Profundo dolor ha provocado el fallecimiento de Raúl Piedrasanta, un médico ampliamente respetado y querido en los departamentos de Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú. A la edad de 75 años, Piedrasanta dejó un legado de dedicación y entrega a sus pacientes, siendo un pilar fundamental en la comunidad médica local.
Con una trayectoria profesional destacada, Raúl Piedrasanta se ganó el aprecio y la admiración de colegas y pacientes por igual. Su compromiso con la salud y el bienestar de la comunidad fue inquebrantable, y su ausencia deja un vacío significativo en el ámbito médico y social de la región.
La noticia de su fallecimiento ha generado un gran impacto en los distintos estamentos de la comunidad. Instituciones de salud, organizaciones locales y numerosos ciudadanos han expresado sus condolencias y sentimientos de pesar ante tan irreparable pérdida. Piedrasanta no solo será recordado por su capacidad profesional, sino también por su calidez humana y su disposición constante para ayudar a quienes lo necesitaban.
En este momento de duelo, la comunidad se une en homenaje a la vida y obra de Raúl Piedrasanta, recordándolo como un ejemplo de dedicación y vocación de servicio. Su legado perdurará en la memoria de todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocerlo y ser atendidos por él.
Se espera que en los próximos días se realicen ceremonias y actos conmemorativos para rendir homenaje a su vida y carrera, donde amigos, familiares y colegas podrán despedirlo y celebrar su contribución a la medicina y a la sociedad.
El médico fue el encargado de realizar el tratamiento estético que le habría provocado una insuficiencia renal a Silvina Luna, quien murió hoy a los 43 años. En 2021, un paciente suyo murió durante una intervención estética. ¿Por qué está en libertad a pesar de tener una condena?
Este jueves al mediodía se conoció la triste noticia de la muerte de Silvina Luna a los 43 años, tras permanecer internada durante 79 días en el Hospital Italiano por las secuelas de un tratamiento estético con metacrilato que le realizó en 2011 el Dr. Aníbal Lotocki, quien volvió a quedar en el centro de la escena.
El denominado “cirujano de los famosos” fue condenado en febrero del año pasado a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación para ejercer medicina debido a las graves lesiones que le provocó a Luna. Pamela Sosa, Stefy Xipolitakis y Gabriela Trenchi también lo acusaron de mala praxis.
Pero la sentencia aún no quedó firme, por lo que el especialista sigue en libertad. Este año, el médico fue procesado por el juez Luis Schlegel por homicidio simple con dolo eventual y le trabó un embargo de más de $4 millones. Fue por la muerte del empresario Rodolfo Cristian Zárate en abril del 2021 durante una intervención para reducir el tejido graso.
Por otro lado, cabe recordar que dos semanas atrás falleció Mariano Caprarola, quien también fue su paciente. Antes de la tragedia, el mediático había apuntado contra Lotocki y declarado: “Me inyectó muerte”.
Quién es Aníbal Lotocki
En la biografía de su perfil de Instagram (@drlotockianibal) Lotocki vende su servicio con el lema “De tu inversión hacemos tu mejor versión”. En otra cuenta “respaldo”, se define como “especialista en modelación corporal, medicina estética y cirugía estética”.
Durante años se desempeñó en distintos consultorios de la Ciudad de Buenos Aires, como Full Esthetic o Cemeco, pero lo cierto es que el médico no figura en el listado de especialistas recomendados por la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora (SACPER) y tampoco es miembro de la otra sociedad reconocida, la Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires (SCPBA).
En LinkedIn se presenta como “fundador y director en Full Estetic Center”. Además cuenta que tiene “más de 13 años de trayectoria en medicina y cirugía estética”, “más de 10 mi horas efectivas en quirófano de cirugías estéticas”, “más de 10 mil procedimientos de estética no quirúrgica” y asegura que participó “activamente en numerosos workshops, meetings, congresos y cursos tanto nacionales como internacionales”.
La abogada, militante y docente Nelly Minyersky, pionera de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, aseguró hoy que la promulgación de la leyes de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y de Cuidado Integral de la Salud en el Embarazo y en la Primera Infancia «repercuten mucho en toda América» porque «ya no dependemos de la interpretación de un juez ni médico para ejercer este derecho humano».
