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El Gobierno anunció la compra “transparente” de alimentos para comedores

Se firmaron acuerdos por $20 mil millones. Se “pondrá fin a la cartelización y se ahorrará dinero al Estado”, aseguran desde el Ministerio de Capital Humano.

El Ministerio de Capital Humano comenzará esta semana a licitar la compra de alimentos “destinados a mitigar las demandas de la población en situación de vulnerabilidad”. Será a través de dos convenios que ya firmó con Naciones Unidas, por $20 mil millones: uno con el proyecto PNUD ARG 20/004 y otro con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).

De esta manera el Gobierno de Javier Milei dejó atrás las “metodologías grises” que utilizaba la administración de Alberto Fernández para realizar este tipo de compras y quitó la intermediación de los dirigentes sociales y piqueteros. Fuentes oficiales también destacaron que se dará una “mayor transparencia en el proceso administrativo y de entrega de los productos a los sectores más necesitados”.

El viernes, ante la Asamblea Legislativa, Javier Milei cuestionó en duros términos a la gestión del por entonces Ministerio de Desarrollo Social: “Absorbimos funciones que realizaban en forma no auditada, sin registro y sin control, las organizaciones sociales como la entrega de alimentos. Ahora sabemos exactamente qué pasa con cada bolso de comida que se reparte”, expresó.

Sus palabras estaban basadas en una auditoría interna realizada por la cartera que conduce Sandra Pettovello -que publicó este medio- en la cual sobresalen sobreprecios de hasta un 500%; cartelización en las compras; direccionamiento hacia empresas y sociedades; y “falta de trazabilidad” en el destino de los alimentos que salían de los depósitos del ex Ministerio de Desarrollo Social hacia las organizaciones sociales que forman parte de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y piqueteros de izquierda. El 80% de esos despachos “no fueron rendidos”. Eso no quiere decir que no hayan llegado a destino, sino que no existe constancia a qué comedores fueron ni a cuántas personas asistieron.

2024-03-04
¡Trabajadores podrán elegir libremente su obra social a partir de marzo!

El Gobierno Nacional, a través del decreto 170/2024 publicado en el Boletín Oficial, anunció una medida que revolucionará el sistema de salud argentino: a partir de marzo, los trabajadores podrán elegir a qué entidad derivar sus aportes salariales obligatorios al ente de salud que prefieran.

Esta decisión, que afecta a un universo de 14 millones de personas, busca brindar mayor libertad y autonomía a los trabajadores a la hora de elegir su cobertura médica. De esta manera, quienes tengan una nueva relación laboral ya no estarán obligados a permanecer un año completo en la obra social de su sindicato, sino que podrán optar por la que mejor se adapte a sus necesidades desde el primer momento.

“Este es un paso fundamental para fortalecer el sistema de salud argentino y garantizar el acceso a una cobertura médica de calidad para todos los trabajadores”, afirmó el presidente de la Nación en un comunicado oficial. “Con esta medida, estamos poniendo al trabajador en el centro del sistema y dándole la libertad de elegir la obra social que mejor se ajuste a sus necesidades y preferencias.”

¿Cómo funcionará el nuevo sistema?

Los trabajadores que se incorporen a un nuevo empleo a partir de marzo de 2024 recibirán información detallada sobre las diferentes obras sociales disponibles y podrán elegir libremente a cuál desean afiliarse.

Las obras sociales y prepagas, por su parte, deberán competir entre sí para ofrecer los mejores servicios y beneficios a los trabajadores. Esto permitirá mejorar la calidad de la atención médica en general y brindar mayores opciones a la población.

Un cambio histórico para el sistema de salud argentino

La medida adoptada por el Gobierno Nacional representa un cambio histórico para el sistema de salud argentino. Por primera vez, los trabajadores tendrán la libertad de elegir su propia cobertura médica, lo que impulsará la competencia entre las diferentes entidades y redundará en una mejor calidad de atención para todos.

Se espera que la implementación del nuevo sistema se concrete de manera gradual a partir de marzo de 2024. En los próximos días, el Gobierno Nacional brindará más detalles sobre el proceso de elección y los requisitos que deberán cumplir las obras sociales y prepagas para participar del nuevo sistema.

