Los gremios del transporte llevarán adelante la próxima semana una medida de fuerza que involucrará a todo el transporte terrestre (colectivos, trenes y camiones), aéreo, marítimo y portuario, tanto de pasajeros como de carga. Su principal reclamo será exceptuar a los trabajadores del sector del Impuesto a las Ganancias.
Según informó Ámbito Financiero un almuerzo en la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT) de la mesa chica que integran los colectiveros de UTA, los maquinistas ferroviarios de La Fraternidad, los camioneros, los aeronavegantes y el portuario Juan Carlos Schmid, extriunviro de la CGT y líder formal de la CATT. También estará el taxista Omar Viviani; el jefe de Unión Ferroviaria, Sergio Sasia, y el titular del Centro de Capitanes de Ultramar, excluidos desde el segundo mandato de Cristina Kirchner. Se involucró en las negociaciones el piloto Pablo Biró (APLA), referente de la Corriente Federal de Trabajadores.
Como parte de la misma estrategia, hoy se llevará a cabo un plenario de la confederación en La Fraternidad, donde se resolverá una protesta para la semana que viene a falta del paro por 36 horas que tenía previsto lanzar la CGT para los últimos días de noviembre con una movilización a Plaza de Mayo.
Además plantearán la rebaja en los subsidios al sector, la situación de los jubilados y los descuentos por huelgas previas, que según algunos dirigentes suman más que los $5.000 del bono acordado entre la central obrera y el Gobierno.
El titular de la Corte dijo que el desafío pasa porque los magistrados paguen el impuesto sin que se les reduzcan sus sueldos.
Previo a que la Corte Suprema falle sobre la cautelar que limita el pago de Ganancias de los jueces, el titular del máximo tribunal Carlos Rosenkrantz dijo que la exención «no es la consagración de un privilegio». Dijo que el desafío es lograr que los jueces paguen el Impuesto «sin que su sueldo de bolsillo se vea reducido».
El máximo tribunal debe definir sobre la medida provisoria dictada en noviembre de 2017 por el juez en lo contencioso administrativo Esteban Furnari, luego confirmada por Cámara, que dispuso que solo estén alcanzados por Ganancias quienes hayan ingresado a la Justicia a partir del 1° de enero 2017, siempre y cuando provengan por fuera de ese poder. Esta medida limitó el alcance de la ley sancionada por el Congreso, que determinaba que todos los funcionarios judiciales debían pagar el tributo.
En relación a esta cuestión dijo que la sociedad «se convenció de que los jueces buscan proteger un privilegio» al estar exentos, pero que él considera que esto no es así. «La pregunta es cuál es el juez que usted quiere; cuál es el salario referente para determinar cuánto tiene que ganar; cuál es el mercado de referencia que tienen esos jueces, que es el mercado de la abogacía», afirmó. «No es la consagración de un privilegio», consideró.
Rosenkrantz dijo además que la sociedad «en algún sentido perdió fe en el derecho y en el Poder Judicial», luego de que después de muchos años se abrieran o se agilizaran las causas por corrupción durante el kirchnerismo. Dijo también que es injusto «imputarle toda la responsabilidad» a los tribunales «por la corrupción que depende, centralmente, de las leyes».
Los judiciales llevaron a cabo el día de hoy un paro nacional de 24 horas -en el caso de Catamarca ejecutaron la medida a partir de las 10 horas-, en protesta del proyecto propuesto por la UCR en el Congreso Nacional -que dicta el pago de ganancias a todos los integrantes del Poder- y el traspaso de la Justicia Nacional a la órbita de la CABA.
Por parte de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) se comunica que el paro sucedió de manera contundente, abarcando toda la Justicia Federal, Nacional y Electoral, los ministerios públicos nacionales, y adhirieron también las justicias de los siguientes distritos: CABA, Tierra del Fuego, Formosa, Catamarca y Misiones (esta última realizó una jornada de protesta).
Tweet Julio Piumato, Secretario General de la UEJN.
La huelga se realizó luego de que en los últimos días haya sido firmado un acuerdo salarial, que en lo que va del año acumula un 40% de incremento, y que obligó a la Corte Suprema de Justicia a pedir una partida presupuestaria extra de $ 1605 millones. Por parte del sindicato se aclara que la medida de protesta no se corresponde con el aumento, sino con otras disidencias.
Julio Piumato, secretario general de la UEJN, adelantó en AM 530 que los judiciales continuarán con medidas de fuerza contra el intento del Gobierno para que tributen Ganancias. «Es ridículo, en vez de que cada vez paguen menos trabajadores, nos hacen pagar a más», y sentenció «Macri nos prometió que no íbamos a pagar más Impuesto a las Ganancias, que cumpla».
Encuentro de Piumato con la Federación Argentina de Magistrados.
El jefe sindical de los judiciales se reunió el martes con la junta de la Federación Argentina de Magistrados para acordar una «estrategia común contra la intención de aplicar el impuesto al trabajo en la Justicia».
