Etiqueta: justicia

  • Confirmaron la detención de Maximiliano Araya por golpiza a su pareja en Andalgalá

    Confirmaron la detención de Maximiliano Araya por golpiza a su pareja en Andalgalá

    La justicia confirmó hoy la detención de Maximiliano Araya, de 35 años, quien el sábado por la noche agredió brutalmente a su pareja en la ciudad de Andalgalá. El acusado enfrenta cargos por «lesiones leves agravadas por haber mediado una relación de pareja en grado de autor en contexto de violencia de género», así como por «lesiones leves y amenazas en grado de autor, en contexto de violencia de género y en concurso ideal, ambos hechos en concurso ideal».

    La víctima se encuentra hospitalizada debido a la gravedad de las lesiones y los daños psicológicos sufridos. Los informes médicos indican que su recuperación será prolongada, tanto física como emocionalmente.

    El incidente generó una fuerte reacción en la comunidad. A la salida de la sede judicial en la Perla del Oeste, se registraron altercados cuando un grupo de manifestantes arrojó insultos y objetos contundentes hacia el acusado. Las autoridades tuvieron que intervenir para controlar la situación y garantizar la seguridad en el lugar.

    Este caso ha generado un amplio repudio en la sociedad y ha reavivado el debate sobre la violencia de género y la necesidad de medidas más efectivas para proteger a las víctimas y castigar a los agresores.

  • Confirmada la Detención de Juan Carlos Aguilar por el Femicidio de María Milagros Vázquez

    Confirmada la Detención de Juan Carlos Aguilar por el Femicidio de María Milagros Vázquez

    Hoy, el juez de Control de Garantías, Fernando Luis Adet Caldelari, confirmó la detención de Juan Carlos Aguilar, imputado por el femicidio de María Milagros Vázquez. Aguilar enfrenta cargos por “homicidio doblemente calificado por mediar relación de pareja y por femicidio, en concurso ideal en calidad de autor”.

    La decisión del juez Caldelari ratifica la gravedad de las acusaciones contra Aguilar, quien es señalado como el autor del crimen que ha conmocionado a la comunidad. La confirmación de la detención implica que el acusado permanecerá bajo custodia mientras avanza el proceso judicial en su contra.

    Mañana, Aguilar será sometido a pericias psicológicas y psiquiátricas en el Cuerpo Interdisciplinario Forense. Estas evaluaciones son fundamentales para determinar su estado mental y comprender mejor los factores que pudieron haber influido en la comisión del delito. Los resultados de estas pericias serán clave en el desarrollo del juicio y en la eventual sentencia.

    El caso de María Milagros Vázquez ha generado una profunda consternación social y subraya la urgente necesidad de medidas efectivas para prevenir y erradicar la violencia de género. Las autoridades han reiterado su compromiso de llevar a cabo una investigación exhaustiva y garantizar que se haga justicia por la trágica muerte de Vázquez.

  • Nuevo Femicidio Conmociona al Departamento La Paz y a la Provincia

    Nuevo Femicidio Conmociona al Departamento La Paz y a la Provincia

    El departamento de La Paz y la provincia de Catamarca se encuentran en estado de shock tras un nuevo femicidio ocurrido en las últimas horas. Las fuentes judiciales informaron que Juan Carlos Aguilar, de 53 años, se presentó alrededor de las 22:30 del sábado en la casa de su hija, ubicada en el Barrio Hormigor de la ciudad de Recreo, y le confesó haber asesinado a su pareja, María Vázquez, de 22 años. Tras realizar esta impactante confesión, Aguilar se marchó con rumbo desconocido.

    En un estado evidente de shock, la hija de Aguilar informó de inmediato a la familia de la víctima y a las autoridades policiales sobre lo ocurrido. La policía comenzó rápidamente una intensa búsqueda que culminó en la Ruta Nacional 157, donde Aguilar fue encontrado con aparentes intenciones de suicidarse.

