La Fiscalía de Instrucción N°8, actualmente subrogada por la fiscal Paola González Pinto (titular de la Fiscalía N°7), investiga un homicidio ocurrido en una vivienda del norte de la ciudad. La víctima fue identificada como Alicia Suárez, de 40 años, quien fue hallada sin vida con una herida en el cuello. Por el hecho hay cuatro personas detenidas de manera preventiva.
El crimen fue reportado a la fiscal alrededor de las 16:45 horas por personal de la Comisaría Séptima. Al ser notificada, la fiscal González Pinto se presentó en el lugar del hecho y ordenó el cierre perimetral de las calles aledañas, así como la intervención de efectivos de Homicidios, Criminalística y la Unidad Judicial N°7.
El hecho
El homicidio tuvo lugar en el domicilio de la víctima, ubicado en calle 2 de Abril, casa 255, entre Alpatauca y avenida Choya. Según fuentes judiciales, la mujer vivía sola y fue encontrada sin vida en el interior del inmueble con una lesión en el cuello, lo que indica un ataque violento. La escena fue preservada para facilitar el trabajo pericial.
Detenidos y diligencias
Con los primeros elementos recabados en el lugar, la fiscal dispuso el arresto preventivo de cuatro personas: un hombre de 63 años, sus dos hijos —de entre 30 y 35 años— y otro sujeto de 50 años. Los detenidos fueron trasladados para la inspección corporal correspondiente, mientras se continuaba con la toma de declaraciones y otras diligencias de rigor.
Paralelamente, se realizaban tareas de búsqueda del arma homicida, que hasta el momento no fue encontrada. El cuerpo de la víctima fue llevado a la morgue judicial, donde se programó la autopsia para las 22:00 horas.
Avance de la investigación
La investigación continúa bajo la dirección de la fiscal González Pinto, quien busca establecer el móvil del crimen y la posible relación entre los detenidos y la víctima. Se espera que los resultados de la autopsia, sumados a los testimonios recolectados y las pericias, permitan avanzar en el esclarecimiento del hecho en las próximas horas.
Los siete imputados que tiene el caso por la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes fueron procesados con prisión preventiva por la jueza Cristina Penzo tras el pedido de los fiscales. De este modo, también se informó que continuarán detenidos en la cárcel.
Conforme a la Resolución N° 661 /2024, la jueza anunció que “corresponde resolver la situación procesal de las siguientes personas sospechadas actualmente en condición de detenidas: que Antonio Benítez, Daniel “Fierrito” Ramírez, Mónica Millapi, Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Carlos Pérez y Walter Maciel”.
De acuerdo al escrito al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, se decretó el procesamiento con prisión preventiva de seis de los siete detenidos por “encontrarlos prima facie coautores materiales penalmente responsable de la sustracción de menor de 10 años y amenazas en concurso real en relación a Caillava y Maciel”.
Mientras que al ex comisario de 9 de Julio por “encontrarlo autor material penalmente responsable del delito de presunta sustracción, ocultamiento de menor de 10 años en concurso ideal con encubrimiento por favorecimiento real, calificado por la gravedad del delito precedente y su calidad de funcionario público, en carácter de partícipe necesario del primero (delito) y autor del segundo ilícito, e inhabilitación especial”.
Se dispuso además la prisión domiciliaria para Mónica del Carmen Millapi por cuestiones familiares. Deberá utilizar tobillera electrónica.
Por último, se citó a declaración testimonial a Macarena Peña, hija de Laudelina, y a Camila Núñez, prima del pequeño desaparecido, “para ser oídas como testigos”.
El fiscal federal de Goya, Mariano de Guzmán, y los responsables de la Procuraduría contra la Trata y Explotación de Personas (Protex) del Ministerio Público, Marcelo Colombo y Alejandra Mangano habían solicitado a Penzo que a “esta altura de la investigación y con la prueba producida hasta el momento” se pudo comprobar que “el niño Loan no se perdió como afirmaron las personas por las que aquí pedimos su procesamiento -que tampoco lo abandonaron-, y que se montó una escena para hacer creer que así había sucedido”.