Este cambio sin duda es una gran noticia para los trabajadores argentinos, quienes a partir de ahora tendrán un mayor control sobre su salud y podrán elegir la mejor opción para ellos y sus familias.

2024-02-21
El Gobierno evalúa declarar la educación «servicio esencial»

Esta decisión se está analizando en medio del contexto de reclamo de los gremios docentes para que sean convocadas las paritarias del sector a nivel nacional y que se garantice el envío de fondos nacionales a las provincias.

El Gobierno informó este martes que evalúa declarar la educación como «un servicio esencial», a pocos días del inicio de clases en todo el país y a dos de que se desarrolle el congreso nacional de Ctera, en el que los gremios docentes resolverán el camino a seguir ante la falta de convocatoria a paritaria del sector y la decisión del Ejecutivo de no enviar a las provincias el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid).

En su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, el vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que «se ha tomado la decisión de comenzar con la evaluación para declarar a la educación como servicio esencial. Los iremos manteniendo al tanto con respecto a este tema».

De esta manera el Gobierno busca poner en vigencia los artículos del DNU 70/2023 que modificaban la ley laboral argentina y que la Justicia suspendió al declararlos «inconstitucional» por vulnerar el derecho a huelga.

Las declaraciones del vocero se producen en medio del reclamo de los gremios docentes para que sean convocadas las paritarias del sector a nivel nacional y que se garantice el envío de fondos nacionales a las provincias, y fue uno de los temas analizados por el Gobierno durante la reunión de gabinete que se hizo esta mañana.

Los roces entre los gremios y el gobierno son, principalmente por la decisión de no transferir los fondos educativos a las provincias. El Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) es, en este contexto, un componente de relevancia en el sueldo docente, promedia el 13% del sueldo inicial que cobran cerca de 1,6 millones de docentes de todo el país del sistema educativo formal, desde el nivel inicial hasta el nivel terciario no universitario.

Fue creado en 1998, en el marco de una disputa por los salarios que mantuvo el entonces presidente Carlos Menem con la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA). Este año, el ingreso se encuentra caído desde el primero de enero de este año y el gobierno no da señales de querer renovarlo.

2024-02-21
Catamarca: hubo acuerdo entre gremios docentes y el Gobierno, y habrá inicio de clases

Pese a la indignación de los Docentes Autoconvocados, el gobernador Raúl Jalil recibió a los representantes de los gremios docentes en el marco del cierre de la paritaria 2023, donde acordaron un incremento del 25,5% y una bonificación no remunerativa de $35.000.

El pasado viernes, el Ejecutivo acercó una propuesta a los gremios docentes, para la cual pidieron un cuarto intermedio con el fin de ser puesta a consideración entre los representados. Finalmente, en el día de hoy se llegó a un acuerdo con la Intersindical Docente por un incremento del 25,5% con base en febrero de 2023 y una bonificación extraordinaria y por única vez de $35.000 no remunerativa, que se hará efectiva el miércoles 28 de este mes. A esto se suma la modificación del piso salarial en $300.000. Con este acuerdo las partes cierran la paritaria docente 2023.

En otro de los puntos acordados, el Gobierno Provincial se comprometió a garantizar el Fondo de Incentivo Docente tal cual se lo venía liquidando y queda a la espera de iniciar el diálogo para las paritarias 2024 previsto para el día 15 de marzo, una vez que se publique el índice inflacionario del mes de febrero.

Además, se acordó trabajar en conjunto en los próximos tres años en un programa de reubicación de docentes y alumnos a escuelas de cercanía a sus domicilios.

Con este arreglo, queda garantizado el inicio del ciclo lectivo 2024 el próximo lunes 4 de marzo.

Cabe destacar que este acuerdo salarial es rechazado por los Docentes Autoconvocados quienes esta mañana se manifestaron frente a Casa de Gobierno mientras en el interior se realizaba la reunión paritaria.

2024-02-19
El Gobierno convocó a estatales para tratar paritarias este lunes 19

El Gobierno nacional convocó a los trabajadores estatales a una reunión paritaria para el próximo lunes en la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, pero desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) advirtieron que «será muy difícil lograr un acuerdo» con el Ejecutivo.

