El titular del Comité Nacional de la UCR y diputado nacional por la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo, pidió hoy al Poder Ejecutivo que informe sobre la distribución de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que recibe ese distrito, así como también del Programa para la Emergencia Financiera y del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.
A través de un proyecto de resolución, Cornejo pidió al ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ De Pedro que «informe sobre la fundamentación y la motivación de el o los actos administrativos que establecen los criterios de distribución de los fondos ATN y del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial».
La iniciativa fue firmada además por sus pares mendocinos, Jimena Latorre, Omar de Marchi, Claudia Najul, Luis Petri y Federico Zamarbide.
Según Cornejo, hasta el momento, son «nueve las provincias», que recibieron el desembolso del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y que «excepto Misiones, todas recibieron sumas superiores a Mendoza: Tucumán, $ 6.000; Chubut, $ 5.000; Córdoba, $4.800; Santa Fe, $4.600; Entre Ríos, $ 3.500; Santa Cruz, $3.000; Chaco, $ 2.500 y Misiones, $1.200».
Asimismo, a través de la iniciativa, Cornejo solicitó que se detallen «los criterios utilizados para distribuir entre las distintas jurisdicciones, los fondos ATN (60 mil millones de pesos) que restan enviar a las provincias y su justificación, de acuerdo a su ponderación, descripción y montos».
Cornejo también le pidió a De Pedro que informe el saldo de fondos «pendiente de asignar al 19 de junio del 2020, y la proyección y criterios a utilizarse para la distribución, en el caso de que todas las jurisdicciones que no han realizado una solicitud lo hicieran».
«Resulta necesario contar con un canal oficial para acceder a dicha información que permita al mismo tiempo el cumplimiento de la normativa vigente en materia de transparencia», aseguran los firmantes de la iniciativa.
Horas después del anuncio de Alberto Fernández, de intervenir y avanzar con la expropiación de Vicentin, Infobae se preguntaba si la Cooperativa Láctea Sancor iba a seguir los pasos de la empresa agroexportadora radicada en el norte de la provincia de Santa Fe.
En ese momento, la primera respuesta a dicho interrogante la ofreció Mario Cafiero, presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), quien en declaraciones a Télam, dijo: “Estamos trabajando para dar vuelta lo de Sancor, y que vuelva a ser lo que era y estamos muy cerca de la solución. Hay una luz al final del túnel”.
El fondo fiduciario contempla la permanencia de la figura de cooperativa, será administrativo y financiero, y tendrá a su cargo la gestión de los fondos que ingresen, para que realmente estos tengan el destino para el cual se está tratando de crear ese capital de trabajo, es decir, para asegurar el pago de la materia prima a los productores, a los proveedores y a los trabajadores
Y señaló: “El mercado necesita actores de la economía social porque es una de las formas de controlar los precios. El sector privado a veces colisiona, no solo se pone de acuerdo en cobrarle más caro al Estado, como pasó, se pone de acuerdo en cobrarle más caro a los privados. Es ahí donde entonces es muy importante que podamos recuperar Sancor para estabilizar y que no haya abusos en el precio de los lácteos”.
Ahora, la segunda respuesta a lo planteado por este medio, surgió a partir de las expresiones del Secretario General del Gremio de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra), Héctor Ponce.
Héctor Ponce, titular del gremio Atilra (Sunchales día por día)
En declaraciones al medio “El Eco”, de Sunchales, Ponce comentó que “se está trabajando en el armado de un fideicomiso con el aporte del ministerio de Desarrollo Productivo, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), con un trabajo muy importante de Mario Cafiero, también está trabajando el banco BICE y hay otras entidades de características muy importantes”.
Aunque el Gobierno ha dicho que no piensa en un plan de salvataje como Vicentin, en este caso Ponce confirma que se está armando un fideicomniso que se ocuparía de la gestión financiera y administrativa de SanCor, que contaría con participación pública.
El titular del gremio sostuvo que el fondo fiduciario contempla la permanencia de la figura de cooperativa, será administrativo y financiero, y tendrá a su cargo la gestión de los fondos que ingresen, para que realmente estos tengan el destino para el cual se está tratando de crear ese capital de trabajo, es decir, para asegurar el pago de la materia prima a los productores, a los proveedores y a los trabajadores.
Negocio sustentable
El objetivo es que Sancor pueda ser sustentable en el tiempo y tener rentabilidad para cumplir con los compromisos productivos y sanear el actual pasivo. Además, el plan también tiene como proyección pasar de una recepción actual de leche de entre 600 y 800 mil litros diarios a 1,5 millones de litros.
En otra época, cuando el negocio de la Cooperativa atravesaba un momento muy diferente al actual se llegó a procesar por día unos 4 millones de litros.
“Hace más de un año que se decidió que la empresa no pierda su rango cooperativo, para lo cual gestionamos la conformación de un fondo fiduciario, para que no pierda esa figura emblemática que tiene en nuestra región y en el país. También se invita a participar al Fondo de inversión BAF Capital, que en este momento es el mayor acreedor que tiene la cooperativa, así como el grupo holandés AIG. También queremos que ellos se involucren en el tema. Creemos que a partir de la participación del Estado argentino, al menos BAF mostró la posibilidad de acompañar y gestionar este objetivo que nos trazamos”, dijo Ponce.