A través de casi 1.100 páginas, la jueza anunció que se autoriza los procesamientos con prisión preventiva de todos los involucrados que se encuentran detenidos por la desaparición del menor el pasado 13 de junio de este año en Corrientes.
Firmes en su reclamo, aseguran que seguirán movilizándose en los próximos días.
Este miércoles, familiares de Marcelo, Cristian, Ezequiel y Neri Barros se manifiestan frente a la Fiscalía General, reclamando justicia y pidiendo su liberación, ya que se encuentran detenidos en el penal de Miraflores sindicados por el crimen de Marcelino Pachado.
La causa, que había sido cerrada en 2017, se reabrió este año tras nuevos testimonios, entre ellos el de una expareja de uno de los hermanos Barros.
Lidia, madre de los detenidos, afirmó que la acusación contra sus hijos es injusta y afecta gravemente a sus nietos. “Acá hay niños que los esperan a ellos también. Bueno, mi nuera tiene cuatro hijos, también chiquitos de edad, y yo también tengo mi hijo que es chiquito y ahora lo tengo enfermo a mi hijo porque lo extraña mucho a él y me pide por noche que regrese su papá porque es de trabajo, no son de andar jodiendo”, declaró.
Por su parte, Zoe, hermana de los detenidos, sostuvo que la familia ha presentado pruebas que, a su entender, demuestran la inocencia de los acusados, incluyendo evidencias de que en el momento del crimen estaban en una celebración familiar. “Nosotros hicimos un día 11 la fiesta, no concluye con nada lo que dicen”, explicó.
Los Barros acusan a la testigo de ofrecer testimonios inconsistentes y cuestionan que la Fiscalía los haya utilizado para reabrir el caso. “Son testimonios falsos que ella hace, testimonios de adición, no sé cómo la fiscal puede sostener pruebas así”, señaló Zoe, en referencia a la testigo.
Frente a la situación actual, afirmaron que continuarán manifestándose.
Durante la noche de hoy se registró un violento incidente en la calle Ministro Dulce al 500, en el barrio de Villa Cubas. Por causas que aún se están investigando, un enfrentamiento entre cuatro personas terminó con un herido y tres detenidos.
El tumulto dejó como saldo a un hombre, identificado como Franco Salado, de 44 años, con heridas punzocortantes en la pierna y en una mano. Personal del SAME acudió rápidamente al lugar para asistir al herido, quien fue trasladado al Hospital San Juan Bautista para recibir atención médica.
Por otro lado, la policía logró aprehender a tres individuos, todos ellos de apellido Espeche, que fueron llevados a dependencias policiales. Los detenidos quedaron a disposición de la justicia interviniente, mientras se intenta esclarecer las circunstancias que llevaron al enfrentamiento.
Las autoridades continúan trabajando para determinar las causas del altercado y no se descartan nuevas detenciones o la participación de más personas en el incidente.
La justicia ordenó este viernes la libertad de 17 imputados por los destrozos ocurridos en los alrededores del Congreso, durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado. A su vez, la jueza María Servini resolvió mantener detenidos a otras 16 personas.
La determinación llegó tras escuchar todas las declaraciones de los imputados en indagatoria y evaluar las imágenes de las filmaciones que se incorporaron a la causa.
La magistrada resolvió mantener tras las rejas a Daniel Sica, Patricia Calardo Arredondo, Juan Ignacio Espinetto, Camila Juárez, Nicolás Mayorga, Saya Lyardet, Héctor Mallea, Cristian Dario Ferreira, Juan Pablo Colombo, María de la Paz Cerruti, Ramona Tocaba, Lucía Belen Puglia, Cristian Valiente, Facundo Exequiel Gómez Gabriel Famulari y Roberto María de la Cruz.
Entre esos nombres había imputaciones que iban desde tirar piedras hasta atacar a la policía o saltar la valla. En el caso de Valiente, tenía una granada.