La convocatoria fue realizada para las 15 en la sede de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, ubicada en Avenida Callao 114 de la ciudad de Buenos Aires.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, dijo en un comunicado que «en nuestra conducción vamos a debatir la estrategia de negociación para el día lunes, pero si se mantiene la pretensión de licuar salarios y jubilaciones será muy difícil lograr un acuerdo».

«Las medidas económicas que está aplicando el Gobierno en pocas semanas han deteriorado de manera grave los ingresos en el sector público», afirmó el dirigente y manifestó que «el salario promedio en la administración pública continúa por debajo de la línea de pobreza».

Además, sostuvo que espera que el Ejecutivo «tenga la voluntad política de concurrir con una propuesta que contemple las necesidades reales de los trabajadores y no pretenda que la discusión salarial se realice con el Presupuesto 2023 prorrogado».

«Hay que evitar que se aplique la resolución 28/24 que intenta ponerle un techo a las paritarias, ya que esto impedirá cualquier posibilidad de entendimiento», completó Aguiar.

2024-02-17
El Gobierno eliminará fondos fiduciarios por u$s 2.000 millones

El Gobierno procederá a la eliminación de los fondos fiduciarios, por entender que «carecen de transparencia y representan medio punto del producto, en torno a los US$ 2.000 millones», anunció este viernes el vocero presidencial, Manuel Adorni.

«Vamos a terminar con estas cajas de la política», sostuvo el portavoz en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada.

La medida, que había sido anticipada por el presidente Javier Milei en diversos reportajes, estaba incluida en la ley bases que quedó trunca en el Congreso luego de que el Ejecutivo decidiera retirar el proyecto. Justamente fue cuando se llegó a este punto que el debate del articulado del proyecto se trabó.

Es que parte de lo que en ese momento se llamó la aprobación dialoguista resisitió la aprobación del inciso “h” del artículo 4° del proyecto que le otorgaba al mandatario el poder de “transformar, modificar, unificar o eliminar asignaciones específicas, fideicomisos o fondos fiduciarios públicos creados por normas con rango legal, inclusive los destinados a subsidios, revisar su procedencia y destino para lograr una mayor racionalidad, eficiencia, eficacia, transparencia y control del uso de recursos públicos”.

Ahora el Poder Ejecutivo avanzará sobre estos fondos fiduciarios por decreto, tal como había anticipado Milei. Adorni no puntualizó cuáles son los fondos fiduciarios que se eliminarán en esta primera etapa.

Entre los fondos que el gobierno cuestionaba se encuentra el Fondo de Integración Socio Urbana (Fisu). Esos recursos permitieron en Rosario urbanizar varios barrios populares. Otros fondos fiduciarios conocidos son el “Procrear”, el de Desarrollo Productivo (Fondep), el “Estabilizador de Trigo Argentino” y el de Infraestructura Hídrica, entre otros.

2024-02-16
Milei recortará los fondos que financian a los gremios

Las tensiones entre el Gobierno Nacional y la CGT se agravan y encuentran su punto cúlmine. Luego de que el Ejecutivo Nacional entrara en conflicto con los gobernadores la semana pasada cuando se recortó las transferencias discrecionales, subsidios al transporte y fondos para educación tras la caída de la Ley Ómnibus que el Congreso, esta vez, la mira del ajuste es apuntada al sector sindicalista. Se prevé una fuerte reducción de los recursos destinados al financiamiento de las obras sociales sindicales que administran los principales líderes de la CGT.

Tras el paro general que la central obrera concretó el último 24 de enero, el más rápido dispuesto contra un gobierno desde el retorno de la democracia, el Presidente aceleró en su ofensiva contra la pata gremial de lo que agrupa bajo la categoría de la «casta» y, a través de mensajes informales de funcionarios de su administración, anticipó a los gremios el nuevo recorte que, en parte, ya se puso en marcha: el Gobierno no giró en enero a las prestadoras sindicales unos $ 5.000 millones correspondientes al programa SUR que subsidia los tratamientos de alta complejidad y los medicamentos de alto costo.

