Víctimas de la ilegalidad del aborto y referentes políticas hicieron que sus propias historias se transformaran en un mensaje para apoyar el proyecto de ley que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo y que, con media sanción, mañana se tratará en el Senado.
«Doctora, decile a los senadores que ninguna menor de edad tiene que volver a pasar por lo que yo pasé». El mensaje es de Lucía, la niña que tenía 11 años cuando quedó embarazada luego de ser violada por la pareja de su abuela y a quien no se le pudo practicar un aborto legal a causa de las demoras para hacerlo por parte del sistema de salud de Tucumán, una provincia declarada «provida».
«Deciles que cuando ellos dicen que el aborto no es legal, los médicos se confunden y creen que ningún aborto es legal y se enojan con nosotras aunque seamos menores, deciles que tienen que obligar a los médicos a ayudarnos y que no tienen que tardar ni un solo día, bah, ¡qué día! ¡Ni un solo segundo!», continúa el mensaje que Lucía le pidió que difundiera a la médica que sí la atendió.
Cecilia Ousset es la médica quien, junto con su marido, le practicó la cesárea. Ousset se define como «médica católica y objetora de conciencia» que intenta «conciliar religión con la salud pública». También fue una de las expositoras durante el debate en comisión en Diputados. Allí contó, como ya lo había hecho en 2018, que a pesar de sus convicciones religiosas está a favor de la legalización del aborto.
«La realidad que yo vivo es que todas las mujeres abortan, la casada, la soltera, la católica, la judía, y la atea, la analfabeta y la de título universitario completo. La diferencia está en las condiciones en que lo hacen», sostuvo Ousset en uno de las exposiciones más conmovedoras, y en la que recordó que «no es inocente» que Tucumán se haya declarado «provida» ya que «arroja a miles de mujeres a abortar en la clandestinidad» y «obligan a maternar a las niñas violadas».
Belén es tucumana, tiene 33 años y estuvo presa tres años por un aborto espontáneo. «Va a salir la ley. No tenemos que esperar más. Van a seguir muriendo mujeres por la clandestinidad, sobre todo las más vulnerables, los abortos seguirán ocurriendo y habrá médicos acusándonos, denunciándonos», le dijo a Télam en noviembre pasado.
La joven tuvo que dejar Tucumán al salir de prisión a causa del acoso que sufría. Pero su caso se convirtió en una bandera feminista y fue relatado en el libro «Somos Belén», de Ana Correa.
Belén fue denunciada en 2014 por el médico que la atendió tras sufrir un aborto espontáneo. Del hospital fue enviada a la cárcel, donde permaneció hasta 2017. «Ninguna mujer debería pasar por esto», aseguró la joven y por eso pidió «a las diputadas y senadoras que se pongan en lugar de las mujeres; a cualquiera nos puede pasar lo que me pasó a mí, que piensen en las mujeres que las rodean: hijas, sobrinas, amigas que pueden pasar por esas situaciones. Que aprieten el botón verde».
«Las heridas están abiertas, de a poco se van cerrando. Los dedos acusadores en el hospital cuando llegué, los ocho policías en la sala viendo mis partes íntimas, el ginecólogo que me maltrataba…lleva tiempo. Es muy injusto todo», recordó.
Delfina Rossi, directora del Banco Ciudad, también relató su experiencia. En su cuenta de Twitter, la joven de 31 años contó que tras diez semanas de embarazo el desarrollo del embrión se detuvo y su obstetra le recomendó la vía más segura, que era la expulsión con misoprostol. «Tuve bastante miedo y mucha angustia. Era un embarazo deseado y buscado», dijo la economista, hija del ministro de Defensa, Agustín Rossi, para explicar todos los problemas que tuvo hasta conseguir la medicación.
«En una farmacia me miraron mal y me dijeron que no vendían ‘esos’ medicamentos», aseguró la joven, quien tras conseguir el misoprostol tuvo que ser internada a causa de las hemorragias que le provocó.
«El procedimiento con misoprostol requiere de mucho mucho acompañamiento y no puede costar 2.500 pesos o más con obra social», aseguró Rossi, quien pidió la urgente sanción de la ley.
«La gestación es un tema social, no un secreto femenino. La sociedad debería acompañar la (o la no) maternidad pero, sobre todo, dejarnos ganar soberanía sobre nuestros cuerpos. Y principalmente: cualquier interrupción de embarazo necesita de una correspondiente licencia laboral con goce de haberes. Y el/la acompañante principal también debería tener una acorde», agregó.
Cecilia Moreau, diputada del Frente de Todos, es presidenta de la Comisión de Legislación General y quien estuvo a cargo del cierre del debate en comisiones del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Fue ese 4 de diciembre cuando contó: «El método anticonceptivo falló, yo era una nena, y tuve que tomar esa decisión, fui apoyada por mi madre, que me escuchó y acompañó».
Al día siguiente, al hablar por AM750, Moreau agregó «Uno no tiene que hacer públicas las cuestiones personales ni llevarlas a la política, pero esto me pasó. Ayer pensé en el interés colectivo pero también pensé en mí. Fue muy movilizante presidir este debate después de lo que viví».
«A mí me gustaría que la ley saliera», le dijo a Télam Diego Herrera (30), el único hijo varón de una pareja santiagueña con cinco hijos que ya tuvo que enterrar a dos por abortos inseguros, algo que le «parece inexplicable y hasta hoy no termina «de creer».
«Yo creo que el aborto tiene que ser legal porque a veces llegan hijos inesperados que ellas no están en situación de poder criar. Además, está el tema de las violaciones», agregó Herrera, quien es trabajador rural y vive en Loreto, una pequeña ciudad de 20 mil habitantes a 61 kilómetros de la capital provincial. Mirna y Liliana Herrera, sus dos hermanas, murieron por falta de acceso a la interrupción legal del embarazo a sus 31 y 22 años.
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