Como Infobae detalló días atrás, Sancor y Vicentin tienen un punto en común que se dio en 2016, cuando como parte del plan de expansión de la empresa de Avellaneda hacia nuevos rubros, formó la sociedad Alimentos Refrigerados SA (ARSA) y le compró a la cooperativa el negocio de yogures, postres y flanes por USD 100 millones.
En 2016 el grupo Vicentín se queda con el 90% de las acciones de ARSA (SanCor)
Antes, en medio de noticias de quiebra inminente, Sancor estuvo a un paso de vender todo su negocio a Adecoagro. Pero cuando ese negocio estaba a punto de concretarse, el ex presidente Néstor Kirchner recurrió a su socio político, el ex presidente venezolano Hugo Chávez, quien ofreció a Sancor un importante préstamo de 70 millones de dólares, que la empresa cobró de inmediato y fue saldando con envíos de leche en polvo hacia Venezuela en un largo plazo de pago. Fue el negocio más ventajoso que pudo haber hecho la empresa, que así estiró su agonía varios años más.
Hoy, a pesar de conseguir algo de oxígeno a comienzos de 2019 con la venta de algunas fábricas y marcas finalmente a Adecoagro, la cooperativa láctea atraviesa un momento muy complicado.
En la actualidad Sancor está procesando unos 600 mil litros de leche por mes, y cuenta con una capacidad de 4 millones de litros. Además, los productores aseguran que hay una gran parte de su infraestructura que es obsoleta.
“Para que Sancor funcione muy bien, debería estar procesando unos 2 millones de litros mensuales. Los tamberos que dejaron de entregarle en la actualidad, en su mayoría lo hacen a Saputo, que en los últimos tiempos ha ganado mucho espacio y poder en el mercado lácteo”, le comentó hace unos días a Infobae un productor de Santa Fe, que conoce como pocos la operatoria de la láctea.
Héctor Vicentin, accionista e hijo de uno de los fundadores de la compañía agroexportadora Vicentin, rechazó el proyecto impulsado por el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti. “Es una expropiación light”, analizó el empresario en diálogo con Fabián Doman en radio La Red.
Y afirmó: ”¿Cómo podría llegar a funcionar una empresa mixta? Nosotros estamos acostumbrados a trabajar hace muchos años de una forma distinta, solucionando nuestros problemas. Creemos que a las empresas privadas hay que dejarlas trabajar y solucionar sus problemas en el ámbito privado”.
El gobernador de Santa Fe le presentó el viernes un plan al Presidente que contempla la conformación de una compañía mixta en virtud de las deudas que la empresa mantiene con el Banco Nación.
Si bien pareciera ser una alternativa más moderada con respecto al proyecto inicial del gobierno, para los dueños de firma no hay muchas diferencias. Consideran que en términos prácticos significa perder el control del holding y el desplazamiento de los actuales directores.
Fernández se reunió anoche con el interventor Gabriel Delgado. La Casa Rosada dejó trascender que la idea de la expropiación fue archivada. Sin embargo, el sábado en un reportaje, jefe de Estado dejó flotando en el aire una postura más dura: “O aceptan la propuesta de Perotti o expropiamos”.
El juez federal de Reconquista, Fabián Lorenzini, redujo a los interventores estatales al rol de veedores. El Poder Ejecutivo exige que se revierta esta decisión para comenzar a implementar el proyecto impulsado por el gobernador santafesino.
“Nosotros sabemos que tenemos problemas, pero hay alternativas a una expropiación, a una intervención y a una empresa mixta. Hay que sentarse a dialogar y nos tienen que dejar trabajar e invertir, que es lo que sabemos hacer”, aseguró Héctor Vicentin.
El ejecutivo, hijo de Roberto Vicentin, rechazó además las denuncias por lavado de dinero y por contrabando que surgieron en las últimas horas en medio de la discusiones con el Poder Ejecutivo. Dijo además que tienen la intención de saldar la deuda que mantienen con el Banco Nación por una línea a la que accedieron durante el gobierno de Mauricio Macri pero en el marco del concurso de acreedores.
En la misma línea se manifestó Máximo Padoan, director ejecutivo de la empresa: “Seguimos siendo los dueños de Vicentin y fuimos reinstaurados en el directorio por el juez concursal, después de ser desplazados por el DNU”. “Las soluciones nuevas que van apareciendo son cada vez peores. El plan Perotti es peor que la expropiación por una ley del Congreso, porque desplaza a los administradores que fueron elegidos en asamblea por unos interventores”.
“Se les está quitando derecho a los accionistas. No hay nada concreto que dictamine que el organismo tiene que estar intervenido. El juez lo ha dicho así”, amplió el empresario a radio Rivadavia, y agregó: “No tenemos ningún hecho de corrupción comprobado. No tenemos nada que ocultar, no hay maniobra de triangulación, no hay ningún delito”.
Imágenes del banderazo realizado el sábado en Santa Fe (Pablo Lupa)
El conflicto
Alberto Fernández anunció la intervención y expropiación de Vicentin. Dijo que la idea fue motorizada por la senadora Anabel Fernández Sagasti, que responde a Cristina Kirchner, para rescatar una de las principales agroexportadoras de la Argentina. La iniciativa generó un fuerte rechazo empresarios y de parte de la sociedad, que se manifestó con cacerolazos y un masivo banderazo en todo el país.