Pero el ajuste es mucho más amplio y amenaza afectar el financiamiento de servicios para discapacitados y la atención médica de jubilados y monotributistas. Según la previsión del Gobierno, adelantada a los sindicalistas, se proyecta una reducción de alrededor de un tercio de los recursos del Fondo Solidario de Redistribución (FSR) que actualmente se destinan para pagar los servicios de transporte y educación para discapacitados, lo que obligaría a las obras sociales a financiarlos con recursos propios.

«Si avanzan con el recorte vamos a ir a la Justicia a frenarlo», alertan como respuesta desde la cúpula de la CGT en línea con la contraofensiva judicial que ya pusieron en marcha algunos gobernadores tras la eliminación de los subsidios al transporte y del fondo de incentivo docente.

En la central obrera recuerdan que desde hace años presionan para que el Estado asuma en forma directa el costo de esos servicios para evitar desfinanciar el FSR, cuyo destino original era el de pagar los tratamientos más costosos. Para eso durante la gestión de Alberto Fernández y Sergio Massa lograron incluir en el Presupuesto 2023 una partida específica de $132.000 millones para costear los rubros de discapacidad por fuera del FSR, pero hasta diciembre solo se transfirieron $ 70.000 millones. La gestión de Milei ya les anticipó que no continuará con esas transferencias. Ahora a esa decisión se suma que sus propias prestadoras deberán pagar una parte de los servicios.

«No entienden que no están castigando a los sindicalistas. Esto lo pagan los trabajadores, la gente y la salud pública que ya está colapsada», advirtió a Clarín José Luis Lingeri, jefe del gremio de Obras Sanitarias y el referente de la conducción cegetista encargado de la problemática de las obras sociales. El dirigente remarcó que es «crítica» la situación del FSR, que es administrado por la Superintendencia de Salud y se nutre de un porcentaje de los aportes de los trabajadores, porque los recursos no alcanzan para financiar el sistema que hoy presta servicios médicos a más de 14 millones de personas.

2024-02-14
Ahora, los sindicatos: el Gobierno nacional planea quitarles subsidios a sus obras sociales

El Gobierno avanza con el ajuste: tras anunciar la reducción de los subsidios a las empresas de transporte público, ahora dejará de subvencionar a las obras sociales de los sindicatos, según pudo saber TN.

Esta semana, como parte de su plan “motosierra” para recortar gastos del Estado, la Casa Rosada eliminó los subsidios al transporte público que la Nación giraba a las provincias, medidas que dan un nuevo golpe al bolsillo de millones de usuarios que carecen de ayuda social y elevan la tensión entre Javier Milei y los gobernadores.

Sin este fondo de compensación, los mandatarios provinciales tendrán que recurrir a sus propias arcas para evitar que las tarifas de disparen.

“La decisión del Estado nacional es que los fondos lleguen directamente a los ciudadanos, sin intermediarios de ningún tipo, y beneficiando así a las personas que más lo necesitan”, sostuvo la dependencia oficial el jueves para justificar la resolución.

Por su parte, el ministro del Interior, Guillermo Francos, aseguró que “no hay una guerra con el interior” y que la eliminación de los subsidios del transporte a las provincias no guarda relación con la caída de la Ley Ómnibus. “Hay una organización de los recursos púbicos que corresponde legalmente. Desde el Pacto Fiscal de 2017 y 2018 quedó claro que el transporte provincial era una responsabilidad de las provincias”, manifestó Francos en declaraciones radiales.

Los recortes no solo alcanzan al transporte público: hace unos días, el gobierno bonaerense que encabeza Axel Kicillof informó que ya fueron depositados los salarios de enero de los docentes de la provincia “aún cuando el gobierno nacional no transfirió los fondos correspondientes” a los complementos nacionales.

2024-02-10
Patricia Bullrich anticipó que se viene un rediseño político del Gobierno

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anticipó que “se viene un nuevo rediseño político” en el gobierno de Javier Milei tras el frustrado debate de la “Ley Ómnibus” en la Cámara de Diputados, y ratificó que “se viene” una coalición política entre el PRO y La Libertad Avanza. La definición ocurrió en simultáneo a las rumores crecientes de reemplazos de funcionarios que responden a gobernadores aliados que votaron en contra ese proyecto clave impulsado por el presidente.