«Creo que este es un momento muy importante para la Argentina y América Latina porque nuestro querido continente sudamericano vive una gran paradoja, hay feministas muy importantes pero muchas mujeres sufren el patriarcado», aseguró la jurista en diálogo con Télam tras la promulgación de las leyes 27.610 (IVE) y 27.611 Cuidado Integral de la Salud en el Embarazo.
La experta en Derecho de Familia, quien dirige el posgrado interdisciplinario de Políticas Sociales Infantojuveniles en la Universidad de Buenos Aires (UBA), reivindicó la lucha histórica de las mujeres argentinas porque «todos los avances que podemos hacer repercuten mucho en América».
«No es casual que en Chile se esté discutiendo la despenalización del aborto, la cual es bienvenida y habrá que seguir luchando para que el Estado esté al servicio de la salud de la mujer», afirmó Minyersky y agregó: «No desprecio ningún avance».
Con la ley 27.610, la abogada dijo que «tenemos una ventaja» por la lucha que se dio en la sociedad estos años y la puesta en marcha que ella denomina «el protocolo de Gines» (para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, actualizada en 2019, que reconoce como antecedente el Protocolo de 2015).
«Hemos estado ampliando una realidad, porque no podemos seguir hablando de salud como 1921, ya que es un concepto integral y acá se fue armando en simultáneo por la lucha contra la despenalización y la educación en los profesionales de la salud y en otros ámbitos», afirmó la letrada y agregó: «El hecho que el Ministerio de Salud y el de la Mujer concuerde con esto, nos da una base importante».
Además, aseguró que la nueva ley incluye, entre otras cosas, «que la IVE sea legal, que se pueda realizar hasta la semana 14 y que ya no dependeremos de la interpretación de un juez o de un médico para ejercer este derecho».
Minyersky, con sus 92 años vividos intensamente, no se cansa de repetir que la lucha por la IVE representa la batalla por la «soberanía sobre el propio cuerpo» y «los proyectos de vida», porque la interferencia del Estado en la decisión de los hijos que las mujeres pueden tener, «son ataques a la democracia e igualdad».
«Argentina tiene una tradición de movilización por la democracia, por la lucha por la igualdad y la ley IVE se entronca en la defensa de los derechos humanos», dijo quien preside el Parlamento de Mujeres de la Legislatura porteña desde 2017.
En ese sentido, la jurista afirmó que «no es posible que una niña, producto de una violación, deba llegar a término con un embarazo a los 10 años porque pone en peligro su vida y la del niño por nacer, porque su cuerpo no está preparado para ser madre».
El problema fundamental, según sus palabras, más allá del tema aborto, es empezar a hablar del lugar en que han puesto a las mujeres, donde se subvierten los conceptos: «Me asusta que a muchas chicas les de vergüenza decir que las violaron, eso es porque nuestra autoestima no está desarrollada», afirmó.
«Hay que salir y hablar, tenemos que acercar a todos los sectores para que las mujeres sepan que somos víctimas, yo no quiero que lo seamos, pero si es así, si nos agreden, no tiene que darnos vergüenza, el culpable es el que viola y nosotras tenemos que tener fuerzas para poder gritarlo y pedir auxilio», apuntó la militante por los derechos de Familia.
Un médico fue herido de dos balazos al ser atacado por un hombre en la puerta del hospital de la ciudad rionegrina de Campo Grande, y los investigadores intentan determinar si el agresor, que aún permanece prófugo, es un familiar de una persona que falleció de coronavirus, informaron hoy fuentes policiales.
El hecho se registró anoche en la puerta de ese centro asistencial y la víctima fue identificada por los investigadores como Alejandro Vega, quien recibió disparos en la cara y uno de sus brazos y esta tarde permanecía internado en el hospital de Cipolletti, aparentemente fuera de peligro.
Según las fuentes, el episodio, que quedó filmado por cámaras de seguridad, comenzó anoche, cuando Vega descendió de una ambulancia en la que había realizado un recorrido por la zona y fue abordado por un hombre que lo esperó en la playa de estacionamiento y le disparó tres balazos con un arma calibre .22, dos de los cuales impactaron en su cuerpo.
