Extra Catamarca

El gobierno de Javier Milei quiere vender una porción de Campo de Mayo que para la justicia podría haber funcionado como centro clandestino de detención y lugar de enterramiento durante la última dictadura. 

Se trata del área conocida como Puerta 8, donde estaba en los años ‘70 el destacamento de Comunicaciones de la guarnición militar. La subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, que conduce Matías Moreno, y el abogado querellante Pablo Llonto ya pidieron en los tribunales que el Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri, brinde explicaciones y que se frene la avanzada de la administración libertaria.

Después de haber analizado el decreto 950, la abogada Verónica Bogliano –a cargo de las querellas de la subsecretaría bonaerense– se presentó en el juzgado federal de San Martín para advertir que se estaría violando la orden que prohibía modificar, mudar, alterar y/o introducir cambios en el área de Puerta 8.

En esa línea, la subsecretaría de Derechos Humanos pidió que Petri explique en qué consiste el proceso de enajenación y que la jueza le ordene que se abstenga de realizar maniobras. Además, solicitó que a los funcionarios que incumplan con la medida se le apliquen astreintes, es decir, que deban responder con su patrimonio.

El abogado querellante Llonto hizo una presentación en una línea similar. «Milei no puede vender un espacio que fue centro clandestino y que puede ser un lugar donde existan enterramientos. La jueza Vence ha decretado una medida cautelar y esto debería saberlo bien el ministro de Defensa Petri. Encima algo huele mal aquí porque el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, anda festejando el supuesto destino de un lugar que aún no ha sido objeto de licitación. ¿Es que además de violar la medida cautelar hay negocios por atrás de este decreto? Ojalá la jueza Vence investigue inmediatamente qué está pasando», dice Llonto.

No es éste el primer impacto judicial que tiene el decreto 950. El viernes, la unidad de asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado pidió que la justicia federal de Córdoba dicte una medida de no innovar para que el gobierno no pueda avanzar con el proceso de venta de los terrenos donde está emplazada La Perla chica, que funcionó como centro clandestino durante la última dictadura. La fiscalía advirtió que La Perla chica fue señalizado en noviembre del año pasado como sitio de memoria y que eso haría que esté protegido por la ley 26.691.

Es difícil imaginar que el presidente o su vice, Victoria Villarruel, consientan la inauguración de un memorial por los desaparecidos dentro de la guarnición militar. Las obras de La Escuelita de Bahía Blanca, que tenían un avance superior al 30 por ciento, están frenadas también mientras la justicia le pide explicaciones a la Secretaría de Derechos Humanos y le hace llegar las facturas millonarias que no pagó a la empresa que está encargada de las reformas.