“Se viene un nuevo rediseño político”, dijo la funcionaria al ser consultada sobre la posibilidad de que el presidente Javier Milei avance en la integración de una coalición entre el PRO y LLA. “La idea es la que tiene que regir y no las estructuras políticas. Estamos caminando juntos”, expresó Bullrich, pero pidió no apurar definiciones porque todavía “es un tema a debatir”.

“Yo empujo para ese lado, sin duda, para que la idea no se frustre de nuevo en la Argentina, que el cambio no se frustre de nuevo. No podemos darnos el lujo de que otra vez el cambio se frustre por los intereses que te traban ese cambio”, explicó. Y resaltó el Gobierno “tiene que alinearse políticamente, todos tienen que defender una causa y jugarse por la causa”.

Asimismo, la expresidenta del PRO señaló que todavía “hay muchos nombramientos que faltan” designar en el Gobierno nacional y aseguró que es necesario “avanzar territorialmente sobre espacios que están dominados por gente que intentan destruir al gobierno desde dentro”.

“Hubo mucho tiempo en el que se trabajó sobre la ley y quizás se puso la prioridad ahí, pero creo que hay una conciencia clara de que es necesario avanzar territorialmente sobre todos aquellos espacios que están dominados por gente que no sólo es contraria, sino que desde las mismas instituciones hablan contra el Gobierno e intentan destruir al Gobierno desde adentro”, acusó la ministra.

Sobre la postura en el Congreso de los diputados que responden al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, Bullrich dijo en una entrevista con LN+ que deben tomar una decisión con respecto a “con quién están”.

2024-02-09
A pedido del Gobierno, las petroleras subirán más lentamente los precios de la nafta

En medio de datos de inflación todavía altos, las petroleras moderarán el ritmo de subas que tenían previsto para intentar alcanzar el precio internacional de sus combustibles. La decisión tiene que ver con acompañar la realidad de los consumidores, castigados por el desplome de sus ingresos reales ante la disparada del nivel general de precios, y de un pedido oficial de acompañar la gestión económica.

El cambio de Gobierno trajo una seguidilla de subas aceleradas para los precios de nafta y gasoil en todas las estaciones de servicio que operan en el país. Específicamente en la Ciudad de Buenos Aires, YPF ajustó el costo de la nafta Premium en varias ocasiones: un 13% el 25 de noviembre, seguido de un 26,3% el 8 de diciembre y un adicional de 37% el 13 de diciembre. Posteriormente, el 3 de enero, se registró un aumento del 26%, y el 1° de febrero, un ajuste del 6,5%, este último incluyendo una actualización por impuestos. Como resultado, el precio por litro de nafta Premium experimentó un ascenso del 163%, elevándose de $349 a $918 en poco más de dos meses.

Junto con el ajuste del tipo de cambio de diciembre y el intento por acomodar precios relativos liberando los que estaban pisados, la suba de los combustibles tuvo un rol nada despreciable en acelerar en lo inmediato la inflación que sufren las familias argentinas. Por eso, y ante la necesidad de emprender un camino de desaceleración para los datos de precios, el tema de los recurrentes ajustes a los precios de la nafta y el gasoil atrajo la atención oficial.

Según reveló el medio especializado Econojournal, citando a fuentes privadas, YPF les comunicó a las petroleras no integradas es que la “paridad de exportación” —un término técnico para referirse al nivel de precio que perciben las exportadoras de crudo— no se alcanzará en marzo como estaba previsto, sino que se hará a un ritmo más lento. El pedido surgió del Ministerio de Economía, dijeron las mismas fuentes.

La disminución en la velocidad de avance de los precios ya es un hecho. Fuentes del sector resaltaron que el último incremento del 6,5% del 1° de febrero pasado solo contempló la suba del impuesto a los combustibles y al ajuste también al alza que tuvieron los precios de biocombustibles que se utilizan para corte, aunque no se tomó en cuenta el crawling peg, es decir, el paulatino aumento del dólar oficial.

