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El Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil no alcanzó un acuerdo para el ingreso mínimo en la Argentina sobre cuánto actualizar los $202.800 actuales que rigen desde marzo pasado por decisión unilateral del gobierno de Javier Milei. Una vez más, la sesión virtual terminó con los gremios acusando a la Secretaría de Trabajo de jugar a favor del sector de los empresarios para evitar un incremento de hasta el 100% que empujaban la CGT y las dos CTA. Desde el Gobierno confirmaron que se laudará ante la ausencia de un acuerdo entre las partes.

De este modo, será el gobierno de Javier Milei quien vuelva a definir el nuevo monto actualizado del salario mínimo, vital y móvil por decreto, como ocurrió en febrero. Los gremios acusaron a los funcionarios de eludir la votación en el plenario por no contar con los votos suficientes por parte de los representantes de las cámaras empresariales para imponer su propuesta frente a la oferta unificada de las centrales.

Se trata de la por segunda vez que se convoca el Consejo del Salario en la gestión de La Libertad Avanza con la expectativa de las tres centrales sindicales de conseguir un mejor acuerdo que en la primera ocasión cuando el Gobierno terminó fijando también por decreto un monto por debajo de la línea de indigencia. En la previa, tanto la CGT con las dos CTA se presentaron con una batería de cifras para discutir en base al valor que perdió el salario en términos reales durante los últimos años.

Según detallaron fuentes dentro de la reunión, el sector empresarial ofreció en la reunión de la comisión técnica, a las 14, una suba escalonada en dos tramos del 8% en mayo ($16.224) y un 5% en junio ($10.140) con base en el SMVM de marzo mientras que la CGT propuso primero un 80% total para elevar el salario mínimo de los $202.800 actuales a 377 mil en abril primero y luego a $ 407 mil el mes próximo.

Desde la CTA Autónoma, por su parte, acompañaron la propuesta de la CGT para ubicar el salario mínimo, vital y móvil en $ 377 mil mientras que la CTA de las y los Trabajadores, con una representación liderada por el referente de los docentes Roberto Baradel, demandó llegar a $ 440 mil en mayo. Al no haber acuerdo, se pasó a un cuarto intermedio hasta las 16, hora programada para el inicio de la cita del plenario con las 32 partes y la Secretaría de Trabajo.

«Solo propuestas», definió en el interín un dirigente gremial que participaba de la reunión. En la antesala a reconectarse para la sesión plenaria, las tres centrales sindicales unificaron su postura en $377,600 para abril y $440.000 en mayo. Del lado empresarial, no hubo cambio al retomar la reunión.

En febrero, el Gobierno alegó que no hubo acuerdo entre las partes que conforman el Consejo del Salario, por el sector empleador y el de los trabajadores. En concreto, fue el propio ministro de Economía, Luis Caputo, el encargado de anunciar que el Ejecutivo de Milei lo resolvería por decreto, en una entrevista televisiva. Luego informaron el monto en tres tramos para subirlo de los $156 mil que arrastraba desde fin de 2023 a los $180 mil en febrero y $202 mil en marzo.

Julio Cordero.

Desde aquel momento a esta parte cambió la cúpula entera de la Secretaría de Trabajo, con la salida de su titular, Omar Yasin, y la número dos, Mariana Hortal Sueldo. La llegada de Julio Cordero a la oficina pone al frente a un interlocutor «mucho más orgánico y con respaldo político y empresarial», señalan desde las centrales que hoy se sentarán a la mesa virtual. No obstante, del otro lado, no estuvo Cordero como árbitro sino Liliana Archimbal, la subsecretaria del área.

Para las 16 horas estaba programado el plenario. El porcentaje final suele definirse en la comisión técnica pautada para las 14, vía remoto. Antes, durante la mañana, las tres centrales buscaron coordinar una posición sobre la base de los informes técnicos que manejaban desde sus usinas.

Cualquier número no podía estar por debajo de una canasta alimentaria que marca la línea de indigencia en la Argentina para una familia de cuatro integrantes, decían de manera informal. Hoy representaría un 50% de aumento sobre la base del salario mínimo, vital y móvil actual pero que en el mejor de los casos, debiera ascender un 100% hasta los $400 mil solo para recuperar el poder adquisitivo previo a la devaluación de fin del año pasado.
Si bien no hay un plazo para definir el laudo por parte de la Secretaría de Trabajo, en el Gobierno entienden que la definición no debería demorar.