Aunque esperamos que las organizaciones del tercer sector se rijan por los valores que promueven, la realidad es que estas organizaciones son parte de una sociedad patriarcal en la que la violencia machista se encuentra arraigada. De esta forma, no resulta sorprendente que las ONGs y los espacios de activismo enfrenten un problema creciente de violencia sexual en su interior.
Las víctimas de acoso sexual en estas organizaciones suelen estar al inicio de sus carreras y saben que denunciar puede costarles su futuro profesional. El mundo de las ONGs es pequeño y se teme que una denuncia pueda marcar a la víctima y cerrarle puertas laborales en el futuro. Además, muchas ONGs más pequeñas carecen de protocolos claros para abordar casos de violencia de género, lo que deja a las víctimas en una situación aún más vulnerable. La falta de un procedimiento adecuado y la cultura del silencio contribuyen a que estos casos se mantengan ocultos.
Además del temor a las represalias laborales, las víctimas también enfrentan el dilema de no querer dañar la imagen de la organización o la causa que apoyan. Denunciar un caso de acoso puede interpretarse como un ataque a la legitimidad de la ONG, y muchas víctimas optan por guardar silencio para no perjudicar la lucha social que la organización representa.
Recientemente, varios casos de alto perfil han salido a la luz, exponiendo la profundidad de este problema. Uno de los más resonantes ha sido el caso que involucra a Dolkun Isa, presidente del Congreso Mundial Uigur, y a la joven activista Esma Gün. Gün, de 22 años, denunció que Isa la acosó sexualmente de manera sistemática. A pesar de sus repetidos rechazos, el acosador, escudado en su posición de poder dentro de la organización, intensificó sus ataques, llegando incluso a amenazarla para silenciarla.
La denuncia pública de Gün inspiró a otras dos jóvenes a presentar denuncias anónimas. Sin embargo, en lugar de recibir apoyo, las tres mujeres fueron objeto de una campaña de difamación, en la que fueron falsamente acusadas de ser espías del gobierno chino. Este hostigamiento y persecución las obligó a abandonar su activismo, evidenciando la vulnerabilidad de las víctimas y la falta de protección que enfrentan al alzar la voz.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, la comunidad internacional continuó respaldando a Isa después de una disculpa superficial. Este caso plantea serios cuestionamientos sobre la efectividad de los mecanismos de rendición de cuentas dentro de las ONGs y la necesidad urgente de implementar medidas más rigurosas para prevenir y sancionar el acoso sexual.
La violencia institucional dentro de las organizaciones que deberían ser bastiones de los derechos humanos revela una crisis de credibilidad. La falta de protocolos claros y la impunidad de los agresores convierte a estos espacios en entornos hostiles para las mujeres, lo que no solo perjudica a las víctimas, sino que también deslegitima las causas que estas organizaciones dicen defender.
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