De acuerdo a las imágenes de las cámaras, el agresor se acercó a su víctima y le disparó a corta distancia apenas descendía de la ambulancia.
Algunos testigos que declararon ante los investigadores aseguraron que el hombre que atacó al médico sería «familiar de una persona que tenía coronavirus y falleció».
Ante estos hechos sucedidos desde el gobierno de Río Negro expresaron el acompañamiento al médico atacado y se solidarizaron con el resto de los empleados de la salud.
La gobernadora Arabela Carreras y el ministro de Salud provincial, Fabián Zgaib, se harán presentes hoy en el hospital para acompañar al médico y a sus familiares.
Fabián Torres, médico y colega de la víctima, aseguró en declaraciones radiales que apenas se enteró del hecho por la propia víctima, quien lo llamó mientras era trasladado en una ambulancia.
«Anoche cerca de las 12 me llama Vega cuando ya iba en la ambulancia, diciéndome que le pegaron tres tiros, uno en la mandíbula, otro en el brazo y el último por suerte no dio en su cuerpo», dijo Torres, quien agregó que el médico «se encuentra bien de salud, su vida no corre riesgos, pero el tema acá que radica es la falta de seguridad en nuestros hospitales».
El médico detalló que los trabajadores del nosocomio se encuentran en estos momento manifestándose en las puertas del hospital en repudio a este atentado al personal de la salud.
«Nosotros estamos para proteger, cuidar y curar a la comunidad, pero resulta que vienen y nos pueden matar como si nada», remarcó Torres, que adelantó que se reunirán esta tarde con autoridades provinciales para acercarles estos reclamos.
El médico de guardia del Sanatorio San José, en la ciudad de Buenos Aires, le dijo que tenía un embarazo de cuatro semanas. Le recetó buscapina y paracetamol para que tomara cada seis horas, no le hizo ningún examen ginecológico, le dio el alta y le dijo: «los dolores ya se te van a pasar»
«¡Ya nació!», gritó Paula desde el baño de su casa. Su mamá, desesperada, le exigía a la obra social una ambulancia con urgencia porque su hija no podía caminar. No solo el parto se desencadenó inesperadamente. También el embarazo. Paula se enteró el día anterior cuando fue a atenderse por los dolores que tenía.
Pero Paula tenía un embarazo a término, de 36 semanas, y su hijo nació muerto. El médico que la atendió en rigor no lo era. No estaba inscripto en el Ministerio de Salud de la Nación y el número de matrícula con la que ejercía no existe. Ahora es buscado por la muerte del bebé de Paula y por el caso están acusados y en instancia de juicio oral y público el director del sanatorio y el jefe de guardia por el delito de homicidio culposo.
La historia comenzó el 17 de febrero de 2016 cuando Paula -su nombre completo se mantendrá en reserva- amaneció con fuertes dolores en la panza y la vagina. A la tarde fue a la guardia del Sanatorio San José. El médico Álvaro Jesús Terán le ordenó un análisis de sangre completo y una ecografía abdominal y otra transvaginal. Luego terminó su turno. Quien comenzó a atender a Paula fue Félix Lovato, quien le dijo que tenía un embarazo de cuatro semanas y una infección urinaria. No le hizo las ecografías, le dio buscapina y paracetamol y el alta a las 23 horas y le indicó que volviera al día siguiente para controlar el embarazo.
Paula regresó a su casa, se acostó a dormir y a las 2.30 volvió a sentir los dolores abdominales cada vez más fuertes. Su mamá llamó al sanatorio para pedir una ambulancia y le dijeron que no tenían. Se comunicó con la obra social de su hija -del sindicato de pasteleros- y mientras reclamaba una urgente atención porque por los dolores su hija no podía caminar escuchó a Paula desde el baño: «¡Ya nació!». La ambulancia llegó a las 4.30 y la trasladaron nuevamente al sanatorio San José. Paula, de 25 años, llegó a la clínica con su bebé atado al cordón umbilical.
Allí le dijeron que el nene había nacido muerto por doble circular de cordón y placenta. El niño pesó 3.600 gramos y le informaron que su embarazo en rigor era de 36 semanas y que ya estaba en término. Por la muerte del bebe se inició una causa judicial que estuvo a cargo del juez de instrucción Alejandro Ferro.
