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Entre las historias más dolorosas que escribió en los últimos años la clandestinidad del aborto se encuentra la de las hermanas santiagueñas Mirna y Liliana Herrera, que murieron por falta de acceso a la interrupción legal del embarazo a sus 31 y 22 años respectivamente.

Seis niños quedaron huérfanos y una familia destrozada como consecuencia de estas dos muertes prematuras y evitables ocurridas en 2012 y 2018 en una misma familia, la última mientras fracasaba la ley en el Senado.

«A mí me gustaría que la ley saliera», dijo a Télam Diego Herrera (30), el único hijo varón de una pareja santiagueña con cinco hijos que ya tuvo que enterrar a dos por abortos inseguros, algo que le «parece inexplicable y hasta hoy no termina «de creer».

«Yo creo que el aborto tiene que ser legal porque a veces llegan hijos inesperados que ellas no están en situación de poder criar. Además, está el tema de las violaciones», agregó Herrera, que es trabajador rural y vive en Loreto, una pequeña ciudad de 20 mil habitantes a 61 kilómetros de la capital provincial.

De acuerdo a las últimas estadísticas publicadas por el Ministerio de Salud, en 2018 se registraron 257 muertes maternas a nivel nacional y el 13% se produjo «por embarazo terminado en aborto», con una incidencia de 35 casos de los cuales 19 fueron por «aborto médico, otro aborto, aborto no especificado e intento fallido de aborto».

De esas 35 muertes «por embarazo terminado en aborto», seis se produjeron en la provincia de Santiago del Estero, lo que representa el 17%, aunque el informe advierte que tanto esa provincia como la Ciudad de Buenos Aires implementaron acciones para mejorar la calidad de los registros e «identifican para 2018 un número importante de defunciones relacionadas a eventos obstétricos que habían sido registradas con otras causas».

En cuarto lugar entre las provincias con mayor tasa de maternidad adolescente (18,8% de los nacidos vivos), Santiago del Estero además no tiene un protocolo ILE ni adhirió al de Nación y solamente uno de sus diputados votó a favor del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo este año y en 2018, mientras que ninguno de sus senadores avaló la iniciativa aquel año.

La primera víctima fatal de un aborto inseguro en la familia Herrera fue Mirna en 2012, cuando la mayor de sus cuatro hijos tenía 12 años y el más pequeño tres.

«Su primer marido la dejó para irse con otra y ella después se había juntado con otro hombre que es el padre del más chico. Vivían en el campo, a unos 12 kilómetros de Loreto», contó su hermano.

Cuando quedó embarazada otra vez sin buscarlo, «no lo compartió con nadie» más de la familia, lo que era habitual en ella que «siempre ha tomado sus decisiones sola», y de hecho todos se enteraron «cuando se enfermó».

«Ella tenía un situación complicada, porque somos gente humilde y ese embarazo se ve que fue algo inesperado que ella no quiso continuar porque no estaba en situación de poder criar a otro hijo, teniendo ya cuatro», dijo Diego.

Herrera contó que, según pudieron reconstruir, Mirna «se ha enfermado en su casa, cuando el marido no estaba, y se ha aguantado hasta el último momento para ir al hospital» por miedo a ser denunciada por haberse auto provocado un aborto, al parecer sin asesoramiento de nadie y utilizando algún elemento que tenía a su alcance.

«La atienden en el hospital de Loreto pero no pueden hacer nada y cuando la estaban trasladando en ambulancia a la capital de Santiago, ha fallecido por una septicemia», contó.

Inenarrables habrán sido las horas previas, ella sola con sus chicos, en su precaria vivienda en medio del campo.

«Ellos presenciaron todo pero no quieren recordar. Lo recuerdan, pero no quieren hablarlo», contó su tío.

Y por si fuera poco, «lo hemos pasado de vuelta con otra hermana en 2018», señaló Diego, a quien se le termina de quebrar la voz cuando rememora que cuando ocurrió él estaba lejos de Liliana, en la capital provincial, porque estaba con su niño enfermo y tampoco supo nada de su embarazo hasta las complicaciones del aborto.

Como sus papás, Liliana vivía con sus dos hijas de 6 y 3 años en la pequeña localidad de Las Lomitas, ubicada 47 kilómetros al sudeste de Santiago del Estero y a 9 de Loreto.

Sus 300 habitantes son todos muy pobres, viven en ranchos de barro y paja como el de Liliana, no tienen agua corriente ni otros servicios básicos como electricidad y gas natural.

Su muerte sobrevino exactamente cinco días antes de que el Senado le dijera «no» al aborto legal, seguro y gratuito en agosto de 2018.

«Se estaba debatiendo el aborto pero con ella nunca hemos conversado el tema y tampoco en la familia nunca se comentó nada, nunca nadie dijo nada», contó.

En este caso, la práctica «creemos que se la hizo una señora que supuestamente se dedicaba a eso en Laprida, a 35 kilómetros» de Las Lomitas.

«Hasta yo pienso ¡cómo, sabiendo lo que le pasó a la hermana, ella ha tomado esa decisión! Pero se ve que esta mujer le habrá dado confianza y habrá pensado que todo estaría bien», dijo.

«A ella se le complicaba mucho tener sola un hijo más porque ya tenía dos nenas y muy bajos recursos como todos nosotros, que somos una familia humilde y todo es muy difícil», agregó.

Como su hermana mayor, Liliana «no recurrió al hospital por miedo, por eso se la aguantó hasta lo último» y, para cuando fue trasladada de urgencia al Hospital Regional de Santiago del Estero «se había complicado todo» con una infección generalizada y los médicos no pudieron hacer nada.

«Acá se comenta mucho que las mujeres tienen que recurrir a abortos clandestinos porque no está la ley y, aparte de mis hermanas, me he enterado de casos que han hecho lo mismo porque tenían miedo a los médicos», contó.

Dos años y medio después del debate legislativo que puso el tema del aborto en el tope de la agenda, en esta zona del país «no ha cambiado nada, las mujeres siguen expuestas a lo mismo y abortando de forma clandestina».

«Arriesgan la vida por lo peligroso que es, pero ellas lo hacen para el bienestar de los hijos que ya tienen, porque saben que si son muchos es todo más difícil», dijo.

Como varón, Diego se pregunta «a dónde están los hombres» que participaron de esos embarazos, que luego desaparecieron permitiendo que toda la carga caiga sobre las mujeres; ya sea la crianza si deciden seguir adelante con la gestación, como el miedo, la persecución penal y los malos tratos si deciden interrumpirla, cuando no la muerte de la clandestinidad.

«No debe ser fácil para ellas y está mal y es muy injusto que encima les digan ‘asesinas’», concluyó.