Héctor Vicentin informó este lunes que nunca dejaron de pagar los salarios y que le preocupa el futuro de los puestos de trabajo en caso de que se concrete el ingreso estatal.
El jefe de Estado dijo en varias entrevistas que no es necio y que está dispuesto a escuchar una idea superadora. Esa idea -según analizan en la Casa Rosada- es un proyecto presentado por Perotti que avala el ingreso del Estado en la empresa pero evita el camino de la expropiación.
Mientras tanto, la empresa trabaja a media máquina, con un panorama incierto y un conjunto de acreedores –bancos nacionales e internacionales, cooperativas, acopios y productores individuales– que le reclaman deudas cercanas a los 100.000 millones de pesos. Uno de ellos es el propio gobierno, a través de una deuda con el Banco Nación por unos $18.000 millones.
Además, avanza una denuncia penal radicada en Comodoro Py, en el juzgado de Julián Ercolini, contra más de una veintena de funcionarios y ex funcionarios del Nación y las “cabezas mayores” a las que apunta: su ex presidente, Javier González Fraga, el ex titular del BCRA, Guido Sandleris, y el ex presidente Mauricio Macri, por presuntas operaciones de lavado de dinero de la empresa y favoritismo político del gobierno en la concesión de crédito.
El juez de la convocatoria de acreedores de Vicentin, Fabián Lorenzini, a cargo del tribunal Civil y Comercial de Reconquista, repuso en funciones al directorio de la empresa y nombró a los interventores del Gobierno como simples veedores. El fallo no presupone una buena noticia para las intenciones de la administración de Alberto Fernández.PUBLICIDAD
En su fallo, Lorenzini dispuso “con carácter de medida autosatisfactiva y previa prestación de contracautela, que los administradores naturales de la sociedad concursada, designados conforme a la última Asamblea Ordinaria de Accionistas, continúen ejerciendo las funciones para las cuales fueron designados, conforme al estatuto de la misma”.
Además, establece que “los Sres. Interventores designados en el DNU 522/2020 del PEN, podrán continuar desarrollando su tarea, con el grado de veedores controladores”.
En otra parte de texto describe el rol de esos veedores como “esencialmente una función de seguimiento amplio, efectivo y directo, pero sin intervención en las decisiones del órgano de administración”.
El fallo llega un día de fuerte reclamos contra la medida oficial. Mañana se espera una serie de concentraciones en distintos puntos del país para manifestar en contra de la intervención y el proyecto de expropiación que anunció el Gobierno la semana pasada.
El fallo
Lorenzini explica el fallo comenzando a describir que a su tribunal acudieron Daniel Nestor Buyatti, Alberto Julián Macua, Roberto Alejandro Gazze, Sergio Manuel Nardelli, Maximo Javier Padoan, Cristian Andrés Padoan, Martín Sebastián Colombo, Sergio Roberto Vicentín, Pedro Germán Vicentín, Roberto Oscar Vicentín y Yanina Colomba Boschi, todos directores de la sociedad concursada VICENTIN SAIC, y que manifestaron “que fueron desplazados de sus funciones por el Sub Interventor presidencial, Sr. Luciano Zarich”.
Todos pidieron el desplazamiento de los interventores designados con fundamento en la ilegitimidad e inconstitucionalidad del decreto presidencial de necesidad y urgencia, sosteniendo su nulidad absoluta e insanable. Eso en principio no ocurrió, pero si el magistrado determinó que los interventores designados por Fernández sean sólo veedores. Lorenzini se declaró además incompetente para determinar la constitucionalidad del decreto de intervención.
La reunión de Alberto Fernández con directores de la empresa, la semana pasada (Presidencia)
Para permanecer en sus puestos en el directorio, los integrantes de la familia Vicentin y otros ejecutivos, alegaron que “la irrupción de los interventores en dicha administración preexistente, de manera abrupta e intempestiva, impidió cualquier tipo de transición ordenada dejando a la empresa a la deriva”.
El juez hace referencia también al contexto económico en medio de la pandemia y dice que por eso “cobra especial relevancia en el actual contexto de crisis financiera y económica, la magnitud empresaria de la sociedad concursada”.
“Estamos en presencia de una empresa de enormes dimensiones y con un rol preponderante en el mercado nacional e internacional de granos. Por lo tanto, su patrimonio debe ser administrado con el grado de experticia que asegure su adecuada gestión dado que, justamente de ello dependerá su continuidad operativa, la reinserción en el mercado de granos internacional y la exitosa negociación con los acreedores concursales y post concursales”, dijo el magistrado.
Esta tarde, Jorge Chemes, presidente de CRA, una de las entidades ruralistas que integran la Mesa de Enlace, celebró el fallo. “Creo que es un buen paso el fallo del juez, lo que hace es poner claridad a la situación al restituir a los administradores originales de Vicentin y poner a los interventores como veedores. No es una solución total pero es un buen paso. Alienta esperanzas para que se ponga claridad a la situación. No permite avanzar más al Estado sobre la empresa, es importante porque realmente había una situación muy comprometida, era inconstitucional en definitiva. Alimenta esperanzas para avanzar y para que se respete la división de poderes”, dijo.