    La justicia ordenó un amplio operativo de rastrillaje, logrando localizar el cuerpo de María Vázquez en el paraje La Suerte, ubicado a 23 kilómetros de la cabecera departamental. Junto al cuerpo de la joven se encontró un arma blanca, que se presume fue utilizada para cometer el crimen.

    El brutal asesinato de María Vázquez ha generado una profunda conmoción en la comunidad, que una vez más se ve sacudida por la violencia de género. Las autoridades judiciales continúan con la investigación para esclarecer todos los detalles del hecho y asegurar que se haga justicia por la joven víctima.

    Las primeras investigaciones revelan que la víctima mantenía una relación con su agresor, un detalle que ha causado un gran impacto en la comunidad. Las autoridades están realizando un exhaustivo rastrillaje en la zona donde fue encontrado el cuerpo para recabar más pruebas. La autopsia será crucial para la investigación.

    La comunidad de Recreo está profundamente afectada, con vecinos y familiares consternados, esperando más detalles de las autoridades. Aún no se ha confirmado si Aguilar se ha entregado a las autoridades, un dato clave para avanzar en la investigación.

    Este trágico suceso resalta la urgente necesidad de reforzar las medidas de protección y prevención contra la violencia de género, buscando garantizar la seguridad y la vida de todas las mujeres. La sociedad y las instituciones deben trabajar de manera conjunta para erradicar este flagelo que sigue cobrando vidas inocentes.

  • La Corte de Justicia se reunió con diputados por el Régimen de Democratización del ingreso al Poder Judicial

    La Corte de Justicia se reunió con diputados por el Régimen de Democratización del ingreso al Poder Judicial

    Este lunes, la Presidenta de la Corte Dra. Fernanda Rosales Andreotti, la Ministra Dra. Fabiana Gómez y los Ministros Dres. Miguel Figueroa Vicario y Hernán Martel fueron invitados a la Cámara de Diputados por los integrantes de la comisión de Legislación General para conocer el proyecto de “Régimen de Democratización del ingreso al Poder Judicial”. 

    En ese marco, los integrantes de la Corte explicaron cómo funciona  la actual carrera judicial y los concursos que se llevan adelante en cada una de las circunscripciones judiciales para ascender dentro del organigrama del Poder Judicial. También se resaltó la capacitación continua que deben cumplir obligatoriamente los trabajadores y trabajadoras judiciales ya que su tarea demanda una actualización permanente. 

    Desde la Corte de Justicia se instó a los legisladores a diagramar un sistema que respete la actual carrera judicial  y que se haga extensivo a los tres poderes del estado, garantizando así los principios de igualdad e idoneidad en el acceso al empleo estatal.

  • La justicia Argentina declaró a Irán como un Estado terrorista y le atribuyó el atentado a la AMIA, al que calificó como delito de lesa humanidad

    La justicia Argentina declaró a Irán como un Estado terrorista y le atribuyó el atentado a la AMIA, al que calificó como delito de lesa humanidad

