La Oficina Anticorrupción (OA), cuya titular es la ultra macrista Laura Alonso, fue condenada a entregar en un plazo de 15 días toda la información y documentación que desde hace un año le oculta a la Auditoría General de la Nación (AGN), que intenta analizar su desempeño al igual que hace con el resto de los organismos públicos.
El fallo del juez Enrique Lavié Pico establece que el organismo no respeta los cánones básicos de la Ley de Acceso a la Información Pública. “La negativa a brindar la información requerida constituye un acto arbitrario e ilegítimo en el marco de los principios de una sociedad democrática e implica, en consecuencia, una acción que recorta de manera severa derechos que son reservados a cualquier ciudadano, en tanto se trate de datos de indudable interés público y que hagan a la transparencia…”, afirmó al juez, invocando un fallo de la Corte Suprema.
Para fallar, el magistrado se basó en el decreto 1172/2003, de Acceso a la Información Pública, firmado por el ex presidente Néstor Kirchner, y por la ley homónima, sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri.
La OA fue denunciada con un amparo por la AGN, que realiza el control externo de las reparticiones públicas, después de meses de toparse con trabas y excusas de la repartición, incluso volcadas por escrito. El organismo que dirige Alonso nunca había sido auditada.