Ayer por la noche hubo señales que para mucho fueron de acercamiento de parte de la empresa a los dichos del Presidente Fernández que podrían reinterpretarse luego de la decisión judicial. Así, fuentes cercanas al directorio de la empresa Vicentin, precisaron que “recibieron muy bien” las palabras del mandatario , quien en una entrevista televisiva aseguró: “El concurso va a seguir, no lo suspendí, y si finalmente se lleva adelante la expropiación, el concurso va a seguir. Como suelo escuchar, me tomé unos días para ver si hay alguna alternativa, pero nadie me la trajo. La sigo esperando esa alternativa. Estoy absolutamente abierto a escuchar cualquier propuesta”.
Al respecto, desde Vicentin adelantaron que “a pesar de no desistir de sus derechos, también realizarán un esfuerzo en la búsqueda de una alternativa superadora a la expropiación”.
La aerolínea Latam dejará de volar en el país y presentará hoy un proceso preventivo de crisis (PPC) ante el ministerio de Trabajo para discutir cómo desvincula a sus 1.700 empleados.PUBLICIDAD
Es la única filial regional de la empresa chilena que tomó está drástica medida luego de intentar, sin éxito, reducir salarios al 50 por ciento de su personal y otras medidas que no fueron aceptadas por los gremios ni el Gobierno.
Se trata de la segunda compañía del mercado de cabotaje local, después de Aerolíneas, y venía pasando por un deterioro de varios años, con balances en rojo en al menos cuatro de ellos.
La decisión se tomó en medio del brutal impacto que la pandemia tuvo en el sector aerocomercial e involucra a los 12 destinos domésticos que la empresa hacía en el país, 3 regionales y uno internacional. Con todo, las rutas a Santiago de Chile, Brasil y Perú se mantendrán y serán operadas por las empresas de esos países. A nivel local la empresa volaba a Buenos Aires, Iguazú, Bariloche, Salta, Tucumán, Mendoza, Córdoba, Neuquén, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, El Calafate y Ushuaia.
Según se pudo saber, ofrecerá soluciones de viajes para todos los pasajeros, que incluyen devoluciones de tickets y otras acciones.
Rosario Altgelt es la CEO local
La aérea, que no vuela a nivel local desde el 20 de marzo, discutirá desde hoy, en el contexto del PPC, el destino de sus empleados, en medio de un contexto en el que las empresas no pueden echar a sus empleados.
Fuentes del sector indicaron que Latam tuvo varias reuniones con el Gobierno en medio de esta crisis y que presentaron un escrito oficial para hacer suspensiones y reducir salarios. En el medio, incluso hizo vuelos de repatriación para 16.000 argentinos. ”Hubo seis reuniones y no pudieron resolver el tema. Los obligaron a pagar el 100%, pero no lo hicieron porque presentaron un recurso administrativo”, detallan desde la industria. “Igual, la mitad de los empleados aceptó la reducción por medio de acuerdos individuales, tanto en mayo como en junio”, aseguran.
Más allá de la conversaciones frustradas con el Gobierno, el destino de la aérea, que opera hace 15 años en el país, está sellado: en Chile consideran que la transformación de la industria a nivel global será enorme luego de la pandemia y que no habrá recuperación en, al menos, tres años. Así, el contexto local es más que complicado para pensar en esa renovación.
La empresa volaba hacía 15 años a nivel local (Adrián Escandar)
“Se trata de una decisión muy difícil pero lamentablemente inevitable, contra la cual la compañía ha realizado todos los esfuerzos posibles. Tras 15 años de presencia ininterrumpida y después de haber atravesado numerosos obstáculos, en el complejo contexto de la pandemia y sus consecuencias a largo plazo no resulta posible visualizar alternativas de continuidad para las operaciones. Latam Airlines Argentina agradece profunda y sinceramente a todos los pasajeros, clientes, proveedores, organismos e instituciones que la han acompañado desde 2005, así como a su equipo de colaboradores, por estos años de trabajo conjunto en pos del desarrollo de la industria aérea local”, dijo en un comunicado.
A la hora de las explicaciones oficiales sobre la drástica medida, la compañía aseguró que: “El impacto que han tenido en Latam Airlines Argentina la pandemia COVID-19 y la dificultad de generar los múltiples acuerdos necesarios para enfrentar la situación actual contribuyeron a configurar un escenario en extremo complejo, en el que no están dadas las condiciones para viabilizar y sostener a largo plazo las operaciones de la filial”.
Y con respecto a los pasajeros, se detalló que se habilitará “alternativas para todos”. Si se compró el ticket con tarjeta de crédito, la compañía devolverá automáticamente el monto de la compra dentro de 30 y 45 días al mismo medio de pago y los pasajes internacionales podrán cambiar fechas de vuelo sin costo ni diferencia de tarifa. También se podrá solicitar de devolución del pasaje en millas.
Situación dramática
“La situación es dramática”, dijo la CEO local Rosario Altgelt a mediados de marzo, cuando dudaban en traer a 30.000 pasajeros varados en el exterior.
“Esto es un tema global que afecta a todas las líneas. Hay algunos gobiernos que están ofreciendo financiamiento para rescatar a las aéreas. De esto, las empresas solas no salimos. Para el Gobierno tiene que ser muy difícil también: estamos buscando soluciones en conjunto. Creo que no es tema de voluntad sino de capacidad”, decía la ejecutiva, quién presidió el Coloquio de IDEA en 2018.
