Etiqueta: Causa

  • Tras medidas Judiciales policías secuestran teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa en el Sur de la Capital

    Tras medidas Judiciales policías secuestran teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa en el Sur de la Capital

    A raíz de una denuncia penal radicada por una mujer mayor de edad, por el supuesto delito de estafa, con conocimiento de la Fiscalía de Instrucción de Séptima Nominación, con competencia en Delitos Informáticos, a cargo de la Dra. Vanesa Deolinda Reyes, en la jornada de ayer, personal de la División Ciberdelitos, dependiente del Departamento Investigaciones Judiciales, materializó un allanamiento dispuesto por el Juzgado de Control de Garantías en turno, a cargo de la Dra. Patricia De Marco.

    En domicilios de la manzana «U», del barrio San Antonio Sur y en la manzana Nº 1, del barrio Santa Marta, los policías conjuntamente con Sumariantes de la Unidad Judicial N° 9, procedieron al secuestro de dos (02) teléfonos celulares marcas Motorola G31 y Samsung y un (01) posnet marca Verifone, mientras que en un inmueble del barrio 20 viviendas Sur, los numerarios llevaron a cabo un registro domiciliario, donde hicieron lo propio con documentación y talonarios de interés para la causa.

    En el lugar, colaboraron sus pares de la División Investigaciones y de la Dirección General Criminalística y finalmente lo incautado fue puesto a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se indicaron las medidas a cumplimentar.

  • L-Gante: cómo está la causa por «privación ilegítima de la libertad y amenazas»

    L-Gante: cómo está la causa por «privación ilegítima de la libertad y amenazas»

    Elian Ángel Valenzuela podría recibir una pena de entre 5 a 15 años de prisión. Pasó la noche detenido y el jueves prestará declaración. ¿Qué dijo su abogado?

    El cantante L-Gante está cada vez más complicado en la causa por la que en las últimas horas quedó detenido tras haber sido acusado por «privación ilegítima de la libertad y amenazas». Es que en esta ocasión la Justicia tendría pruebas relevantes que lo complican, como por ejemplo, un video que mostraría el momento en el que se habría llevado a a una de las víctimas.

    La secuencia completa de la grabación dura siete minutos y corresponde a una cámara de seguridad privada de la madrugada del 27 de mayo pasado. A pesar de que lo que ocurre en la vereda está tapado por una reja, la situación enciende las alarmas.

    Se observa a un auto blanco, en el que se supone que iba el cantante, que llega al lugar y sube a la vereda. Allí dialoga con dos personas, que minutos antes habían conversado con un patrullero en la misma zona.

    Pasadas las 8.02 el video muestra que un hombre se sube al auto por la puerta derecha trasera y el vehículo acelera, lo que demostraría ser el momento en el que el artista secuestró a una de sus víctimas a punta de pistola.

    Unas cuadras más adelante se llevaría a cabo el segundo secuestro «en pos de aclarar la situación relacionada con sus amigos a la salida del local bailable». Después de más de 20 minutos arriba del auto, L-Gante habría liberado a las personas, quienes decidieron hacer la denuncia correspondiente.

    Los investigadores sostienen que las declaraciones y los videos coinciden por lo que el Juzgado de Garantías N°2 de Moreno-General Rodríguez convalidó el pedido de detención de la fiscal del caso.

    Elian Ángel Valenzuela, nombre real del artista, podría recibir una pena de entre 5 a 15 años de prisión. Esta causa se inició tras la denuncia de un agente de seguridad municipal de General Rodríguez, que asegura haber sido amenazado con un arma y secuestrado junto a una mujer durante al menos 25 minutos por el músico.

    Ante este escenario se realizó un allanamiento en su casa en el country Provincia, de Francisco Álvarez, donde encontraron tres armas de juguete. El martes por la noche fue trasladado hasta la DDI de Quilmes.

    El abogado de L-Gante dijo que el joven que lo denunció era su amigo

    El abogado de L-Gante aseguró este miércoles que el joven que denunció haber sido amenazado y privado de la libertad por el cantante ahora detenido era en realidad su amigo, al tiempo que narró otra versión, prácticamente opuesta, de los hechos que se imputan al cantante de haber sido cometido en mayo pasado en la localidad bonaerense de General Rodríguez.