Lo primero que se constató fue que Lovato no era médico. Su nombre no figura como profesional en el Ministerio de Salud y la matrícula con la que ejercía -159.429- y que pone en sus órdenes, no existe. La investigación también determinó que no hay constancias de que Lovato haya trabajado en la clínica. Solo un intercambio de mails en los que se pide que le paguen las suplencias que había hecho a comienzos de febrero. En el expediente judicial tampoco queda claro su nombre: aparece como Lovato o Lovat. Hoy está con «búsqueda de paradero» ya que hasta ahora no fue encontrado después de distintas medidas de prueba. Eso significa que lo buscan y técnicamente no está prófugo porque no pudo ser notificado de la causa.
Paula declaró en la causa que nunca supo que estaba embarazada. Contó que tuvo todos los meses su ciclo menstrual, que no notó cambios en su cuerpo, siguió usando la misma ropa y tenía una vida normal. Dijo que había subido un poco de peso, lo que no le llamó la atención porque siempre le pasaba y porque había empezado a trabajar en una casa de comidas rápidas.
El médico del Cuerpo Médico Forense que intervino en la causa concluyó que en la atención de Paula hubo mala praxis. El doctor Carlos Poggi sostuvo que de los propios análisis de laboratorio surgía un embarazo a término que requería un examen obstétrico completo y hasta una internación. «Llama la atención que en una paciente de edad fértil que consulta por dolor abdominal y que tenía en su vientre un feto de 3.600 gramos, que expulsó en el corto plazo, no haya constancia del examen abdominal en dicha consulta, dado el tamaño del abdomen debía haber llamado la atención del profesional actuante», concluyó el perito.
El palacio de tribunales donde se investigó el caso
Pero nada de eso ocurrió porque a Paula no le hicieron las ecografías. A partir de la mala praxis del médico de guardia surgió en la investigación una pregunta: ¿cómo una persona sin matrícula y que no está inscripta en el Ministerio de Salud puede ejercer la medicina? Y la respuesta de la justicia fue porque las autoridades de la clínica lo permitieron. Y por eso la responsabilidad judicial recayó en Pablo Da Ponte, director médico del sanatorio San José, y del jefe de guardia, Luis Camputaro. Los dos responsables de la contratación de los médicos.
«Los imputados no cumplieron el mandato que los obligaba a evitar la producción del resultado, que consistía en llevar un debido control sobre el personal contratado para ejercer la medicina y supervisar sus actuaciones», sostuvo el juez Ferro en la resolución en la que procesó a los médicos por el delito de homicidio culposo.
El magistrado explicó que la contratación de un médico tiene un procedimiento: el jefe del área lo propone y la dirección médica lo habilita. En este caso, ambos acusados se responsabilizaron mutuamente, según surge de sus declaraciones indagatorias.
El director médico Da Ponte, que sigue en el cargo, reconoció que la contratación de los médicos tenía su aprobación final pero a propuesta de cada jefe de área, ya que las tareas estaban delegadas. También sostuvo que había contrataciones excepcionales por vacantes momentáneas sobre todo en la guardia, donde en los cambios de turno los médicos avisaban que no podían ir. Explicó que en esos casos al reemplazante solo se le pedía documento de identidad, la matrícula y el seguro de praxis y que así trabajaban durante siete días hasta que toda la documentación sea regularizada. Y que esa tarea quedaba a cargo del jefe del área.
Por su parte, el jefe de guardia Camputaro dijo que no tenía la facultad de contratar médicos y que esa tarea era de la Dirección Médica. Que él solo avalaba la documentación de quien se postulaba y que la elevaba a la Dirección.
En la causa consta que tanto Da Ponte como Camputaro conocían que Lovato o Lovat trabajaba en el sanatorio. Es porque Camputaro le envió a Da Ponte un mail en el que pedía autorización para pagarle a Lovato por las guardias que había hecho del 3 al 10 de febrero, siete días antes de atender a Paula. Da Ponte contestó que para eso necesitaba toda la documentación. Sin embargo, los investigadores judiciales no encontraron en la clínica ninguna documentación sobre Lovato. Tampoco en el registro de guardia la noche que atendió a Paula.