    • La Cámara Federal de Casación Penal dictó la sentencia definitiva en las causas que investigaron cuestiones vinculadas con el ataque y su encubrimiento.
    • Decidió que el atentado es imprescriptible y sus responsables pueden ser juzgados en cualquier lugar del mundo.
    • Las consecuencias geopolíticas en Estados Unidos e Israel.
    • Una noticia que acaba de fraguarse en el primer piso de la avenida Comodoro Py 2002, donde funciona la justicia federal porteña, tendrá un impacto mundial que apenas puede vislumbrarse: en una sentencia histórica, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, que revisó varias causas vinculadas con el atentado a la AMIA de 1994 atribuyó la responsabilidad de ese ataque a Irán, lo declaró un «Estado terrorista» y autor de un delito de lesa humanidad, que podrá ser castigado en cualquier lugar del mundo sin límites de tiempo.
    • Bajo la presidencia y el voto principal del juez Carlos Mahiques, junto a sus colegas Angela Ledesma y Diego Barroetaveña dictaron la sentencia definitiva en la causa que investigó el mayor atentado terrorista sufrido en la Argentina, y el llamado caso AMIA II, que indagó en las irregularidades de la pesquisa penal y el supuesto encubrimiento del ataque a través de ellas.
    • Los camaristas examinaron hechos, pruebas, testimonios y expedientes judiciales, pero además vincularon esa montaña de fojas -algunas brillantes, otras vergonzosas, muchas veces contradictorias- y alcanzaron una conclusión mucho más amplia de lo que les pedía su tarea: quiénes fueron los culpables del bombazo en la calle Pasteur 633, por qué lo hicieron y qué se puede hacer con ellos tanto en el país como en el resto del mundo
    • Mahiques, quien lideró el acuerdo y contó con la adhesión de sus colegas, razonó que tanto el atentado contra la embajada de Israel en marzo de 1992 como el de la AMIA, dos años después, respondieron a una decisión política y estratégica de la República Islámica de Irán, y fueron ejecutados por la organización terrorista Hezbollah «que actuó bajo la inspiración, organización, planificación y financiamiento de organismos estatales y paraestatales subordinados al gobierno de los ayatollahs.»
    • Esa definición implica que el país promotor y financiador de actos terroristas más allá de sus fronteras «asume una responsabilidad internacional, aún cuando el acto terrorista haya sido cometido por un grupo no formalmente estatal pero que actúa bajo el control o dirección de aquel (como es el caso de la relación entre Hezbollah y la República Islámica de Irán).» Mahiques y sus colegas entienden que «la responsabilidad internacional debería recaer igualmente sobre el mismo Estado que podría ser calificado como ‘terrorista’, lo cual implicaría la obligación de reparar íntegramente el daño causado, moral y material, abriendo a las víctimas y damnificados una vía de reclamo ante tribunales internacionales» y su «derecho a la verdad». Una verdadera revolución jurídica.
    • Un crimen imprescriptible y que puede ser juzgado en todo el mundo
    • Hay más definiciones. Los tres jueces reafirmaron que el atentado debe calificarse como crimen de lesa humanidad, lo que lo convierte en imprescriptible y extiende sobre él el principio de «jurisdicción universal», según el cual cualquier Estado puede enjuiciar y condenar penalmente a sus autores. Esta calificación incluye a los denominados “delitos conexos”, que fueron igualmente declarados imprescriptibles ya que estuvieron vinculados con la desviación del curso de la investigación que impidió o demoró su avance.
    • Por primera vez una sentencia judicial establece que ese reclamo podría ser emprendido por nuestro país, por vías diplomáticas, a través de un tribunal arbitral o de la Corte Internacional de Justicia.
    • Esta sustanciosa carga jurídica no sólo tendrá consecuencias en la Argentina: en estos días, Estados Unidos cavila sobre la responsabilidad iraní respecto de amenazas y actos contra objetivos norteamericanos, e Israel también apunta a Teherán por la barbarie ocurrida desde hace seis meses en la Franja de Gaza a manos de Hamas, otro supuesto títere político-militar controlado directamente por los ayatollahs.
  • Escándalo por los seguros: la Justicia ordenó la inhibición general de bienes del ex presidente Alberto Fernández

    Escándalo por los seguros: la Justicia ordenó la inhibición general de bienes del ex presidente Alberto Fernández

    El juez federal Julián Ercolini ordenó la inhibición general de bienes del ex presidente Alberto Fernández, de su amigo el broker Héctor Martínez Sosa como de su esposa, la ex secretaria del jefe de Estado María Marta Cantero. La resolución incluye un extenso listado de aseguradoras que intervinieron en la maniobra bajo investigación, que se enfoca en los contratos de diversos organismos del Estado con Nación Seguros SA.

    En este expediente se investiga la posible existencia de una organización delictiva «que habría operado en la contratación de seguros por parte de diversos entes estatales durante la presidencia de Alberto Fernández, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora Nación Seguros SA; como así también a la inclusión de empresas coaseguradoras por parte de ésta», explicó el juez Ercolini al firmar la medida cautelar.