    En diálogo con la prensa, el defensor Alejandro Cipolla dijo que L-Gante le dijo que está «sorprendido» por la denuncia realizada por Gastón Torres, que derivó en su detención ayer martes, y adelantó que mañana jueves, tras la indagatoria, pedirá la excarcelación del cantante ya que no hay riesgo ni de fuga ni de entorpecimiento de la investigación.

    «Me cuenta que es llamativo que esta persona lo haya denunciado, ya que (L-Gante) vivió dos años en su casa. Su mujer (la de Torres) participó en el último videoclip de Elián y hace un mes le pidió un millón de pesos para arreglar el auto y le viene pidiendo constantemente favores respecto a cuestiones políticas», indicó Cipolla en la puerta de la sede de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes, donde está alojado el cantante.

    «Estuvimos hablando del expediente, me manifestó que mañana quiere declarar, así que va a contar bien todo cómo fue», sostuvo de cara a la indagatoria.

    Cipolla indicó que Valenzuela le confesó que «le llamó la atención» que Torres «diga que le tiene miedo», ya que entre ellos «había una relación de amistad» e incluso L-Gante «vivió en su casa antes de ser conocido»

  • Cristina Kirchner fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos por defraudación al Estado en la causa Vialidad

    Cristina Kirchner fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos por defraudación al Estado en la causa Vialidad

    La decisión contra la vicepresidenta en ejercicio del cuarto gobierno kirchnerista la tomó el Tribunal Oral Federal N°2 después de tres años y medio de juicio oral. La fiscalía había pedido una sentencia a 12 años de cárcel por asociación ilícita y defraudación al Estado. La defensa, su absolución.

    Cristina Kirchner fue condenada hoy a 6 de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación al Estado en la causa Vialidad y fue absuelta por mayoría por el delito de asociación ilícita. Se trata de la primera vicepresidenta en ser condenada por corrupción mientras ejerce su cargo. Aunque la sentencia implica la inhabilitación para ejercer cargos públicos y una pena de prisión, el fallo no está firme. La vicepresidenta no irá presa y podrá ser candidata en las próximas elecciones.

    La sentencia fue dictada por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, desde el Tribunal Oral Federal 2. Los tres estuvieron de acuerdo en condenarla por administración fraudulenta. En cambio por dos votos a uno quedó absuelta por asociación ilícita. Solo Basso votó por condenarla por ese delitoLos otros jueces dijeron que no hubo la pluralidad de delitos que reclama esa figura penal.

    El tribunal también instó al decomiso de 84 mil millones de pesos: puntualmente, $84.835.227.378,04 por el perjuicio ocasionado.

    Hasta último momento todas fueron especulaciones. Nadie supo el resultado del juicio hasta que se anunció en la sala de audiencias.

    “Tenemos la certeza de que, mediante la tramitación de cincuenta y un procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional en los términos y condiciones establecidos por la ley penal”, sostuvo el tribunal en un breve comunicado tras leer el veredicto.

    La maniobra buscó “asegurar y disimular un beneficio ilegítimo a favor de, por lo menos, dos de las personas imputadas en este proceso: Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Antonio Báez”. Y el tribunal añadió:”la comprobación de las circunstancias descriptas ha guiado las condenas dictadas en el marco de esta causa respecto de personas en ejercicio de la función pública nacional y provincial quienes, violando sus deberes sobre el manejo, la administración o el cuidado del patrimonio lesionado, y con el fin de procurar un lucro indebido, perjudicaron los intereses confiados y obligaron abusivamente al Estado Nacional”.

    La ex presidenta se enteró de la decisión en su despacho del Senado, desde donde inmediatamente habló para responder al veredicto a través de un mensaje público con duras críticas. Insistió en la idea del “lawfare” y “el partido judicial”. Y volvió a repetir que en este juicio no estuvieron acusados los jefes de Gabinete de la gestión k, entre los cuales esta el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Sergio Massa.