Las excarcelaciones en tanto alcanzaron a Sofia Belén Ottogali, Gonzalo Duro, Martín Di Roco, Mateo De Tore, Germán Moyano, Facundo Klaus Leone, Ricardo Shariff Sleme, Diego Ignacio Iturburu, Roman Esteban Méndez, Santiago Lautaro Adano, Brien Ezequiel Ortiz, Belén Yanina Ocampo, Matías Leonel Ramírez, Nora Edith Longo, Remigio Ramón Ocampo y Mía Pilar Ocampo.
Manifestantes y policías protagonizaron graves incidentes este miércoles a las puertas del Congreso, mientras la cámara legislativa debatía la ley de Bases, el proyecto estrella del Gobierno, y también por la noche, luego de su aprobación en el Senado.
El fiscal Carlos Stornelli dictaminó investigar a los sospechosos por “lesiones, daño simples como agravados, incendio u estrago, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva en contra de las instituciones, organización o pertenencia a agrupaciones que tengan por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, delito contra los poderes políticos y el orden constitucional, atentado contra la autoridad agravada, resistencia a la autoridad y/o perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos, con el posible agravante del articulo 41 quinquies del Código Penal de la Nación”. Es decir, acciones terroristas.
Este martes se llevó a cabo una serie de allanamientos en Argentina y en otros países en el marco de la tercera operación internacional “Aliados por la Infancia”, que tiene como objetivo desbaratar redes de transmisión y producción de material de abuso sexual infantil que operan a nivel mundial. Como resultado, fueron detenidos 15 sospechosos.
En total, hubo 33 procedimientos que estuvieron impulsados por las autoridades de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, el U.S. Department of Homeland Security de Estados Unidos y el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. Ambas instituciones cooperan mutuamente para combatir la explotación sexual de menores a partir de la utilización del sistema de investigación estadounidense “Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System (ICACCOPS)” y “Child Protection Sistem (CPS)”.
En las últimas horas se realizaron múltiples allanamientos por tráfico de material de abuso sexual infantil
Se realizaron de manera simultánea en 12 provincias del país (Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Río Negro, Salta, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán, además de CABA) y también en República Dominicana, Ecuador, Paraguay, Panamá, Puerto Rico, Alemania, Costa Rica y Perú.
Hasta el momento hay 15 personas detenidas, 9 de ellas en Argentina -4 en CABA, 3 en Santa Fe, 1 en provincia de Buenos Aires y 1 en Salta-. También fueron arrestados otros cuatro sospechosos en Ecuador, uno en Puerto Rico y el restante en Costa Rica.
En los registros se secuestraron 176 elementos relacionados con contenido de abuso sexual de menores. Fuentes del caso comunicaron a Infobae que uno de los detenidos quiso deshacerse de un disco cuando los policías ingresaron a su vivienda y lo arrojó con intenciones de destruirlo, pero finalmente el objeto fue recuperado y será peritado.
Los operativos arrojaron otras particularidades. En otro lugar inspeccionado se encontró una importante cantidad de drogas. Mientras que en los siete allanamientos en territorio bonaerense (que tuvieron lugar en domicilios de los partidos de Avellaneda, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Morón y Quilmes), los agentes asistieron a dos menores convivientes y detuvieron a un imputado que teníamaterial de abuso sexual infantil producido por él.
La investigación la lleva adelante la Fiscalía PCyF N°17 especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas, a cargo del fiscal Tomás Vaccarezza. Las direcciones de los sospechosos surgieron a partir de datos recabados por la Unidad de Cibercrimen del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del MPF porteño. Los allanamientos -de los que participaron las fuerzas federales, la Policía de la Ciudad y las Policías provinciales- fueron ordenados por el Juzgado PCyF 17 que conduce Natalia Ohman.
Como resultado de los operativos, fueron detenidos 15 sospechosos
“En total se lograron investigar más de 100 usuarios de redes P2P distribuidos en Argentina y el resto de los países”, sostuvo el fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques.
La operación “Aliados por la Infancia III” es la tercera acción internacional concebida y coordinada desde Argentina, para combatir la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes. La primera se había concretado en agosto de 2023, cuando se detuvieron a 46 personas. La otra fue en diciembre, en la cual hubo 13 detenidos y participaron 9 países: República Dominicana, Brasil, Ecuador, Estados Unidos, Chile, Paraguay, Panamá, Costa Rica y México.