Pocos días después, la ejecutiva les comunicó a todos los empleados que el objetivo era pagar el 50% de los salarios.
En ese marco, un grupo de manifestantes que se movilizó esta tarde en rechazo a la medida y echaron al subinterventor de la empresa, Luciano Zarich, del hotel en el que se hospedaba.
La policía de Santa Fe escoltó a Zarich a la salida del Gran Hotel (GH) en el que se hospedaba, según fuentes del lugar, al no poder garantizar su seguridad, a pesar de la fuerte custodia policial. PlayManifestaciones en Reconquista
También hubo insultos para Enrique Vallejos, el intendente de la ciudad que acompañó a los funcionarios nacionales.
Asimismo, vecinos de la ciudad santafesina de Avellaneda se manifestaron en la sede de la empresa agroindustrial Vicentin para rechazar la decisión del Gobierno de intervenir la compañía ante una deuda que ronda los USD 1.350 millones.
La concentración comenzó a las 18:00 en la calle 14 y Avenida San Martín y la consigna era asistir a la movilización con una bandera argentina. En ese marco, cientos de personas participaron de la manifestación en la calle y rodearon el edificio con una bandera argentina. PlayAsí se iban los funcionarios nacionales (Fuente: SL24)
Al mediodía de este martes, acudió a las instalaciones el subinterventor Zarich, por lo que los participantes de la movilización repudiaron su presencia.
“No estamos de acuerdo en expropiar la propiedad privada. El país se ha desarrollado en base a empresas como Vicentin, y es nuestro recurso humano que ha hecho grande a la región, y nosotros tenemos que defenderlo más allá que podamos opinar igual o no en algunas cuestiones. Nosotros tenemos una sociedad diferente gracias a cientos de personas que todos los días contribuyen para que sea así, y Vicentin tiene una parte importante en esta historia», dijo a medios locales el intendente de Avellaneda, Dionisio Scarpín, quien impulsó la convocatoria.
“Participá en tu auto tomando los recaudos sanitarios correspondientes y manteniendo la distancia social”, indicó la publicación de Scarpin.
Sin embargo, cientos de personas participaron de la manifestación en la calle y rodearon el edificio con una bandera argentina. Antes de la protesta, Scarpin criticó el accionar del Gobierno y en declaraciones radiales fustigó: “Están robando parte de una historia, sacrificio y esfuerzo”.
Cabe recordar que el presidente Alberto Fernández anunció el lunes la intervención de Vicentin y el envío al Congreso de un proyecto de ley para declararla “de utilidad pública y expropiación”.
El 80% de la deuda financiera de Vicentin está en poder del Banco Nación, que le otorgó los préstamos durante la gestión de Javier González Fraga, en el gobierno anterior.
El Gobierno designó como interventor de esa productora de alimentos al experto en temas agropecuarios Gabriel Delgado, quien fue secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca entre 2013 y 2015, es doctor en Finanzas de la Universidad CEMA y economista del INTA.
La calificadora de riesgo Fitch Ratings colocó hoy a la deuda soberana argentina en categoría de default luego de que el Gobierno no pagara el viernes último un vencimiento de 503 millones de dólares.
“Las calificaciones de emisión de los tres bonos senior no garantizados en moneda extranjera se rebajaron a ‘D’ desde ‘C’ y se retiraron por la siguiente razón: quiebra de la entidad calificada, reestructuración de deuda o incumplimiento de emisión / tramo”.
“La rebaja de la calificación de Argentina a Default restringido se debe a la incapacidad de las autoridades de pagar los intereses de tres bonos soberanos dentro del período de gracia estipulado de 30 días que expiró el 22 de mayo. Esto marca un evento de incumplimiento bajo los criterios de Fitch con respecto al Calificación de incumplimiento de emisor (del soberano, así como las calificaciones de emisión individuales de los valores afectados (bonos globales 2021, 2026 y 2046)”, expresó.
Fitch recordó que el Gobierno “continúa negociando con los acreedores para una reestructuración integral de sus bonos externos. Los tenedores de bonos rechazaron la oferta inicial de canje de deuda hecha por las autoridades el 16 de abril y desde entonces han presentado contraofertas. El gobierno ha extendido su fecha límite para finalizar las negociaciones hasta el 2 de junio desde el 22 de mayo”.
“Las partes involucradas han indicado avances recientes hacia una reestructuración integral, aunque persiste la incertidumbre sobre las perspectivas de llegar a un acuerdo con la aceptación de los tenedores de bonos suficiente para cumplir con los diferentes umbrales establecidos en cláusulas de acción colectiva en los valores”, expresó.
Si se llegara a un acuerdo, y se produjera “una reestructuración de los bonos, esto constituiría un intercambio de deuda en dificultades (DDE) según los criterios de Fitch. Si esta operación normalizara las relaciones con la comunidad financiera internacional, en opinión de Fitch, resultaría en la mejora de las calificaciones soberanas de ‘RD’ a un nivel consistente con sus fundamentos crediticios a futuro”.
Todd Martínez, de Fitch Ratings, explicó qué pasará si el país hace un canje con los bonistas
Al igual que sus colegas de Standard & Poor’s y de Moody’s, el analista de riesgo soberano de S&P Todd Martínez dijo a Infobae que, si hubiera un canje, “aunque fuera voluntario y de buena fe, implicaría una rebaja a un default si involucrara pérdidas para los bonistas. Eso pasó en Uruguay en 2003 por ejemplo”.