    El fiscal Diego Luciani, que había pedido doce años de condena para ella, también escuchó el resultado del proceso desde su oficina.

    La decisión fue tomada pasadas las 17 en los tribunales de Comodoro Py 2002, mientras afuera un grupo de militantes cantaba “Cristina presidenta”, bajo un intenso calor. Adentro, los periodistas se agolpaban para poder entrar a la pequeña sala de audiencias donde se leería el veredicto, que, de todas formas, se transmitía vía YouTube.

    CFK no estaba sola en el banquillo. También estaban acusados el empresario Lázaro Báez, para quien solicitaron 12 años; Julio de Vido, ex ministro de Planificación; José López, ex secretario de Obras Públicas; Nelson Periotti, ex titular de Dirección Nacional de Vialidad; Mauricio Collareda, jefe de Distrito N°23 Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; Juan Carlos Villafañe, ex jefe de la Administración General de Vialidad Prov. de Sta. Cruz (AGVP); Raúl Daruich, responsable del Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV; Raúl Pavesi, ex titular de la AGVP; Abel Fatala, ex subsecretario de Obras Públicas; José Raúl Santibáñez, ex presidente del directorio de AGVP; Héctor Garro, ex presidente de la AGVP; y Carlos Santiago Kirchner, ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal.

    El juicio comenzó en mayo de 2019 y se juzgan las presuntas irregularidades en las 51 obras públicas que las empresas de Báez recibieron para Santa Cruz de 2003 a 2015, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. “Néstor Kirchner y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional una de las matrices de corrupción más extraordinarias que se hayan desarrollado en el país”, dijo el fiscal Diego Luciani en el inicio de sus alegatos. El fiscal dio por probado que las licitaciones fueron amañadas, que las empresas no tenían capacidad para hacerlas, que la mayoría no las terminó y que a pesar de eso fue el único empresario que cobró la totalidad.

    Luciani pidió que Cristina Kirchner y Báez sean condenados a 12 años de prisión. Acusó a la Vicepresidenta de ser la jefa de una asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Para el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, para el ex secretario de Obras Públicas José López y para el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti reclamó 10 años de cárcel, entre los principales acusados.

    La Fiscalía consideró que el perjuicio al estado fue de 5.231 millones de pesos y también pidió que se decomisen bienes de los acusados por ese monto dividido entre los acusados. También reclamó el decomiso de las empresas de Báez y de 12 estancias compradas por él y por sus hijos.

    Las defensas por su parte rechazaron todas las acusaciones y dijeron que no están probado los delitos de los que habló la fiscalía. Reclamaron sus absoluciones. En el último tramo, Cristina Kirchner se convirtió en abogada en causa propia y afirmó: “Si dije que este era el tribual del lawfare, después de todo lo que me tocó vivir, este tribunal es un pelotón de fusilamiento”.

    Con gran hermetismo, el TOF decidió que la sentencia se diera a conocer este martes, a las 17.30. Aunque se creía que en Comodoro Py podían presentarse miles de manifestantes, hubo menos de mil personas apostadas frente al edificio para apoyar a la vicepresidenta. A las 17.45, algunos quisieron tirar las vallas pero rapidamente la policía intervino.

    Adentro, nadie se enteraba de eso. La tensión se sentía en el aire. Los jueces bajaron desde el sexto piso, caminaron por el pasillo de la planta baja y entraron a la sala de audiencias. Primero dejaron entrar a los pocos fotógrafos. Luego a los periodistas que estaban presentes. Era todo silencio. El secretario del TOF Tomás Cisneros señaló que esperaban que todos estuvieran conectados para poder empezar. Pasaron unos largos minutos. Y la audiencia finalmente empezó.

    Los jueces resolvieron rechazar las nulidades que se habían pedido en la audiencia. Y luego pasaron a leer las condenas por orden alfabético. Por eso, para el que prestó atención, era fácil darse cuenta que vendrían absoluciones. Esquivaban algunos nombres a la hora de decir condenas.