Otros cuatro sospechosos
En las últimas horas se realizaron otros allanamientos que desbarataron una red internacional de tráfico de material sexual infantil. Fueron en las provincias de Buenos Aires, La Pampa y Tucumán, y en otras ciudades de Hungría, Australia, Canadá, EEUU, Brasil y Filipinas.
En este caso la investigación está en manos del fiscal Daniel Ichazo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°8 de Berazategui, y surgió tras una alerta del National Center for Missing & Exploited Children, un organismo estadounidense que se encarga de detectar estos hechos.
El Departamento Delitos Tecnológicos Complejos e Investigaciones Especiales de la Policía de la Ciudad llevó a cabo medidas de campo, ciberpatrullaje sobre redes abiertas (OSINT) y tareas tecnológicas en la red social Telegram y la aplicación WhatsApp para dar con cuatro imputados y sus conexiones IP.
Llegaron así a domicilios en Berazategui, en la ciudad de San Miguel de Tucumán y en la ciudad pampeana de Intendente Alvear. Allí se incautaron elementos de interés para la causa. Entre ellos, 58 casetes de video, 20 cd’s, 8 cintas de VHS, 14 celulares, cuatro tablets, dos cámaras de fotos, una notebook, un CPU, pendrives y tarjetas de memoria, entre otros.
Del procedimiento participaron también la División Análisis de Riesgo y Protección de la Policía de la Ciudad y la Policía Departamental y Seguridad de Berazategui.
Mientras avanza la investigación por presunto abuso sexual en la que están acusados cuatro jugadores del club porteño Vélez Sársfield, tras la declaración en cámara Gesell de la joven de 24 años que los denunció en Tucumán, la fiscal ordenó la aprehensión de los deportistas implicados: Abiel Osorio, Sebastián Sosa, Braian Cufré y José Florentín Bobadilla.
El planteo lo hizo la fiscal, Eugenia María Posse, luego de la extensa declaración de la mujer que denunció el abuso por parte de los cuatro jugadores que viajaron a Tucumán para presencial la audiencia de hoy.
Ahora, el juez Lucas Taboada, tiene un plazo de 48 horas para confirmar, revocar o ampliar lo planteado por Posse.
El relato de lo sucedidoEl 6 de marzo pasado, la joven denunciante se presentó con su abogada en una comisaría de Tucumán, donde vive, para relatar lo sucedido. La mujer, que es periodista deportiva, contó que el sábado 2 de marzo estaba en la cancha de Atlético de Tucumán porque el equipo local se enfrentaba a Vélez por una nueva fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).
Una vez finalizado el partido en un empate en 0, la denunciante dijo que estaba en la denominada “zona mixta” y fue entonces que en esos momentos algunos jugadores de Vélez, desde arriba del micro, “me empezaron a hacer caritas”. Más tarde, alrededor de las 22, relató que el arquero Sosa la había invitado a través de un mensaje en su red social de Instagram a acercarse al Hotel Hilton, ubicado en la calle Piedras y Miguel Lillo. Allí se hospedaba el plantel profesional de fútbol antes de regresar a Buenos Aires.
Cuando la joven llegó a la habitación 407 pasadas las 00.30 del domingo se encontró con Sosa y otros tres futbolistas, Cufré (27 años), Osorio (21) y Florentín Bobadilla (27), con quienes compartió bebidas alcohólicas. Después de algunos tragos, la denunciante dijo que comenzó a sentirse mal, “muy mareada”, que sentía “que se le apagaba la cabeza”, por lo que se recostó en una de las camas “como adormecida”.
Fue entonces que “sin ningún consentimiento la abusaron sexualmente”, según consta en el texto de la primera denuncia que se hizo en sede policial ante la División de Delitos contra las Personas de la Policía de Tucumán. /La
Dos personas, ambos mayores de edad fueron detenidas por la policía tras sorprenderlos transportando rollos de cobre en una camioneta con cámara refrigerante. El cobre estaba oculto dentro de dos tachos y fue valuado en más de 250 mil pesos. Esto pasa en medio de la ola de robo de cables en la vía pública para su comercialización.