El juez Ferro entendió que ambos médicos permitieron con su falta de control sobre el personal «la actuación de un supuesto médico que, conforme se acreditó en el proceso, no se encontraba siquiera habilitado para ejercer la medicina». Y que con esa omisión contribuyeron a la muerte.
«La muerte del niño podría haberse evitado o reducido considerablemente la posibilidad de su producción, de haberse realizado aquellos controles, que hubieran podido brindar a la paciente una asistencia médica correcta, realizada por un especialista, habilitado por la autoridad para el ejercicio de su profesión», agregó.
Sanatorio San José
En la misma línea se pronunció la fiscal Marcela Sánchez cuando pidió la elevación a juicio del caso: «(…) como profesionales y responsables de la supervisión y control de los profesionales actuantes en dicha institución médica, permitieron la actuación de una persona sin habilitación médica legal y por cuya actuación la paciente regresó a su domicilio donde finalmente dio a luz a su bebé, como producto de una serie de intervenciones negligentes de los profesionales».
Da Ponte y Camputaro fueron procesados por el delito de homicidio culposo. El médico Terán -el primero de la guardia que atendió a Paula- fue sobreseído porque se entendió que su actuación fue correcta. Los procesamientos fueron confirmados por la Cámara del Crimen y el caso pasó a juicio oral y está en el Tribunal Oral Criminal 5.
Los dos acusados pidieron una probation, que es suspender el juicio y a cambio hacer tareas comunitarias. Pero luego Camputaro retiró el planteo. Da Ponte -especialista en medicina clínica y neumonología y que trabaja en el hospital Pirovano- ofreció una reparación de 100 mil pesos, inhabilitarse por un año para ejercer la medicina y hacer un curso sobre seguridad de los pacientes y atención de las personas en la universidad «Isalud». Pero el fiscal de juicio Juan Manuel Fernández Buzzi se opuso y el juez Adrián Pérez Lance rechazó el pedido.
Ahora se espera que se fije la fecha del juicio oral mientras se busca dar con el falso médico Lovato o Lovat.
En un barrio pobre de Pakistán, los padres esperan con ansiedad los resultados de los análisis sanguíneos de sus hijos para ver si han contraído el virus VIH como cientos de personas de la región, al parecer porque un médico usó en repetidas ocasiones una jeringa infectada. El pánico es tal que se ha enviado a la policía al lugar para mantener el orden entre la muchedumbre agolpada en el centro de análisis de Wasayo, cerca de la ciudad de Larkana, en la provincia de Sind.
La ira y el miedo se palpan en esta aldea golpeada por la epidemia. Las autoridades dicen que no saben si se debe a una negligencia grave o a prácticas malintencionadas de un pediatra. Según cifras oficiales, más de 400 personas, entre ellas muchos niños, dieron seropositivos durante las últimas semanas en la zona. “Llegan decenas”, afirma alarmado un médico del centro de diagnóstico, escaso en personal y equipamiento. Mukhtar Pervez está pendiente de los resultados. Espera que el reciente brote de fiebre de su hija no sea un indicio de que ha contraído el virus. Otros han recibido la noticia que tanto temían. Nisar Ahmed entra apresurado en la clínica en busca de medicamentos para su hija de un año, que dio positivo hace tres días. “Maldigo al responsable de la infección de todos estos niños”, afirma, furioso.
Pakistán estuvo considerado durante mucho tiempo como un país con un índice bajo de sida. Pero el virus se propaga a gran velocidad, sobre todo entre los toxicómanos y las personas que ejercen la prostitución. Con unos 20.000 nuevos casos de seropositivos en 2017, el ritmo de propagación de la enfermedad en Pakistán es el segundo más alto de Asia, según estadísticas de la ONU. El país, cuya población no para de crecer, está falto de infraestructuras médicas y las zonas rurales están expuestas a prácticas médicas poco ortodoxas.
“Estoy a favor de que el aborto sea no punible, que la mujer pueda decidir, que sea libre y que se pueda hacer el hospital público. Esto de estar en contra de la vida, es otra grieta”, aseguró Alejandro Gomel jefe de Tocoginecología del hospital Francisco López Lima.