    El veredicto estableció condenar a seis años de prisión a Cristina Kirchner por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos. La misma pena se dictó para Lázaro Báez, José López, ex secretario de Obras Públicas; y Nelson Periotti, ex titular de Dirección Nacional de Vialidad.

    Las condenas también alcanzaron a otros acusados. A Juan Carlos Villafañe, ex jefe de la Adm. Gral. de Vialidad Prov. de Sta. Cruz (AGVP), le dieron cinco años de cárcel. A Raúl Pavesi, ex titular de la AGVP, sentenciaron a cuatro años y medio. A Mauricio Collareda, jefe de Distrito N°23 Santa Cruz de la DNV, y a José Raúl Santibáñez, ex presidente del directorio de AGVP, les impartieron cuatro años. A Raúl Daruich, responsable del Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV, le dieron a tres años y medio.

    Para sorpresa de muchos, hubo absoluciones. El tribunal entendió que no había pruebas contra Julio de Vido, ex ministro de Planificación; Abel Fatala, ex subsecretario de Obras Públicas; y Héctor Garro, ex presidente de la Administración General de Vialidad Provincia de Santa Cruz. Carlos Kirchner, primo de Néstor Kirchner y ex secretario de Coordinación de Planificación, también fue desafectado de la causa. En su caso fue por un sobreseimiento por prescripción. Fue al único al que el fiscal no había incluido en la asociación ilícita.

    “Señora, señores, este juicio ha terminado”, dijo Gorini para dar por terminada la audiencia. El 9 de marzo se conocerán los fundamentos de la sentencia. A partir de ese momento, las partes podrán apelar ante Casación. Como adelanto, el tribunal estableció: existió “un perjuicio descomunal y sin precedentes para las arcas públicas” que tuvo como beneficiados a Lázaro Báez y a Cristina Kirchner.

    “Ha sido dirimente, en esa lógica, la comprobación de un interés manifiesto sobre el plan criminal de la por entonces Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, evidenciado a través de su participación en los beneficios económicos producto del delito obtenidos por intermedio de múltiples vínculos contractuales y comerciales con Lázaro Antonio Báez en forma concomitante a la ejecución de esta maniobra”, dijeron. La referencia es a las causas Hotesur y Los Sauces, dos empresas de la familia Kirchner de hoteles y inmuebles que eran alquilados por Báez.

  • Mauricio Macri dijo que se presentará a declarar el jueves

    Mauricio Macri dijo que se presentará a declarar el jueves

    Tras no presentarse el miércoles pasado a declarar en la investigación por el espionaje ilegal a los familiares de los marinos del ARA San Juan, Macri dijo que irá a Dolores este jueves.

    El ex presidente Mauricio Macri afirmó que se presentará el jueves para declarar en la causa que investiga el supuesto espionaje que realizó su gobierno a los familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan, tras su pedido de postergación al juez federal de Dolores Martín Bava.

    «Vamos a estar el 28, como he estado siempre», dijo Macri en el marco de su visita a Santiago del Estero para participar de un acto para dar respaldo a la candidata a gobernadora Natalia Neme, y al candidato a diputado nacional Facundo Pérez Carletti, ambos de Juntos por el Cambio (JxC), de cara a las elecciones del próximo 14 de noviembre.

    Sin embargo, el ex mandatario dejó claro que en su opinión la causa en la que está involucrado es «un disparate».

    «Jamás espíe ni ordene espiar a nadie en ese tema, ni en ningún otro tema», añadió Macri

    Mauricio Macri debía presentarse el miércoles pasado a declarar en la investigación por el espionaje ilegal a los familiares de los marinos del ARA San Juan, pero no lo hizo, por lo que el juez federal de Dolores Martin Bava resolvió convocarlo para el 28 de octubre a las 12 del mediodía.

    Esta es la tercera fecha que el magistrado de Dolores le fija a Macri, luego que el expresidente no se presentara el 7 de octubre, porque estaba fuera del país, ni el miércoles, cuando decidió recusar al juez que instruye el expediente.