De acuerdo a la información policial el procedimiento se concretó a las 01:50 de la madrugada en circunstancias que personal de la Comisaria Segunda hizo detener en calle Sin Nombre esquina calle San Nicolas de Bari a una camioneta Marca Ford, Modelo Ranger, Dominio KJK 920, de color blanco, cabina simple, la cual cuenta con camara frigorífica. En el rodado circulaban dos hombres quienes luego de identificarlos los policías le solicitaron que abrieran dicha cámara observan dos tachos de plástico conteniendo elementos de dudosa procedía.
Al revisar el interior de los tachos encontraron una gran cantidad de cobre, de cuyo origen los ahora aprehendidos Nahuel Bustos de 24 años, y Esteban Olmos, de 32 años, no supieron justificar.
Seguidamente los efectivos secuestraron el vehículo y los tachos en los que se transportaba los rollos de cobre, lo que fueron trasladado a la dependencia policial al igual que a los sospechosos.
Por otra parte, voceros policiales indicaron que el cobre secuestrado estaría validado en más de 250 mil pesos.
Finalmente el hecho fue puesto en conocimiento de la fiscalía en turno desde donde se impartieron las directivas a seguir.
Ayer sábado, a las 07:00, en la esquina de la avenida Libertad y calle 2 de Abril, efectivos del Grupo de Infantería de Andalgalá (GIA) procedieron a la aprehensión de un joven de apellido Vega (21), y de tres hombres de apellidos Rojas (36), Vega (40) y Romano (40), todos oriundos de la provincia de Tucumán, quienes circulaban en una camioneta Toyota Hilux, de color blanco, que quedó en calidad de secuestro.
Estos sujetos, fueron sindicados a través de denuncias penales, como los presuntos autores de haber causado un desorden a la salida de un local bailable ubicado en la avenida Esteban Carranza, para luego agredir físicamente a golpes de puño y con un elemento contundente, a personas del sexo masculino y femenino, y al momento de darse a la fuga del lugar, chocaron contra una camioneta Nissan Frontier, de color gris oscuro, que estaba estacionada en la zona, ocasionando daños materiales, resultando damnificado un hombre de 57 años de edad.
Por el hecho, los aprehendidos fueron trasladados y alojados en la Comisaría Departamental Andalgalá, a disposición de la Fiscalía de la Segunda Circunscripción Judicial, desde donde se indicaron las medidas a cumplimentar.
Fuentes allegadas a la justicia, dieron cuenta que se llevaron adelante en las últimas horas varios allanamientos, vinculados a la investigación por los crímenes de los taxistas; Héctor Figueroa y Diego Celentano, además del ataque a balazos contra el chofer de la línea K el jueves en Méjico y Mendoza y ataque a Comisaría 15º.
Por los hechos de público conocimiento, la Fiscalía Regional Segunda, dispuso la conformación de un equipo especial, compuesto por los Fiscales; Patricio Saldutti, Luis Schiappa Pietra, Franco Carbone, Marisol Fabbro y Fernando Dalmau, quienes ordenaron múltiples allanamientos.
Por tal motivo la Policía de Investigación Investigaciones (PDI) logró la detención de 20 personas mayores de edad y un menor, secuestrando material de interés para las investigaciones.
De los mencionados, 11 de ellos, conjuntamente con un menor de edad puesto a disposición de juzgado de menores en turno, fueron aprehendidos este viernes en Nicaragua al 2200 durante el mediodía en el marco de la investigación por hecho donde resultara herido Marcos Iván D conductor de la línea K. A dichos individuos en principio les atribuirán el encubrimiento del hecho. Hay tareas investigativas en curso en relación a los detenidos.
Por su parte 6 de los restantes fueron detenidos durante la madrugada vinculados a los hechos de homicidio donde resultarán víctimas los conductores de taxi, Figueroa y Celentano. En principio a los mencionados se les atribuiría la resistencia a la autoridad y la tenencia de armas de fuego. Hay tareas investigativas en relación a los detenidos.