    Entre otros aspectos, por pedido del fiscal Carlos Rívolo, se ordenó el levantamiento del secreto bancario de los principales imputados, entre ellos el ex presidente de la Nación, Martínez Sosa al igual que a su empresa, el de su esposa y ex secretaria de Alberto Fernández, María Marta Cantero y unas treinta personas físicas y jurídicas bajo investigación.

    La causa que tiene el juez Julián Ercolini investiga las presuntas irregularidades ocurridas en torno al Decreto 823/2021, a través del cual Alberto Fernández impuso la obligación al Sector Público Estatal de contratar servicios de seguros de forma exclusiva con la empresa “Nación Seguros SA.

    Entre los aspectos centrales que la justicia cuestiona, se encuentra el hecho de que ese decreto habilitando un segundo paso: la contratación de intermediarios que percibían millonarias comisiones.

    Además, se planteó en la causa que la decisión de Alberto Fernández vedó la posibilidad de realizar licitaciones públicas “que fomenten la competencia y transparencia en torno a esas contrataciones”.

    La maniobra a través de la firma Nación Seguros se concretó «durante la gestión de Alberto Pagliano, mediante un convenio interadministrativo”.

    El siguiente paso fue establecer la posibilidad de dar participación a otras aseguradoras en forma de coaseguro.

    En dicha etapa es donde “gran parte de aquellas contrataciones, sea necesario o no, contaron con la participación de intermediarios y organizadores (tanto personas físicas como jurídicas) entre los que se encuentran, entre otros, Héctor Martínez Sosa, Pablo Torres García y Oscar Castello.

    Para tales fines, se utilizaron las firmas Héctor Horacio Martínez Sosa y Compañía S.A.; TG Broker S.A.; Bachellier S.A.; Castello Mercuri S.A. y San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros S.A.; “a quienes se les abonaban comisiones que conforme lo denunciado, serían superiores a las de mercado y/o habrían sido designados por las respectivas reparticiones públicas mediante un irregular o inexistente o direccionado proceso de selección”, indica la resolución judicial

    En el marco de la investigación a esas cinco aseguradoras, se les colocó un número que podría fijarse como el perjuicio ocasionado al Estado.

    Las cinco firmas que destaca la resolución del juzgado se desprenden de una auditoría realizada por Nación Seguros a comienzos de este año. Estas compañías «se ubican en la cúpula entre los intermediarios que mayores comisiones percibieron desde el año 2020 hasta la elaboración del estudio».

    Se trata de Bachellier, en el primer puesto, Héctor Horacio Martínez Sosa y Compañía, en el segundo. Le sigue, Castello Mercuri, a continuación se detalla a San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros y en el quinto lugar, TG Broker.

    En conjunto, las cinco acumulan 2.782.170.946 de pesos percibidos en comisiones de Nación Seguros durante el período en cuestión, sobre 3.453.302.777 pesos del total de productores, representando más del 80%.

    En base a esta estructura inicial del caso, el juez tomó la decisión de ampliar la ventana de tiempo en la que se habrían cometido las presuntas irregularidades bajo investigación. Ahora, abarca toda la presidencia de Alberto Fernández. Esto se debe a que después de analizar 45 contratos bajo esta modalidad, se determinó la existencia de “dichas intermediaciones entre ambas partes contratantes con anterioridad al dictado del mencionado decreto”.

    La decisión en esta etapa de la pesquisa fue decretar una inhibición general de bienes del ex Presidente de la Nación, de los demás imputados en el caso como ser su amigo Héctor Martínez Sosa a quien la justicia le añade la mayor cantidad de contratos firmados bajo la modalidad hoy sospechada de irregularidades. Es un listado de 33 personas físicas y jurídicas bajo análisis. 

