La Comisión Bicameral en Defensa de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, presidida por la senadora Susana Díaz y la diputada Verónica Mercado como vicepresidenta; e integrada por las senadoras Virginia Del Arco, Gabriela Ybáñez; los senadores Ariel Cordero y José Luis Martínez; las diputadas Alejandra Pons, Mónica Zalazar, Marina Andrada y el diputado Tiago Puente manifestó a través de un comunicado su repudio ante el abuso sexual ocurrido a una niña de cuatro años en la localidad de Saujil – Departamento Pomán.
«Manifestamos nuestro enérgico repudio ante el aberrante hecho de abuso sexual ocurrido a una niña de cuatro años, siendo los presuntos autores su padre y abuelo, quienes les transmitieron una enfermedad sexual, siendo cómplice su familia», expresa el escrito.
«Este hecho atroz atenta contra la integridad física y psíquica de una niña, robándole su infancia, coartando su inocencia y todos sus sueños», continúa.
«Solicitamos a las autoridades que arbitren los medios necesarios a los fines de garantizar los derechos de la niña, ya que este accionar vulnera la Convención sobre los Derechos del Niño, Ley Nacional N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescente y Ley Provincial N° 5357», señala.
«Asimismo, hacemos público el rechazo en contra de todo acto de un adulto que violente, menoscabe, conculque, desconozca o ponga en peligro los derechos de un niñas, niños y adolescentes», expresa el escrito.
«Exigimos justicia y el respeto a las infancias libres de cualquier tipo de violencia en todos los ámbitos de nuestra sociedad», finaliza el comunicado.
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Repudio de la Comisión Bicameral en Defensa de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes ante el abuso sexual a una niña en Pomán
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Diputados profundizó la capacitación en perspectiva de género con un contundente mensaje a defender los derechos
En el recinto de sesiones del Palacio Legislativo, la Cámara de Diputados entregó simbólicamente diplomas a trabajadores y trabajadoras de la institución parlamentaria que completaron con éxito su formación en perspectiva de género. Estos certificados marcan el cierre de cinco cohortes de capacitación realizadas a lo largo del año, instancias que alcanzaron a 100 agentes de la Cámara baja. El evento estuvo encabezado por la presidenta de Diputados, Cecilia Guerrero, quien estuvo acompañada por el Equipo de Capacitación y sus pares, Claudia Palladino, Mónica Zalazar, Cristina Gómez y Jorge Andersch.
Durante su discurso, Guerrero destacó la importancia de esta iniciativa que comenzó bajo su gestión hace casi cuatro años con el propósito de sensibilizar y concientizar sobre la necesidad de deconstruir micromachismos y mandatos culturales que han perpetuado la desigualdad de género en la sociedad. Además, contempló que «hay sectores que están poniendo en jaque los derechos conquistados y es deber de todos y todas defenderlos». En primer lugar, Guerrero hizo un llamado para derribar las barreras estructurales que impiden avanzar hacia una sociedad más igualitaria basada en el respeto, » en el respeto al otro, a las diferencias, a lo diverso». También expresó su gratitud a las y los participantes por aceptar el desafío de capacitarse y subrayó que más allá de la obligatoriedad de la ley, es necesario un compromiso personal para comprender cómo la perspectiva de género puede enriquecer la vida cotidiana de cada persona.
En tanto, Guerrero advirtió sobre los discursos y pretensiones que buscan socavar, avasallar o derogar los derechos conquistados para beneficio de la sociedad. «Actualmente los feminismos están siendo atacados ferozmente, hay discursos antifeministas, hay discursos que afectan los derechos de las mujeres», advirtió, para remarcar que «es deber de todos y todas defenderlos». En este sentido, subrayó que «se defienden los derechos ejerciendo el acto más elemental de la democracia que es el derecho al sufragio». «Que nunca más nos quieran afectar el piso de dignidad, que no nos quieran afectar nuestros derechos porque los derechos humanos y los derechos de las mujeres y diversidades se conquistan, pero también se defienden, y debemos defender nuestros derechos» concluyó.
