En el miércoles pasado, a las 12:20Hs, en un domicilio del barrio Valle Chico, efectivos de la División Investigaciones de la Policía, procedieron a la detención de un hombre de apellido Arce (55), sobre quien obraba un requerimiento judicial dispuesto por Fiscalía de Instrucción en Feria, a cargo del Dr. Felsztyna, por el supuesto delito de amenazas simples y violación de domicilio en calidad de autor.
Por el hecho esta persona quedó alojada a disposición de la Justicia interviniente.
Los diputados oficialistas avanzaron contra los cuatro jueces del alto tribunal alegando que son corruptos, mientras que la oposición replicó que se levantó “un circo” para afectar a la administración de justicia.
La decisión del Gobierno de acorralar y desgastar a la Corte Suprema tuvo su primer capitulo en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Los legisladores oficialistas utilizaron chicanas y argucias para descalificar a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, pero hoy no exhibieron una solo evidencia que permita justificar la remoción de los cuatro jueces que están en la mira del Frente de Todos.
La defensa del alto tribunal fue ejercida por Juntos por el Cambio, que optó por castigar a la administración de Alberto Fernández en lugar de asegurar que los magistrados son inocentes de los cargos imputados por la bancada kirchnerista.
La reunión parlamentaria se extendió por más de tres horas, y su tono fue de menor a mayor. Los legisladores del Gobierno y la oposición -ambos con asistencia perfecta- saben que hoy fue un ensayo del debate que se aproxima. En febrero, se debe decidir la admisibilidad de las causas en contra de los cuatro jueces y esa será una compleja decisión que podría desatar un conflicto de proporciones en la Comisión de Juicio Político.
La decisión del Gobierno de acorralar y desgastar a la Corte Suprema tuvo su primer capitulo en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Los legisladores oficialistas utilizaron chicanas y argucias para descalificar a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, pero hoy no exhibieron una solo evidencia que permita justificar la remoción de los cuatro jueces que están en la mira del Frente de Todos.
La defensa del alto tribunal fue ejercida por Juntos por el Cambio, que optó por castigar a la administración de Alberto Fernández en lugar de asegurar que los magistrados son inocentes de los cargos imputados por la bancada kirchnerista.
La reunión parlamentaria se extendió por más de tres horas, y su tono fue de menor a mayor. Los legisladores del Gobierno y la oposición -ambos con asistencia perfecta- saben que hoy fue un ensayo del debate que se aproxima. En febrero, se debe decidir la admisibilidad de las causas en contra de los cuatro jueces y esa será una compleja decisión que podría desatar un conflicto de proporciones en la Comisión de Juicio Político.
A las 11 en punto, comenzó la primera sesión de la Comisión de Juicio Político para tratar las acusaciones contra la Corte Suprema. Aún sobrevolaba cierta quietud parlamentaria, mientras que la titular de la Comisión, Carolina Gaillard, explicaba cómo serían las reglas del futuro combate político que protagonizarían los diputados del oficialismo y la oposición.
El juicio político a la Corte es un recurso diseñado por Alberto Fernández para unir al Frente de Todos y tener su primera herramienta de campaña electoral. Y al otro lado del campo de batalla la oposición utiliza el embate oficialista sobre el cuarto piso de Tribunales para cruzar al Gobierno y exhibir su voluntad de regresar a la Casa Rosada .
Ambos bloques legislativos cumplieron con su principal objetivo en la sesión inaugural del juicio político a la Corte Suprema. Ejecutaron un debate caliente y cargado de chicanas, adonde se citó a Juan Domingo Perón, Horacio Rodríguez Larreta, al poeta Antonio Porchia, Carl Schmitt, Néstor Kirchner, Mauricio Macri y el dictador José Felix Uriburu.
Leopoldo Moreau, con una experiencia parlamentaria que inició durante el gobierno de Raúl Alfonsín, aprovechó su dialéctica para explicar las razones del embate contra el máximo tribunal. “Hay que poner fin a este funcionamiento mafioso de la Corte”, opinó el diputado que se crió en La Coordinadora y ahora defiende al kirchnerismo.
Enfrente a Moreau, junto a sus colegas de la bancada de Juntos por el Cambio, se encontraba Sabrina Ajmechet. Ella respondió al argumento básico que sostiene la acusación politica contra Rosatti, Rosenkrantz, Lorenzetti y Maqueda.
“La única intención es dar alguna batalla electoral luego de tres años de pésimo gobierno”, sintetizó Ajmechet.
La Comisión de Juicio Político tendrá hacia adelante un difícil debate acerca de los chats hackeados y la facultad de citar a declarar a los miembros de la Corte Suprema. Juntos por el Cambio, apoyados en la doctrina del fruto del árbol venenoso, rechazará que se utilicen como esos chats como evidencia.
