Etiqueta: Campo de mayo

  • Escándalo por el traslado de represores a Campo de Mayo: críticas por beneficios a genocidas

    Escándalo por el traslado de represores a Campo de Mayo: críticas por beneficios a genocidas

    El Gobierno de Milei enfrenta duras acusaciones de organismos de derechos humanos tras el sorpresivo traslado de 19 represores condenados desde Ezeiza a una unidad en Campo de Mayo.

    #represores #CampoDeMayo #derechoshumanos

    El Servicio Penitenciario Federal (SPF) concretó el sorpresivo traslado de 19 represores condenados por delitos de lesa humanidad desde el penal de Ezeiza a una unidad penitenciaria ubicada en Campo de Mayo, lo que generó un fuerte repudio de organismos de derechos humanos y una nueva ola de críticas contra el Gobierno de Javier Milei.

    Entre los trasladados figuran nombres emblemáticos del terrorismo de Estado, como Carlos Suárez Mason y Alfredo Astiz, ambos condenados a cadena perpetua. El operativo se ejecutó en las últimas horas, con notificación formal a los juzgados intervinientes, según comunicó el SPF.

    Denuncian beneficios encubiertos

    Organismos como Abuelas de Plaza de Mayo y el CELS denunciaron que se trata de una maniobra para beneficiar a genocidas, al devolverlos a un predio con fuerte carga simbólica, donde funcionaron centros clandestinos de detención durante la dictadura.

    “Este traslado implica un retroceso en materia de memoria y justicia. Campo de Mayo fue epicentro del horror”, señalaron desde HIJOS Capital.

    El Gobierno, por su parte, defendió la medida asegurando que la nueva cárcel “no será VIP” y que se enmarca en una reestructuración penitenciaria que busca liberar espacio en Ezeiza para alojar a mujeres y detenidos por narcotráfico.

    Campo de Mayo: una herida abierta

    El predio al que fueron llevados los represores fue construido en 2007, bajo jurisdicción del Ejército, y luego traspasado al SPF durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, la zona aún carga con la memoria de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas allí durante la última dictadura cívico-militar.

    En ese contexto, la vicepresidenta Victoria Villarruel y la ministra Patricia Bullrich también quedaron en el centro de la polémica. La oposición las acusa de “blanquear el accionar de los genocidas”, recordando además la polémica reunión que diputados libertarios mantuvieron en 2023 con represores condenados, lo que en su momento provocó una ola de repudios.

    Jaime, Castro y otros beneficiados

    Además de los represores, fueron trasladados a Campo de Mayo otros presos de alto perfil, como el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, condenado por corrupción, y el exfiscal Juan Carlos César Castro. La decisión genera preocupación por lo que muchos califican como una flexibilización selectiva del sistema carcelario.

    Desde sectores del oficialismo insisten en que “no hay privilegios” y que se trata de una “redistribución lógica de internos”. No obstante, la falta de comunicación previa y el carácter simbólico del lugar elegido reavivaron viejas heridas y pusieron en duda las verdaderas intenciones de la medida.

    La polémica promete escalar en el Congreso y ante organismos internacionales de derechos humanos. El debate de fondo vuelve a instalarse: ¿cuál es el lugar del Estado frente a los crímenes del pasado?

  • El gobierno nacional quiere vender un área de Campo de Mayo

    El gobierno nacional quiere vender un área de Campo de Mayo

    El gobierno de Javier Milei quiere vender una porción de Campo de Mayo que para la justicia podría haber funcionado como centro clandestino de detención y lugar de enterramiento durante la última dictadura. 

    Se trata del área conocida como Puerta 8, donde estaba en los años ‘70 el destacamento de Comunicaciones de la guarnición militar. La subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, que conduce Matías Moreno, y el abogado querellante Pablo Llonto ya pidieron en los tribunales que el Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri, brinde explicaciones y que se frene la avanzada de la administración libertaria.

    Después de haber analizado el decreto 950, la abogada Verónica Bogliano –a cargo de las querellas de la subsecretaría bonaerense– se presentó en el juzgado federal de San Martín para advertir que se estaría violando la orden que prohibía modificar, mudar, alterar y/o introducir cambios en el área de Puerta 8.

    En esa línea, la subsecretaría de Derechos Humanos pidió que Petri explique en qué consiste el proceso de enajenación y que la jueza le ordene que se abstenga de realizar maniobras. Además, solicitó que a los funcionarios que incumplan con la medida se le apliquen astreintes, es decir, que deban responder con su patrimonio.

    El abogado querellante Llonto hizo una presentación en una línea similar. «Milei no puede vender un espacio que fue centro clandestino y que puede ser un lugar donde existan enterramientos. La jueza Vence ha decretado una medida cautelar y esto debería saberlo bien el ministro de Defensa Petri. Encima algo huele mal aquí porque el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, anda festejando el supuesto destino de un lugar que aún no ha sido objeto de licitación. ¿Es que además de violar la medida cautelar hay negocios por atrás de este decreto? Ojalá la jueza Vence investigue inmediatamente qué está pasando», dice Llonto.

    No es éste el primer impacto judicial que tiene el decreto 950. El viernes, la unidad de asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado pidió que la justicia federal de Córdoba dicte una medida de no innovar para que el gobierno no pueda avanzar con el proceso de venta de los terrenos donde está emplazada La Perla chica, que funcionó como centro clandestino durante la última dictadura. La fiscalía advirtió que La Perla chica fue señalizado en noviembre del año pasado como sitio de memoria y que eso haría que esté protegido por la ley 26.691.

    Es difícil imaginar que el presidente o su vice, Victoria Villarruel, consientan la inauguración de un memorial por los desaparecidos dentro de la guarnición militar. Las obras de La Escuelita de Bahía Blanca, que tenían un avance superior al 30 por ciento, están frenadas también mientras la justicia le pide explicaciones a la Secretaría de Derechos Humanos y le hace llegar las facturas millonarias que no pagó a la empresa que está encargada de las reformas.