Avanza en la Legislatura una propuesta contra la violencia de género en la administración pública
En la última reunión de la comisión de Legislación Social y del Trabajo, que preside Natalia Soria, se discutió y se emitió un despacho favorable a un proyecto de ley que podría tener un impacto significativo en la lucha contra la violencia de género en el ámbito de la administración pública. En este sentido, la Comisión recibió a la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Guerrero (Frente de Todos), junto con la Vicepresidenta del Colegio de Abogadas y Abogados, Carolina Ale, para abordar una iniciativa elevada por la titular del cuerpo y por la cual se establece el impedimento para ingresar, permanecer y/o ejercer como funcionario o empleado de la administración provincial, en los tres poderes del Estado, a aquellos agentes que incurran en actos de violencia de género.
La iniciativa busca abordar una de las causas fundamentales por las que las víctimas de violencia de género pueden quedar atrapadas en relaciones abusivas: la dependencia económica de sus agresores. La propuesta plantea que cualquier funcionario o empleado de la administración provincial que incurra en actos de violencia de género, independientemente de si esos actos constituyen un delito, será sometido a medidas disciplinarias, incluyendo la cesantía o exoneración, con el objetivo de separarlos de sus cargos. El proyecto explica que se apunta a garantizar un medio de subsistencia para las víctimas de violencia de género cuando su agresor es un funcionario o empleado del Estado Provincial.
Tras el encuentro, la vicepresidenta del Colegio que nuclea a profesionales del derecho en Catamarca, subrayó la importancia de este proyecto y señaló que su participación se centró en brindar asesoramiento técnico y sugerencias para garantizar la efectividad de las medidas de expulsión de funcionarios condenados por violencia de género. «Se planteó y se sugirió la posibilidad de especificar el procedimiento para los casos de expulsión de funcionarios ya que estos poseen un régimen diferente a un agente que se rige por el Estatuto del Empleado Público» dijo Ale.
Por otra parte, las y los miembros de la Comisión aprobaron una iniciativa de resolución impulsada por Hugo Ávila (Frente Amplio Catamarqueño) y que insta al Ejecutivo Provincial a adherirse a las medidas propuestas por la Administración federal la semana pasada. En este sentido, se sugiere a la Provincia un aumento salarial de $55.000 para las y los empleados públicos junto a la asignación de un bono de fin de año.
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Legisladoras plantearon los nuevos desafíos en derechos políticos de mujeres
La Cámara de Diputados concluyó las actividades impulsadas por el Mes de la Mujer con un conversatorio en donde la presidenta Cecilia Guerrero junto a las legisladoras Verónica Mercado, Adriana Díaz, Mónica Zalazar y Analía Brizuela, abordaron dónde estamos parados en materia de derechos políticos de mujeres y cuáles son los nuevos desafíos. El disparador del debate fue la Ley de Paridad, una normativa que se sancionó hace cinco años en Catamarca y cuya aprobación no quedó exenta de dificultades. «Cuando trabajamos la Ley de Paridad nos costó muchísimo, no se quería aprobar, teníamos presiones de todo tipo» recordó Brizuela en la apertura de la charla. En este sentido, Zalazar señaló que «cuando empezamos a pelear por la paridad, la composición del Senado era 100 por ciento varones, hubo dirigentes que buscaron que desistamos pero, después de mucha negociación, llegó el día donde estabamos todas, sin distinción de color político, y conseguimos la paridad».