Como resultado del encuentro, la UEJN lanzó una
huelga por 24 horas contra la intención de aplicar el gravamen a los empleados
del Poder Judicial.
Días atrás, el ministro de Justicia, Germán
Garavano, se expresó a favor de la iniciativa que no llegó a tratarse en la
última sesión de Diputados para que los miembros de la Justicia comiencen a
pagar Ganancias.
Los ministros de la Corte Suprema, camaristas,
jueces, fiscales y empleados, actualmente no tributan el impuesto.
Sin embargo, el Gobierno busca extender su alcance, a partir de un
proyecto de ley.
A fines de 2016, con aval del presidente Mauricio Macri, una ley estableció que el tributo alcance a los integrantes de los poderes judiciales y del Ministerio Público designados a partir del 1° de enerode 2017. Pero el impuesto para los nuevos magistrados y empleados quedó envuelto en una puja por un amparo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, apelado por el Gobierno, por lo que tendrá que pronunciarse la Procuración y luego la Corte Suprema
En otro tema, la UEJN argumenta su postura contra el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad Autónoma: “Implicaría por un lado la flexibilización laboral al pretender pasar el derecho individual de trabajo al otro, la impunidad de los gobernantes al pasar la justicia Penal (…) con el traspaso de la Inspección General de Justicia y del fuero comercial, el gobierno local de la CABA controlaría la vida jurídica, el nacimiento, el desarrollo y extinción de las Sociedades Anónimas y empresas existentes en la Argentina (…) estando en la Ciudad el 90% de ellas (…) desde un Gobierno local se controlaría la economía del país.
Minutos después de la votación de la llamada «Ley de leyes» el diputado Karim Alume Sbodio (Unidad Justicialista-San Luis) introdujo la propuesta, que no estaba en la sesión especial. Se habilitó un apartamiento del reglamento para incluir el tema pero no se logró consenso para avanzar.
El jefe del bloque PRO Nicolás Massot anticipó que su bancada respaldaba la propuesta, mientras que su par del Peronismo Federal Pablo Kosiner pidió que se trate un proyecto suyo para derogar la acordada de la Corte Suprema que exime del pago del tributo a jueces, fiscales y empleados judiciales.
En contrapartida la diputada Alejandra Vigo (Córdoba Federal) advirtió que no le parecía tratar un tema «tan importante» a las apuradas, mientras que el massista Marco Lavagna recordó que la medida alcanza a los empleados judiciales y que había que considerar con más precisión «esta carga a las clases medias». Finalmente se consensuó que en breve el tema pase por comisión: se trataría en los próximos días, para llevarlo luego al recinto.
“Se trata de una posición histórica del radicalismo y es hora de que la llevemos adelante. Será parte de nuestro aporte en un momento en el que todos los sectores están haciendo un esfuerzo”. Con ese espíritu, la cúpula del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical definió en las últimas horas, después de varias reuniones reservadas con sus principales espadas legislativas, impulsar un proyecto de ley para que todos los jueces paguen el Impuesto a las Ganancias.
En el entorno del gobernador de Mendoza y presidente del partido, Alfredo Cornejo, trabajaron contrarreloj para que la presentación pudiera hacerse esta misma semana. La idea es que logre colarse en la discusión del Presupuesto, aunque para el caso de que la iniciativa pueda convertirse en una traba más para la sanción de esa ley los radicales aceptarían impulsarla como «proyecto autónomo».
El borrador del texto había llegado a oídos de los principales actores de Cambiemos en el Congreso y uno de ellos no tardó en poner en aviso a la cima de la Casa Rosada. En Balcarce 50 no hay una posición común sobre el tema. Hay quienes dicen que ese privilegio que alcanza a uno de los poderes del Estado «no puede sostenerse más en esta nueva Argentina«, pero existen otros -más cautelosos- que proponen no generar nuevos roces con la Justicia. Lo cierto es que hay una visión unánime de que ni bien la UCR difunda su propuesta «el clima social estará de ese lado y la presión contra los jueces será muy fuerte».
El proyecto plantea modificar la ley 26.628. El texto habla de cambiar el inciso A del artículo 79. El texto de ese nuevo inciso, al que tuvo acceso Clarín, dice lo siguiente: «Del desempeño de cargos públicos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sin excepción, incluidos los cargos electivos de los poderes Ejecutivo y Legislativo y los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos».
El diputado nacional por Mendoza Luis Borsani, uno de los más activos en la confección del proyecto, sostuvo que la primera plana del Comité Nacional -que componen, además de Cornejo, Gerardo Morales, Federico Storani, Ricardo Colombi y José Cano- quiere que «se haga un esfuerzo conjunto» para enfrentar la crisis económica. «Esto le va a hacer muy bien al Poder Judicial, es algo positivo. Lo pone en un pie de igualdad con el resto de la sociedad. Y a la vez es una oportunidad para que nos acompañen todos los partidos políticos», puntualizó el legislador. Fuente: Clarín.
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