    Fuente: Clarín

  • Milei le quitó al Congreso una facultad clave del código procesal: quedó a cargo del Ministerio de Justicia

    Milei le quitó al Congreso una facultad clave del código procesal: quedó a cargo del Ministerio de Justicia

    El gobierno de Javier Milei publicó este lunes en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia que busca acelerar la reforma del Código Procesal Penal. En 2014 se sancionó el Código Procesal Acusatorio, que atribuye la misión de investigar a los fiscales y reduce el rol de los jueces a controlar las garantías en la tramitación de la causa, pero hasta ahora solo se aplica en Salta y Jujuy.

    El decreto en cuestión le quita a una Comisión Bicameral creada para la implementación del nuevo código la facultad de establecer el cronograma de implementación del nuevo sistema. Esa disposición pasó ahora a manos del Ministerio de Justicia,     a cargo de Mariano Cúneo Libarona.

    A través de un comunicado, el Ministerio indicó: “El nuevo régimen procesal penal, sancionado en 2014, introduce un modelo de justicia oral, ágil y eficaz, que moderniza los mecanismos de persecución penal e incorpora nuevas herramientas para la investigación del narcotráfico, la corrupción y la trata de personas, entre otros fenómenos criminales que forman parte de la competencia de la justicia federal”.

    La Comisión Bicameral habilitó el nuevo sistema en Salta y Jujuy en 2019, pero, de acuerdo a la cartera que conduce Cúneo Libarona, “luego de ello, el trabajo de implementación se detuvo y no registró nuevos avances”. “El estancamiento impide el avance del sistema procesal y perjudica seriamente el funcionamiento de la justicia federal. En la actualidad, el Código Procesal Penal Federal coexiste con el sistema anterior, que es lento, burocrático e ineficiente”, justificó el DNU.

    El decreto describió que coexisten actualmente dos sistemas procesales y cuestionó que “la duplicidad de legislaciones provoca un trato dispar a las personas imputadas, en particular en lo que respecta a su derecho a ser juzgadas en un plazo razonable y sin dilaciones indebidas”.

    En sus considerandos, el DNU señaló que esta situación “ocasiona problemas operativos que afectan el desarrollo de las investigaciones y genera complicaciones en la etapa recursiva ante la Cámara Federal de Casación Penal que entiende de los recursos aplicando dos códigos diferentes”.

    “El estancamiento reseñado impacta directamente en la organización y el funcionamiento del órgano responsable de ejercer la acción penal. (…) La parálisis dificulta la conformación de las unidades fiscales y la designación de los fiscales generales de distrito    . Además, la falta de implementación del sistema acusatorio frustra el diseño y la ejecución de la política de persecución penal”, resumió el decreto.

    Desde Justicia anunciaron que la nueva modalidad de implementación del Código estará coordinada con la Corte Suprema, la Procuración General de la Nación, la Defensoría General de la Nación el Consejo de la Magistratura y los colegios de abogados. “Se hará el mayor esfuerzo tendente a lograr un único sistema procesal federal en todo el país, a fin de lograr un servicio de justicia más rápido, efectivo y moderno”, sentenciaron. 

  • Chofer utiliza una picana contra familia que intentaba viajar sin pagar

    Chofer utiliza una picana contra familia que intentaba viajar sin pagar

    Un violento episodio se produjo en la mañana de hoy en un colectivo de la línea 28 en el barrio porteño de Constitución. Un chofer de la unidad utilizó una picana eléctrica para bajar a una familia que intentaba viajar sin pagar.

    @mauro_mamani

    chófer saca una picana, a pasajeros que no quisieron pagar el boleto, por que "supuestamente se gastaron la plata en el nene". que opinan?

    ♬ sonido original – Mauro

    El hecho se originó cuando una pareja y su hijo menor de edad subieron al colectivo y, al no tener saldo en la tarjeta SUBE para abonar los boletos, le solicitaron al conductor que los dejara viajar de todos modos. Ante la negativa del chofer, se generó una discusión entre ambas partes.

    Según testigos presenciales, el conductor se tornó violento y, en un acto de extrema gravedad, sacó una picana eléctrica y amenazó con utilizarla contra la familia. Aterrorizados, la pareja y su hijo descendieron del colectivo.