«¿Por qué tenemos que tener una Ley diciendo que debe haber una mujer?» indagó para remarcar que las mujeres «no somos acople para cumplir el 50 por ciento, nosotras valemos, somos muchas más y, cuando estamos juntas, unidas y organizadas, nuestra fuerza es insuperable». Diaz recordó que primero estuvo la lucha por el Cupo Femenino, Ley que obligó a las fuerzas políticas, alianzas y frentes a incorporar «un 30% de representantes mujeres». Sin embargo, esa base pasó a ser un techo. «Cuando votamos la Ley de Paridad fue porque entendimos que la desigualdad entre varones y mujeres es estructural y por lo tanto, la respuesta también debe ser estructural» dijo y planteó que el desafío es llevar el debate hacia el seno de los partidos políticos ya que «es política de justicia social porque es justicia de género». Mercado indicó que hasta el reconocimiento efectivo del derecho al voto de la mujer en el Congreso, se habían presentado 15 proyectos que fueron rechazados sistemáticamente. «Somos el 51% de la población y aún cuando tenemos la Ley también estamos subrepresentadas, porque esto tiene que ver en la conformación de las listas; siempre terminamos siendo menos y cuando se incluyen a mujeres en las listas y acceden a la banca, tenemos que ir a la Justicia para que la Justicia diga que la banca es de una mujer como sucede con la concejal electa en Icaño quien no puede asumir» señaló. Así, planteó como un desafío «construir poder social entre mujeres» habida cuenta que «los derechos no tienen partidos, tienen razones y debemos empoderarnos con esta idea y militarla en el ámbito que sea».
Guerrero tuvo presente que en Catamarca el primer proyecto de Paridad lo presentó un hombre, Rubén Herrera. «Las mujeres que formábamos la Cámara advertimos la importancia del proyecto y lo aprobamos por unanimidad en Diputados, pasó al Senado y éste, conformado 100 por ciento por varones, le hizo perder estado parlamentario sin siquiera tratarlo en Comisión» recordó. «Hoy tenemos la paridad formal y tenemos que ir por la paridad sustancial, que es la que exige que las mujeres que ocupan cargos de representación parlamentaria le pongan el cuerpo a las demandas de género porque los hechos actuales muestran que aún existen las estructuras patriarcales y machistas en partidos políticos, Concejos Deliberantes e instituciones gubernamentales. Ivana Ferreyra es el manifiesto más evidente en orden a impedir el ejercicio de los derechos políticos de una mujer» remarcó.
«No tenemos que callarnos más, no podemos mirar para otro lado, hay que decir las cosas por su nombre, a las mujeres no nos pueden discriminar más» subrayó para acotar que en Catamarca «hay referentes de algunos partidos que ya están hablando en sintonía con sus referentes del orden nacional de derogar el Ministerio de las Mujeres a nivel nacional y por ende también a nivel provincial la Secretaría creada durante esta gestión». «Esto no es casualidad. Están molestos porque las mujeres no estamos dispuestas a consentir ni violentos, ni abusadores, ni violadores en la lista de candidatos. Las mujeres no tenemos por qué asumir culposamente los errores de varones que militan en distintos partidos políticos, tenemos nuestra propia agenda que está relacionada a las demandas vinculadas a las necesidades del pueblo» distinguió. «Debemos estar dispuestas a conseguir nuevos logros, la paridad en los tres poderes del Estado, la paridad en la fórmula gubernamental, no solo a nivel provincial sino también a nivel nacional, paridad en los municipios con viceintendentes o intendentes suplentes y en los Concejos Deliberantes» instó la Presidenta.
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Diputados recibió a diplomados por la Unlam y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en promoción de Derechos con Perspectiva de Género
En el recinto de sesiones del palacio Legislativo, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Guerrero junto a sus pares Ramón Figueroa Castellanos, Paola Fedeli, Natalia Soria, Claudia Palladino, Mónica Zalazar y Analía Brizuela, acompañaron la entrega de certificaciones a personas que aprobaron la diplomatura en promoción de derechos con perspectiva de género y diversidad sexual. Esta formación fue dictada por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la Universidad Nacional de La Matanza (Unlam).
Allí estuvo presente Pablo Martin, coordinador de los Centros Populares de Economía de la cartera nacional de Desarrollo Social, quien señaló su profunda satisfacción y orgullo de entregar los diplomas «ya que fue un trabajo muy intenso el que han desarrollado». El funcionario agradeció a los tutores Jorge Osvaldo Juaréz y Gisela Pauletto que trabajaron de forma excepcional. También agradeció a la presidenta de la Diputados por la apertura «ya que para nosotros era muy importante que tengamos este ámbito tan representativo de la democracia».
