En las próximas horas el Gobierno definirá si extenderá hasta fin de mes el período de sesiones extraordinarias o, finalmente, espera al 1 de marzo cuando comience el período ordinario y aprovecha este período para reorganizar la estrategia legislativa.
Con la vuelta del presidente Javier Milei de la gira por Israel, el Vaticano y Roma, el debate en el oficialismo se centra ya no en las posibilidades de la Ley Ómnibus y en la Cámara de Diputados sino para aprobar en la Cámara de Senadores el proyecto de ley que modifica el Código Penal respecto de la prevención y represión del Lavado de Activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Las sesiones extraordinarias culminan este jueves 15 de febrero por lo que el Gobierno tiene tres días para terminar de definir si las extiende o no, pero la intención es hacerlo para poder avanzar exclusivamente con este tema porque la Casa Rosada quiere tenerlo aprobado antes de que lleguen las autoridades del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), visita programada para principios de marzo para evaluar a la Argentina.
La iniciativa logró dictamen de la comisión de la Cámara Alta con el apoyo de los legisladores de La Libertad Avanza, PRO, el radicalismo, el Frente Renovador de la Concordia de Misiones y Cambio Federal. Por su parte, los legisladores del interbloque de Unión por la Patria se negaron a acompañar el dictamen a pesar de que la norma fue impulsada y formó parte del acuerdo que suscribió Alberto Fernández con el FMI y que cuando obtuvo media sanción de Diputados, lo hizo con los votos de lo que en ese momento se llamaba Frente de Todos.
La idea del oficialismo es sesionar el próximo 23 de febrero aprovechando que ese día se deberá realizar la sesión preparatoria establecida por reglamento en donde se tienen que refrendar las autoridades y el bloque de Unión por la Patria propondrá a uno de sus legisladores para la vicepresidencia primera de la cámara.
El problema es que hasta ahora el recinto del Senado está cerrado frente a la insistencia del bloque de UxP de abrirlo para que se debata sobre el DNU 70/2023, el documento que desregula la economía eliminando más de 300 leyes y modificando otras tantas. Los kirchneristas tienen 33 votos y en las últimas horas habrían sumado otros tres de los bloques provinciales como consecuencia de la arremetida de Javier Milei contra los gobernadores.
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