El 2018 ha sido un año muy significativo para el movimiento feminista que hace más de 13 años que exige la legalización del aborto en el país. En Roca se notó un importante interés sobre el reclamo a partir de la presentación del proyecto en el Congreso de la Nación y de la visibilización, por grupos que avalan la legalización, en las calles céntricas de la ciudad.
Los movimientos feministas, principalmente, hicieron eco de la causa y muchas personas se unieron a la causa. Sin embargo, paralelamente y en conjunto con la Iglesia, surgieron grupo sociales denominados “pro-vida” que se oponen a la legalización y despenalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
En diputados más de 700 expositores y expositoras desarrollaron sus posturas a favor y en contra del proyecto de ley presentado por la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. El pasado 14 de junio obtuvo la media sanción esperada por diferentes vigilias feministas en diferentes puntos del país.
Frente a los argumentos expuestos por los grupos opositores, Alejandro Gomel aclaró que ya existe el aborto con causales, es decir cuando el embarazo constituye un peligro para la salud o la vida de la mujer, o que haya sido producto de una violación.
Las causales están contempladas en el inciso 2 del artículo 86 del Código Penal desde 1921. Sin embargo la Corte Suprema de la Nación en 2012 estableció pautas para garantizar su acceso. Para esto emitió el conocido “Fallo FAL” que asegura que la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) es compatible con la Constitución Nacional y con los tratados internacionales de derechos humanos incorporados a ella.
En Roca, durante las exposiciones en comisiones de profesionales, especialistas, referentes sociales y demás, se realizaron “pañuelazos” todos los martes y jueves en las calles Avenida Roca y Tucumán, exigiendo la aprobación del proyecto.
La votación en el Senado se realizó el pasado 8 de agosto. Las calles se coparon de grupos opositores a la aprobación de la IVE y de los movimientos verdes que exigen que la “mujer pueda decidir sobre su cuerpo”, dijo el especialista.
En este contexto hubieron exposiciones que generaron polémicas y repudios sociales. Una de ellas fue la Abel Albino, el pediatra que afirmó que “el profiláctico no la protege nada, el virus del Sida atraviesa la porcelana”.
Uno de los hospitales cabecera de Río Negro, refutó la analogía y la veracidad de las afirmaciones del pediatra Abel Albino y en contraposición, Gomel confirmó que “hay que dejar en claro que con un buen uso del preservativo garantiza protección, porque no tiene poros por donde dichas células que porta el semen o la sangre puedan ingresar”.
El proyecto de ley presentado y recibido por primera vez en la cámara baja de la Nación, finalmente obtuvo la negativa en cámara alta.
Muchos de los fundamentos de los “pro-vida”, además de creencias religiosas, también referían a la necesidad de dictar educación sexual en los establecimientos educativos. Sobre esto, el ginecólogo expresó que “todos lo que en las votaciones dijeron no al aborto, sí a la educación sexual, ahora son los mismos que se oponen a la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI)”.
La ley 26.150 de educación sexual integral en Argentina, está vigente desde el 2006. La norma contempla una enseñanza que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. a todos y todas las estudiantes, en todos los niveles.
En relación al contenido del proyecto de ley que presentó la “Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito”, el especialista dijo que “era perfectible pero es un avance, e incluso tuvo que acomodarse para pasar la instancia de diputados” y añadió “yo creo que el límite podría haber sido las 22 semanas” haciendo referencia al momento límite de la interrupción del embarazo.
Asimismo explicó que a los cinco meses hay entre un 10 y un 12 por ciento de sobrevida libre de secuelas como en algunos de los países más avanzados ha contemplado en su reglamento.
En la semana, la Campaña por el derecho al aborto afirmó que el proyecto se volverá a presentar en marzo de 2019.
Además se dijo que tendrá modificaciones al texto original para que se vuelva a tratar en el Congreso de la Nación antes de las elecciones presidenciales,800expositoras/espasaron por el Congreso de la Nación a desarrollar sus posturas a favor y en contra del proyecto.La ESI rige desde el año 2006 en Agentina y abarca la rama biológica, social, afectiva y ética en todos los niveles educativos.Todos los que votaron en contra ahora son los que están criticando la educación sexual integral en escuelas
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