    El repudiable accionar del chofer fue filmado por otros pasajeros y rápidamente se viralizó en las redes sociales, generando un fuerte repudio por parte de la comunidad.

    Las autoridades de la empresa de transporte se encuentran investigando el hecho y ya se ha dispuesto la suspensión preventiva del chofer. Se espera que en las próximas horas se tomen medidas legales en su contra.

    Este lamentable episodio pone de manifiesto la necesidad de abordar con mayor profundidad la problemática de la violencia en el transporte público. Es fundamental que se implementen medidas de prevención y capacitación para evitar que este tipo de situaciones se repitan.

    Repudio generalizado:

    El hecho generó un fuerte repudio por parte de la sociedad en general. Diversos organismos de derechos humanos y organizaciones sociales se manifestaron en contra del accionar del chofer y exigieron una investigación exhaustiva del caso.

    Las autoridades del Ministerio de Transporte de la Nación también se pronunciaron al respecto y expresaron su «más enérgico repudio» a la violencia utilizada contra la familia. «Este tipo de hechos no tienen cabida en nuestra sociedad», afirmaron.

    Investigación en curso:

    La empresa de transporte se encuentra realizando una investigación interna para determinar las responsabilidades del chofer. Se espera que en las próximas horas se tomen medidas disciplinarias en su contra.

    Asimismo, se ha presentado una denuncia penal contra el conductor por el delito de «amenazas agravadas». La justicia se encuentra investigando el caso para determinar las responsabilidades penales del chofer.

  • En Belén aprehenden a un hombre requerido por la Justicia

    En Belén aprehenden a un hombre requerido por la Justicia

    En la  tarde de este viernes, a las 16:40HS, numerarios de la Comisaría Departamental Belén se hicieron presentes en la avenida Virgen de Belén S/Nº, de esa Ciudad del Departamento homónimo, donde procedieron a la  aprehensión de un hombre de 31 años de edad, sobre quien obraba un requerimiento judicial ordenado por la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial, a cargo de la Dra. Marina Dalila Villagra, por el supuesto delito de abuso sexual, en virtud de lo cual quedó alojado en la dependencia policial a disposición de la Justicia interviniente.

  • Extraditaron desde Tucumán a una mujer requerida por la Justicia de Catamarca

    Extraditaron desde Tucumán a una mujer requerida por la Justicia de Catamarca

    En la jornada del pasado martes, personal de la División Ciberdelitos, dependiente del Departamento Investigaciones Judiciales de la Policía de la Provincia, viajó a la vecina Provincia de Tucumán, donde cumplimentó la extradición ordenada por el Juzgado de Control de Garantías en feria, a cargo del Dr. Marcelo Hadel Sago, a solicitud de la Fiscalía de Instrucción en feria, a cargo de la Dra. Adriana Gabriela De Marcos, y trasladó hacia esta Ciudad Capital a una mujer de apellido González (32), quien sería parte de una banda de Ciber-estafadores que operaría en las Provincias de Tucumán, Catamarca y otras.

    Sobre esta persona, obraba un requerimiento Judicial dispuesto por la Fiscalía de Instrucción Nº 7, con competencia en delitos informáticos, a cargo de la Dra. Valeria Deolinda Reyes, por los supuestos delitos de estafa cometida mediante el uso no autorizado de los datos de una tarjeta de débito, continuada, tres hechos–Nominados Primero, Segundo y Cuarto, y estafa cometida mediante el uso no autorizado de los datos de una tarjeta de crédito, continuada – hecho Nominado Tercero; todo ello en concurso real y en calidad de coautora.


    Cabe señalar que, la mujer fue detenida por personal de la División Robos y Hurtos, dependientes de la Dirección General de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos de la Policía de Tucumán, en virtud de lo cual se dispuso un operativo en conjunto con la Dra. Cynthia Lorena Rocha, Jueza en Feria del Colegio de Jueces Penales en el Centro Judicial Capital de Tucumán, para el traslado de esta persona que permanece alojada en la dependencia policial a la espera de nuevas directivas por parte de la Justicia interviniente.