Sin embargo, aclaró, “después del canje subiríamos la calificación de nuevo a un nivel compatible con nuestra evaluación de la capacidad de pago del Gobierno en adelante. Dependerá de los nuevos términos de la deuda y las perspectivas económicas”.
Su par Gabriel Torres de Moody’s dijo desde Nueva York que “la calificación no volverá a bajar, aunque el país no haya pagado, porque la nota actual que tiene la deuda argentina asume que, cuando haya un canje, habrá una pérdida para los bonistas del 35 al 65 por ciento”.
Según Moody’s, la nota argentina está en el “antepenúltimo escalón sobre 22 que hay en total”. En la región, Chile está en el quinto escalón y Perú en el séptimo.
Moody’s tiene a la deuda argentina entre las peores calificaciones del mundo
Según Torres, las consecuencias de un default se observarán “cuando termine la pandemia, porque el país va a necesitar inversiones para recuperarse; y esas inversiones llegan de acuerdo al costo de cada país”.
“Detrás de la pandemia está el impacto de la crisis local y en 2021 será más nítido el costo de la emisión monetaria sobre los precios”, indicó.
En tanto, desde Standard & Poors una calificada fuente explicó que la deuda se encuentra en la categoría de “default selectivo” desde hace varios meses y reiteraron que cualquier canje que implique una pérdida para los bonistas es un evento de cesación de pagos. Lo que sí pasará en particular si mañana el Gobierno no paga, es que se les bajará la nota a los tres bonos involucrados.
Para S&P toda la deuda soberana, tanto en moneda local como extranjera, está en default.
Axel Kicillof llamó por primera vez “Horacio” a Rodríguez Larreta. Antes solo lo nombraba como “Jefe de Gobierno” cada vez que tenía la obligación de compartir escenario en la Residencia de Olivos, no pudiendo evitar la incomodidad que le producía. Rodríguez Larreta destacó tres veces la importancia del trabajo en conjunto. El Presidente, al mostrarse con ambos, quiso repetir el mensaje del inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio.
Incluso a medianoche puso un tuit donde volvió a destacar lo mismo: “Logramos, en un tiempo difícil de la Argentina, unirnos para cuidar la salud de todos. Pero queda mucho por delante. Les pido que no aflojen”.
El Presidente reforzó su mensaje conciliador en sus redes sociales
Pero a poco de andar se mostró que algo se rompió entre ellos, dejando entrever que quizás no es la salud pública la que motiva cada una de las decisiones anunciadas en la conferencia de prensa. Que tal vez la política empezó a meter la cola y sembrar discordia, justamente ahora, cuando todos coinciden que viene la época de mayores contagios.
Lo primero que hizo ruido en el equipo porteño es la insistencia que hizo el Gobernador bonaerense de obligar al uso de la app Cuidar en el conurbano bonaerense. Trascendió, incluso, que Alberto Fernández no estaba convencido. “Es algo que va a provocar ruidos, corremos el riesgo de deslegitimar la extensión de la cuarentena, no tenemos en claro por qué Axel insistió con el tema”, dijeron muy cerca del Presidente, buscando desligarlo de la decisión.
En la Ciudad de Buenos Aires se negaron a tomar esa decisión, lo que era esperable para el equipo del Gobernador. ¿Por qué esa vocación de mostrar diferencias? Nadie quiso dar detalles al respecto, pero hubo coincidencias en que el tono enérgico del discurso presidencial, hasta enojado, estuvo más vinculado a enfatizar un acercamiento con las posiciones más duras en el Frente de Todos sobre la situación pandémica, aunque no las comparta del todo.
En la conferencia de prensa, Infobae quiso saber si tenía en cuenta las consecuencias no solo económicas, sino también psicológicas y hasta emocionales por las que está pasando una buena parte de la población, que vive situaciones de angustia. Fernández reaccionó con un énfasis desmesurado, exagerando su molestia ante la pregunta, preocupado porque pueda generarse un incumplimiento a las nuevas disposiciones.
Imitando el estilo Kicillof, buscó arroparlo pero también ocultar las diferencias que tiene con su perspectiva de fondo. Es que entre los funcionarios bonaerenses existe la convicción de que solo con medidas ultraestrictas se lograrán los objetivos pandémicos y, de paso, la consolidación del espacio político, que necesita de la diferenciación con Juntos por el Cambio para transitar los tiempos que vienen.
Rodríguez Larreta destacó tres veces la importancia del trabajo en conjunto
Es lo mismo que entendió Rodríguez Larreta, pero también su mejor alumna y estrecha socia política, María Eugenia Vidal. Apenas terminada la conferencia de prensa, las redes sociales comenzaron a poblarse de duras críticas del presidente del bloque PRO de la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, pero también del intendente de Vicente López, Jorge Macri, y del presidente del bloque PRO de la Cámara de Diputados provinciales, Alex Campbell, entre varios.
Parece claro que ese respaldo enfático a María Eugenia Vidal ya estaba planificado, buscando clavar diferenciación por ese lado también. En general, se quejan de que Kicillof hizo responsable a Vidal de la crisis sanitaria, cosa que no fue literal en este caso, ya que habló de un “problema estructural”. Pero lo importante es cómo se leyó, o como muchos quisieron que se leyera.