    Los familiares de los marinos del submarino manifestaron su «indignación» por las negativas de Macri a presentarse ante la Justicia y reclamaron que el expresidente «asista a declarar como cualquier hijo de vecino».

  • Encuentran un cadáver flotando en el río Paraná e investigan la causa de la muerte

    Encuentran un cadáver flotando en el río Paraná e investigan la causa de la muerte

    El cadáver de un hombre fue encontrado hoy flotando en el río Paraná en la costanera norte de la ciudad santafesina de Rosario, y ya es el tercer cuerpo hallado en circunstancias similares en los últimos 30 días, informaron fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

    Según las primeras informaciones, cerca de las 9, un grupo de pescadores que pasaba por la zona de Puerto Norte, divisó el cuerpo flotando en las aguas del río y rápidamente advirtieron a la Prefectura Naval Argentina (PNA) que de inmediato realizó el rescate.

    De acuerdo a los primeros exámenes médicos, el cadáver no presentaba signos de violencia y se estima que permaneció 72 horas en el agua antes del hallazgo.

    La fiscal de la Unidad de Homicidios Culposos, Valeria Piazza Iglesias, solicitó el traslado al Instituto Médico Legal para realizar la autopsia y la pericia de identificación.

    El martes pasado fue encontrado el cadáver de un hombre en el kilómetro 428 del río Paraná en la jurisdicción de Rosario, sin signos de haber sufrido violencia y cuya autopsia determinó que murió por asfixia por inmersión.

    El 16 de octubre pasado, fue hallado el tercer cadáver en las aguas del río Paraná en los últimos 30 días en esa ciudad, cuando socios del Club Regatas divisaron desde la costa, un cuerpo flotando.

  • Cerraron una causa por lavado de dinero contra Cristina Kirchner

    Cerraron una causa por lavado de dinero contra Cristina Kirchner

    La Justicia cerró una investigación por lavado de dinero contra Cristina Kirchner, sus ex funcionarios y los empresarios que están acusados en la causa de los cuadernos, como Paolo Rocca (Techint) y Angelo Calcaterra, primo del presidente Maurcio Macri y quien fuera dueño de la firma IECSA. Es porque, según se determinó, la Unidad de Información Financiera multiplicó investigaciones contra esos acusados, cuando presentó una nueva denuncia diciendo que los hombres de negocios procesados en las causas ligadas a las anotaciones del chofer Oscar Centeno tenían en su poder dinero de origen ilícito por los negocios que consiguieron sus empresas en la época kirchnerista.

    El escándalo de los cuadernos había sacudido al mundo político y empresario en agosto de 2018. La UIF se presentó el 11 de abril de 2019 en los tribunales: buscaba abrir un expediente conexo por lavado de dinero. El Gobierno pedía así las indagatorias de los empresarios, algunos de los cuales llegaron a estar presos y otros eligieron arrepentirse para evitar la cárcel. Según el organismo que comandaba Mariano Federici, el derrotero del dinero que se movió alrededor de los cuadernos debía ser investigado “como hechos inescindibles del plan original de la asociación ilícita”. “Los sobreprecios pagados ingresaban al ámbito de disposición de los empresarios, para luego ser destinados a: 1) el financiamiento de campañas políticas, 2) el enriquecimiento ilícito de los funcionarios y 3) el enriquecimiento personal de los intermediarios y empresarios involucrados en las maniobras”.

    Para la UIF no solo habían existido coimas; también los empresarios, especialmente, habían ingresado dinero ilegal al circuito legal. Pedían la indagatoria de los sospechosos. Y también reclamaba que se cayeran todos los beneficios que se hubieren adquirido en los regímenes de blanqueo.

    Hasta el juez Claudio Bonadio rechazó sumar esa denuncia a su megainvestigación. Señaló que, en todo caso, las causas por lavado de dinero eran sobre los ex funcionarios que respondían a Cristina Kirhcner, porque eran los que habían recibido dinero. A los empresarios ya los había procesado por entregar coimas en los viajes de Oscar Centeno y por haber llevado adelante una cartelización de la obra pública.