Una persona más fue detenida vinculada al homicidio de Diego Celentano, en calidad de participe. El mismo fue detenido en calle Baigorria al 1700 en horas de la tarde de este viernes.
Vinculado al hecho de abuso de armas contra la Comisaría 15º, dos personas se encuentran detenidas. Las mismas fueron aprehendidas en cercanías al lugar del hecho momentos antes de la medianoche.
Las audiencias imputativas serán llevadas adelante en los próximos días.
El Ministerio Público informa que el Fiscal de Instrucción, Facundo Barros Jorrat lleva adelante la investigación de la golpiza propinada a un hombre en la mañana de hoy. La víctima radicó la denuncia en contra de cinco agresores quienes ya se encuentran aprehendidos.
En horas de la siesta de ayer viernes, tanto Barros Jorrat como el Fiscal General, Dr. Alejandro Gober, se entrevistaron con el hombre en la Unidad Judicial N°4 y le garantizaron que avanzarán rápidamente para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los participantes del hecho.
En el marco de la causa el fiscal ordenó el secuestro de los teléfonos celulares, inspección ocular en el lugar y grabaciones de cámaras de seguridad. Asimismo, se aguardan los exámenes médicos para determinar los días de incapacidad que determinen la calificación legal.
El caso de la detención de dos tuiteros que publicaron contenido en contra del ex gobernador Gerardo Morales llegó a medios españoles.
“El País” publicó, en su versión digital, algunos detalles del proceso y las personas envueltas en él.
En el sitio web oficial de periódico «El País« se publicó información al respecto, dando algunos detalles de lo sucedido y las personas envueltas en ello.
Publicación de “El País”
El profesor universitario Nahuel Morandini y el trabajador independiente Roque Villegas viven en prisión desde el pasado 4 de enero. La fiscalía de la provincia de Jujuy, en el norte andino de Argentina, les acusa de dañar psicológicamente a la esposa del ahora exgobernador provincial, Gerardo Morales, y de “poner en cuestión” la identidad de la hija de dos años. Morandini y Villegas no se conocían, pero a finales de diciembre ambos bromearon en sus redes sociales con que Tulia Snopek le había sido infiel a su marido, que gobernó la provincia entre 2015 y 2023, con un músico folclórico. Snopek los denunció a principios de enero y ahora, al filo cumplir los dos meses reglamentarios de la prisión preventiva en Argentina, ambos enfrentarán un juicio que los puede dejar en la cárcel por hasta ocho años.
El pasado 26 de diciembre, Morandini escribió en su cuenta X -antes Twitter- una especulación sobre las festividades de carnaval en su provincia. El ingeniero ambiental de 45 años, profesor en la Universidad de Salta, decía que la banda folclórica Los Tekis tenía problemas para llevar a cabo su tradicional fiesta de carnaval a mediados de febrero porque uno de sus miembros “le enseña a tocar la quena [un instrumento de vientos andino] a la mujer del exgobernador”. Una semana después, el 4 de enero, escribió su último tuit: “Bueno, la cana [policía] de Jujuy me acaba de citar, todo indica que es por mi actividad acá. Así estamos”. Está en prisión desde entonces.
La fiscalía argumenta, según documentos a los que tuvo acceso el diario La Nación, que ese día empezó a viralizarse el rumor de que la esposa de Morales le había sido infiel con un instrumentista de una de las agrupaciones folclóricas más populares de la provincia. “Uno tira la piedrita y el vidrio se rompe en mil pedazos”, sostuvo el fiscal Hugo Rondón, de acuerdo al vídeo de una de las audiencias del caso al que tuvo acceso La Nación.
El fiscal afirmó que Snopek, casada con Morales desde 2018, sufrió un “serio estrés” por los rumores que después llegaron a promover la idea de que la hija menor del exgobernador podría ser fruto de la infidelidad. “La virginidad existencial de una menor de dos años no se puede reparar, será una querella, pero el daño es irreparable”, dijo en esa audiencia del 5 de enero el fiscal, y promovió entonces la prisión preventiva. Junto a Morandini fue arrestado Roque Villegas, de 42 años, un trabajador independiente que se dedica a la serigrafía. Su delito fue reproducir otras publicaciones en Facebook que hacían alusión a la infidelidad.