Por su parte, Guerrero felicitó a las y los diplomados y comentó que Natalia Soria fue quien sugirió que la casa de la democracia los reciba para hacer la entrega de las certificaciones. «La cuestión de género y diversidad nos compete a toda la sociedad. Las y los felicito por el esfuerzo, por haber asumido este desafío de la deconstrucción y ojalá esto sirva para transformar en ustedes y erigirse en agentes transformadores de la sociedad que necesita imperiosamente que entre todas/es/os hagamos de este mundo, un mundo más justo» cerró.
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Guzmán: «La derecha profundiza las inseguridades económicas de los trabajadores»
El ministro de Economía aseguró que ese sector de la dirigencia política «siempre quita derechos y socava libertades».
Martín Guzmán acusó hoy que, en cuestiones laborales, «la derecha busca atacar los problemas de una forma que profundiza las inseguridades económicas del pueblo trabajador», a la vez que señaló que ese sector de la dirigencia política argentina «siempre quita derechos y siempre socava libertades».
Guzmán participó esta tarde en la sede de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) de la firma de convenio para la implementación del Programa Construir Trabajo e Igualdad, junto al gremio y la Cámara Argentina de la Construcción orientado a la inserción laboral de las personas con planes sociales.
En ese contexto, el titular del Palacio de Hacienda afirmó que «la derecha en la Argentina siempre quita derechos y siempre socava libertades, porque destruye oportunidades, destruye la posibilidad de soñar con un futuro más promisorio».
«En particular en las cuestiones del mercado de trabajo, lo que estamos viendo en el debate público es que la derecha busca atacar los problemas de una forma que profundiza las inseguridades económicas de nuestro pueblo trabajador», afirmó el ministro de Economía.
Guzmán señaló que el Gobierno nacional busca «una construcción consistente, sostenible, de oportunidades y de más derechos» y el convenio suscripto hoy «significa la articulación de una solución de unos de los problemas estructurales más graves que se le ha generado al país, el de la exclusión de millones de argentinos de los mercados del trabajo, provocada por modelos económicos fallidos».
«Es muy importante un convenio que potencie las oportunidades de capacitación de nuestra gente -señaló-, siempre asegurando que la letra chica de ese convenio resulte en condiciones para que efectivamente crezca el empleo y también el poder adquisitivo del salario».
En ese marco, Guzmán aseveró: «La construcción es un sector que había sido muy dañado durante el gobierno anterior y hoy está creciendo y se está recuperando. Así genera no solo de forma directa empleo, sino que también lo hace de forma indirecta, por todo el efecto multiplicador que tiene sobre toda la actividad productiva»
«Esa es la forma que nosotros elegimos, a diferencia de lo que históricamente ha hecho la derecha en la Argentina. La derecha en la Argentina siempre quita derechos y siempre socava libertades, porque destruye oportunidades, destruye la posibilidad de soñar con un futuro más promisorio», agregó.
De cara al futuro, el ministro dijo que la sociedad quiere «vivir en una economía más tranquila, en un ambiente de menores ansiedades, de mayor esperanza, donde lo que prevalezca sea la creatividad y las motivaciones».
«Y esto es lo que se está haciendo, se está construyendo una Argentina con esperanzas bien fundadas, que se está recuperando, con posibilidades de crear empleo de una forma que se pueda sostener en el tiempo y así vivir en un país cada día mejor, con más oportunidades para todas y para todos», concluyó Guzmán.
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Un juez otorgó derechos legales a un niño abortado después de que el padre demandó a la clínica de abortos
Un juez de Alabama otorgó derechos legales a un niño abortado después de que el padre demandó a la clínica de abortos por poner fin a la vida de su hijo en contra de sus deseos.
Ryan Magers, el padre, presentó una demanda por homicidio culposo el mes pasado alegando que no quería que su novia abortara a Baby Roe, el nombre legal otorgado al niño, según la demanda. Él estaba buscando ayuda legal cuando la madre abortó al bebé, según el abogado de Magers, Brent Helms.
Con el fin de presentar una demanda de muerte por negligencia en nombre del niño por nacer, Helms solicitó a un tribunal testamentario del condado, que concediera a Magers el derecho de representar a Baby Roe. El juez testamentario Frank Barger aprobó la petición; según Helms, la decisión del juez constituye la primera vez que a un niño abortado se le otorga el derecho a representación legal y el derecho a presentar una demanda en Estados Unidos.