Kicillof dijo que había una nueva etapa en la lucha contra el coronavirus y no se equivocó. Volvió la disputa por el poder. La ensoñación de una Argentina unida que beneficiaba al Presidente y en segundo lugar a Rodríguez Larreta quedó atrás. Finalmente, el equipo bonaerense encontró el modo de marcar la cancha en plena pandemia y mostrar su personalidad política.
El gobernador Raúl Jalil firmó un convenio de cooperación con los intendentes de las municipalidades de Fiambalá, Tinogasta y Londres para avanzar con el control de asistencia del personal del Estado provincial que trabaja en esas localidades.
La letra del convenio explica que el objetivo del mismo es garantizar la adecuada satisfacción de las necesidades de la comunidad en todo el territorio provincial mediante la coordinación, control y organización articulada para alcanzar una mayor eficiencia en la prestación de servicios y ejecución de obras.
De esta manera, los municipios firmantes asumen la responsabilidad de trabajar plenamente sobre el control de asistencia del personal perteneciente a la Administración Central de la provincia que preste servicios en la jurisdicción geográfica de cada municipio.
Los municipios, además de asumir este compromiso, también deben remitir un informe completo y detallado sobre el cumplimiento de asistencia del personal provincial, y otro informe mensual sobre los resultados, avances de cada proyecto y desempeño del personal.
El Gobierno provincial, por su parte, deberá informar a los municipios los proyectos, metas y objetivos a cumplir del personal provincial.
El ministro Jorge Moreno explicó que además el Gobierno provincial, a través del ministerio de Planificación y Modernización, brindará las herramientas tecnológicas para realizar el debido control de asistencia en cada uno de los municipios firmantes.
La idea que esbozó la diputada kirchnerista Fernanda Vallejos respecto de la posibilidad de que el Estado se quede con parte de las acciones de las compañías a las que está ayudando en el marco de la pandemia, generó un fuerte repudio en el sector empresario, hoy focalizado en poder volver a producir.
Si bien todavía no existe ni siquiera anteproyecto, el sector privado comenzó a advertir sobre los riesgos de una decisión de esas características, ya que sostienen que las compañías están recibiendo ayuda para pagar los sueldos producto de que el Gobierno no las deja producir por el COVID-19. Además, remarcan que los fondos se depositan directamente en las cuentas bancarias de los empleados, no de la empresa.
El dueño de Swiss Medical, Claudio Belocopitt, aseguró que “es un absurdo». “Primero, porque en todo caso debería plantearse antes de otorgar cualquier tipo de apoyo. Además, se trata de colaborar en una medida muy mínima para tratar de mantener la mayoría de las empresas en pie en una situación absolutamente atípica, que excede a las empresas y también excede al Gobierno”, sostuvo el empresario de la salud.
El dueño de Swiss Medical, Claudio Belocopitt, afirmó que la idea de Vallejos es «un absurdo»
En tanto, el presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba) y dueño de Cerámica Alberdi, Martín Rappallini, sostuvo que la ayuda que ofrece el Estado es “una medida de contención social”, ya que es el mismo Estado el que les dice a las empresas que no pueden trabajar ni despedir trabajadores. Remarcó que “las empresas no están teniendo ningún beneficio. Eso no tiene ninguna relación con tener parte de la empresa porque la ayuda viene a compensar una decisión del Gobierno», sostuvo, al agregar, por otra parte, que “son las empresas las que sostienen al Estado con el pago de los 160 impuestos que hay vigentes”.
Por su parte, Martín Cabrales coincidió con el repudio al proyecto y lo consideró “un disparate”. “No lo he leído, pero la sola idea me parece algo disparatada sin sentido. No es el rol específico del Estado ser empresario; además, se están dando ayudas en el marco de una pandemia internacional, en un contexto donde las industrias en nada son beneficiadas y en lo único que se piensa es en mantener las fuentes de trabajo y en no romper la rueda productiva”, remarcó el dueño de la empresa productora de café.
“Las empresas reciben fondos para pagar una parte de los sueldos, o sea, la plata va a los empleados, no a los accionistas de las empresas. No veo por qué debería el Estado quedarse con parte de la empresa”, agregó el dueño de Morixe, Ignacio Noel, quien agregó: “No coincido con el proyecto porque si las empresas requieren asistencia es porque están inactivas por una decisión del Estado, que actuó muy bien para evitar el impacto de la pandemia”.
Tras las críticas de varios sectores políticos y económicos a la iniciativa, Vallejos volvió a referirse hoy al tema en su cuenta de Twitter, donde planteó que si bien no conoce casos de países de la región donde se están capitalizando empresas en el marco del COVID-19, sí sucede en las economías europeas y en los Estados Unidos, dijo.
El dueño de Aluar, Javier Madanes Quintanilla, consideró que está dispuesto a discutir la participación estatal en las empresas, pero si es con buena intención y sin revanchismo
Frente a eso, el vicepresidente Pymi de la UIA y dueño de Sinteplast, Miguel Ángel Rodríguez, explicó que en esas economías existen seguros de desempleo y con eso les pagan a los empleados que no trabajan. Y en los casos de empresas grandes con grandes problemas financieros, las socorren con importantes aportes, y es en esos casos donde los Estados toman parte de las acciones.
