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«Hasta el momento, el 55% de los comedores relevados no existen», según un relevamiento realizado por la cartera de Capital Humano. A su vez, apenas el 10% de los 44.314 comedores inscritos en el Registro Nacional de Comedores (RENACOM) fueron «matriculados» por la administración del Frente de Todos, y solo 2.314 recibieron asistencia del Estado porque lo requirieron.

Durante el mandato de Fernández, según la investigación de Capital Humano, el 4,2% de los alimentos secos destinados a los comedores y merenderos comunitarios fueron transferidos a los depósitos de organizaciones sociales que formaban parte de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), como el Movimiento Evita, el MTE, la CCC o Somos Barrios de Pie y de la Unidad Piquetera, como el Polo Obrero y el MST.

Apenas el 8 % de ese producto se entregaba «de manera informal» a la antigua administración de Desarrollo Social liderada por Daniel Arroyo, Juan Zavaleta y Victoria Tolosa Paz.

Los líderes sociales ya no tendrán la responsabilidad de administrar el 4,2% de la ayuda alimentaria. El Programa Alimentar Comunidad cubrirá el 50% de los casi 80 mil millones de pesos en total. Una especie de tarjeta de prepago se otorgará a los responsables de los comedores debidamente acreditados para que puedan comprar no solo arroz, fideos y yerba, sino también otros alimentos con más proteínas como lácteos, carnes, verduras, frutas y, si es necesario, alimentos celíacos.

Desde la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, la continuadora de Desarrollo Social bajo la gestión de Capital Humano, se explicó que la idea es que cada comedor compre lo que necesite, no lo que el Estado quiera. Además, insistieron en que los gastos «deberán ser rendidos para mantener el beneficio». De esta manera, además de aportar valor nutricional a las comidas, se logrará la «transparencia» y trazabilidad de los alimentos, así como la identificación de sus destinatarios, lo cual es algo que no se había visto hasta ahora. El resto del dinero se reservará para situaciones de emergencia como inundaciones o situaciones extremas como incendios y otras catástrofes.

De acuerdo con lo que logró establecer, en las planillas de rendiciones se debía mencionar el vecindario donde se encontraba el comedor o merendero, su ubicación precisa, el nombre de la organización comunitaria a la que pertenecía, su antigüedad, la cantidad de personas que asistían, los alimentos que se ofrecían y la forma en que se recibían, entre otros datos, la ayuda del Estado. El 92% de los potenciales beneficiarios no completaron el proceso.

“Queremos cortar con los gerentes de la pobreza que hacían política con los alimentos. No hay registros de los comedores a los que, de manera discrecional, enviaban los alimentos. Es escandaloso”, repiten los responsables de Capital Humano.

Los oficiales de La Libertad Avanza destacan en sus documentos que Milagro Sala, la líder de la Tupac Amarú, recibía un millón de kilogramos de alimentos en el entorno de las organizaciones sociales, mientras que la Fundación CONIN de Abel Albino, que combate la desnutrición, no recibía ni un solo kilo, cero.

Durante el mandato del Frente de Todos y posteriormente de Unión por la Patria, la Secretaría de Inclusión Social, que ahora es la subsecretaría de políticas sociales, estaba dirigida por Laura Valeria Alonso, una líder camporista licenciada en Trabajo Social, quien estaba en estrecha relación con los principales líderes kirchneristas, incluyendo al diputado Máximo Kirchner. Alonso estaba a cargo de la Secretaría de Inclusión Social.

Los funcionarios que trabajan junto a Pettovello afirman que las acusaciones de los líderes sociales, que se manifestan en manifestaciones y bloqueos de accesos en la Ciudad de Buenos Aires, sobre la «escasez de alimentos en los comedores comunitarios», tienen que ver con la competencia por el reparto sin regulación ni entrega de la comida. Los líderes de la UTEP y la Unidad Piquetera han planeado una manifestación a nivel nacional que incluye cinco bloqueos en los accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el martes.

Tres de los convocantes son Eduardo Belliboni, quien pertenece al Polo Obrero; Alejandro Gramajo, quien es el secretario general de la UTEP y líder del Evita; y Juan Grabois, quien es un miembro del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). En sus redes sociales, este último recordó que había denunciado penalmente a Pettovello por «incumplimiento de los deberes de funcionario y otros hambreadores infames disfrazados de «rompecurros» que privan a los niños de alimentos y a los enfermos de medicamentos», y que «la fiscalía solicitó al Ministerio de Capital Humano que informe sobre el proceso de entrega de alimentos a los comedores barriales y si hubo una interrupción en la entrega».

