En el recinto de sesiones del Palacio Legislativo, la Cámara de Diputados entregó simbólicamente diplomas a trabajadores y trabajadoras de la institución parlamentaria que completaron con éxito su formación en perspectiva de género. Estos certificados marcan el cierre de cinco cohortes de capacitación realizadas a lo largo del año, instancias que alcanzaron a 100 agentes de la Cámara baja. El evento estuvo encabezado por la presidenta de Diputados, Cecilia Guerrero, quien estuvo acompañada por el Equipo de Capacitación y sus pares, Claudia Palladino, Mónica Zalazar, Cristina Gómez y Jorge Andersch.
Durante su discurso, Guerrero destacó la importancia de esta iniciativa que comenzó bajo su gestión hace casi cuatro años con el propósito de sensibilizar y concientizar sobre la necesidad de deconstruir micromachismos y mandatos culturales que han perpetuado la desigualdad de género en la sociedad. Además, contempló que «hay sectores que están poniendo en jaque los derechos conquistados y es deber de todos y todas defenderlos». En primer lugar, Guerrero hizo un llamado para derribar las barreras estructurales que impiden avanzar hacia una sociedad más igualitaria basada en el respeto, » en el respeto al otro, a las diferencias, a lo diverso». También expresó su gratitud a las y los participantes por aceptar el desafío de capacitarse y subrayó que más allá de la obligatoriedad de la ley, es necesario un compromiso personal para comprender cómo la perspectiva de género puede enriquecer la vida cotidiana de cada persona.
En tanto, Guerrero advirtió sobre los discursos y pretensiones que buscan socavar, avasallar o derogar los derechos conquistados para beneficio de la sociedad. «Actualmente los feminismos están siendo atacados ferozmente, hay discursos antifeministas, hay discursos que afectan los derechos de las mujeres», advirtió, para remarcar que «es deber de todos y todas defenderlos». En este sentido, subrayó que «se defienden los derechos ejerciendo el acto más elemental de la democracia que es el derecho al sufragio». «Que nunca más nos quieran afectar el piso de dignidad, que no nos quieran afectar nuestros derechos porque los derechos humanos y los derechos de las mujeres y diversidades se conquistan, pero también se defienden, y debemos defender nuestros derechos» concluyó.
Avanza en la Legislatura una propuesta contra la violencia de género en la administración pública
En la última reunión de la comisión de Legislación Social y del Trabajo, que preside Natalia Soria, se discutió y se emitió un despacho favorable a un proyecto de ley que podría tener un impacto significativo en la lucha contra la violencia de género en el ámbito de la administración pública. En este sentido, la Comisión recibió a la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Guerrero (Frente de Todos), junto con la Vicepresidenta del Colegio de Abogadas y Abogados, Carolina Ale, para abordar una iniciativa elevada por la titular del cuerpo y por la cual se establece el impedimento para ingresar, permanecer y/o ejercer como funcionario o empleado de la administración provincial, en los tres poderes del Estado, a aquellos agentes que incurran en actos de violencia de género.
La iniciativa busca abordar una de las causas fundamentales por las que las víctimas de violencia de género pueden quedar atrapadas en relaciones abusivas: la dependencia económica de sus agresores. La propuesta plantea que cualquier funcionario o empleado de la administración provincial que incurra en actos de violencia de género, independientemente de si esos actos constituyen un delito, será sometido a medidas disciplinarias, incluyendo la cesantía o exoneración, con el objetivo de separarlos de sus cargos. El proyecto explica que se apunta a garantizar un medio de subsistencia para las víctimas de violencia de género cuando su agresor es un funcionario o empleado del Estado Provincial.
Tras el encuentro, la vicepresidenta del Colegio que nuclea a profesionales del derecho en Catamarca, subrayó la importancia de este proyecto y señaló que su participación se centró en brindar asesoramiento técnico y sugerencias para garantizar la efectividad de las medidas de expulsión de funcionarios condenados por violencia de género. «Se planteó y se sugirió la posibilidad de especificar el procedimiento para los casos de expulsión de funcionarios ya que estos poseen un régimen diferente a un agente que se rige por el Estatuto del Empleado Público» dijo Ale.
Por otra parte, las y los miembros de la Comisión aprobaron una iniciativa de resolución impulsada por Hugo Ávila (Frente Amplio Catamarqueño) y que insta al Ejecutivo Provincial a adherirse a las medidas propuestas por la Administración federal la semana pasada. En este sentido, se sugiere a la Provincia un aumento salarial de $55.000 para las y los empleados públicos junto a la asignación de un bono de fin de año.
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