La causa en la que ambos son investigados los acusa de lesiones psicológicas agravadas por violencia machista y del delito de “supresión de la identidad” de un menor de 10 años, un delito cargado de simbolismo en Argentina por los cientos de bebés que nacieron en cautiverio durante la dictadura militar y que todavía son buscados por sus familias biológicas. Las penas de ambos crímenes suman hasta ocho años de prisión.
La reclusión de ambos hombres desde hace 48 días ha indignado a buena parte del arco político argentino y llegó, este jueves, a los grandes medios nacionales. El actual gobernador jujeño, Carlos Sadir, que asumió el poder el pasado 10 de diciembre como delfín de Morales, intentó desligar su novísimo gobierno del caso. “Es una cuestión que maneja la Justicia. Tiene que ver con la afectación de derechos de los niños. Yo no tengo la más mínima participación”, dijo esta mañana en una entrevista radial. El abogado de Morandini, Marcos Aldazabal, le contestó en X: “Es mentira: su gobierno es querellante a través del Concejo Provincial de la Mujer, que suele no presentarse a querellar en casos de abuso sexual, pero se presentó acá”.
Morales, que fue precandidato vicepresidencial en las elecciones del año pasado en una de las fórmulas de la alianza política que lidera el expresidente Mauricio Macri, gobernó Jujuy durante los últimos ocho años con fama de severo. En junio pasado, Jujuy fue noticia internacional por la represión a las protestas de comunidades indígenas, sindicatos y organizaciones sociales que se manifestaban en contra de una reforma exprés a la constitución provincial que preveía suprimir el derecho a la protesta y cambiar la legislación que protege los territorios indígenas. Al menos 170 personas fueron heridas con balazos de goma y gases lacrimógenos durante las protestas. Tras semanas de conflicto, unas 70 fueron arrestadas, muchas de ellas sin justificación, como detalló el informe de Amnistía Internacional.
Ese mismo junio, Morales fue el foco de otra polémica. El gobernador había invitado al cineasta y activista ambiental James Cameron a visitar un parque solar tras una serie de conferencias en Argentina. Al día siguiente, Cameron convocó a varios medios -incluido EL PAÍS- para denunciar que el Gobierno jujeño lo había “emboscado” y lo estaba usando para “limpiar la imagen de la extracción del litio”. Tras su reunión con Morales, comunidades locales le informaron al director de Avatar y de Titanic que las empresas mineras de la zona atropellaban sus derechos sobre sus tierras. “En un conflicto entre la industria extractiva y las comunidades indígenas, yo siempre voy a estar del lado de las comunidades”, dijo Cameron en una entrevista con este periódico.
Organizaciones de Derechos Humanos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) buscan desde hace semanas que organismos internacionales presten atención a la detención de Morandini y Villegas. “La justicia de Jujuy le prohibió hablar del caso a familiares y allegados de Nahuel Morandini. También obligó a Nahuel Villegas a la realización de un tratamiento psiquiátrico por supuestamente ejercer violencia de género. Todos estos métodos representan la utilización del derecho penal para criminalizar la libertad de expresión”, denunció el CELS en un comunicado del pasado 8 de febrero.
A finales de enero, el tema incluso llegó al Congreso Nacional. Mientras los diputados debatían, sin éxito, la gran ley de desguace del Estado del presidente Javier Milei, dos de ellos denunciaron la detención. Alejandro Vilca, un conocido activista jujeño y diputado del Frente de Izquierda, solicitó la libertad de ambos en “repudio al régimen policial de Morales”. Le acompañó un peronista de su provincia. “Cayeron los más débiles para dar el escarmiento de lo que puede pasar si hablan de lo que hizo el exgobernador Morales”, afirmó Guillermo Snopek, hijo de un antiguo senador nacional y hermano de la exprimera dama jujeña que denuncia los agravios de ambos hombres.
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