La respuesta fue casi inmediata, Pablo de la Torre, el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia escribió, también en la red X: “Petovello duplicó la ayuda alimentaria y eliminó a los intermediarios como vos, Grabois. Hicieron política con el hambre de los más necesitados y dejaron 60% de niños pobres”.

En ese sentido, los funcionarios de Capital Humano sostuvieron: “Más de la mitad de los comedores que relevó el Gobierno no existen, por eso cortamos con la intermediación en los planes sociales -como el Potenciar Trabajo- y en la ayuda alimentaria. Desde hace 20 años se entregan planes sociales y cada vez hay más pobres”, y refuerzan: “Ese no es el camino. El gobierno nacional le está dando libertad a las personas en la ayuda social. Ahora la ayuda alimentaria llega directo al bolsillo de la gente que lo necesita”, y remarcan: “Al igual que hacían con los planes, los dirigentes sociales en lugar de garantizar que le llegue la asistencia a los que la necesitaban, la repartían con la lógica de ‘te doy pero tenés que ir a la marcha’. Por eso, el gobierno duplicó el dinero de la Tarjeta Alimentar, que llega directo al bolsillo de la gente sin intermediación” y detallan: “Los montos varían dependiendo de la cantidad de hijos de 0 a 14 años: un hijo $44.000, dos hijos $69.000, tres hijos $90.000. Ahora los beneficiarios pueden comprar libremente sus alimentos y comer en sus casas”.

De acuerdo con el presupuesto actual, la ayuda alimentaria a través de la Tarjeta Alimentar representará el 90 % del presupuesto, o un billón quinientos ochenta y ocho mil millones de pesos. Esto representa el 100 % de la ayuda alimentaria del gobierno. Más de $47.000 millones serán asignados a los servicios alimentarios escolares (SAE), 53.000 millones al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), casi $80.000 para la compra de alimentos y 14.585 millones para otros programas.

Parece que el escándalo relacionado con los alimentos y las «ollas vacías» continúa en aumento, al igual que la tensión entre los empleados de Javier Milei y los ciudadanos que protestan. El gobierno de La Libertad Avanza está al tanto de esta situación. Anunció modificaciones en el procedimiento de licitación para la adquisición de alimentos con el fin de hacerla más «transparente», cuestionó la «cartelización» en el sistema anterior y el «direccionamiento y extorsión» por parte de los líderes sociales encargados de distribuir la comida.

La cantidad exacta de comedores comunitarios y merenderos en el país aún no ha sido determinada por la investigación ordenada por Pettovello. Debido a que la nómina es informal, no se conoce el número exacto de comedores. Por ejemplo, no hay datos de comedores instalados por personas, organizaciones sociales u organizaciones no gubernamentales. Enfatizaron que muchos de los piqueteros que asistían de manera directa y discrecional no estaban registrados en el RENACOM.

Además, destacaron que el número de más de 40 mil comedores proviene de datos antiguos que indican la existencia de un Registro Nacional de Comedores que ya no existe. «Nosotros estamos haciendo nuestro propio relevamiento, al igual que había comenzado la gestión anterior pero quedó inconcluso. A ellos también les deba que más del cincuenta por ciento de los comedores que visitaban no existían. Es muy probable que las cifras se alimenten de comedores que ya no funcionen, que eran un sello de goma, que nunca entregaron un plato de comida o que fueron registrados más de una vez», destacan desde el entorno de Pettovello.

La Conferencia Episcopal advirtió al gobierno que «la comida no puede ser una variable de ajuste» y enfatizó la importancia de que la ayuda «llegue sin demora» a comedores populares y organizaciones de la sociedad civil. La manifestación se produjo en medio de las protestas de grupos piqueteros y movimientos sociales que cuestionan la demora en la entrega de alimentos por parte del Ministerio de Capital Humano. Los próximos días serán cruciales para determinar cómo se extiende el conflicto que afecta a millones de personas vulnerables y para lograr un sistema de entrega de alimentos transparente.

Fuente: Infobae