Etiqueta: jueza

  • La Rioja: renunció la jueza acusada de haber pedido una coima de 8 millones de pesos

    La Rioja: renunció la jueza acusada de haber pedido una coima de 8 millones de pesos

    La magistrada Norma Abate de Mazzucchelli, presidenta de la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas de La Rioja, renunció a su cargo luego de las repercusiones que tomó la denuncia por cohecho en su contra, confirmaron fuentes judiciales a Infobae.

    Además la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, solicitó la suspensión preventiva de su cargo como vicepresidenta primera luego de conocerse el hecho. Por su parte, el gobernador Ricardo Quintela impulsó una investigación ante este escandaloso suceso.

    “El dia de ayer se hizo una presentación en fiscalia con la denuncia y allí el fiscal las envió al Tribunal Superior de Justicia. Y hoy a las 9:30 ingresó por Secretaria Administrativa la renuncia presentada”, agregaron a este medio fuentes judiciales de la provincia.

    En este momento, según la fuente, la Corte riojana entró a un “acuerdo extraordinario” para tratar el tema y aún se desconoce si en el día de hoy tendrá una resolución. “Lo que resuelva, se envia al Consejo de la Magistratura provincial y, recién ahí, ellos se reunirán durante el dia para analizar el tema”, agregaron a Infobae.

    Luego de esta instancia se eleva a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. “Se está evaluando todo, ademas de esta cuestion que es gravísima, ella tenia otras denuncias de demora judicial“, completó la fuente consultada por este medio.

    La denuncia que desencadenó en la reciente dimisión de la magistrada ocurrió luego que tomara trascendencia pública una investigación del noticiero Telenoche (El Trece) en la cual una comerciante riojana, llamada Manuela Saavedra, expuso un supuesto pedido de coima por parte de Abate de Mazzucchelli para agilizar un proceso de sucesión familiar, la herencia de un tío fallecido hace cuatro años, sin testamento.

    “Los hechos acontecidos y denunciados públicamente son inaceptables y de una gravedad absoluta. La jueza Abate de Mazzuchelli, apuntada por pedir coimas para resolver distintos casos, está atentando contra la confianza del pueblo riojano en la Justicia; por ello, solicité la separación de su cargo y la investigación de esta situación”, tuiteó el gobernador Ricardo Quintela.

    Esto habría derivado en una tercera reunión en el que Abate de Mazzucchelli solicitó una suma de dinero para destrabar la causa, a modo de “reconocimiento” del trabajo que implicaba activar esos expedientes, algo que incluiría dentro de los honorarios de la abogada que llevaba la sucesión, pero que cobraría ella.

    La mujer comerciante grabó un video en el que se la escucha a la magistrada quejarse de los bajos salarios. Según el relato de Saavedra, la jueza se habría hecho presente en su comercio horas después de su primer encuentro para avisarle que podría tener al día siguiente los oficios.

    En un video que mostró Telenoche la jueza le realizó una pregunta directa en lo que parecería ser una cámara oculta: “¿Cuánto creés que podés (pagar)?”. “¿Quién te hizo todo? ¿Quién te manejó todo? Acá no fueron los abogados”.

    “Es simple, Manuela. Acá nadie te va a poner un revólver en el pecho”, afirmó Abate de Mazzucchelli, quien también es presidenta de la Cámara Cuarta en lo Civil. Y agregó: “Voy a regular unos honorarios para tu abogada y esos honorarios van a ser los míos. Vos me entendés, porque sos inteligente”, dijo Saavedra durante una entrevista con la periodista Josefina López Mac Kenzie y el productor periodísticto Tomás Vidal Adano, al evocar las palabras de la jueza.

    Luego de eso, siempre siguiendo el relato de la comerciante riojana, Abate de Mazzucchelli escribió un “8″ en un papel, requiriendo 8 millones de pesos por el proceso y cuestionando el trabajo de los abogados que llevan el expediente. Segundos después, habría intentado negociar otro monto al preguntarle a la comerciante cuánto estaba dispuesta a pagar.

