La Policía Científica realizó nuevos estudios en base a un pedido de los abogados de la familia del ladrón asesinado. Los resultados del peritaje favorecen a Chocobar.
En diciembre de 2017, el policía Luis Chocobar mató al ladrón Pablo Kukocy despertó mucha polémica en la población. Esta semana se conoció una pericia, pedida por los abogados de la familia del asesinado, que confirma que el policía disparó hacia abajo.
Los nuevos estudios se realizaron por la Unidad Criminalística de Alta Complejidad de la Policía Federal. La querella le había pedido a la Policía Científica más precisiones en base a un primer informe que señalaba que Chocobar no había tirado a matar y que el proyectil que hirió de muerte a Kukoc en uno de sus glúteos tuvo una trayectoria de atrás hacia delante, de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba en una inclinación muy leve.
En esta oportunidad, los peritos realizaron nuevas pruebas en un polígono de tiro experimental de la División Balística de la Policía Científica para medir velocidad, distancia, ángulo de rebote y altura del impacto.
Chocobar, había dicho que “él le disparó al ladrón desde 7 metros”. Kukoc recibió dos disparos. Para los peritos, el segundo tiro le dio directamente en el fémur, le provocó una fractura y lo hizo caer al piso. Pero como ese plomo no se encontró, no se pudieron lograr mayores precisiones.
El policía trabaja en la Policía Local de Avellaneda, está procesado por “homicidio agravado en exceso del cumplimiento del deber”. A fines de octubre, la Corte Suprema de la Nación rechazó una apelación del policía sobre su acusación, la causa quedó a un paso del juicio oral pero aún faltaban estas nuevas pericias.
En noviembre, otro estudio había determinado que el proyectil primero rebotó en el asfalto y luego impactó, de manera mortal, en el glúteo del delincuente. Ese informe de la Policía Federal confirmó la pericia que había realizado la Policía de la Ciudad.
En el momento que ocurrió el hecho, el juez de Menores 1, Enrique Velázquez, había procesado al efectivo por “homicidio agravado por uso de arma y en exceso de la legítima defensa” y trabado un embargo de 400.000 pesos sobre sus bienes.
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