    Es dable mencionar, que los hechos endilgados a la mujer tendrían vinculación con un procedimiento llevado a cabo por efectivos de la División Ciberdelitos de la Policía de Catamarca, durante el año 2.023, en el que resultó detenido un empleado del Correo Argentino.

  • Personal policial secuestró una motocicleta requerida por la Justicia

    Personal policial secuestró una motocicleta requerida por la Justicia

    En los primeros minutos de este jueves, a las 00:30HS, efectivos de la Seccional Tercera secuestraron una motocicleta Honda CG Titán 150 cc., de color rojo, que habría sido adquirida de buena fe por un joven de 28 años de edad, y al ser verificada en el sistema informático del SAE-911, lograron establecer que sobre la misma obraba un requerimiento Judicial ordenado por la Fiscalía de Instrucción Nº 8, a raíz de una denuncia penal radicada en el Precinto Judicial Nº 7.

    Finalmente, los uniformados dieron intervención a la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Este, desde donde se impartieron las medidas a seguir.

  • La Justicia suspendió los efectos de la reforma laboral del DNU de Milei

    La Justicia suspendió los efectos de la reforma laboral del DNU de Milei

    Este miércoles se dictó una medida cautelar que suspende la aplicación de las normas laborales incluidas en el decreto presidencial.

    La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocó este miércoles el capitulo laboral de mega DNU del presidente Javier Milei como respuesta a la denuncia presentada por la CGT.

    En la víspera, la Justicia del Trabajo aceptó levantar la feria judicial para tratar la denuncia de la Central General de los Trabajadores (CGT) contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente de la Nación que apunta a desregular la economía y cambiar las condiciones laborales en el país.

    La resolución fue con una votación dividida: los jueces José Alejandro Sudera y Andrea García Vior resolvieron frenar los tramos que aluden a las modificaciones laborales mientras que la jueza Dora González votó en disidencia, aludiendo que el caso debía pasar a la Cámara Contencioso Administrativo Federal para que defina qué fuero debe tramitar el expediente, como había dicho la fiscalía.

    Entre otras disposiciones, el Título IV del DNU que suspendió la Sala de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo incluye una restrictiva reglamentación del derecho de huelga en diversas actividades que son consideradas servicios esenciales, a las que se exigirá un 75% de prestación del trabajo normal, y otras que se califican de “actividades de importancia trascendental”, que estarán obligadas a garantizar el 50% del servicio.

    Entre los esenciales están “los servicios sanitarios y hospitalarios, así como el transporte y distribución de medicamentos e insumos hospitalarios y los servicios farmacéuticos; la producción, transporte y distribución y comercialización de agua potable, gas y otros combustibles y energía eléctrica; los servicios de telecomunicaciones, incluyendo internet y comunicaciones satelitales; la aeronáutica comercial y el control de tráfico aéreo y portuario, incluyendo balizamiento, dragado, amarre, estiba y remolque de buques; servicios aduaneros y migratorios y demás vinculados al comercio exterior; y cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial”.

    En la categoría “actividades de importancia trascendental», figuran “la producción de medicamentos y/o insumos hospitalarios; transporte marítimo, fluvial, terrestre y subterráneo de personas y/o mercaderías a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin; servicios de radio y televisión; actividades industriales continuas, incluyendo siderurgia y la producción de aluminio, actividad química y la actividad cementera; industria alimenticia en toda su cadena de valor; la producción y distribución de materiales de la construcción, servicios de reparación de aeronaves y buques, todos los servicios portuarios y aeroportuarios, servicios logísticos, actividad minera, actividad frigorífica, correos, distribución y comercialización de alimentos y bebidas, actividad agropecuaria y su cadena de valor; los servicios bancarios, financieros, servicios hoteleros y gastronómicos y el comercio electrónico; y la producción de bienes y/o servicios de toda actividad, que estuvieran afectados a compromisos de exportación”.