    Telenoche fue a buscar la palabra de la jueza quien negó de manera categórica las acusaciones. Además,Saavedra -quien realizó la denuncia penal en la fiscalía de turno de La Rioja, a cargo del fiscal Luis González Aguirre- fue acompañada por el equipo de abogados de la ONG Poder ciudadano, que habilitó el número 51147200, para recibir denuncias de otros casos que se hayan visto afectados por el proceder de la magistrada.

  • Una jueza de Chaco hizo lugar a una cautelar que suspende la vigencia de la Ley IVE en la provincia

    Una jueza de Chaco hizo lugar a una cautelar que suspende la vigencia de la Ley IVE en la provincia

    Una jueza chaqueña hizo lugar a una medida cautelar presentada por particulares que pidieron la suspensión en la provincia de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que fue interpretada como «antidemocrática» por representantes de organizaciones feministas, informaron hoy fuentes judiciales.

    «Este tipo de cautelares evidencian la trinchera antidemocrática, que suspende el ejercicio de un derecho y la implementación de una política pública sanitaria sin hacer un control mínimo, serio, de admisibilidad y procedencia de la acción», dijo a Télam Soledad Deza, abogada tucumana feminista que representó y logró la liberación de Belén, la joven que estuvo presa en esa provincia a causa de un aborto espontáneo.

    Deza aludió a la cautelar admitida por la jueza de feria Marta Beatriz Aucar de Trotti, a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº19 de la ciudad de Resistencia, que hizo lugar a una presentación para suspender la vigencia de la Ley 27.610 en la provincia de Chaco.

    En su presentación, los actores y actoras solicitaron la declaración de inconstitucionalidad de la norma recientemente aprobada en el Congreso y sostuvieron que el art.15 inc.1 de la Constitución de Chaco garantiza «el derecho a la vida y a la libertad, desde la concepción, a todas las personas y que, como se trata de una competencia concurrente de la provincia con la Nación, debe primar la interpretación de la ley más favorable a la persona humana».

    En su fallo, la jueza Aucar de Trotti manifestó que «si bien pueda existir una presunción de validez ante la Ley que se cuestiona, de la simple lectura de las restantes normas antes mencionadas, también plenamente vigentes, requiere de un mayor análisis de la validez en su aplicación respecto de la primera, ante un conflicto de normas e intereses que deban ser protegidos y que prevalezcan sobre la misma».

    La magistrada entendió que «la apariencia de buen derecho se manifiesta ante la simple lectura de las normas antes mencionadas», en referencia al texto constitucional de la provincia de Chaco, de la Constitución nacional, pactos internacionales y a la ley de protección integral de la niñez N°26.061.

    Deza, por su parte, afirmó que este tipo de demandas «son una aventura jurídica, la legitimación activa es muy seria en un proceso y está decisión omite ese análisis como también el de la legitimación pasiva y la inexistencia inocultable de caso».

    «Es una vergüenza jurídica propia del activismo conservador que se alía para mudarse al Poder Judicial cuando perdió en el debate legislativo. Previsible la demanda, pero no deja de sorprender la connivencia judicial al desconocer la supremacía constitucional y prestarse a este juego destinado al fracaso, pero que tanto daño hace a la sociedad y las instituciones», señaló la abogada que preside el colectivo MujeresXMujeres de Tucumán.

    Por su parte, la subsecretaria de Salud comunitaria, Entornos Saludables y no Violentos del Ministerio de Salud Pública de Chaco, Carolina Centeno, sostuvo hoy en su cuenta de Twitter que «ante la medida cautelar que suspende la aplicación de la ley 27.610 difundida por la red social WhatsApp, queremos aclarar que el gobierno provincial no ha sido notificado al respecto. Somos respetuosos del Estado de Derecho y respetamos los procesos judiciales»

    «Llegado el momento contestaremos de tal forma. La ley de IVE es una ley sancionada por los representantes del pueblo. Desde el gobierno provincial, vamos a seguir impulsando este derecho para proteger a las mujeres y personas gestantes», agregó la funcionaria chaqueña en el hilo de la red social.