“Parten de premisas equivocadas. Acá lo que están haciendo solamente es ayudar algo con la nómina salarial a muchas empresas que el Gobierno no deja trabajar y tampoco suspender. Pero no están ayudando con capital de trabajo”, planteó el industrial, quien añadió que “en el segundo semestre habrá una gran cantidad de empresas que entrarán en convocatoria” y “la desocupación va a ser muy grande”.
El dueño de Aluar, Javier Madanes Quintanilla, por su parte, no fue tan crítico con la iniciativa de la diputada oficialista, aunque advirtió que nunca podría hacerse como un método de castigo. Consideró ventajoso que el Estado se involucre en los problemas que hoy afronta el sector privado y que, incluso, aporte soluciones. Se mostró de acuerdo con esa idea y sostuvo que si eso tiene que ser mediante la cesión accionaria, no tiene problemas en discutirlo.
“No soy de los que le da pánico que el Estado se involucre, pero sí que lo haga activamente y colaborando. Pero si esta medida se piensa como un método de castigo, vas a dañar a mucha gente que está tirada en el suelo”, manifestó el productor de aluminio. Y añadió: “El punto central de la discusión es volver a poner la actividad en marcha. Yo no le tengo miedo a trabajar con el Estado bajo cualquiera de las figuras. Lo que sí me da miedo es perder el tiempo”.
El presidente Alberto Fernández dispuso, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia publicado anoche, la prohibición, por un período de 60 días, de «los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor», como así también las «suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo».
Así lo hizo a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 329/2020 anoche en un suplemento de la edición de hoy el Boletín Oficial, con la firma del mandatario; del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y de los ministros, en el marco de las medidas que viene tomando el Ejecutivo para paliar el impacto económico de la pandemia de coronavirus.
«Resulta indispensable garantizar la conservación de los puestos de trabajo por un plazo razonable, en aras de preservar la paz social y que ello solo será posible si se transita la emergencia con un Diálogo Social en todos los niveles y no con medidas unilaterales», asevera la norma en sus fundamentos.
En este sentido, señala que decisiones de ese tipo no serían «más que una forma de agravar en mayor medida los problemas que el aislamiento social, preventivo y obligatorio procura remediar».
En su artículo cuarto, el decreto publicado esta noche en una edición suplementaria del Boletín Oficial de este jueves, establece que «los despidos y las suspensiones que se dispongan en violación de lo dispuesto» en la norma, «no producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales».
El ex presidente Mauricio Macri y las principales figuras del PRO pidieron “seguir acompañando las medidas del Gobierno nacional para limitar” la propagación del coronavirus en el país, a través de una videoconferencia que mantuvieron anoche para analizar la evolución de la situación nacional frente a la pandemia.
En ese marco, el ex mandatario dialogó con la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal; el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la presidenta del PRO, Patricia Bullrich; el ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto; el jefe del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, y los senadores nacionales Humberto Schiavoni y Esteban Bullrich.
Durante la videoconferencia, los dirigentes opositores discutieron sobre diferentes temas e intercambiaron información sobre los modelos que se están aplicando en distintos países del mundo para combatir la pandemia.También analizaron las dificultades específicas que enfrenta cada provincia y los problemas para cumplir con la cuarentena.
Según se indicó en un comunicado partidario difundido este sábado, se mostraron de acuerdo en tres ideas principales. La primera es “seguir acompañando las medidas del Gobierno nacional para limitar la propagación del virus”, en tanto que remarcaron que “lo más importante en esta fase de la crisis es cuidar la salud de los argentinos y reforzar nuestro sistema de salud”.
El segundo punto de la reunión virtual de la cúpula del PRO precisa “la importancia de hacer cumplir la cuarentena obligatoria con el mayor rigor posible”.
“Cuanto más estrictos seamos con la cuarentena, más rápido vamos a poder salir de ella y con el menor daño al bienestar de todos los argentinos”, analizaron los dirigentes del PRO.
En el tercer punto, los dirigentes opositores encabezados por Macri plantearon la preocupación por los “posibles efectos económicos y sociales de la expansión del virus y las medidas para combatirlo”.
En esa línea, se mostraron dispuestos «a apoyar cualquier medida que ayude a mitigar los efectos de la cuarentena en la vida de los argentinos y en la estabilidad del aparato productivo».
Finalmente, las principales figuras del PRO mostraron también “su apoyo a los dirigentes del partido que están gobernando sus provincias y municipios, y que están haciendo todo lo posible por responder de la mejor manera a esta situación”.
Más allá de las coincidencias sobre las medidas preventivas, ayer el PRO le pidió al Gobierno nacional que retome el operativo de repatriación de los argentinos que quedaron varados por el mundo a raíz del cierre de fronteras generado por la pandemia de coronavirus.
Argumentaron que se trata de una “cuestión humanitaria” y señalaron que “casi todos” los varados “salieron antes de la declaración de la pandemia y tenían pasajes de vuelta”. Y agregaron: “Ahora están viviendo una crisis global en un país que no es el suyo. Tienen derecho a volver”.
Si bien desde la oposición reconocen la gravedad de la situación e incluso apoyaron las medidas de aislamiento social obligatorio y el cierre de fronteras, consideraron que el Gobierno “puede hacer un esfuerzo más por repatriar a los argentinos que sólo quieren estar en su país”.
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