“Ryan podía demandar en su propio nombre como padre, pero para poder demandar en nombre de Baby Roe, tuvimos pedir autorización al juez para actuar en representación del niño por nacer”, dijo Helms a La Gran Época.
En un memorando de apoyo (pdf) a esta petición, Helms citó siete decisiones de la Corte Suprema del Estado de Alabama que, desde 2011, explícita o implícitamente reconocen la persona de los niños por nacer.
Helms presentó la demanda ante el Tribunal de Circuito del Condado de Madison, Alabama, el 6 de febrero. La demanda (pdf) nombra a Alabama Women’s Center for Reproductive Alternatives, las personas involucradas en la realización del aborto y la compañía farmacéutica que produjo la píldora que la madre tomó para abortar Baby Roe.
“Dijo que no quiere que ningún padre pase por lo que él pasó y que también quiere proteger a los niños por nacer”, dijo Helms.
Después del aborto Magers se hizo un tatuaje.
“En este tatuaje, él tiene tres rosas. Son para recordarle que el bebé es hermoso. Ya sea un niño o una niña, habría sido hermoso a sus ojos. El tatuaje también tiene un reloj. Ese reloj es para recordarle que el tiempo es precioso y que el tiempo en esta tierra debe aprovecharse al máximo”, dijo Helms.
Magers le suplicó repetidamente a su novia que no abortara al niño.
“Entre el descubrimiento del embarazo y la fecha de la cita, [Magers] le suplicó repetidamente a la madre para que no matara a Baby Roe”, dice la demanda.
El memorándum en apoyo de la petición de representación establece que la madre abortó a Baby Roe en el primer trimestre del embarazo. Según la demanda, la madre de Baby Roe fue a la clínica de abortos y tomó una píldora para abortar al niño. Baby Roe murió el 12 de febrero de 2017, dice la demanda.
“Ha sido difícil. Ha sido emotivo”, dijo Helms, sobre la experiencia de su cliente. “Estoy recibiendo correos electrónicos de padres de todo el país que expresan lo mismo, diciéndome que hace 20 años su novia o su esposa tuvieron un aborto y que realmente les ha afectado mentalmente”.
Magers está pidiendo un juicio con jurado. El caso se encuentra actualmente en el tribunal de nivel inferior de Alabama, a dos niveles de la corte suprema del estado.
La decisión del juez de conceder la representación del bebé parece ser la primera acción judicial importante después de la aprobación de la ley sobre la condición de persona del feto en Alabama, que dice que es política del Estado “reconocer y apoyar la inviolabilidad de la vida en el feto y los derechos de los niños por nacer, incluido el derecho a la vida”.
Aprobada durante las elecciones de mitad de período del año pasado, la ley, también conocida como Enmienda 2, otorgó derechos constitucionales a los niños no nacidos y declaró que los habitantes de Alabama no tienen derecho al aborto según la constitución del Estado. Casi el 60 por ciento de los habitantes de Alabama apoyaron la ley durante las elecciones.
Helms dijo que no pudo encontrar un caso en el que un padre demandara en nombre de un niño por nacer en Alabama o en cualquier otro lugar de Estados Unidos.
“Me parece que somos los primeros”, dijo Helms.
La demanda por homicidio culposo es un caso civil que, si Magers triunfa, resultaría en daños monetarios que le serían otorgados. Helms dijo que dado que el aborto es un negocio con fines de lucro en Alabama, las entidades involucradas tendrían que evaluar si todavía es rentable operar en el Estado mientras enfrentan el riesgo de demandas similares.
“Si la responsabilidad pesa más que la rentabilidad, entonces simplemente como una decisión de negocios, no se van a involucrar en el aborto en el estado de Alabama”, dijo Helms.
El Centro de Mujeres de Alabama debe presentar una respuesta a la demanda antes del 1 de abril, después de lo cual el juez puede conceder a Magers la oportunidad de responder o fijar una fecha para una audiencia.
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