    La cautelar dictada por la jueza chaqueña contrastó con una medida adoptada hace diez días en Salta, en la que el juez federal Julio Leonardo Bavio rechazó hacer lugar a una medida para suspender la Ley IVE.

    El fallo de Bavio desestimó por «improcedente» el planteo de una cautelar presentada por un grupo personas «pro vida» entre las cuales estaba la ex senadora María Cristina Fiore Viñuales del Partido Renovador, junto a Gladys Moisés de Martínez, Mónica Elizabeth Medina, Miguel Armando Miranda, Andrés Rafael Suriani, Héctor Favio Zerpa, René Luis Castellón y Jorge Daniel Roldán.

    El escrito reclamaba que un fallo establezca claramente, frente a estas normas, que el «ser humano existe desde el momento de la concepción» y que el niño no nacido «tiene derecho intrínseco a la vida del que no puede ser privado».

    El juez Bavio determinó que el pedido era «improcedente, en virtud de lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente ‘Thomas’ del 15/06/2010», a la vez que explicó que excede a su competencia suspender una norma sancionada por el Poder Legislativo.

    Según dijo a Télam Tere Cubells, diputada provincial del Frente Chaqueño, el gobierno de Chaco todavía no fue notificado oficialmente de la medida.

  • Dos detenidos por el crimen del policía y el barrendero a bordo de un colectivo en Barracas

    Dos detenidos por el crimen del policía y el barrendero a bordo de un colectivo en Barracas

    Dos sospechosos fueron detenidos hoy en una serie de allanamientos realizados en el marco de la investigación por el doble homicidio de un efectivo de la Policía Federal (PFA) y un barrendero cometido hace una semana arriba de un colectivo en el barrio porteño de Barracas, informaron hoy fuentes judiciales y policiales.

    Los procedimientos, que aún no culminaron, eran realizados por detectives de la División Homicidios de la PFA –la misma donde trabaja el padre del efectivo asesinado-, por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 36 y a pedido del fiscal de la causa, Martín López Perrando.

    Las fuentes indicaron que se trata de al menos cuatro allanamientos que se realizaban en el mismo barrio de Barracas donde fueron asesinados el agente Esteban Nicolás Lagos (28), quien trabajaba en la División Ferrocarril Mitre de la PFA, y el barrendero Juan Roberto Bonifacio (34), empleado de la empresa Higiene Urbana AESA-Veolia de la ciudad de Buenos Aires.

    El hecho ocurrió el lunes pasado, a las 23.40, arriba del interno 4845 de la línea 100, ramal 1, que circulaba por la calle Vieytes, entre Quinquela Martín y Suárez, cuando dos ladrones subieron armados y con intenciones de robo.

    Según lo que pudieron reconstruir los investigadores en base al relato del chofer y los pasajeros, cuando abordaron el colectivo, uno de los ladrones pasó saludando hacia el fondo y el otro se quedó en la parte delantera, extrajo un arma y anunció que se trataba de un asalto.

    «¡Bueno, están todos regalados!», fue la frase que ese delincuente gritó al iniciar el robo, tras lo cual tomó como «escudo humano» a un joven de 29 años que viajaba en el primer asiento detrás del chofer.

    Al ver la situación, Lagos, quien viajaba entre el pasaje uniformado y con su chaleco antibalas colocado, se levantó de su asiento para dar la voz de alto, pero de inmediato comenzaron los disparos.

    La autopsia determinó que el policía recibió cuatro tiros de frente: uno en el cuello, otro en el pecho, un tercero en un brazo y el restante en una pierna.

    En el caso del recolector de residuos Bonifacio, fue alcanzado por un único disparo que ingresó por la espalda, ya que viajaba en un asiento que miraba hacia la luneta trasera del colectivo.

    Otros dos pasajeros, de 30 y 34 años, resultaron baleados, uno en una pierna y el otro en un pie, con heridas que no revistieron gravedad.

