En un giro inesperado dentro del conflicto religioso que envuelve a la devoción de la Virgen del Cerro, una carmelita presentó una denuncia contra María Livia Galiano de Obeid y su esposo, Carlos Obeid, por supuesta extorsión en nombre de la «Virgen».
La denuncia incluye acusaciones de privación ilegítima de la libertad, amenazas y coacción, y reactivó uno de los cuatro procesos judiciales abiertos en relación con este polémico caso.
La religiosa, que decidió abandonar el convento de San Bernardo en diciembre de 2022, presentó una carta al vicario judicial de la Arquidiócesis de Salta, Dante Simón. Este documento, ahora considerado prueba documental en la investigación llevada adelante por el fiscal Ramiro Ramos Osorio, detalla una serie de abusos sufridos desde 2014 hasta su salida del convento.
En su relato, la monja describe episodios de violencia, grabaciones de conversaciones privadas y la apropiación indebida de regalos familiares. Afirma que desde la muerte de la priora María de los Ángeles en 2014, la vida en el monasterio cambió drásticamente, con María Livia Galiano de Obeid influyendo en la elección de la nueva priora bajo la supuesta autoridad de la Virgen.
María Livia Galiano de Obeid es conocida por afirmar que desde 1990 recibe mensajes de la Virgen María, que comunica a las monjas del convento. Esta devoción generó una fuerte división en la comunidad religiosa de Salta, especialmente entre el Arzobispado y las monjas de clausura.
La denunciante, quien revela su identidad en la carta y actualmente lucha contra un cáncer, acusa a Galiano de Obeid de manipulación y amenazas en nombre de la Virgen para consolidar su control sobre la comunidad. Según la monja, Galiano de Obeid advertía que si no se seguían sus indicaciones, la Virgen se retiraría del convento, lo cual ejercía una fuerte presión psicológica sobre las religiosas.
El conflicto escaló a múltiples frentes judiciales. En abril de 2022, las monjas del San Bernardo denunciaron al arzobispo de Salta, Mario Cargnello, y a otros tres religiosos por supuesta violencia de género y económica. Este proceso sigue su curso, con medidas de restricción y órdenes de capacitación en género para los denunciados.
Otro frente judicial investiga las finanzas del convento y su relación con la Fundación de la Virgen del Cerro, dado que los terrenos de la ermita están registrados a nombre del San Bernardo. Además, hay denuncias cruzadas por calumnias e injurias entre las autoridades del convento y el abogado del Arzobispado.
En su misiva, la monja revela cómo las condiciones en el convento empeoraron tras la asunción de la priora María Inés, quien supuestamente comenzó a tratarlas con violencia y a aislar a las religiosas disidentes. La monja también menciona prácticas de vigilancia y grabaciones de conversaciones privadas, además de la destrucción de documentos contables.
La situación culminó con un incidente durante el velatorio de una ‘carmelita’, cuando el arzobispo Cargnello le arrebató un teléfono móvil a la priora mientras esta lo grababa, supuestamente por instrucciones de Galiano de Obeid. La monja también relata que fueron obligadas a firmar hojas en blanco, que luego fueron utilizadas para presentar denuncias de violencia de género.
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