Parece que finalmente el Gobierno quiere presentar este mes al Congreso la reforma del Código Penal. Se trata de una iniciativa que, entre otros puntos, buscar limitar los cortes de calles y endurecer las sanciones a extranjeros que delinquen. Las intenciones del oficialismo se materializan en un momento en el que la conflictividad social se mantiene alta, agravada por la crisis económica y el ajuste en las cuentas publicas para cumplir con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Según el diario Perfil, se estima que los dos puntos que van a generar más polémicas del texto, el cual fue redactado por un equipo liderado por el camarista Mariano Borinsky, son los referentes al aumento de las penas por cortar el tránsito vehicular y la creación de un delito de incumplimiento de la prohibición de ingresar al país para los migrantes. Desde principios de este año que se habla de impulsar una reforma del Código Penal. En su discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso el presidente Mauicio Macri hizo referencia a esta iniciativa. Se aplazó el lanzamiento del texto varias veces en lo que va de 2018, la última en agosto cuando se planteó el debate de la despenalización del aborto.
Tras los incidentes en el Congreso mientras se debatía el Presupuesto 2019 y el debate que se generó a raíz de las detenciones de extranjeros que participaron de las protestas, Según adelantó el diario Clarín. Macri ordenó que se aceleren los tiempos para enviar la iniciativa este mes al Senado después de que se vote la «ley de leyes», que ya obtuvo media sanción en Diputados. El tratamiento de la reforma del Código Penal puede alargarse, dado que el actual se sancionó en el año 1921. La comisión que lideró Borinsky trabajó el anteproyecto durante un año y medio que amplía los artículos de 320 a 540 y aglutina leyes con contenido penal que estaban dispersas dentro del reglamento. Entre otros puntos, el proyecto sube la escala penal de un máximo de dos años a entre seis meses y tres años de prisión por “detener o entorpecer” la marcha de medios de transporte público o automóviles privados sin autorización. El corte no constituiría delito únicamente si interrumpe el tránsito de privados con el permiso del Estado, según consigna Perfil.
Las marchas y movilizaciones con cortes por parte de sindicatos, organizaciones sociales y fuerzas político-partidarias aumentaron en los últimos meses. Esta agitación social es una de las preocupaciones del Gobierno para lo que queda de año, especialmente de cara a diciembre. Según el último informe de Diagnóstico Político, tras el pico anual registrado en septiembre, en octubre los piquetes experimentaron una baja de 21% a nivel nacional.»Se registraron 473 en todo el país. En relación a igual mes del año pasado, la caída fue mucho menos significativa, apenas 2%. En lo que va de 2018 hubo 4.927 piquetes, contra 4.179 de igual período de 2017 (+18%). Cuando restan dos meses para concluir el año, sigue siendo sólida la tendencia de que 2018 superará holgadamente a 2017 en materia de piquetes. Por otro lado, el nuevo Código Penal tendrá una nueva figura agravada para los migrantes que usan documentación falsa y para quienes incumplan la prohibición de reingresar al país tras una expulsión por sentencia condenatoria judicial, en cuyo caso se contemplará na pena de entre uno y cuatro años de prisión. Este último caso actualmente no es considerado delito. Otro de los puntos que se van a discutir es el endurecimiento de la ley migratoria entre otros motivos para agilizar las expulsiones, tal y como reclaman desde distintos sectores de la oposición, como el espacio que lidera Miguel Ángel Pichetto.
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