinó que los hermanos Schoklender utilizaron a la Asociación Madres de Plaza de Mayo, en su condición de apoderados de su Fundación, en «connivencia con funcionarios públicos, para gestionar y obtener de forma ilegítima fondos del Estado».

    Al respecto, Ochoa indicó que Sergio Schoklender «organizó un mecanismo para que las obras apuntadas, sean adjudicadas directa e irregularmente a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, de la que él era apoderado».

    En tal sentido, el requerimiento indica que para lograr el «éxito de la maniobra, se instrumentó un acuerdo entre los funcionarios públicos de la Secretaría de Obras Públicas, la Fundación Madres de Plaza de Mayo y finalmente, las provincias y los municipios, en virtud del cual se contrató para la ejecución de las obras a la Fundación».

    La Auditoría General de la Nación había detectado que 206.438.454,05 pesos no pudieron ser asociados a pagos relacionados con la gestión de obra, es decir, que fueron desviadosde su destino original. La Fundación manejó un total de 748.719.414 de pesos. Es decir, «fue sustraído el 23,54% de la financiación total otorgada», según dictaminó la fiscal.

    En su momento, el juez sostuvo que pudo «recrear parcialmente el circuito que han seguido los fondos enviados» por el gobierno kirchnerista a la Fundación para la construcción de viviendas y que «fueron ilegítimamente apartados de su objetivo».

    El período en que esta operatoria tuvo lugar coincide temporalmente con numerosas transacciones en las que se han visto beneficiados los encartados (los imputados) y las empresas con las que guardan vínculos, sin que exista otra causa que las justifique», sostuvo la justicia. Y se señaló a 19 firmas encabezadas por Meldorek y Antártica.

    En la causa también fueron confirmadas las acusaciones por lavado de dinero a otras trece personas relacionadas con las «cuevas» utilizadas para cambiar los cheques que recibía la Fundación del Estado. Entre ellos se encuentran Alejandro Gotkin, José Fernando Caparrós Gómez, Gustavo Serventich y Guillermo Greppi. También para estos trece procesados los embargos llegaron a los 250 millones de pesos.

  • Otra más y van…

    Otra más y van…

    Julio De Vido quedó a un paso de ir a juicio oral por fraude en la causa Sueños Compartidos, ya que el máximo tribunal penal confirmó su procesamiento al rechazar por «inadmisible» un recurso de su defensa. Con esta decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, el detenido ex ministro K de Planificación quedó en condiciones de ser enviado a juicio junto a otros procesados, como los hermanos Sergio y Pablo Schoklender y el ex secretario de Obras Públicas José López, preso por otra causa.

    En la causa se investiga el desvío de más de $ 200 millones entregados por la Secretaría de Obras Públicas de la Nación durante el kirchnerismo para la construcción de viviendas sociales a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, a través del programa Sueños Compartidos.

    Los camaristas rechazaron un recurso de la defensa de De Vido, que tenía falta de mérito en el caso pero fue procesado en mayo pasado por la sala I de la Cámara Federal porteña. Está acusado como autor de «defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública» e intentó sin éxito que esta decisión fuera revisada en Casación.

    Los camaristas Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani rechazaron el recurso por inadmisible al considerar que no se trata de una sentencia definitiva «ni equiparable a tal». Para los jueces del máximo tribunal penal, la defensa de De Vido no logró «demostrar la existencia de un agravio actual de tardía o imposible reparación ulterior».