    El caso, por sorteo, fue a parar al juzgado de Sebastián Ramos, que delegó la investigación en el fiscal Eduardo Taiano. Precisamente, el fiscal dictaminó por el archivo de la causa por la imposibilidad de proceder. Y el juez firmó la resolución haciendo lugar a ese planteo este lunes.

    Es que, según se desprende de la resolución, “mientras la UIF solicitaba que se investigue por el delito de lavado de activos a todos los imputados” en la causa de los cuadernos y sus conexas, Bonadio explicaba que «no había ningún elemento que pudiera sostener que los fondos exteriorizados tuvieran su origen en los ilícitos investigados en la causa N° 9608/18 y sus conexas ”, dijo Taiano.

    Mariano Federici, UIF (NA)
    Mariano Federici, UIF (NA)

    El fiscal también resaltó que Bonadio había dicho que que en la causa de los cuadernos y sus derivadas eran los ex funcionarios públicos los que “habían recibido dinero espurio”. Y ya había diferentes causas por enriquecimiento ilícito y lavado en donde se había podido corroborar, como el caso de Daniel Muñoz, el ex secretario presidencial de Néstor Kirchner. «De ser así, la investigación de dichos sucesos se encontraría prohibida en virtud de la garantía constitucional del ‘Non bis in ídem’ que establece que nadie puede ser perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho”, aseguró la fiscalía.

    Es más: cuando se le pidió más detalles a la UIF sobre su presentación, se enviaron 57 informes de inteligencia “vinculada a a distintos sujetos imputados en el marco del expediente N° 9608/18”. No había un “análisis integral y específico de elementos que dieran sustento concreto a la presentación de la UIF sino que se trataba de numerosos Informes de Inteligencia que en su totalidad habían sido presentados con anterioridad en un sinnúmero de expedientes con trámite en distintos juzgados de la Argentina o específicamente a la PROCELAC –en ciertos casos se observó que habían sido remitidos a más de una dependencia”. Y aunque la UIF pedía investigar a todos los imputados en la causa de los cuadernos, solo aportó información de 37 personas.

    Así las cosas, Taiano destacó que “se advirtieron algunas circunstancias que dieron cuenta de cierta debilidad en la presentación de la UIF” con su denuncia original. Ramos coincidió: “De la mera lectura del dictamen fiscal, y de la concienzuda investigación llevada adelante por el Ministerio Público, esta investigación presenta por lo menos dos inconvenientes que son infranqueables”.

    El primero: el uso de información sensible por ley que impide que pueda ser “utilizada como sustento para dar impulso a una nueva investigación, cuando existan otros procesos en curso que se le relacionan y donde esa información o bien ya fue presentada o bien fue elaborada por ser producto de algún requerimiento judicial específico”. El segundo: “La implicancia de avanzar con una presentación de esta naturaleza”, afirmó Ramos. “En tal sentido podrían multiplicarse investigaciones por un mismo hecho, lo cual no solo afectaría el buen servicio de la administración de justicia sino la garantía constitucional” de no ser investigado varias veces por un mismo hecho. “Por lo expuesto, es que resuelvo archivar la presente investigación por imposibilidad de poder proceder”, determinó Ramos.

  • Traspié para los Macri: la Corte respaldó a la fiscal de la causa del Correo Argentino

    Traspié para los Macri: la Corte respaldó a la fiscal de la causa del Correo Argentino

    La Corte Suprema rechazó un recurso extraordinario de la empresa Correo Argentino para evitar que la fiscal ante la Cámara Comercial Gabriela Boquín siga interviniendo en la causa en la que se debate una deuda de la empresa vinculada a la familia del presidente Mauricio Macri con el Estado.
     La empresa planteaba la falta de «legitimación» de Boquín para pedir medidas de prueba, como peritajes de los libros contables de las empresas Socma y Sideco.
     El máximo tribunal, por unanimidad, rechazó el recurso extraordinario porque no estaba dirigido contra una sentencia definitiva.
     El efecto práctico de la decisión fue que Boquín podrá continuar interviniendo y avanzar con algunos pasos fundamentales de investigación, aún en el contexto del concurso de acreedores.

