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  • El Presidente se reunió con representantes de la cooperativa cordobesa de servicios Coopi

    El Presidente se reunió con representantes de la cooperativa cordobesa de servicios Coopi

    El presidente Alberto Fernández recibió este mediodía en la Casa Rosada a representantes de Cooperativa Integral, conocida como Coopi, una firma cordobesa con sede en la ciudad de Villa Carlos Paz que brinda en la región del valle de Punilla servicios públicos tales como agua, cloacas, gas y telecomunicaciones, según informaron fuentes oficiales.

    Participaron de la reunión el asesor presidencial Ricardo Forster y por parte de la cooperativa, la vicepresidenta Alicia María Clérico; el gerente general Rodolfo Bautista Frizza; el exgerente Alejandro Eguiguren; el coordinador del Departamento de Comunicación, Jorge Boido y la arquitecta Ana Carla Melacrino, que ejerce una función técnica.

    Durante el encuentro, el mandatario se interiorizó sobre la situación que atraviesa la entidad asociativista que desde 1963 congrega a miembros de la comunidad para brindar servicios.

    Los representantes de Coopi informaron al Presidente sobre la decisión de la Municipalidad de Villa Carlos Paz de revocar por decreto la concesión que tenían para ofrecer el servicio de suministro de agua a los pobladores de la Municipalidad de Villa Carlos Paz y alrededores, lo que «pondrá en riesgo la existencia» de la entidad, dijeron.

    La intendencia de Villa Carlos Paz, principal destino turístico del Valle de Punilla, es gobernada por Daniel Gómez Gesteira, electo por el espacio vecinalista Carlos Paz Unido, aliado al gobernador Juan Schiaretti.

    «Hubo una gran recepción del presidente Alberto Fernández para tratar de acercar a las partes y que se pueda encontrar un canal de negociación para que la cooperativa siga y no se ponga en medio de la pandemia un trabajo de años que funciona perfectamente bien», aseguró a Télam Forster, asesor del Presidente y quien gestionó la audiencia a los miembros de la cooperativa.

    El conflicto con el municipio de Villa Carlos Paz está centrado en la decisión de Gómez Gesteira de municipalizar el servicio de suministro de agua potable y no renovar la concesión de la cooperativa.

    En diciembre pasado, la Corte Suprema falló en contra de un amparo que había presentado Coopi tras una sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, que había aprobado la municipalización del servicio dispuesta por el intendente.

    También en diciembre, el exgerente general repasó la historia de la cooperativa en una entrevista con el diario autogestivo Tiempo Argentino: Eguiguren recordó que al momento de hacerse cargo del suministro de agua potable, en el verano del año 1987, la firma a logró bajar de «mil reclamos (por interrupciones en el abastecimiento de agua) diarios» a «menos de cien por día».

    Eguiguren, exgerente y representante histórico del emprendimiento autogestivo, contó que desde 1987 y hasta la actualidad Coopi construyó «la planta potabilizadora» del municipio y «un segundo acueducto de 14 kilómetros» que permitió transportar «el doble de agua» hasta el ejido urbano.

    Además, señaló el dirigente cooperativo en la entrevista, se aumentó «el caudal en un 30%», se colocaron medidores «en el 100% del ejido urbano» y se implementó un método de asistencia social «para aquellos que no podían pagar toda la tarifa».

  • Proyecto ley de “Educación de Gestión Privada, Social y Cooperativa” ingresará por el Senado

    Proyecto ley de “Educación de Gestión Privada, Social y Cooperativa” ingresará por el Senado

    En la mañana de hoy el ministro de Educación, Francisco Gordillo, encabezó la última reunión de  la comisión que trabajó en la redacción del proyecto de ley de “Educación de Gestión Privada, Social y Cooperativa”, el cual ingresará por la Cámara de Senadores la próxima semana.    

    Se trata de la modificación y actualización de la ley de Enseñanza Privada que fue promulgada hace 42 años atrás, por lo que a partir de nuevos paradigmas, se incluyeron cambios significativos para la regulación íntegra de la educación pública de gestión privada, social y cooperativa en todo el territorio provincial.

    Participaron del encuentro el secretario de Planeamiento Educativo, Julio Zanduay, el director de Gestión Privada, Rubén Martí, los senadores  Raúl Barot (Santa Rosa) y Mario Carrizo (Antofagasta de la Sierra), la diputada Verónica Mercado, el presbítero Oscar Tapia (por los colegios que están bajo la órbita del Obispado), Raúl Goitea (por los colegios confesionales de congregaciones religiosas) y Federico Locchi (por los colegios privados no confesionales).

    El ministro Gordillo agradeció el trabajo realizado durante más de cuatro meses para la elaboración del proyecto de ley de “Educación de Gestión Privada, Social y Cooperativa” surgido del “consenso” entre representantes del Estado y de los privados “en pos de adaptarnos a la realidad que vivimos”.

    También dijo que la iniciativa contempla articulaciones “inéditas” sustentadas en conceptos de “solidaridad e igualdad” para el fortalecimiento de la educación en Catamarca.

    Por su parte, el secretario Zanduay señaló  que la normativa generará una “ventaja enorme para realizar adecuaciones de instrumentos de menor jerarquía”.

    La diputada Mercado indicó que en la Cámara baja ya se avanzó con el debate y análisis de la mayoría de los artículos en la Comisión de Educación en la “búsqueda de lograr acuerdos, entre oficialistas y opositores, en el marco de una ley que incluye nuevos paradigmas”.

    El presbítero Tapia destacó que hubo un pleno acceso a la información requerida en el marco de un “buen ejercicio democrático”, por lo que solicitó a los representantes del Poder Legislativo que “se respeten los consensos a los que llegamos (con la elaboración del proyecto de ley) después de mucho debate y trabajo a conciencia”.

    Los senadores Carrizo y Barot plantearon que la nueva ley “es un punto de partida para contribuir a la modernización de la educación en Catamarca” y sostuvieron que en la Cámara alta también hay un “gran avance” en el estudio de los puntos sobresalientes de la normativa.

    A su vez, Goitea recordó que los colegios privados están atravesando una “crisis” por la declaración de pandemia por el COVID-19, con “algunos números en rojo”, pero acotó que “hicimos un sacrificio para adecuarnos a la nueva normativa con un trabajo conjunto”.

    Por último, Locchi reconoció que “tuvimos algunos desacuerdos y seguiremos planteando objeciones”, pero agradeció  la convocatoria al diálogo “para lograr consensos”.       

    Adecuaciones

    La nueva ley prevé la distinción entre aranceles obligatorios y no; y la protección de los alumnos respecto de sus derechos y obligaciones.

    El aporte estatal estará dividido en cinco categorías de bandas arancelarias que repercutirán en el nivel de subvención. Esto definirá los cargos que se subvencionarán anualmente a partir de las respectivas POF (Planta Orgánica Funcional) de los colegios privados, estableciéndose que, quienes cobren una cuota más alta a los alumnos, tendrán un menor aporte estatal.