DOVIC: 55,5% de las intervenciones entre 2024-25 fueron por delitos sexuales

El último informe anual de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Nación, indica que entre el 1° de diciembre de 2024 y el 30 de noviembre de 2025 los delitos contra la integridad sexual representaron el 55,5% de las intervenciones del organismo, con 547 hechos relevados.

El documento presenta además la composición de las víctimas: 219 casos (40% del total de delitos sexuales) involucraron a menores de 18 años y fueron abordados por el programa especializado en maltrato y abuso sexual infantil; los 328 casos restantes se registraron mayoritariamente entre personas adultas. El informe destaca que el 82,8% de las víctimas acompañadas por la DOVIC en ese período fueron mujeres, un porcentaje que aumentó respecto del 81,5% señalado en el informe anterior.

Alcance federal y dependencia de dispositivos provinciales

La DOVIC tiene alcance nacional pero, según el propio informe, buena parte de la atención directa —contención psicológica, acompañamiento en Cámara Gesell y patrocinio jurídico— recae en dispositivos provinciales. Esos recursos locales dependen en gran medida de partidas que el Estado nacional transfiere, lo que plantea dudas sobre la sustentabilidad de la red de asistencia frente a vaivenes presupuestarios y cambios de gestión.

Situación en Catamarca

El relevamiento asociado a la provincia de Catamarca corrobora la predominancia de causas vinculadas a violencia familiar y de género: durante 2025 se verificaron 12.757 casos según estadísticas del Poder Judicial provincial. Esa cifra, en el cuadro que presenta la DOVIC, refuerza la demanda de políticas y recursos tanto para la prevención como para la atención de víctimas.

Prevención, capacitación y financiamiento

El informe y diversas organizaciones que trabajan en la temática coinciden en que los delitos contra la integridad sexual no pueden abordarse solamente desde la lógica punitiva una vez consumado el daño. Reclaman políticas activas de prevención, educación sexual integral, capacitación de las fuerzas de seguridad y del personal de salud, y la consolidación de una red de asistencia que no dependa exclusivamente de la buena voluntad de funcionarios ni de los vaivenes del presupuesto.

En ese marco, la pregunta central que plantea el documento es si el Estado nacional está dispuesto a sostener, con recursos concretos y permanentes, las estructuras que atienden a las víctimas de violencia y abuso. El informe funciona así como un llamado de atención sobre la necesidad de garantizar financiamiento estable para programas y dispositivos que protegen a los sectores más vulnerables frente a estos delitos.