2024-02-07
El Gobierno nacional reconoce que la última devaluación generó 2,5 millones más de pobres

El Gobierno nacional reconoció que el salto cambiario de 118 por ciento que aplicó el ministro de Economía, Luis Caputo, el 12 de diciembre, generó casi 2,5 millones de pobres en la Argentina. En una carta enviada a la titular del Fondo Monetario, Kristalina Georgieva, el ministro y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, advirtieron que la pobreza ya alcanza al 50 por ciento de la población y al 60 por ciento de los jóvenes, lo que implica -según las cifras actualizadas del Observatorio de la Deuda Social de la UCA- un incremento de 5,3 puntos porcentuales respecto a la situación previa a la asunción de Milei.

Las cifras citadas en la misiva del Gobierno sostiene que -utilizando los datos de la UCA- la pobreza pasó del 44,7 por ciento (dato del tercer trimestre del 2023) a 50 por ciento, lo que implica un incremento de 5,3 puntos, equivalente a 2.491.000 personas que quedaron debajo del umbral de pobreza.

«Hoy en día, más del 50 por ciento de todos los argentinos viven por debajo del umbral de pobreza, y esa cifra se acerca al 60 por ciento para los niños», puntualiza la carta de Caputo y Bausili a Georgieva, fechada el 17 de enero último y conocida públicamente este lunes. Allí también se reconoce que «los salarios reales han disminuido y los niveles de informalidad y pobreza han aumentado».

«Nuestra administración ha asumido el desafío histórico de llevar a cabo acciones inmediatas y simultáneas reformas macroeconómicas y microeconómicas. Al asumir nuestro cargo, hemos comunicado de manera consistente y clara a la sociedad la grave situación que enfrenta el país», señala la carta. Luego de expresar sus críticas al gobierno anterior, agrega que sus «políticas fortalecerán el balance del Banco Central, abordarán el sobreendeudamiento comercial y aspiran a alcanzar una posición de fortaleza desde la cual podamos proceder a deshacer el flujo de capital medidas de gestión según lo permitan las condiciones».

De acuerdo con el relevamiento de la UCA, que está más actualizado que el del INDEC, la pobreza por ingresos en el segundo trimestre del año pasado fue del 44,7 por ciento, una cifra que iguala al pico de la pandemia, en 2020, y se ubica como el peor registro desde 2005. La tendencia es similar en el caso de la indigencia, que escaló este año del 8,1 al 9,6 por ciento de la población.

2024-02-06
El Gobierno interviene los medios públicos por un año: ¿Qué significa para la libertad de expresión?
Buenos Aires, 3 de febrero de 2024 – En un movimiento que ha generado controversia y preocupación por la libertad de expresión, el Gobierno de Argentina anunció este viernes la intervención de los medios públicos durante un año. La medida, que abarca a la Televisión Pública, Radio Nacional, Télam y Educ.ar, se justifica por la necesidad de realizar una «auditoría integral» y «reorganizar» las empresas estatales.

Objetivos y alcances de la intervención:
- Auditoría integral: Se busca evaluar la gestión financiera, administrativa y periodística de los medios públicos.
- Reorganización: Se apunta a modificar la estructura de puestos, contrataciones y contenidos.
- Privatización: No se descarta la posibilidad de privatizar algunos medios a futuro.
Críticas y preocupaciones:
- Organizaciones de la sociedad civil y periodistas: Alertan sobre el riesgo de censura y control político.
- Oposición política: Denuncia un ataque a la libertad de expresión y pluralidad de voces.
- Trabajadores de los medios: Temen por sus puestos de trabajo y la independencia editorial.
¿Qué sigue?
- Se designará un interventor que estará al frente de los medios públicos durante un año.
- Se espera que se brinden más detalles sobre la auditoría y la reorganización.
- La medida será debatida en el Congreso y en la sociedad civil.
Impacto en la libertad de expresión:

La intervención de los medios públicos genera incertidumbre sobre el futuro de la libertad de expresión en Argentina. Es importante que se garantice la independencia editorial y el pluralismo de voces en los medios estatales.

Estabilidad informativa:

Es crucial que la intervención no afecte la estabilidad laboral de los trabajadores de los medios públicos. Se debe garantizar el derecho a la información y el acceso a contenidos de calidad.

Debate abierto:

Es necesario un debate abierto y plural sobre el futuro de los medios públicos en Argentina. Se deben escuchar todas las voces y buscar soluciones que fortalezcan la democracia y la libertad de expresión.
2024-02-03