    Los dos delincuentes -uno descripto como de 45 años y el otro más joven-, resultaron ilesos y escaparon de la unidad luego pedirle al chofer que abriera la puerta y de robar la pistola 9 milímetros reglamentaria al policía baleado.

    La fuga quedó grabada por cámaras de seguridad cuyos videos son una evidencia clave de la investigación.

  • Larreta y Santilli, otra vez contra la jueza que liberó al motochorro colombiano

    Larreta y Santilli, otra vez contra la jueza que liberó al motochorro colombiano

    El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, volvió a mostrarse en contra de la jueza Patricia Guichandut, quien liberó en pocas horas a un motochorro colombiano. «Hay que expulsar a los extranjeros que roban», sostuvo. «Los jueces no tienen que liberar tan rápido a los extranjeros que roban. El año pasado la Policía de la Ciudad apresó a casi 190 motochorros. No quedó ninguno preso», aseguró Rodríguez Larreta al cuestionar a la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 62, durante una entrevista con la periodista María Laura Santillán para el programa Plato Fuerte, emitido por Radio Nacional. 

    En ese marco, señaló que la magistrada que liberó al colombiano la semana pasada por una probation de 700 pesos, «podría haberle puesto una pena mayor y quedaba preso». Y amplió: «La ley da un rango. Si siempre elegís la pena menor, es excarcelable. Los jueces tienen discrecionalidad».

    «El tema de los motochorros hoy es la principal preocupación. Aplicando la misma ley, podrían quedar presos», expresó el funcionario que se mostró a favor de que dejen el país aquellos extranjeros que hayan cometido un delito.

    Por su parte, el vicejefe Diego Santilli, precisó en declaraciones a Radio Mitre: «De alguna manera te agota, te enoja, te da bronca, todos los días trabajamos para poder vivir en paz, para tener justicia, como todos queremos vivir, y de repente otro caso más: un tipo que hizo once robos de celulares, cayó, quedó libre a la espera de un juicio y en la segunda jornada otra vez roba nueve celulares. Así es imposible, mas allá de que una y mil veces vamos a ir a buscarlos».

  • Macri contra la jueza que liberó a motochorros: “Con una Justicia así, no hay policía que alcance”

    Macri contra la jueza que liberó a motochorros: “Con una Justicia así, no hay policía que alcance”

    El presidente calificó de “indignante” el fallo de la jueza Patricia Guichandut, que liberó a dos motochorros extranjeros en menos de una semana.

    El presidente de la Nación, Mauricio Macri, opinó sobre el fallo de la jueza Patricia Guichandut, que liberó a dos motochorros extranjeros en menos de una semana. En ese sentido, el mandatario se expresó con un comentario a través de su cuenta de Twitter, y calificó de “indignante” esta decisión.

    “Es indignante el caso de la Jueza que nuevamente liberó a motochorros con antecedentes penales y prohibición de ingreso al país. Las Fuerzas de Seguridad están haciendo su trabajo en la calle pero con una Justicia así no hay policía que alcance”, expresó Mauricio Macri.

    Quien también se manifestó al respecto fue Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: “Estoy un poco caliente con la jueza que liberó al motochorro. Tres veces condenado. El tipo con la expulsión de la Argentina dictaminada, lo volvemos a agarrar en Boedo y lo liberó a las 24 horas”, comenzó el funcionario.

    “El año pasado agarramos más de 210 casos de motochorros. Casos incluso de los más conocidos, el premio Nobel de Medicina en Ciudad Universitaria. De los 210 casos, ¿sabés cuántos hay presos hoy? Cero”, dijo Rodríguez Larreta esta mañana en diálogo con Radio Mitre.

    La magistrada es la misma que había dejado en libertad a otro delincuente colombiano luego de que pagara 700 pesos. Patricia Susana Guichandut se encuentra a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 62. La polémica surgió ya que desde allí, y en menos de dos semanas, la magistrada dejó en libertad a tres motochorros que delinquieron en el país. Además, cabe aclarar que uno de ellos tenía prohibido el ingreso al país.