Y respecto a la citación de los jueces, la oposición considera que es una facultad de los denunciados que está al margen de la voluntad política del bloque oficialista. Así está escrito en el artículo 13 del reglamento de la Comisión de Juicio Político.
Alberto Fernández, principal impulsor del juicio político a la Corte, sostiene que los integrantes del alto tribunal deben ser citados y asegura que los chats hackeados pueden utilizarse como evidencia. La interpretación presidencial de las normas penales y administrativas será replicada al momento de tratar estos asuntos clave en la Comisión de Juicio Político.
Ese día, la batalla parlamentaria será inolvidable.
A las 10:20Hs de la mañana de este miércoles, en la intersección de la Avenida Virgen del Valle y calle Chacabuco, personal del Cuerpo de Operaciones Especiales Motorizadas (COEM-Kappa) procedió al arresto en averiguación del hecho de un masculino de apellido Aguirre (21).
Al consultar en el sistema informático del SAE 911, los Policías lograron establecer que sobre esta persona obraba un requerimiento Judicial ordenado por la Fiscalía de Instrucción N° 8, por lo que fue trasladada y alojada en la Comisaría Quinta, que por jurisdicción corresponde a disposición de la Justicia interviniente.
En el marco de su Segunda Sesión Extraordinaria a cargo del presidente Provisorio del Cuerpo, Oscar Vera, la Cámara de Senadores prestó acuerdo al Pliego de la Dra. Olga del Valle Amigot Solohaga, el cual contaba con despacho favorable de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes.
Reunidos en el recinto de Sesiones Fray Mamerto Esquiú, senadores y senadoras, aprobaron el pliego enviado por el Poder Ejecutivo por medio del cual se designa a la Dra. Amigot Solohaga como Jueza de Familia N°2 para la Primera Circunscripción Judicial.
Como miembro informante, el presidente de la Comisión, senador Maximiliano Brumec explicó que tras la evaluación pertinente y entrevista, «no se encontró objeción alguna ni impedimento».
«Se trata de una persona con vasta experiencia, que ha recorrido muchísimos caminos de la justicia, con capacidad e idoneidad para ocupar el cargo» manifestó el Senador al tiempo de resaltar la «calidad humana» de la postulada en temas y causas tan sensibles como la adopción, divorcio y violencia, entre otros.
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, encabezada por el senador Maximiliano Brumec y acompañada por el presidente provisorio del Cuerpo Oscar Vera, recibió esta mañana a la Dra. Olga del Valle Amigot Solohaga a los fines de proceder con la correspondiente entrevista en el marco del tratamiento del pliego de acuerdo enviado por el Poder Ejecutivo, para la designación de funcionarios judiciales.
En tal sentido, es necesario señalar que la profesional del derecho es postulada para ocupar el cargo de Jueza de Familia N°2 para la Primera Circunscripción Judicial en la Provincia.
Durante la entrevista, estuvieron presentes, las y los senadores Gabriela Ybáñez, Érika Inga, Norma Reales, Edgardo Seco, Augusto Ojeda y José Pío Carletta, además del Secretario Parlamentario Franco Dré.
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresa su preocupación por la demanda judicial que impulsa el senador Oscar Parrilli en contra del periodista Marcelo Bonelli. Según anticipó el abogado del legislador, al colega le reclamarán una indemnización por daños y perjuicios.
Parrilli considera que en 2017 el periodista lo difamó al comentar al aire un artículo periodístico –que no era de su autoría- en el que se lo acusaba de ser uno de los 42 funcionarios del gobierno de entonces que habrían recibido sobornos en el escándalo Odebrecht, la firma brasileña acusada de pagar cientos de millones de dólares en sobornos en toda la región. En particular este caso ha sido una muestra clave del rol de la prensa para combatir el flagelo de la corrupción. En consecuencia el litigio, extrañamente impulsado tres años después de los hechos, puede interpretarse como una arremetida del senador contra la prensa.
La incertidumbre que genera una acción judicial y el riesgo de pagar una suma cuantiosa amenazan el normal ejercicio de la tarea periodística. La presión de una demanda de estas características condiciona la libertad de expresión y puede desencadenar la autocensura en el resto de la actividad, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el resto del país.
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FOPEA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Personal de distintas divisiones de la Departamental 13, allanaron un domicilio en la avenida Monseñor Jorge Gottau del barrio Polo Norte, Añatuya, en busca de un empleado judicial acusado del supuesto delito de abuso a un menor.
El caso, que es investigado por la fiscalía a cargo de la doctora Cecilia Rimini, fue denunciado hace algunos días, y el juez de control ordenó el pasado fin de semana, la aprehensión del joven en la vía pública, y hoy autorizó allanamientos de algunos domicilios para proceder a la aprehensión.
En el lugar, se detuvo el sujeto en cuestión.
Fuente: El Liberal
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