    La denuncia

     Boquín denunció en su momento el acuerdo que protagonizó el Gobierno para perdonarle el 98,87 por ciento de la deuda al Correo Argentino. Según el cálculo de la propia fiscal, el acuerdo hubiera implicado una pérdida cercana a los 4 mil millones de pesos para el Estado. Luego, denunció maniobras de vaciamiento de las sociedades controlantes, Socma y Sideco.
     La resolución del máximo tribunal permitirá a la fiscal continuar actuando en esa instancia de la causa. La funcionaria advirtió que habían existido retiros de fondos de las cuentas del Correo en medio del concurso de acreedores, con la posible anuencia de la jueza de primera instancia, Marta Cirulli, durante 2016, en plenas negociaciones para el acuerdo denunciado.
     En un dictamen, la fiscal señaló retiros por al menos 10 millones de pesos «en beneficio de otras empresas del grupo» y en «perjuicio de las cuentas del concurso». Boquín pidió peritar los libros de Socma y Sideco –empresas del grupo Macri–, pero las compañías interpusieron recursos.
     La decisión de la Corte Suprema de respaldarla debería despejar el camino para esa investigación.

  • La causa en la Justicia del Decano baleado este viernes

    La causa en la Justicia del Decano baleado este viernes

    El decano de la Universidad Técnica Nacional de La Plata, Carlos Fantini, fue atacado a balazos este viernes, al llegar a su casa, y la presunción de los especialistas es la de un ajuste de cuentas.

    Carlos Fantini comenzó a formar parte del personal de la UTN de La Plata en 1974 de acuerdo a registros previsionales: durante más de cuarenta años protagonizó una carrera sin altibajos. Sin embargo, los problemas aparecieron en mayo de 2016 cuando la ONG Poder Ciudadano realizó una denuncia ante la justicia platense por supuestas irregularidades en un convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación con una fundación de la UTN de La Plata durante los años 2009 y 2015.

    Alicia Kirchner y Carlos Fantini (último a la izquierda) años atrás en una jornada sobre política social.

    La causa, que quedó a cargo del juez federal Ernesto Kreplak, requería investigar a la entonces titular de la cartera de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, al propio Fantini y a otros directivos de la entidad educativa por una malversación de fondos de unos $181 millones y presuntas maniobras en la contratación de los ingenieros responsables de controlar el plan Argentina Trabaja, correspondiente al Ministerio de Acción Social.

    Kreplak intenta definir si la fundación de la facultad era utilizada para recibir el dinero de los fondos nacionales y hacer luego millonarias contrataciones sin llamar a licitación pública.

    La denuncia de Poder Ciudadano estuvo basada en un informe confeccionado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la auditoría interna de la UTN nacional. Allí se habría detectado la falta de rendición de cuentas sobre esos 181 millones de pesos que entregó la cartera de Desarrollo Social a la UTN platense para el control del programa Argentina Trabaja.

    De acuerdo con la investigación, una mayoría de los profesionales que formaban parte de las listas de cobro nunca participó de esas auditorías. Incluso hubo quienes denunciaron haber sido víctimas de sustracción de identidad. Según la investigación, la UTN confeccionó un listado administrativo en el que se registraba el pago de sueldos de entre 11.000 y 16.000 pesos a 243 ingenieros de Santa Fe. Sin embargo ese dinero nunca llegó a los profesionales: habría recaído en diversas empresas y sociedades.

    A lo largo de los 12 años de gobierno kirchnerista, la UTN se convirtió en la universidad «predilecta» del entonces ministro de Planificación y hoy procesado y detenido Julio De Vido, debido a una gran cantidad de convenios firmados entre su cartera y fundaciones de la entidad educativa. 

    Por su parte, Fantini se presentó a una indagatoria del juez Kreplak por la causa de los convenios con Desarrollo Social en junio de este año. Durante su comparecencia, se habría negado a colaborar con la causa y presentó una serie de papeles con la intención de desligarse de cualquier sospecha de corrupción.

    Fuente: Diario Infobae